Hiram Espinoza de los Monteros

Hoy se cumplen 64 días de la intervención y desarme del cuerpo de policías de Teocaltiche, Jalisco. Es la tercera intervención. En 2017 y 2020 ya se había hecho el mismo procedimiento; eran otros gobiernos, el de Aristóteles Sandoval y de Enrique Alfaro, pero con resultados iguales: el nexo crimen organizado &#8211; policías municipales, sigue intacto.
¿Qué sí logrará el gobierno de Pablo Lemus? ¿Qué nuevas medidas o formas podrán destruir el nexo? ¿Qué logrará en mes y medio más? 45 días… es justo el plazo que el hoy gobernador pidió para “tener completamente pacificado a Teocaltiche”. No suena mal. Digamos que creemos que 45 días bastan para erradicar un problema que fue creciendo por años y que podría decirse que alcanzó un punto álgido a partir del éxodo de habitantes en la primera mitad del 2021.
Lo que sí marca diferencia este 2025 respecto a los años pasados es el número de policías asesinados en ese mismo territorio de la región Altos Norte de Jalisco; suman 7 (el más reciente fue el director de la corporación municipal) y además hay 4 desaparecidos. También hay diferencia en la acción de los habitantes; mientras que en años pasados optaron por huir, hoy surgen versiones del nacimiento de autodefensas, aunque Pablo Lemus dice que “no existen, es completamente falso”.
La versión de autodefensas surge de un grupo llamado Frente Teocaltiche por nuestra gente, cuyo líder fue asesinado a finales del mes de marzo: Juan Pablo Alonzo. Estaba en su casa cuando un grupo armado irrumpió y le disparó en múltiples veces. Fue él quien junto con integrantes de la misma organización civil se manifestó, semanas previas a su asesinato, afuera de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, para denunciar abusos y colusiones de la Policía de Jalisco con el crimen organizado. Fue él a quien también señaló el gobernador de Jalisco como delincuente y afín al mismo crimen organizado contra el que se manifestaba.
Ahora es el mismo Frente Teocaltiche por nuestra gente el que –según Pablo Lemus– está ligado a grupos delictivos… ¿y las pruebas? ¿Y las acciones? ¿Por qué si hay certeza de ello, no se les detiene? La respuesta dada es que pronto habrá información al respecto. Pendientes estamos de que las palabras se conviertan en hechos.

Autodefensas en Teocaltiche

&nbsp;
El artículo 6 de la Constitución mexicana garantiza el derecho a la libertad de expresión. La música, como cualquier manifestación cultural, está protegida por esta libertad. Sin embargo, esto no es absoluto: el mismo artículo establece límites cuando se trata de ataques a la moral, los derechos de terceros, la vida privada o cuando se incita a cometer delitos o perturbar el orden público.
¿En cuál de estos supuestos encuadran los narcocorridos para que pueda limitarse o extinguirse su reproducción? La respuesta, prácticamente evidente para muchos, es que se trata de un ataque a la moral, de la que creemos está socialmente consensuada en términos llanos de lo bueno y lo malo; lo válido y lo prohibido, la virtud y el pecado… ¿sí va por ahí la discusión?
Podría ser otra la arista, digamos el supuesto de que escuchar un narcocorrido nos llevará a cometer delitos que a su vez derivarán en la perturbación del orden público. Significa que todo aquel que vaya a un concierto de narcocorridos saldrá incitado, invitado, proclive a delinquir… ¿es por acá?
Lo que en realidad ocurre es que la existencia y éxito de este género no es otra cosa que el reflejo de la realidad en la que convivimos todos los días en México. Sí, me refiero a la muerte-asesinato muy presente en colonias de todo estrato social, a la desaparición cotidiana de jóvenes, a la impunidad que supera el 95% de los delitos denunciados, al “gandallismo” que termina por generar privilegios sin base alguna; pero también me refiero a que la forma de vida que vimos en generaciones anteriores a los que hoy rondan los 25 años es totalmente obsoleta.
La cultura del esfuerzo, esa de trabajar mucho para lograr estabilidad económica, es algo con lo que no se cuenta en la actualidad. No existe a partir de que los esquemas de contratación son con beneficios mínimos y sueldos castigados; no existe a partir de que la sola idea de adquirir vivienda propia es lejano y quizá inalcanzable; no existe a partir de la calidad de vida que conlleva el traslado de –si bien va– una hora de duración para llegar al trabajo. No existe, pues, el esfuerzo que certeramente será recompensado; así como no existen garantías para que un joven de 18 años pueda salir a buscar empleo y regrese a casa.
Los narcocorridos no son causa, son efecto. Hablar del folklore mexicano a partir de resaltar los bellos paisajes y la biodiversidad, no esconde que cada bella ciudad tiene hoy gran cantidad de fosas clandestinas y cédulas de búsqueda. México, para un amplio sector de la población, es una moneda al aire.

Narcocorrido, ¿causa o efecto?

No en todos los casos, no en todos los temas. Pero hay unos en los que claramente se pone un “curita” como para intentar contener la supuración de una herida profunda y que sigue creciendo, ¿no considera así todos y cada uno de los casos de desaparición de personas?
Hoy cumple 16 días de existencia la Comisión Especial para Atender Asuntos en Materia de Desaparición de Personas en Jalisco creada en la actual Legislatura de Jalisco para –precisamente– atender a cientos de familias a las que un día la vida les cambió a partir de no saber qué pasó con ese o esa a quien esperaban a dormir y no llegó, a quien llamaron incesantemente hasta que el teléfono mandaba directo a buzón, al quien les dijo “nos vemos al rato” y ese lapso ha sido eterno,
Preciso la fecha: fue el 25 de marzo de 2025 en el que nueve legisladoras y legisladores instalaron de manera formal eso que previamente aprobó el pleno, la creación de este grupo a fin de que tuvieran mayor acercamiento con colectivos y con personas que en solitario quieren ser escuchadas para que les ayuden a por lo menos conocer en qué va la carpeta de investigación o si la muestra de ADN dio positivo con alguno de los muchos cadáveres que hay sin identificar.
El problema es grave y crece, escandaliza, baja bonos de cualquier gobierno ¿y cómo no? Es real. Real también es la necesidad de conocer qué se hace y, más aún, por qué no se hace lo que se tiene que hacer. Por eso la duda del para qué crear una Comisión Especial para atender una problemática en general y a la vez darle la vuelta al mismo tema en lo particular: Teuchitlán.
Valeria Ávila, diputada integrante de esta Comisión Especial, dijo el mismo día en que se creó que lo principal era reprogramar la comparecencia de los integrantes del gabinete de Pablo Lemus en materia de Seguridad, entre ellos el Fiscal de Jalisco. Así sin yo ser diputado, se me ocurren varías preguntas que él podría responder: ¿Por qué la dependencia que hoy encabeza no hizo nada en septiembre pasado? ¿Por qué además tardaron 6 meses en cumplimentar órdenes de aprehensión a ex policías involucrados? –y que tal parece no fueron difíciles de localizar–. ¿Qué personal involucrado en aquel caso sigue trabajando en Fiscalía y a cargo de qué está ahora? ¿Qué otras investigaciones dejaron de hacerse?
El asunto es que a 16 días de creada la Comisión Especial para Atender Asuntos en Materia de Desaparición de Personas en Jalisco, el pleno no ha logrado reprogramar la comparecencia que se pospuso casi a la par en que conformaban la Comisión. ¿Y sabe que es lo peor? Ni les interesa de verdad hacerlo. Ánimas que traigan ganas una vez pasadas las vacaciones de Santa y Pascua.

Ese arte legislativo de hacer como que se hace

&nbsp;
Recordé aquel septiembre de 2007 cuando se inauguró el Auditorio Metropolitano/Telmex. Aquel evento de ópera que encabezó el tenor Plácido Domingo y el significado de que nuestra ciudad contara a partir de ese momento con un espacio de esas características. Desde entonces han sido cientos de conciertos, conferencias, obras de teatro, en fin, hasta sitio de históricos discursos, ya en algún momento hemos de hablar sobre ello.
El asunto es que el Telmex se ha convertido en escenario de buenas memorias que se han ido sumando en lo colectivo. ¿Cómo llegamos a lo ocurrido el fin de semana pasado? Seamos francos, no es algo que se dio de la nada. No surgió en espontáneo, tampoco es un hecho aislado y que realmente pueda tomarnos por sorpresa en el contexto que se vive en México y la convivencia con el crimen organizado.
Lo digo a partir de la realidad a la que podemos tener acceso con solo charlar con cualquier joven con vida social activa. Les dirán que en mayor o menor medida el tráfico de drogas es parte de lo cotidiano, con ello conviven y alrededor de lo mismo hacen su vida. ¿Dónde se consigue la droga? ¿Dónde se ofrece o a dónde hay que ir a comprarla? ¿En qué antros, bares, centros nocturnos?
Para terminar pronto, lo supimos todos cuando estábamos en esas mismas edades con vida nocturna habitual; lo evidente es que detrás de la constancia y crecimiento del tráfico de drogas, sumado a la diversificación de delitos en los que el crimen organizado incursionó para lograr más dinero, hay componentes comunes: impunidad y corrupción.
Existe lógica en que el castigo social sea mínimo e incluso nulo cuando se observa ese mismo actuar por parte de corporaciones de seguridad y autoridades. Es decir, qué tiene de sorpresivo que abunden los aplausos y coreos en un concierto cuando aparece la imagen de “El Mencho”, si por años la organización delictiva a la que se le liga ha logrado acrecentar poder y dominio ante autoridades anuladas a fuerza de balas o billetes.
El problema no nació a partir de los abrazos y los no balazos, ya queda claro que la raíz es más profunda; tampoco funcionaron los operativos donde se dio “libertad” para tirar a matar en enfrentamientos o artificiales guerras contra el narco que lo que lograron fue fraccionar y provocar un reacomodo en eso que ya estaba institucionalizado.
¿Cuál es la solución entonces? ¿Más leyes y prohibiciones? ¿Qué opina usted?

De Plácido Domingo a la narcocultura. ¿Qué nos trajo hasta aquí?

La instalación de la Comisión Especial sobre Desapariciones en el Congreso de Jalisco representa, en teoría, un avance en la atención de la crisis humanitaria que mantiene a Jalisco en primer lugar nacional por incidencia de casos. Los más de 14 mil desaparecidos que al día de hoy reconoce el gobierno estatal, significan también miles de familias que exigen respuestas a sus dudas y un trato digno de quienes integran las fiscalías y por ende, tienen la obligación de procurar la impartición de justicia.
Entre las funciones que se asumen están la de revisar presupuestos, proponer reformas, brindar acompañamiento a solicitudes de los colectivos, llamar a cuentas a las autoridades responsables de la búsqueda de personas desaparecidas… suena bien ¿no?
En papel, suena esperanzador; el reto para esta nueva comisión legislativa (limitada, por cierto, a existir solo en la actual Legislatura) es que genere un verdadero impacto en pro de familiares de desaparecidos y no convertirse en un órgano de simulación política. La credibilidad está en juego.
La primera tarea a sortear será concretar la comparecencia de los integrantes del gabinete estatal de Seguridad, incluido el fiscal estatal Salvador González de los Santos; lograr respuestas más allá de grabaciones en video para redes sociales en torno a cómo se está atendiendo la crisis que, aunque sea heredada, les toca resolver o por lo menos avanzar hacia ello. Teuchitlán está en el centro y al momento no han sabido responder a la crisis que principalmente es humanitaria.
Ahora también viene el observar el apoyo del resto de las diputadas y diputados del Congreso porque son ellos los que en el pleno deberán respaldar la primera de las propuestas que salen de la Comisión Especial a modo de exhorto: que la comparecencia se realice antes del 4 de abril próximo. 
Porque es claro que lo del Rancho Izaguirre evidencia las deficiencias que existen, la lentitud en las respuestas, la falta de transparencia y la negación de la magnitud del problema.

Comisión Especial sobre Desapariciones

¿Qué otra cosa era posible que dijera el fiscal Alejandro Gertz Manero? Si apenas fueron siete cortos días de labores por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco. Hasta donde sabemos, hasta lo que esta violenta realidad de México nos ha hecho aprender, un trabajo pericial de fondo y revelador de cualquier evento con características de violencia cotidiana (por duro o banal que se lea) puede tardar semanas o meses, dependiendo la cantidad evidencia a procesar.
¿Cuánto cree usted que es necesario dedicarle a un sitio como el Izaguirre?, ¿cuántas evidencias se encuentran? Tan solo en prendas de vestir o demás objetos personales suman más de mil 300 indicios los enlistados. ¿Cuántas víctimas pueden cuantificarse en este sitio?, ¿específicamente qué ocurría ahí? 
La apuesta respecto a que lo informado por el titular de la FGR resultara realmente revelador era bastante baja, es decir, lo único que podía salir a decir era lo que ya había advertido: lo inicial en la investigación iría en torno a las omisiones cometidas por la Fiscalía de Jalisco, ¿por qué no se realizaron los peritajes en su momento?, ¿por qué no hubo seguimiento, inspecciones exhaustivas o siquiera el aseguramiento del sitio en septiembre y octubre pasados, cuando por primera vez se investigó la zona?
Más aún, la respuesta que cinco horas después emitió en redes sociales el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, en la que reiteró lo ya dicho por el gobernador Pablo Lemus después de la reunión en Palacio Nacional: total apertura a trabajar en conjunto en la investigación de este hecho, es decir, los gobiernos federal y estatal buscando esclarecer o medianamente descubrir qué fue lo que ocurrió y desde cuándo ocurría. 
Han pasado dos semanas de las transmisiones en vivo en el perfil de Facebook del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, en los que al momento revelaban el hallazgo de fragmentos de huesos, decenas de prendas de ropa ahí abandonadas como si fueran cualquier cosa, como si no tuvieran liga a un delito y dolorosas dudas de cientos de personas que hoy buscan a su familiar.
Lo que urge es seriedad en la investigación y un compromiso genuino con las víctimas, más allá de los cálculos políticos entre los distintos niveles de gobierno. Las víctimas como eje central, tanto las que siguen desaparecidas como en sus familiares, que llevan años sin respuestas; años sin saber qué pasó con aquel que un día salió diciendo que tenía una entrevista de trabajo y nunca regresó.

¿Qué más se esperaba?

¿Cuándo le vio por última vez?, ¿qué ropa llevaba?, ¿de qué color era la blusa/camisa?, ¿qué talla de pantalón usa?, ¿qué número calza?, ¿llevaba tenis?, ¿qué marca?&#8230; parte del formulario que en medio de la angustia los padres deben responder cuando presentan la denuncia por desaparición.
La intención es que mediante la ropa se tengan otras formas que puedan ayudar a identificar a una persona desaparecida en un escenario trágico y complejo como son las fosas clandestinas. Es más que solo dar una muestra de saliva para conocer el ADN y que éste resulte compatible con alguno de los muchos cuerpos que se encuentran sin identificar en la morgue.
Las características de la vestimenta son parte del protocolo que adquiere mayor relevancia en la realidad que nos golpea de manera atroz, el del sitio de exterminio que el colectivo Guerreros Buscadores descubrió en Teuchitlán, Jalisco. La crueldad empleada por el crimen organizado es tal que no se sabe –ni se sabrá– la suma total de personas que ahí fueron asesinadas; de las víctimas solo quedan trozos de huesos localizados dentro de hornos de cremación clandestinos.
Una crisis que hoy enfrenta el gobierno que encabeza Pablo Lemus y que heredó del gobierno anterior que decidió no investigar a profundidad este sitio del que conoció desde septiembre del año pasado. Si bien en aquel momento hubo trabajo pericial, este fue insuficiente y también cayó en la crueldad.
Cruel en su acepción de inhumano. Eso que caracteriza a los sicarios que asesinaron a los desaparecidos es lo mismo en lo que incurrieron autoridades de Jalisco a las que les parecieron irrelevantes los cientos de zapatos, pantalones, camisas, mochilas, credenciales y demás artículos que podrían significar una respuesta para las familias a las que hoy les falta alguien.
Mientras escribo esto, suman 493 indicios que la Fiscalía de Jalisco enlista en un archivo público relacionado al Rancho Izaguirre de Teuchitlán. Son cientos de artículos descritos por su tipo, color, talla y marca. Prendas de vestir que una persona tomó del closet o algún cajón para usar el día en que horas después fue desaparecido. 
Pull &amp; Bear, Levis, Lacoste, Blue jeans, Calvin Klein, Old Navy, Polo, Tommy… marcas de uso común, diario, habitual… quizá usted y yo o alguien a quien ama también las usa y pudiera parecer una cosa trágicamente anecdótica, pero me hace pensar en que entre esos que desaparecieron y yo no hay mucha distancia, ni diferencia.

Crueldad del homicida y crueldad de las autoridades

El desabasto de medicamentos para tratar a personas diagnosticadas con cáncer persiste; suele hacerse más visible a partir de los diagnósticos en menores de 19 años pues son sus padres quienes han salido a las calles para denunciar la interrupción de los tratamientos y con ello la lejanía de la posible supervivencia de sus hijos.
La crisis que nació en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador continúa en el de Claudia Sheinbaum, es el segundo piso de la ausencia de certeza para los más de 7 mil nuevos diagnósticos que por año se dan de algún tipo cáncer infantil en nuestro país. Según la estadística poco más de la mitad de estos logra sobrevivir, pero el resto no.
Hace un par de semanas charlaba con una médico del Instituto Jalisciense de Cancerología y me platicaba que la supervivencia de cáncer en cualquier edad es multifactorial, los tratamientos pueden tener reacción favorecedora en una persona y no tanto en otra. Se sabe pues, la respuesta de cada organismo es distinta, pero tampoco de firma abismal y por ello -me decía- siguen aplicándose protocolos específicos según el diagnóstico y el grupo de edad.
Lo que sí puede alejar significativamente a un paciente de la posibilidad de sobrevivir es el estado de avance en que se detecte el cáncer y el apego al tratamiento. Para lo primero no hay más que buscar chequeos periódicos, pero para lo segundo no es solo “tómate esta pastilla siempre a la misma hora”, porque, para empezar, hay que garantizar que la pastilla esté disponible y tener acceso a ella.
Lo que planteo es a partir de meras charlas con quienes conviven con el cáncer de forma constante, ya sea porque intentan curarlo, sobrevivir a él o ayudar a que alguien cercano -y con quien les une el amor- lo haga.
Lo planteo también porque ahora me pregunto cómo es que reciben la noticia de hace un par de días de un nuevo apoyo económico para familias con hijos con cáncer. El Gobierno Federal lo presenta para afiliar a 3 mil padres de familia o tutores de infantes con este diagnóstico atendidos en el IMSS-Bienestar o en Institutos Nacionales de Salud, para ellos 6 mil 400 pesos bimestrales.
¿Qué será que opinan?, ¿alcanzarán a cubrir el gasto de traslado para llegar a consulta y que les digan que no hay medicamento?, ¿alcanzará para comprar alguno de los medicamentos que no logran darles de forma gratuita porque no han surtido la clave? Por eso les digo… tantita vergüenza.

Tantita vergüenza…

Mirza Flores

La 4T: de la regulación a la censura

Juan Pablo Colín

Primero el INAI, ahora las telecomunicaciones

Mi pecho no es bodega

Jonás

El gobernador mantiene la apuesta en Teocaltiche

Arturo Garibay

Una historia muy personal

De “el Gobierno de Jalisco mantendrá las carpetas de investigación abiertas para deslindar responsabilidades. Y aquí no hay carpetazos, en Jalisco vamos a seguir investigando”, a &#8220;esperamos que la Fiscalía General de la República finalmente emita un dictamen final técnico de la situación de estos restos&#8221;. El contexto es el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco.
Lo primero lo dijo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, al inicio de su discurso en el último informe de labores del hoy ex rector de la UDG Ricardo Villanueva, fue el 26 de marzo este año; lo segundo lo dijo Salvador Zamora, titular de la Secretaría General del Gobierno de Jalisco, apenas el martes pasado al concluir el simulacro nacional… Entonces, ¿la Fiscalía de Jalisco sí o no está investigando lo ocurrido en el Rancho Izaguirre?
Más allá… A la Fiscalía de Jalisco ¿sí o no le interesa sostenerse o desmentirse respecto a los “5 lotes de restos óseos fragmentados y con indicios de exposición térmica” que informaron en el boletín del 9 de marzo pasado? ¿Sí o no le interesa saber quiénes de sus funcionarios fueron omisos o actuaron en contubernio para no investigar en septiembre de 2024 lo que ocurría en el Rancho Izaguirre?, y bueno, ¿le interesa al Gobierno de Jalisco?
Lo pregunto francamente porque me da la impresión de que el Gobierno de Jalisco viene a convertirse en mero espectador y –peor aún– repetidor de lo que Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, vaya soltando, articulando, elucubrando, construyendo respecto a lo que sí y lo que no ocurría en el rancho ubicado en Teuchitlán, municipio de la región Valles de Jalisco. Este bello Estado situado en el Occidente de México al que su clase política tanto les gusta decir que “se cuece aparte” y que por ello esto del “voto diferenciado” y la “no sumisión al Gobierno Federal”.
Lo pregunto también para saber si seguimos tomando en cuenta las palabras del gobernador de que “en Jalisco vamos a seguir investigando”, o si nomás vamos a estar a las caiditas de lo que diga la FGR… Nomás para saber y que quede asentado.

Lo que diga la FGR…