La censura

En las últimas semanas hemos visto cómo se han dado diversos capítulos de promulgación de leyes estatales o de proyectos de legislación (Puebla, Campeche, Sonora y Sinaloa) que sancionan opiniones publicadas en las diversas plataformas de redes sociales, y las que la crítica es incómoda a las estructuras del poder; en algunos casos también institutos electorales o tribunales electorales han obligado a bajar de sus plataformas opiniones vertidas en sus programas (Canal 44 de la Universidad de Guadalajara) o retirar artículos de opinión, como el de Héctor de Mauleón en El Universal, con el argumento de violencia política en razón de género en una interpretación, la de estos últimos casos, que entra en una zona gris o en una línea extremadamente delgada, acercándose más a actos de censura que a una protección efectiva en verdaderos casos de violencia.

No tengo duda que la defensa de los derechos fundamentales se debe aplicar por parte de la autoridad sin contemplación alguna cuando los hechos presenten pruebas de que se violentan los mismos, pero confundir la defensa de derechos con la imposibilidad de realizar una crítica fundada a personas y situaciones específicas, independientemente de su género, nos acerca inevitablemente a una mordaza al ejercicio de la libertad de expresión que tanto trabajo y sangre costó a miles de comunicadores y minorías en el régimen el partido único en México, por lo que resulta inaceptable que las mayorías legislativas actuales intenten, además siguiendo las instrucciones de sus ejecutivos locales, y (logren en algunos casos) violentar el principal de los derechos: El de decir lo que se piensa de manera libre.

Las mayorías políticas y sus representaciones en los poderes, deben garantizar los derechos de todas las personas como elemento fundamental de una democracia plena y de un estado de derecho que aplique por supuesto a las mayorías, pero principalmente a las minorías o de quienes disienten del poder, hacer lo contrario es caminar inexorablemente a esquemas autoritarios y dar pie a la violación sistemática de otros derechos en un efecto dominó.

Suficientemente grave es para las personas periodistas y luchadoras sociales, lidiar de manera cotidiana con el complejo esquema de inseguridad que se vive a lo largo y ancho del país por parte de grupos del crimen organizado, como para ahora además tener que soportar esquemas de censura “legal” cobijados en una mayoría ciudadana, que seguro estoy no les dio esa potestad amplia para limitar los derechos de quienes piensan u opinan de manera diferente.