Vicente Viveros

Mucho se platica en los últimos meses sobre el nuevo esquema jurídico que regirá la tutela de los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de entidades públicas y privadas, derivado de la reforma constitucional y legal aprobada por la mayoría legislativa en el Congreso de la Unión que extinguió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y extinguirá a los institutos de transparencia en todas las entidades federativas.
Sin duda, parece en el papel que dichas reformas harán más complejo el acceder a información pública, derivado de que el nuevo esquema hace a los poderes públicos y a los aún existentes organismos constitucionales autónomos a través de sus órganos internos de control, las autoridades garantes para proteger estos derechos, convirtiéndolos en “juez y parte”, y terminó con la posibilidad de que un ente externo y autónomo sirviera como autoridad en estas materias.
En este tenor, habrá al menos cinco iniciativas a discusión en el Congreso del Estado de Jalisco, que tienen origen en algunas de las fracciones parlamentarias, el gobernador del Estado y la sociedad civil, aunque se puede prever que la figura sustituta del Instituto de Transparencia, Información pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) será un organismo desconcentrado dependiente de la Contraloría del Estado de conformidad a la ya mencionada reforma constitucional y legal federal.
En este tenor, el tiempo de existencia del ITEI está prevista en los próximos tres meses después de que se cumpla formalmente la reforma constitucional local, con la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, cuestión que aún no sucede por lo que hoy en día este hecho podría acontecer en el mes de octubre.
En este momento, la Contraloría del Estado se encuentra pertinentemente en labores de comunicación y sesiones de trabajo con la estructura del ITEI para conocer cuál es la situación en la que se encuentra dicha institución en todos sus rubros, desde los materiales, financieros y los de procedimientos que se sustancian semana a semana, y así poder tener todo listo para cuando se formalice la mencionada extinción y se concrete el pase de responsabilidades a la Contraloría, para que ésta sea una transición lo menos compleja, por lo que es necesario que se continúe lo que se está haciendo de la mejor manera y la curva institucional sea lo menos acentuada en beneficio de la tutela de estos derechos humanos.
Entonces, vamos por partes. Por supuesto que hay una alta expectativa en el sentido de tener una legislación local progresista que permita al menos, seguir en el estándar de aplicación normativa como el que tenemos el día de hoy. Por supuesto que el reto es incluso poder hacerlo más eficiente, sin olvidar que además de la Contraloría del Estado, el Poder Legislativo, el Judicial y los organismos constitucionales autónomos (OCAs) tendrán que hacer lo propio a la par o con las mismas exigencias que se hacen al Ejecutivo estatal. 
Por lo que, aunado a la lamentación por la pérdida del ITEI, hay que desear y abonar a que el nuevo esquema funcione de la mejor manera, iniciando por la instancia que asumirá primordialmente estas funciones, como lo es la Contraloría del Estado de Jalisco.

Futuro de la transparencia en Jalisco

En las últimas semanas hemos visto cómo se han dado diversos capítulos de promulgación de leyes estatales o de proyectos de legislación (Puebla, Campeche, Sonora y Sinaloa) que sancionan opiniones publicadas en las diversas plataformas de redes sociales, y las que la crítica es incómoda a las estructuras del poder; en algunos casos también institutos electorales o tribunales electorales han obligado a bajar de sus plataformas opiniones vertidas en sus programas (Canal 44 de la Universidad de Guadalajara) o retirar artículos de opinión, como el de Héctor de Mauleón en El Universal, con el argumento de violencia política en razón de género en una interpretación, la de estos últimos casos, que entra en una zona gris o en una línea extremadamente delgada, acercándose más a actos de censura que a una protección efectiva en verdaderos casos de violencia.
No tengo duda que la defensa de los derechos fundamentales se debe aplicar por parte de la autoridad sin contemplación alguna cuando los hechos presenten pruebas de que se violentan los mismos, pero confundir la defensa de derechos con la imposibilidad de realizar una crítica fundada a personas y situaciones específicas, independientemente de su género, nos acerca inevitablemente a una mordaza al ejercicio de la libertad de expresión que tanto trabajo y sangre costó a miles de comunicadores y minorías en el régimen el partido único en México, por lo que resulta inaceptable que las mayorías legislativas actuales intenten, además siguiendo las instrucciones de sus ejecutivos locales, y (logren en algunos casos) violentar el principal de los derechos: El de decir lo que se piensa de manera libre.
Las mayorías políticas y sus representaciones en los poderes, deben garantizar los derechos de todas las personas como elemento fundamental de una democracia plena y de un estado de derecho que aplique por supuesto a las mayorías, pero principalmente a las minorías o de quienes disienten del poder, hacer lo contrario es caminar inexorablemente a esquemas autoritarios y dar pie a la violación sistemática de otros derechos en un efecto dominó.
Suficientemente grave es para las personas periodistas y luchadoras sociales, lidiar de manera cotidiana con el complejo esquema de inseguridad que se vive a lo largo y ancho del país por parte de grupos del crimen organizado, como para ahora además tener que soportar esquemas de censura “legal” cobijados en una mayoría ciudadana, que seguro estoy no les dio esa potestad amplia para limitar los derechos de quienes piensan u opinan de manera diferente.

La censura

Alta expectativa mundial causa el encuentro del G7 en el que coinciden Canadá (anfitrión en esta ocasión), Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, teniendo como invitado permanente a la Unión Europea y al que acudirán diversos líderes, entre quienes se encuentra Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
Además de los temas prioritarios sobre el manejo de la economía planetaria, derivado de las impredecibles decisiones del mandatario norteamericano que han puesto en vilo a un buen número de países, el tema de las guerras vigentes sin duda será otro de los asuntos que abordarán las y los dignatarios presentes: el aniquilamiento de la población palestina, la guerra Rusia-Ucrania y la más reciente entre Israel e Irán, junto con el tema económico. Es un menú bastante amplio y complicado de abordar en las siguientes horas.
Sin embargo, la Casa Blanca acaba de anunciar (lunes 16 por la noche) que el presidente Trump regresará a Estados Unidos en cuanto acabe la recepción inaugural de la cumbre para tener una reunión urgente con su Consejo de Seguridad Nacional y abordar el tema de la guerra entre Israel e Irán. Esta decisión limita las expectativas de la cumbre, ya que habría diversas reuniones bilaterales, por ejemplo con la presidenta Sheinbaum y con el primer ministro canadiense Mark Carney, que eran de alta relevancia por los recientes diferendos que Trump ha tenido con ambos; basta con recordar la ocurrencia de hacer a Canadá el estado 51 de los Estados Unidos, entre otras.
El planeta entero estará atento a lo que suceda en la cumbre y los acuerdos que se puedan concretar para tratar de acercar el cese de las hostilidades entre las partes en conflicto, y en materia económica, tratando de evitar una crisis mundial de altas consecuencias. Independientemente de la cancelación de la reunión con Trump, la presidenta tiene la oportunidad de tejer acuerdos con otras economías para tratar de paliar la compleja relación económica con nuestro vecino del Norte; el tema bilateral de la seguridad lo dejamos para comentarlo en otra ocasión, ya que es amplio y se puede abordar en una o varias opiniones en el futuro cercano.

La Cumbre del G7

El pasado viernes 6 de junio se votó en sesión de comisiones conjuntas de Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público, la iniciativa de reforma constitucional en materia de acceso a la información y protección de datos personales, esto en concordancia con lo establecido en la reforma constitucional y legal aprobada en meses pasados por el Congreso de la Unión y que tiene como principal “aportación” la desaparición de los Órganos Constitucionales Autónomos garantes de los derechos de los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (INAI e ITEI) y que el día de hoy martes 10 de junio, subirá al pleno del Congreso del Estado para ser votada y enviada a los 125 ayuntamientos, para contar con el aval de más de la mitad de los mismos y pueda ser publicada por instrucción del Ejecutivo en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.
¿Aporta algo novedoso la citada reforma local? Desde mi punto de vista, no. Quedó corta ante la alta expectativa y tradición que tiene Jalisco en estas materias, recordando que fuimos el primer Estado en tener una legislación en transparencia, que es la ley que dota de mayores elementos a su órgano garante para que los sujetos obligados (dependencias públicas y sus titulares) cumplan con la ley, en beneficio de las personas solicitantes de información, o de lo exigente que es llegar a ocupar el cargo de comisionado, después de un filtro ciudadano (el consejo consultivo) y de un examen realizado por expertos, en un proceso único en México.
Soy de la idea que se cumplió a pie juntillas lo determinado por la reforma constitucional federal y que incluso tiene algunos errores, como el de considerar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana como órgano garante de los partidos políticos en genérico, cuando la legislación federal establece claramente que dicha función es exclusiva del Instituto Nacional Electoral para los partidos políticos nacionales y el IEPCJ solo podría tener la mencionada atribución en partidos políticos locales; otro error es el de establecer que se tienen 180 días naturales para que la propia Legislatura local emita la legislación secundaria (por cierto, hay que modificar al menos 19 leyes estatales) y a la vez suspende por 90 días los plazos de tramitación y resolución de medios de impugnación en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Es decir, de no tener un nuevo entramado legal y práctico, no habrá quién resuelva estos recursos en el día 91 y subsecuentes, por lo que sería pertinente empatar a 90 o 180 días ambos supuestos.
Es así que el escenario es complejo para el ejercicio de estos derechos humanos. Sin embargo, hay la esperanza de que para la construcción de nuestras leyes de transparencia y de protección de datos personales el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo escuchen a la sociedad civil interesada en estos temas, a las y los académicos y personas expertas que han hecho valer sus opiniones en diversos foros, de lo contrario acabaremos pareciéndonos a aquello que muchos criticamos con lo sucedido en la materia a nivel federal.

Reforma constitucional

El pasado 01 de junio México vivió por primera vez una elección constitucional para elegir a las personas juzgadoras integrantes del Poder Judicial de la Federación, en un proceso electoral que estresó a las instituciones del país. Empezando por ser una reforma constitucional y legal realizada con prisas, sin la suficiente discusión, con un postulado teórico bastante cuestionable y más con el ánimo de tener control sobre el Poder Judicial, que el de mejorar la impartición de justicia, en donde el mérito y la técnica pasaron a segundo término, dando paso a una buena cantidad de perfiles que evidentemente no tienen los insumos necesarios para hacer de la justicia un asunto pronto, expedito y coherente.
Al momento de escribir estas líneas, el avanece de las actas computadas era del 66% con una participación ciudadana del 11.50%. Según las estimaciones estadísticas presentadas por el INE, la participación terminará en el rango del 12% o 13% de participación, eso quiere decir que casi 9 de cada 10 posibles electores decidieron no salir a ejercer su derecho a votar, lo que pone en duda el principal postulado de quienes promovieron la reforma al afirmar fehacientemente que era un clamor del pueblo el poder elegir a las personas juzgadoras.
El asunto de la austeridad es otro tema que no tiene sustento; esta elección nos costó algo así como ocho mil millones de pesos (sin cuantificar los espacios publicitarios en todos los medios electrónicos del país) y votaron aproximadamente 12.5 millones de ciudadanos, lo que nos lleva a una cifra promedio de seiscientos cuarenta pesos por voto emitido, más del doble de que costo promedio del voto en la elección constitucional anterior.
No soy omiso a las réplicas locales sucedidas en Durango, en donde sólo hubo una persona postulada para cada cargo a elegir en el Poder Judicial estatal, o al reparto de acordeones en Nuevo León entre servidores públicos para incidir en el resultado electoral, lo que viene a confirmar lo poco práctico del modelo electoral judicial.
Cierro con una afirmación debatible (afortunadamente) pero de la que estoy convencido hasta que la evidencia diga lo contrario: No habrá una mejora sustancial en la impartición de justicia en México solo con cambiar a las personas juzgadoras; sigue pendiente una reforma para hacer más eficientes a las policías municipales, estatales y federales, así como a las personas agentes del ministerio público, para que quienes imparten justicia no batallen con las serias deficiencias que se viven hoy, y que se seguirán padeciendo en el futuro. Tampoco se trató de democratizar la justicia; esto acabó convirtiéndose en un ejercicio de control político de uno de los poderes del Estado mexicano. Legalidad no es legitimidad. Toca ahora a las personas juzgadoras ganar esa legitimidad con base en las sentencias, en donde la premisa siga siendo la defensa de los derechos fundamentales y la progresividad del derecho en su aplicación práctica, y a la academia y estudiosos del tema dar seguimiento para que con evidencia acreditada se evalué en el corto, mediano y largo plazo si este experimento dio mejores resultados de los que teníamos hasta el domingo 1 de junio de 2025.

La costosa elección judicial

Nadie podría poner en duda el inicio legítimo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) allá por el año de 1979, como una expresión disidente al oficialismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en un tiempo en el que los poderes del Estado mexicano cooptaban por diversos medios a los sindicatos de las entidades públicas en toda la república. Basta recordar a Manuel Sánchez Vite, Carlos Jongitud Barrios o a Elba Esther Gordillo, que ejercieron liderazgos caciquiles magisteriales durante décadas, y en los años setenta con capítulos violentos, ejercidos por las fuerzas de seguridad, en contra de las disidencias sindicales oficiales, como es el caso del magisterio o los ferrocarrileros, y me viene al recuerdo Valentín Campa, entre otros muchos lideres obreros.
Sin embargo, la Coordinadora sobrevivió a la época de la represión gubernamental y tomó notoriedad en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari con un pliego petitorio muy similar al que enarbolan por estos días, presión que le costó el cargo de dirigente del SNTE a Jongitud Barrios. Salinas, en aras de legitimarse en la presidencia y presionado por la crisis electoral, ejerció el poder de manera severa por ejemplo, en el caso de Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, hasta entonces poderoso líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, a quien se le persiguió judicialmente y pasó una buena cantidad de años preso.
Es a partir de los años ochenta que la CNTE empezó a encontrar aliados políticos, de manera natural en los partidos de izquierda, hasta tejer una alianza solida de lo que hoy es Morena, consiguiendo al paso de los años ser el sindicato mayoritario en buena parte de las entidades federativas del Centro y Sur del país. Pero a pesar de la alianza con el poder actual, poco han cambiado las demandas sindicales entre las que destacan, un aumento salarial del 100%, la derogación de la reforma a la Ley del ISSSTE de 1997, así como de las reformas educativas de 2007 y 2019, entre otras.
Revisadas en detalle, algunas de sus demandas son inviables. Es imposible incrementar al 100% el salario de las personas docentes en México; no hay presupuesto que soporte una nómina de tal magnitud, sólo por ejemplificar. Entonces, los aliados se convirtieron en contrincantes y la Coordinadora presiona a la presidenta de la república de igual manera que lo hacía con Calderón o Peña. Con Andrés Manuel López obrador nunca subieron el nivel de protesta como lo hacen hoy y ponen en aprietos al gobierno de la república y al de la CDMX, a la que asfixian con sus múltiples protestas. 
Grande el reto de la 4T para resolver este tema que en algún tiempo promovieron y hoy padecen.

La CNTE

Nadie puede negar la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es la candidata más votada en la historia de México con poco menos de 36 millones de votos, superando por amplio margen a su predecesor Andrés Manuel López Obrador. Tampoco es posible poner en duda su amplia aceptación entre la ciudadanía. Después de sus primeros seis meses, su nivel de aprobación ronda el 80% y la revista Forbes la colocó como la cuarta mujer más poderosa del mundo, considerándola “un punto brillante en un panorama político actual cada vez más oscuro para las mujeres”.
Sin duda, este esquema debe ser envidiado por buena parte de las y los ejecutivos nacionales del planeta. Para botón de muestra, el presidente Donald Trump tiene la popularidad más baja de un presidente norteamericano en casi un siglo, o de buena parte de las y los dignatarios de Europa o América Latina, que pagan el costo del desgaste en el ejercicio público.
Sin embargo, todos estos atributos en la presidenta no son proporcionales con la capacidad de operación política interna que tiene con su partido, con sus aliados y con las y los gobernadores del país, que parecen empeñados en hacerle saber que a pesar de encarnar la posición políticamente de mayor relevancia en el país, eso no le garantiza el total apoyo a sus proyectos o decisiones.
También habrá que decir que este esquema no es actual. Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón en su actividad como coordinadores parlamentarios, tuvieron por casi tres sexenios un poder que les convirtió en un factor de poder y que obligó a Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a negociar con ambos para hacer avanzar sus iniciativas en el Congreso de la Unión a cambio de prerrogativas políticas que usaron por años en beneficio propio y de sus facciones.
Regresando a la presidenta Sheinbaum y el decidido apoyo de Andrés Manuel López Obrador para lograr la candidatura presidencial por encima de Ricardo Monreal, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, el primero fue francamente humillado en varias ocasiones por el expresidente y la candidata; el segundo guardó prudente discreción y el tercero, acabó siendo ortodoxo para poder mantenerse vigente, colocándose los tres en posiciones de relevancia como lo son las coordinaciones parlamentarias en el Congreso de la Unión y la Secretaría de Economía, que tiene alta relevancia en los tiempos actuales. Adicionalmente a este esquema, el líder real de la 4T colocó a su incondicional Luisa María Alcalde como dirigente del partido y a su hijo Andrés Manuel López Beltrán en la Secretaría de Organización. Toda esta estructura funciona complejamente entre intereses particulares y de grupo, teniendo como guía a AMLO, dejando a la presidenta en una incómoda posición en la que ha sido exhibida en más de una ocasión, siendo la última la iniciativa de modificación de los estatutos de Morena, en la que se pretendía prohibir las campañas anticipadas o promociones personales al límite o flagrantemente violentando la norma electoral, y que se votaría este fin de semana pasado en su Consejo Nacional, siendo eliminada de última hora sin mayor explicación, en una derrota a la presidenta en su propio partido, ya que era el origen de esta iniciativa era de ella.
Así ha sucedido con varias iniciativas enviadas por la presidenta o que tienen origen en su grupo político, que han sido modificadas o colocadas en la congeladora legislativa. Por ejemplificar, la iniciativa de evitar el nepotismo o en situaciones políticas como la férrea defensa de Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, acusado de ser un violentador de mujeres que fue arropado por sus pares y aliados de la mayoría parlamentaria para conserva el fuero, y con esto evitar enfrentar la justicia en condiciones de ciudadano común. 
Así que ni la popularidad, ni las virtudes políticas para enfrentar el vendaval de Trump, le han dado a la presidenta la posibilidad de tomar las riendas del país y esto no es una buena noticia mientras la toma de decisiones siga pasando por el invisible pero muy presente expresidente de la república.

La soledad de la presidenta

A raíz de la contratación de espacios publicitarios en medios de comunicación privados por parte del gobierno de los Estados Unidos, en donde la secretaria de Seguridad Nacional de dicho país, Kristi Noem, advierte a nombre de Donald Trump que si pretendes ingresar ilegalmente a su nación a serás cazado y tratado como delincuente, entre otras cosas, la presidenta de la República, Claudia Sheiunbaum, anunció el envío de una iniciativa para reformar la Ley de Telecomunicaciones e incluir en ella la prohibición de que cualquier gobierno extranjero pueda contratar espacios comerciales en los medios de comunicación nacionales.
Dicha iniciativa que, con este origen pudiera parecer pertinente, desembocó en una propuesta en donde el origen quedo en segundo término y surgió la discusión pública sobre las intenciones de establecer por parte del Ejecutivo, mecanismos de posible censura para los medios electrónicos y plataformas de redes sociales, particularmente en el artículo 109 de la mencionada iniciativa que dice a la letra:
“Artículo 109. Las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia para el bloqueo temporal a una Plataforma Digital, en los casos en que sea procedente, por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables. La Agencia emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento de bloqueo a una Plataforma Digital”. 
Es decir, no hay claridad de en qué situaciones podría suspenderse el servicio de una plataforma digital, lo que abre el espacio para interpretaciones diversas y existe la remota pero patente posibilidad de realizar ejercicios de censura cuando la información expuesta en redes no sea del agrado del gobierno federal.
Afortunadamente, la presión mediatica, académica, social y de la oposición, logró que la presidenta anunciara que no hay necesidad de una aprobación inmediata y propone la apertura de un espacio de diálogo, además de ofrecer modificar o eliminar el artículo comentado. Cuestión que alguno de los cordinadores parlamentarios y actores del oficialismo en el Congreso de la Unión aceptó no de muy buena gana. 
Dudo que la petición de la presidenta alcance para la realización de un ejercicio de parlamento abierto, pero espero, y es más un deseo que expectativa, sensatez y que con la aportación de las y los conocedores del tema, tengamos una ley de telecomunicaciones que guarde los equilibrios entre las libertades ciudadanas, entre ellas la de la libertad de expresión y el control del Estado mexicano para evitar excesos posibles en las concesiones de las empresas de telecomunicaciones, que al día de hoy brindan aún la posibilidad del debate y la confrontación de ideas pública que debe de existir en cualquier nación democrática.

Telecomunicaciones

Anuar García Gutiérrez

El oro, la impunidad y el crimen: La ecuación perfecta en Jalisco

José Francisco Muñoz Valle

¿Puede la Inteligencia Artificial reducir las desigualdades en salud?

Claudia Salas

La gentrificación y la vivienda digna

Manuel Baeza

Noroña, un enemigo muy popular

Marcela Páramo Ortega

Inclusión laboral

Con una buena dosis de polémica, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó con una ajustada mayoría el aumento del 9.65% en las tarifas que cobra el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), una votación que puso de manifiesto la división existente en las diferentes fracciones parlamentarias del Congreso del Estado, en donde MC, PAN, Hagamos y una diputada del Partido Verde, avalaron el incremento frente a las fracciones Morena, PRI, PT, un diputado del Partido Verde y el legislador independiente Alejandro Puerto.
Habrá que decir (aunque sea poco popular) que la tarifa del consumo de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara es barata, cuestión sencilla de comprobar con las tarifas que se cobran en otras latitudes nacionales o internacionales. Sin embargo, también hay que reconocer que los servicios que cobra el SIAPA dejan mucho que desear y que la infraestructura hidráulica de la metrópoli es deficiente por la poca inversión realizada en al menos el último medio siglo.
El crecimiento es en muchos casos desordenado, sin los estudios de impacto necesarios y por supuesto que en varios casos, la complicidad indebida entre algunos desarrolladores inmobiliarios y autoridades, han abonado a que la ciudad padezca de la escasez del vital líquido por un lado y de que la mancha de asfalto-concreto abone a las serias inundaciones que se viven en cada temporal de lluvias, teniendo como resultado fatídico dos personas fallecidas al último día del mes de junio y la perdida de insumos caseros y vehículos para un importante número de familias.
Aunado a todo lo anterior, también es necesaria la autocrítica ciudadana. Somos una sociedad sin cultura del agua, no es extraño ver a señoras “barriendo” la banqueta con el agua que brota de la manguera o al señor lavando alegremente el carro sin importar la gran cantidad de líquido usado, de igual manera la dupla de un deficiente servicio de aseo público y la inconciencia infinita de buena parte de las personas que habitamos esta urbe al tirar sin consideración toda cantidad de objetos a la vía pública (desde muebles, refrigeradores, hasta colillas de cigarros o empaques plásticos de chicles); todos estos factores provocan que vivamos la desgracia perfecta ante las precipitaciones pluviales.
Entonces es indispensable la acción colectiva entre gobierno y sociedad, concientizar a la ciudadanía de no tirar basura en la calle (bienvenidas las multas), tener un servicio de aseo público más eficiente en la mayoría de los municipios metropolitanos e invertir recursos de todos los niveles de gobierno para infraestructura hidráulica, esa inversión que tanto trabajo cuesta hacer por ser obras que están enterradas y solo nos acordamos que nos faltan cuando nos estamos inundando.
Que el aumento en la tarifa empiece a ser proporcional en la mejora del servicio que nos ofrece el SIAPA, no es un pedimento, es una exigencia válida y una necesidad imperante para la sobrevivencia de nuestra ciudad.

El SIAPA