Anuar García Gutiérrez

El reciente robo de tres toneladas de oro en el Estado de Jalisco no es un hecho aislado, sino el síntoma visible de una enfermedad sistémica: la impunidad estructural que impera en el país. Este delito, valuado en millones de dólares, se ejecutó con una precisión que remite más a una operación militar que a un crimen improvisado. Las primeras investigaciones sugieren infiltración institucional y posible complicidad interna, lo que vuelve a colocar bajo la lupa a las autoridades de los tres niveles de gobierno en el Estado.
El robo se habría cometido en un punto de traslado minero bajo resguardo de seguridad privada armada; ni la Fiscalía General de la República ni la Fiscalía del Estado han emitido avances sustanciales. La Guardia Nacional, por su parte, se ha limitado a un operativo de contención sin resultados. A la fecha, no hay detenidos, ni aseguramientos y el oro simplemente desapareció. Eso es Jalisco, tierra de impunidad y de oportunidad para los criminales.
Jalisco es uno de los principales bastiones del crimen organizado, el cual ha sofisticado su estructura hasta tener capacidades equiparables a las de un ejército. En la región, el crimen organizado controla rutas logísticas, infiltra instituciones y utiliza tecnología de punta para vigilar y operar, incluso en zonas industriales y mineras. La posibilidad de que estén detrás del robo no solo es factible, sino lógica, obviamente con la complicidad de los empleados.
De acuerdo con datos del Índice Global de Impunidad México 2023, Jalisco ocupa uno de los primeros lugares en cuanto a la baja capacidad investigativa y la alta tasa de impunidad. Por cada 100 delitos que se cometen en la Entidad, menos de 7 llegan a una sentencia. En 2024, los robos con violencia aumentaron un 18.2%, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que la tasa de judicialización de carpetas apenas alcanza el 5.3 por ciento.
Lo anterior se traduce en una fiscalía saturada, con poco personal capacitado y con limitadas capacidades forenses y tecnológicas, lo que impide una reacción efectiva ante delitos de alto impacto como el ocurrido recientemente. 
México es actualmente uno de los países más riesgosos para invertir en minería, logística y transporte de mercancías valiosas. El índice de competitividad global 2024 coloca al país en la posición 60 de 141, y una de las principales razones es la falta de seguridad material y jurídica. El robo de las treinta y tres toneladas de oro es una señal de alarma que afecta no solo a Jalisco, sino a todo el país.
En México, la justicia no llega al que más lo necesita, sino al que más poder tiene para obtenerla o evadirla. El robo de oro no solo representa una pérdida económica, sino una pérdida simbólica de confianza ciudadana. La narrativa oficial vuelve a evadir responsabilidades, mientras los criminales siguen operando sin consecuencia alguna. 
La regla no escrita aquí es clara: cuando el Estado no impone el orden, lo hacen otros. Y esos otros, no responden a la ley.

Anuar García

El oro, la impunidad y el crimen: La ecuación perfecta en Jalisco

Mi pecho no es bodega

LOS QUE NO QUIEREN DEJAR EL HUESO 
De lo que nos enteramos en el Congreso estatal… en pleno proceso de selección del nuevo titular de la Unidad de Vigilancia del Poder Legislativo para el período 2025-2029, uno de los ocho participantes, José de Jesús Sosa López, pretende apropiarse del cargo a cualquier costo, ejerciendo presión sobre los diputados responsables del proceso, los integrantes de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción. El susodicho Sosa López, ya había sido titular de la Oficina de Combate a la Corrupción de Guadalajara (ya desaparecida), cuando el presidente municipal de la ciudad era Ramiro Hernández García, con quien mantuvo nexos muy convenientes, pues en el trienio 2012-2015 percibía un sueldo de ¡86 mil pesos mensuales!, apenas 13 mil menos que su amigo, el presidente municipal. Después de una década de aquellas jugosas ganancias y casi nulos resultados, ahora pretende incrustarse en el Congreso estatal y está haciendo uso de todos sus contactos.
¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA? 
La cuestión interesante en este caso, es que José de Jesús Sosa López ha echado mano de medidas que parecen sacadas del recetario más retorcido de recetas políticas. En pleno proceso, presentó una “denuncia de hechos y solicitud de intervención”, para quejarse contra uno de los otros siete aspirantes, porque lo observó saludando a varios funcionarios del Congreso estatal el día que se hicieron las entrevistas a los aspirantes. Según su denuncia, esa actitud prueba que ese aspirante hizo trampa y por ello, exigió que fuera descalificado. Naturalmente, a su denuncia le respondieron mandándolo de paseo, pero se sabe que ha estado hablando hasta con los diputados suplentes para orillar a que lo elijan como titular de esa Unidad de Vigilancia. ¿Por qué será de tanto interés para él y quienes lo apoyan en secreto, si el sueldo que percibiría es de apenas 29 mil pesos mensuales? Será Sosa López una nueva versión del caso “Eli Castro”. Dicen que recibe muy apoyo de las oficinas de la Auditoría Superior. Veremos qué hacen los diputados, que deben hacer la elección mañana jueves, y ese espacio, por negociación desde que se instaló la Legislatura, le corresponde a la fracción de Morena. ¿Podrán más las influencias que la ética morenista?
LAS INUNDACIONES 
Una nueva crítica le hacen al Plan Anual de Gobernanza de Guadalajara, aprobado hace unas semanas. El regidor morenista Juan Alberto Salinas subraya que en todo el documento sólo hay un párrafo sobre inundaciones, uno de los problemas más graves de temporada no sólo en la capital, sino en todos los municipios metropolitanos. Además, apunta que el mismo párrafo se repite íntegro al final del documento, sin mayor explicación. El apunte, según el regidor, se justifica en un momento como el actual, después de las inundaciones del domingo pasado en zonas del Oriente de la ciudad y también, luego de los socavones que se formaron en la Colonia El Bethel y en La Duraznera, de Tlaquepaque.

Jonás

Este 08 de julio de 2025, se dictó sentencia de 141 años y tres meses de prisión contra los 10 hombres detenidos en el Rancho Izaguirre, de Teuchitlán, Jalisco, el pasado mes de septiembre de 2024. Además de la histórica sentencia, deberán pagar 1.3 millones de pesos por concepto de reparación del daño. Los 10 condenados fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional y de acuerdo con la carpeta de investigación, tenían en su poder dentro de la finca a dos personas que fueron liberadas, además de que se encontró el cadáver de una persona durante el operativo. Los delitos por los que fueron todos condenados son tres: desaparición cometida por particulares, desaparición cometida por particulares agravada y homicidio calificado. 
¿Ya se hizo justicia? Es la pregunta.
Y es que aún hay varias historias que deben concluir, ahora con la participación de la Fiscalía General de la República (FGR), porque por el caso del Rancho Izaguirre, ese que fue llamado un “campo de exterminio” del crimen organizado en pleno Jalisco, aún hay otras personas detenidas y en proceso, y entre éstas quien más llama la atención es el ahora ex presidente municipal de Teuchitlán, José Asunción Murguía, detenido apenas en mayo pasado en un operativo de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, y ahora acusado de delincuencia organizada (supuestamente es un líder internacional de huachicoleo), desaparición de personas y trata de personas, además de que ordenó el empleo de personas y maquinaria del ayuntamiento para ocultar restos humanos en el rancho. 
También está detenido José Gregorio “N”, conocido como “Comandante Lastra”. Lo aprehendieron en marzo pasado en la Ciudad de México.
Del proceso que se le sigue, no ha habido más mención, a pesar de que le acreditaron ser el reclutador y responsable del Rancho Izaguirre, asignado para la tarea por el crimen organizado.
Y queda también pendiente el caso de tres ex policías municipales del municipio de Tala, acusados de utilizar vehículos oficiales para llevar por la fuerza a jóvenes que eran forzados a ingresar al rancho para ser “entrenados” y unirse a un cártel de la droga. 
Naturalmente, los 10 condenados apenas ayer tendrán la oportunidad de apelar la sentencia.
Además de saber qué pasará con los otros procesados que no han sido condenados, cabe preguntarse si no habrá más detenidos. 
Y también quedan en el aire cuestionamientos evidentes: ¿Qué ocurrió con los cientos de zapatos encontrados, junto con prendas personales y mochilas? ¿Cuándo se darán a conocer los resultados de los exámenes a los restos óseos que fueron hallados en el rancho y de los que se acusó, eran de personas que habían sido asesinadas ahí dentro?
El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, prometió investigaciones y resultados. Los meses transcurren y de su parte, no hay ni siquiera información que oriente, mucho menos que resuelva. 
¿Se pretenderá con esta sentencia cerrar el caso e insistir que en el Rancho Izaguirre se reclutó a jóvenes, pero nunca hubo crematorios? 
Seguimos a la espera.

Rancho Izaguirre, Teuchitlán: ¿se hizo justicia?

José Francisco Muñoz Valle

La Inteligencia Artificial (IA) está transformando el mundo a una velocidad sin precedentes, y el ámbito de la salud es, quizás, uno de los más favorecidos. Desde el análisis masivo de datos hasta la predicción de brotes epidémicos, pasando por diagnósticos precisos y tratamientos personalizados, sus aplicaciones parecen casi milagrosas. Sin embargo, más allá del asombro tecnológico, surge una pregunta crucial: ¿puede la IA ser una herramienta para reducir las desigualdades en salud o corre el riesgo de profundizarlas aún más?
En contextos como el mexicano, marcados por brechas estructurales en el acceso a los servicios de salud, la IA representa una paradoja. Tiene el potencial de democratizar la atención médica, pero también podría beneficiar únicamente a quienes ya están dentro del sistema, exacerbando la exclusión de las poblaciones más vulnerables. Si su implementación no se rige por principios de equidad y justicia social, la IA podría automatizar la discriminación, perpetuando sesgos históricos bajo la apariencia de neutralidad algorítmica.
En este escenario, el papel de las universidades y de quienes formamos profesionales de la salud es clave. No basta con enseñar el uso técnico de estas herramientas: debemos fomentar también su apropiación ética, crítica y creativa. La alfabetización digital y el pensamiento ético deben ser pilares de una formación que prepare a los futuros profesionales a interactuar con la IA como una aliada del juicio humano, no como su reemplazo.
La clave, entonces, no está solo en la tecnología, sino en el modelo de gobernanza que decidamos construir a su alrededor. Una IA transparente, inclusiva y regulada puede ser una poderosa aliada para cerrar brechas. Pero si su desarrollo queda exclusivamente en manos del mercado o de algoritmos opacos, estaremos consolidando una nueva frontera de exclusión digital y sanitaria. 
La Inteligencia Artificial no resolverá las desigualdades por sí sola. Solo lo hará si decidimos utilizarla como herramienta de justicia social. Esa es una decisión política, ética y colectiva.

José Francisco Muñoz Valle70f-4aea-8e7f-7e792d3f59b0

¿Puede la Inteligencia Artificial reducir las desigualdades en salud?

Manuel Baeza

Es el enemigo número uno de los usuarios de las redes sociales, pero en la calle es popular. El segundo político de Morena con mejor opinión sobre su persona a escala nacional.
Me refiero a Gerardo Fernández Noroña, senador por la 4T, quien fue calificado como el segundo político del partido con más simpatía popular, según una encuesta publicada el lunes por el diario El Financiero. 
Solamente hay alguien por encima de Noroña. Es Omar García Harfuch, mexiquense con familia en Jalisco. El actual secretario federal de Seguridad Pública tiene según el estudio, una calificación de 51 por ciento ante la pregunta: ¿Cuál es su opinión acerca de…? 
Ese resultado me parece normal. García Harfuch se ha ganado reconocimiento por sus resultados contra el crimen, principalmente contra el huachicol.
Pero el segundo lugar, insisto, es Gerardo Fernández Noroña, uno de los políticos más controversiales en años recientes. La mitad exacta de los entrevistados (50 por ciento) dice tener una buena opinión sobre el senador morenista, apenas un punto por debajo de García Harfuch. Nada mal para un personaje de su tipo.
¿El tercer lugar? Marcelo Ebrard, con 49 por ciento de buena calificación. 
Me queda claro que a muchos no nos gusta el estilo de Gerardo Fernández Noroña, pero a la base popular sí le convencen sus dichos y su manera de actuar, y ese sector de la población tiene mucho peso a la hora de votar.
Que no nos sorprenda entonces que Noroña mantenga o incluso incremente sus acciones subversivas, contestatarias y muchas veces groseras. El político capitalino sabe que con su postura gana adeptos, y que eso le servirá para aspirar a la candidatura de su partido para la elección presidencial de 2030.
Tiene Gerardo Fernández Noroña la mitad del camino andado en materia de buena imagen. La duda es si podrá comenzar a conquistar parte de la otra mitad de la sociedad, aunque en este punto todo le suma. 
En Jalisco el senador no tiene mucha base, Su respaldo en la entidad viene (o venía) del Partido del Trabajo, partido con el que Noroña ya tuvo diferencias. También tiene algo de base entre jubilados y pensionados. 
¿Crecerá Gerardo Fernández Noroña políticamente rumbo a 2027? Me atrevo a pensar que sí. Y eso le mete calor a la incipiente carrera presidencial.

Noroña, un enemigo muy popular

Claudia Salas

Cada vez son más quienes se preguntan: ¿en qué momento vivir en la ciudad se volvió un lujo? Este fin de semana las calles de colonias de la CDMX, como la Roma y la Condesa, se llenaron de jóvenes con la primera marcha contra la gentrificación, ¿qué es la gentrificación? En pocas palabras, es un proceso de renovación urbana en el que llegan personas de clase media o alta a zonas populares, lo que generalmente provoca el desplazamiento de las y los habitantes de menores ingresos que ya no pueden pagar el aumento en los precios de la vivienda y de los servicios.
Esto nos lleva a preguntarnos: ¿En favor de quién marchaban los jóvenes? Los jóvenes marchaban por las personas que a diario invierten de tres a cuatro horas de su día para legar a sus espacios de trabajo; marchaban por las horas de convivencia, descanso que a diario mujeres y hombres sacrifican para poder llevar un ingreso a casa. El error es creer que intimidando a los extranjeros mediante pintas, gritos y cantos de odio, la problemática se resolverá; esto en el momento en el que miles de mexicanos también luchan por escapar de un sistema que a diario los criminaliza, un sistema que alimenta discursos de odio y los posiciona como una amenaza para el país; no podemos responder de la misma manera de la que muchos de nuestros paisanos intentar huir día con día.
La crisis de vivienda que enfrentamos en México, no empezó con la llegada de extranjeros. Existe desde hace décadas y se vive con más fuerza en zonas donde ni siquiera hay presencia internacional. Los extranjeros se pueden ir y la gentrificación seguirá existiendo mientras no pongamos nuestra atención en lo que realmente importa: garantizar el derecho constitucional a la vivienda digna.
Esto implica que todas y todos podamos acceder a un hogar con seguridad en la tenencia, con servicios básicos, a un precio justo, que sea habitable, accesible y que esté bien ubicado. Por eso vale la pena preguntarnos: ¿la gentrificación puede traer ventajas económicas en beneficio del resto de la ciudad? Sí, pero solo si se gestiona correctamente, tenemos que buscar que esto sea a través de programas bien diseñados y estructurados, mediante la implementación de políticas económicas redistribuidas que aseguren que los recursos generados por la gentrificación se usen para regenerar otras zonas urbanas olvidadas.
Espacios que han sido abandonados y que podrían revitalizarse para beneficio colectivo. También debemos impulsar las pequeñas empresas, apoyar servicios comunitarios, restaurar viviendas deterioradas, mejorar los espacios públicos para que exista una mayor interacción social y vida en las calles, todo esto mediante organización social y trabajo en equipo.
Por eso, desde el Congreso seguiremos impulsando políticas públicas de vivienda que respondan a la realidad que viven millones de personas, presupuesto con perspectiva social, planes de desarrollo urbano sostenibles y participación comunitaria real en la toma de decisiones, porque tener un techo digno no debería ser una lucha, sino un derecho garantizado por el Estado. Desde esta trinchera seguiremos trabajando para que la vivienda se construya en las zonas metropolitanas con una visión integral, donde el acceso a la vivienda no te aparte de otros derechos fundamentales como la movilidad, el agua, el manejo de residuos o los bosques urbanos. La Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley de Zonas Metropolitanas, que estamos construyendo, servirán para poner orden al crecimiento de nuestras ciudades y garantizar una urbanización más justa y equitativa. La vivienda no puede seguir siendo un privilegio, tiene que ser un derecho y sin duda ese debe ser nuestro norte.

La gentrificación y la vivienda digna

Marcela Páramo Ortega

En México tenemos una enorme brecha de desigualdad en la inclusión de personas con discapacidad en etapa laboral. Sólo el 37% de las personas en edad productiva cuenta con trabajo formal; son muy pocas las empresas que contratan personas con discapacidad, a pesar de los incentivos fiscales y la muy sonada responsabilidad social que tanto pregonan. 
La realidad sigue siendo que muchas personas con discapacidad son discriminadas laboralmente y optan por la economía informal quedando fuera de la seguridad social y otras prestaciones a las que tienen derecho.
Así, nos encontramos con una gran mayoría de personas con discapacidad, más del 63% (INEGI) de la población con discapacidad, mayores de 18 años, no tienen un empleo estable y formal con las prestaciones que por ley les corresponden. Esto trae una problemática enorme: les negamos el derecho a la salud, al no contar con seguridad social; les negamos la oportunidad de trabajar dentro de la formalidad con todas las prestaciones que tiene cualquier otra persona que está en edad laboral; además, les negamos iniciar la cotización de semanas para su posterior jubilación.
En algunos casos la situación se complica mucho más porque no son activamente productivos, dependen de la economía de sus familiares o de algún programa asistencial. Estamos muy lejos de proteger y hacer valer sus derechos para que tengan acceso a un trabajo digno y bien remunerado.
Son todavía muy aislados los casos de las empresas que promueven la inclusión laboral. La falta de empatía, los prejuicios, el desconocimiento sobre los protocolos de atención hacia las personas con discapacidad y la resistencia a realizar adecuaciones o eliminar barreras, son algunas de las circunstancias que hacen que perdure este acto discriminatorio, a pesar de que existen leyes que promueven y protegen los derechos de las personas con discapacidad. 
Ante esta lamentable situación, saber que un joven es aceptado para laborar en una empresa formal es motivo de fiesta. En días pasados recibí la llamada de un ex¬alumno para platicarme que estaba formalmente contratado en un autoservicio; hicieron todas las adecuaciones pertinentes para que se adaptara bien a los horarios y actividades.
Les cuento la alegría que me dio, cuando me visitó para contarme sobre su trabajo. Estaba feliz platicando de sus actividades, de su jefe, los nuevos amigos que está haciendo, cómo firmó el contrato, tantas novedades para él que, a pesar de sus casi 30 años, eran un escenario totalmente nuevo para él. Dicho con sus palabras: “lo mejor es cuando me llamaron para pagarme y recibí el dinero que gané con mi propio esfuerzo”.
Demos cuenta con este solo ejemplo lo trascendente que es para los jóvenes con discapacidad tener estas oportunidades laborales, que más allá de colgar un distintivo de empresa socialmente responsable, es el reconocimiento de que las personas con discapacidad, por derecho, merecen esta oportunidad y que por eso hay que cumplir la ley. Abrir estos espacios traerán grandes beneficios a las empresas y a la sociedad en general.
No queremos dádivas, queremos igualdad y equidad de oportunidades. El derecho nos asiste, hagámoslo valer. Que cada día haya más y más empleos incluyentes en nuestro Estado y en el país.

“Marcela Páramo Ortega  “

Inclusión laboral

Staff quiero tv

Dos hombres fueron detenidos en el municipio de El Salto, Jalisco, luego de que elementos de la Comisaría Municipal atendieran un reporte ciudadano sobre la agresión a un perro en calles del Fraccionamiento Campo Bello.
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Durante un recorrido de vigilancia por la avenida Victoriano Huerta y su cruce con Flores Magón, oficiales fueron interceptados por un hombre que señaló haber presenciado una agresión contra un perro. El testigo indicó que los hechos ocurrieron en el edificio número 496 de la zona, donde observó a dos individuos que atacaban a un perro de la raza pitbull utilizando un cuchillo y un machete.
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Los agentes acudieron al sitio y localizaron al animal herido. El perro, de color blanco con manchas café, presentaba lesiones visibles, por lo que se notificó a la Dirección Municipal de Protección Animal. Personal de esta dependencia llegó al lugar y trasladó al animal a una clínica veterinaria. Su estado de salud fue reportado como delicado.
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Tras realizar indagatorias en el área, los oficiales identificaron y aseguraron a dos hombres señalados como presuntos responsables. Se trata de Hugo Enrique “N. N.” y Carlos Alberto “N. N.”, ambos de 26 años.
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La autoridad municipal solicita a la ciudadanía que, en caso de haber sido testigos del hecho, se comuniquen con la comisaría para proporcionar información que permita formalizar la denuncia ante la Fiscalía del Estado. Esta colaboración es necesaria para sustentar el caso, ya que los implicados podrían quedar en libertad si no se presentan más testimonios.
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El Guante Blanco