Por fin, una Estrategia Nacional contra la Extorsión
El pasado fin de semana, el secretario de Seguridad del gobierno federal, Omar García Harfuch, anunció junto con el fiscal general del país, Alejandro Gertz Manero, y mandos militares, la aplicación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. El proyecto llega tarde, pero finalmente hay al menos un acuerdo en ese sentido.
Por la presidencia de la república han pasado personajes que surgieron de Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y ahora Morena, y siempre se supo que desde las cárceles estatales y federales se ha practicado la extorsión telefónica. Pero no se ha aplicado una estrategia nacional para detenerla.
El delito de la extorsión, ciertamente, no se practica sólo por teléfono. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024 del INEGI, la cifra negra de la extorsión (la que no se denuncia) es de 96.7%, una de las más altas en el espectro delictivo. Un año antes, en 2023, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tasa de extorsión fue de 7.9 casos por cada 100 mil habitantes.
Al hacer el anuncio, el mismo García Harfuch reconoció que la extorsión es uno de los delitos más dañinos socialmente, porque afecta de manera directa el patrimonio de las personas con menos recursos, Es casi imposible perseguirlo con las herramientas actuales. No es casualidad que casi el total de las víctimas no presenten denuncia ni le den seguimiento.
En un rápido análisis sobre las reformas que se han presentado y aprobado en los últimos años para el combate de los delitos y la inseguridad en México, podemos encontrar por ejemplo, la creación de la Guardia Nacional y hace apenas unos días, la aprobación de una última reforma para que ésta quede oficialmente bajo la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Se han hecho también, reformas al Código Penal Federal y a numerosos códigos penales en los estados. El razonamiento inmediato de los legisladores es que a mayor incidencia de un delito, deben incrementarse el tiempo de prisión y la sanción económica, pero no hay indicios claros de que eso modifique la comisión de delitos.
Entre tantos intentos de corregir la delincuencia con reformas, prácticamente no se ha tocado el sistema penitenciario. ¿Cómo es posible que durante años se haya sabido que en los centros penitenciarios estatales y federales operan “call centers” desde donde extorsionan a las personas y no se hayan erradicado? Existen los denominados “autogobiernos” que pueden constituir una de las muchas explicaciones, porque no hay respuesta única.
En la nueva estrategia contra la extorsión, se prevén cinco ejes:
1. Detenciones con base en investigación e inteligencia.
2. Creación de unidades antiextorsión estatales.
3. Aplicación del Protocolo Nacional de Atención a Víctimas.
4. Capacitación de operadores del número 089 en manejo de crisis y negociación.
5. Campaña nacional de prevención y sensibilización.
Dato adicional que no podemos ignorar: Jalisco figura entre los siete estados del país donde más extorsiones se cometen, junto con Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Guerrero y Veracruz.
Tanto la FGR como la Secretaría de Seguridad tienen ya un diagnóstico. Es facilísimo apuntar al primer lugar donde se gestan extorsiones telefónicas: los centros penitenciarios.
