Jonás

En un ambiente festivo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que otra vez, el gobierno mexicano consiguió de Donald Trump una nueva pausa para la aplicación de aranceles, esta vez de 90 días. En términos inmediatos, se alarga el período de incertidumbre hasta noviembre próximo, pero después del gozo inicial, la presidenta mexicana aclaró que la semana entrante se puede firmar un “acuerdo de seguridad” con el gobierno norteamericano.
Y aquí es donde conviene hacer pausa y revisar con detenimiento las afirmaciones presidenciales, porque en la llamada telefónica de 40 minutos con Donald Trump se abordaron muchas cosas más que la aplicación de aranceles.
De hecho, la misma Sheinbaum Pardo reconoció que en la llamada, junto al presidente de los Estados Unidos, estuvo el secretario de Estado, Marco Rubio, y asegura que ella misma le ofreció un acuerdo de seguridad que puede firmarse la semana próxima. 
Anticipándose a los cuestionamientos, la presidenta mexicana asegura que el acuerdo bilateral “respeta la soberanía y el territorio”.
En otras palabras, anticipa que este acuerdo no permite la injerencia del gobierno norteamericano y tampoco autoriza la incursión de fuerzas militares estadounidenses en nuestro país para el combate al crimen organizado. 
Pero no hay más detalles.
El tema económico en la relación con Estados Unidos importa principalmente a los mexicanos. Es la máxima preocupación. 
Pero en el discurso de Donald Trump y su administración, el tema central es el combate al fentanilo y a los cárteles de la droga. Los mismos a los que clasifican como “terroristas”, los que han estado vigilando con drones y tecnología desde sus buques militares desde el Golfo de Cortés y desde el Golfo de México.
Y no se puede dejar de lado que con conocimiento o no, el presidente Trump ha mencionado en varias ocasiones organizar ataques con drones a los campamentos de los cárteles.
¿Qué contiene el acuerdo de seguridad que la presidenta anuncia como una oferta suya al gobierno estadounidense? ¿Se hará público si efectivamente lo aceptan Marco Rubio, primero, y Donald Trump después?
La administración Sheinbaum ha correspondido a todas las exigencias de Trump desde que tomó el cargo el pasado 20 de enero. Punto por punto, se ha respondido a las demandas del presidente norteamericano, en algunos con más éxito que en otros, pero nada ha sido ignorado. 
Reflota otra vez la sospecha de que la administración Trump subirá la apuesta y pedirá que se reconozca no a los jefes del crimen, sino a los políticos mexicanos coludidos con la delincuencia organizada.

Junto con aranceles, un acuerdo de seguridad

Hace varias semanas, la presidenta Claudia Shienbaum Pardo anunció que en su momento presentará una propuesta de reforma electoral que seguro modificará la Constitución del país y también la conformación del Congreso de la Unión y hasta del Instituto Nacional Electoral (INE). En su momento se abordó el tema en “Al buen entendedor”, en la posibilidad de que se reduzca al mínimo la democracia en México. 
El tema volvió a estar en discusión pública después que apareciera una versión de Ricardo Monreal Ávila, actual diputado federal y coordinador de los diputados de Morena (y de facto, también de los legisladores del Partido Verde y el Partido del Trabajo), en la que cuestionó si era conveniente la desaparición de los diputados de representación proporcional o “plurinominales”, como también se les conoce.
Horas después, el mismo Monreal aclaró que en ningún momento cuestiona la intención presidencial de una reforma electoral… aunque ni siquiera haya sido presentada. En otras palabras, si Monreal se atrevió a sugerir, inmediatamente reculó. Lo que decida la presidenta Sheinbaum en su propuesta de reforma está muy bien.
El comportamiento de Monreal Ávila obedece no a su convencimiento de que deban desaparecer 200 diputados y 32 senadores. No, lo que sucede es que hizo un cálculo político en el conocimiento de que hay una disputa interna por el poder en Morena, y el equipo de la presidenta Sheinbaum Pardo, desde Palacio Nacional, apunta a ser el ganador y desplazar definitivamente a los grupos políticos del mismo Monreal y del senador Adán Augusto López. 
Es otra historia.
En este espacio pretendo hacer énfasis en el riesgo que representa la desaparición total, vía reforma, de los plurinominales. 
A pesar de todo el rechazo –bien ganado– que los mexicanos externan contra diputados y senadores, el origen de la representación proporcional fue un intento de equilibrio. Los plurinominales fueron los diputados de los partidos opositores al régimen todopoderoso del PRI, que lograban entrar a la Cámara de Diputados. No podían competir en número ni ganaban votaciones, pero con ellos tenía voz, al menos, una parte de los mexicanos que no aceptaba la visión única del PRI-gobierno. 
Desaparecer a los plurinominales, en un escenario de dominio casi total de Morena, significa retroceder en el tiempo y regresar al mismo esquema de los años 60 y 70 del siglo pasado.
Además, la reforma anticipada por la presidenta, adelanta reducir al INE. 
El futuro en materia electoral y democrática se anticipa muy oscuro. Los que pueden cuestionarlo, incluso si son de Morena, ya no tienen permiso.

La reforma electoral de Sheinbaum

El INE provocó otra oleada de críticas al anunciar, el 28 de julio, que aplicaría multas diferenciadas según sus posibilidades económicas, a quienes ganaron la elección judicial y aparecieron en los acordeones. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum intervino y aseguró que fue una “decisión incongruente”. Y claro que lo fue. El mensaje es claro: no importa que hayan hecho trampa, basta con pagar una multa y se quedan en el cargo de jueces o magistrados.
Para la presidenta Sheinbaum, sin embargo, la incongruencia radica en que los sancionen, porque para ella los acordeones no constituyeron ninguna irregularidad.
Quien mejor le puso palabras al escándalo que fue la elección judicial del 1 de junio de 2025, fue el ganador de la elección para integrar el nuevo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortíz, cuando aclaró que los acordeones son “listas orientadoras”.
En términos simples, aunque muchos funcionarios afines o de plano insertados en la 4T sepan cambiar las palabras, fue lo siguiente: 
Se organizó una elección judicial como resultado de una reforma al Poder Judicial que fue impuesta por una mayoría política, sin consenso con el resto de los grupos políticos y sociales del país.
El proceso de la elección fue desordenado de principio a fin y comprometió hasta el extremo al Instituto Nacional Electoral. 
Las convocatorias para elegir candidatos y candidatas fueron confusas y tuvieron como resultado una gran cantidad de aspirantes desconocidos para la población, pero afines a los grupos de poder, principalmente el partido dominante, Morena.
Ante las reglas inoperantes para hacer campaña, que los limitaron en recursos y acceso a la difusión, los candidatos y candidatas se aliaron con quienes contaban con más afiliados o simpatizantes organizados, para garantizar una votación ganadora, y para éstos supieran por quiénes iban a votar, les repartieron “acordeones”, muchos físicos, de papel, y la mayoría por correo electrónico o chats.
Y de ahí surgieron los ganadores. Pero se cometió un delito electoral evidente: indujeron el voto. La elección fue totalmente manipulada. 
Casi la mitad de los consejeros del INE estuvieron a favor de anular o repetir, pero una mayoría mínima avaló el proceso. Y ante las impugnaciones, una mayoría de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó abajó la anulación y avaló los resultados.
Ahora, ya triunfadores de la elección con todas las irregularidades detrás, los jueces y magistrados que estaban en los acordeones serán multados. Pero permanecerán en el Poder Judicial, “elegidos por el pueblo”. 
Es el nuevo Poder Judicial.

Con acordeón y multa, pero ya en el Poder Judicial

El episodio es indignante y doloroso: Irma Hernández Cruz, una maestra de educación pública, ya jubilada, con 62 años de edad, trabajaba como taxista para tener más ingresos y completar sus gastos. Era un trabajo honesto. Pero hombres armados de la “mafia veracruzana” la sacaron de su auto en pleno centro de su ciudad, Álamo Temapache, Veracruz, y se la llevaron privada de la libertad por no pagar “el derecho de piso”.
Apareció después un video. Ella estaba arrodillada, indefensa, rodeada por varios hombres armados y encapuchados. La obligaron a leer un mensaje de advertencia al resto de los taxistas: o pagan o les espera lo mismo. La maestra apareció muerta. La encontraron sin vida el 24 de julio.
Acosada por los señalamientos y la indignación, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ha subrayado repetidamente que la maestra no fue ejecutada, sino que murió por un infarto. Como si era fuera una diferencia que justifique otra historia de impunidad y violencia.
Ha ido más lejos: llamó “miserables” a quienes han hecho “un escándalo” con la historia de Irma Cruz Hernández. Así que la gobernadora veracruzana ya tiene sus propios miserables, mientras insiste en que la maestra de escuela jubilada, no fue estrictamente ejecutada por el crimen organizado que azota en el Norte del Estado de que ella gobierna. 
Irma Cruz trabajaba como taxista justamente porque padecía una serie enfermedades que la obligaban a consumir medicamentos.
La información que se ha hecho pública después de su autopsia, revela que en su cuerpo se observaban golpes, pero perdió la vida por un infarto. No presentaba muestras de haber sido baleada o herida. ¿La mató el miedo? Es probable explicarlo así. 
En la narrativa de la gobernadora, la maestra y taxista murió de miedo. Y eso, aparentemente no es responsabilidad de la autoridad. 
Son miserables quienes lanzan reclamos y critican el desempeño de su gestión en el combate a la inseguridad y la violencia, porque los hombres que “levantaron” a la maestra Irma ni siquiera dispararon contra ella.
Lo que ocurrió y la respuesta indignada de la gobernadora Nahle parecen un absurdo. Tanto como lo es que una mujer jubilada después de haber sido maestra durante su vida productiva, tuviera que ser también taxista para poder tener más ingresos y comprar medicamentos, porque el pago de la jubilación no alcanzaba para eso. 
Ya está. Lo describió puntualmente Rocío Nahle: son “miserables”.

Los “miserables” de Rocío Nahle

El feminicidio ocurrido en la zona Oriente de Guadalajara, en el que dramáticamente Karla Bañuelos fue asesinada por Kelvin N, usando un arma larga y afuera de su casa, provocó un movimiento renovado de esfuerzos oficiales para la protección de las mujeres ante la violencia permanente de la que son víctimas.
El gobierno de Jalisco movilizando las dependencias en las que se genera protección específica a mujeres violentadas, anunció una nueva red de apoyo mucho más grande que la ya existente; se han firmado convenios y acuerdos para que incluso en las tiendas de autoservicio de las cadenas por todos conocidas, una mujer pueda acudir y solicitar protección al sentirse en peligro.
Esto significaría pasar de unas cuantas decenas de puntos seguros a más de 2 mil y el esfuerzo está ampliándose, sumando cada vez más lugares donde se pueda prestar auxilio a las mujeres en riesgo.
Si ya se habla de más de 2 mil puntos, ahora lo importante es habilitarlos, capacitar al personal que ahí trabaja y particularmente, facilitar la presencia de autoridades.
De nada va a servir que una mujer que se sienta en riesgo, pueda acudir, por ejemplo a una sucursal de las tiendas Oxxo y desde ahí se emita una alarma, pero no haya autoridades que inmediatamente atiendan la urgencia. 
Se ha anunciado una campaña de capacitación para que los empleados de todos estos puntos comerciales puedan prestar una atención adecuada y extender así una red de protección para las mujeres e incluso, para los niños que pueden estar en peligro de ser víctimas de violencia.
La idea en principio suena positiva y con lógica. Ahora falta que se eche andar con todos los recursos necesarios. El mismo gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, anunció una inversión para adquirir nuevos aditamentos, esto es los llamados botones de pánico, pero al final el tema encuentra su mayor obstáculo en la asistencia humana.
La capacitación permanente para el personal de las agencias del Ministerio Público, para los integrantes de las policías municipales e incluso las corporaciones estatales, es indispensable para que se atienda a las mujeres que denuncian amenazas o hechos de violencia. La tecnología es un auxilio, tener más puntos de atención es una medida correcta, pero al final el ciclo debe cerrarse con la asistencia de personas capacitadas y facultadas por la ley para convertirse en protectores de las mujeres jaliscienses.

La alianza para proteger a las mujeres

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Primero fue Ricardo Monreal en España. Argumentó que está festejando 40 años de vida matrimonial y que está recorriendo el Camino de Santo Santiago. Incluso, subió imágenes con su atuendo de romero improvisado. Después apareció Mario Delgado, el secretario de Educación, que descansa en Portugal. Y también se ha ventilado en las redes sociales el caso de un diputado federal morenista, Enrique Vázquez, que vacaciona en la isla de Ibiza, uno de los destinos turísticos más exclusivos para los europeos.
Y adicionalmente, uno de los villanos políticos más sonados, Miguel Ángel Yunes Linares, fue sorprendido en un club de playa en Capri, Italia.
Este tipo de temas, que pueden parecer superficiales y baladíes junto a las problemáticas que deben atenderse en el Poder Legislativo y en la Presidencia de la República, exhiben sin embargo la incongruencia en el discurso y en los hechos de la “cuarta transformación”. 
En las redes sociales, las mismas en las que han sido exhibidos los políticos referidos y muchos otros, también se hacen evidentes los cuestionamientos: ¿Y la austeridad republicana?
Lo que está de fondo no es sólo la credibilidad (si alguna vez la han tenido Yunes, Monreal y Delgado), sino también la continuidad del proyecto de la llamada “transformación”.
Desde hace varios años, la presunción del “nosotros no somos iguales” se ha desmoronado con una velocidad pasmosa, pero no porque el mexicano promedio siempre dude de la honestidad y la congruencia de los políticos, sino porque nuevamente nos enfrentamos a la realidad de la desilusión de un proyecto político que alcanzó el poder prometiendo una transformación que evidentemente no existe.
En este punto es importante subrayar: no puede ser motivo de condena que los integrantes del poder público puedan pagarse vacaciones en Europa o en cualquier país del mundo. Eso no es lo importante.
Lo que debe importar es que cumplan con su trabajo, que se cumplan los objetivos y los compromisos. 
Es evidente que al margen de los programas sociales, hoy constitucionales, que tantos votos les granjean a los morenistas en cada proceso electoral, siguen sin cumplirse objetivos de trabajo en ámbitos como la salud pública, la infraestructura, la economía, la educación.
Es tiempo, y fue más rápido de lo que se esperaba, de regresar al discurso de la petición del voto a cambio de resultados tangibles, y dejar de lado las promesas falsas y los comparativos con un pasado que no existió.
¿En dónde se puede presumir la austeridad republicana?
¿En Palacio Nacional o en las capitales europeas del turismo?

Morenistas de vacaciones en Europa

Lo de ayer fue un escándalo con mayúsculas. En medio del temporal de lluvias e inundaciones, baches y socavones, que tanto indignan a la ciudadanía, y que además se ha combinado con los cortes de agua en varias colonias por las fallas en la infraestructura del SIAPA, junto con el caso Eli Castro (la promotora de música de banda convertida en asesora técnica con sueldo de 73 mil pesos al mes), se supo que la Comisión Tarifaria del organismo sesionó el 6 de junio y aprobó incrementos en las tarifas para el año 2026, ¡del 44 y hasta el 200 por ciento!
La indignación estalló en todas partes. 
Se pronunciaron en contra el gobernador Pablo Lemus, el dirigente empresarial Antonio Lancaster, diputados de todos los partidos políticos y presidentes municipales.
El gobernador hizo público un documento enviado al SIAPA, en el que se pronuncia contra los incrementos de tarifas y retoma la idea de una reestructuración interna.
El presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, anunció que se creará un frente de alcaldes ligados a Morena y partidos aliados (Tonalá, Tlaquepaque, El Salto y Juanacatlán), para oponerse al aumento en los cobros. 
Paradójicamente, el documento que acredita la decisión de la Comisión Tarifaria, se publicó el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el pasado 3 de julio.
Hasta parece que se lo guardaron en secreto. Sorprende que ninguna autoridad se hubiera pronunciado antes. 
En el documento se puede constatar que los representantes ciudadanos de Tlaquepaque y Tonalá votaron en contra de las tarifas proyectas. También votaron en contra los representantes de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad Panamericana. 
¿Por qué nadie dijo nada desde entonces?
Es importante aclarar que esta autorización es totalmente diferente del polémico incremento aprobado en el Congreso estatal de 9.65%. 
El SIAPA se ha convertido en el principal enemigo público de la ciudad. 
En su contra operan el agua turbia, los socavones, los cortes de agua por reparaciones en su infraestructura, la nueva tarifa, el caso de Elizabeth Castro, las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y de la Contraloría estatal, y además, la creciente indignación generalizada de ciudadanos, alcaldes, diputados y hasta del gobernador. 
Esta es la madre de todas las crisis.

El SIAPA y la madre de todas las crisis

El evento coyuntural más importante con el que inició la semana fue anunciado por el gobernador Pablo Lemus en sus redes sociales: la detención de Kelvin “N”, en uno de tres cateos. Internado ya en el Centro Penitenciario de Puente Grade donde espera la primera audiencia de vinculación, Kelvin “N” alcanzó fama nacional e internacional al aparecer en un video mientras le disparaba con un arma larga a Karla Bañuelos, así, a quemarropa. Ella quedó muerta en el pavimiento, mientras él subía y escapaba, en una camioneta en la que había llegado a las afueras de su casa.
El feminicidio de Karla causó de manera inmediata indignación nacional. Dos días después, el drama fue abordado por la presidenta Claudia Sheinbaum en su rueda de prensa mañanera en Palacio Nacional. Condenó la agresión y el feminicidio, pero dejó en las autoridades jaliscienses la carga de la investigación.
El reto se respondió con cierta celeridad. Sólo nueve días después de haber asesinado Karla, Kelvin fue detenido en una casa en la Colonia Loma Dorada, de Tonalá. Sobre él pesa no sólo la carga del feminicidio, sino también la indignación por la violencia contra las mujeres.
Su acto no sólo conmocionó a la sociedad y se convirtió en un suceso viral en las redes sociales; también provocó un llamado de atención para que el gabinete de Seguridad en Jalisco iniciara una investigación exhaustiva, y las dependencias estatales que están asignadas para atender a las mujeres violentadas, anunciaran un nuevo programa y esfuerzos adicionales. 
Pero para dar resultados que mejoren la percepción, hacía falta detenerlo. 
Ayer fue presentado y anunciado por el gobernador.
Con su detención queda respondido el reto lanzado por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional. 
“En Jalisco, el que la hace la paga”, fue el remate en el mensaje del mandatario Pablo Lemus, para así culminar también la lectura política de un crimen.
Para Kelvin “N” vienen días difíciles. Nada comparado con el sufrimiento que causó a la familia de Karla Bañuelos y a la hija de 12 años de edad que quedó en la orfandad por su feminicidio. No queda duda de que la mano firme de la justicia lo alcanzará sin ninguna consideración.
Sin embargo, debe haber algo más que el apresamiento, algo más que la respuesta política que se deriva del dramático hecho. 
¿Después de este feminicidio que fue tan notorio porque lo grabó una cámara privada de seguridad, mejorará realmente la acción de las autoridades para proteger a las mujeres? 
La duda queda en el aire.

La detención de Kelvin “N”, feminicida de Karla

Sorprendió, por cándida –¿o cínica?– la declaración de Adán Augusto López sobre la actuación delincuencial de quien fuera su secretario de Seguridad en el gobierno de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena: “La verdad es que no sospeché”.
Sorprende también, que desde Palacio Nacional se hagan tímidas defensas de la gestión de Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad, cuando tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indican que durante la gestión de Adán Augusto antes de dejar la gubernatura para ser secretario de Gobernación, los indicadores de delitos mostraron una reducción de los mismos.
¿Cómo no iba a suceder eso, si se establecía una paz desde el gobierno en contubernio con la delincuencia? Esa paz terminó por quebrarse cuando un grupo interno de Morena compitió y le ganó a los seguidores de Adán Augusto López la gubernatura. No es casualidad, sino un claro indicador, que el hermano del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramiro, ahora secretario de Gobernación en Tabasco, afirmara públicamente que “ya está saliendo toda la pudrición”.
Las diferentes señales que surgen particularmente de Palacio Nacional y el equipo cercano a la presidenta Sheinbaum Pardo, indican que el escándalo de Adán Augusto López y Hernán Bermúdez no se constriñe sólo al hecho de que el ex funcionario y ahora prófugo haya decidido hacer fortuna como funcionario público y cabeza del crimen organizado. El tema tiene alcances mayores: se trata de la lucha interna por el poder en Morena y en la presidencia.
Adán Augusto López, “mi hermano”, como lo describió el ex presidente López Obrador, sigue siendo un operador permanente del líder venerado de Morena. La presidenta Sheinbaum no ha emitido una sola crítica contra el ex presidente a pesar de las herencias negativas evidentes que le dejó en diferentes áreas de gobierno. Sin embargo, la carrera por el poder que apunta a las elecciones de los años 2027 y 2030 ya arrancó y el primer adversario de la presidenta es el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto.
La meta final no es detener a Hernán Bermúdez (eso se conseguirá eventualmente), ni tampoco actuar judicialmente contra Adán Augusto, protegido por su fuero senatorial. La meta es derrotarlo en las elecciones de 2027 y en su amplia red de protegidos políticos en el país y en varios sectores del gobierno federal, especialmente (como ha informado) en las operaciones de aduanas y puertos. 
Vencer a Adán Augusto política y reducir su grupo, es el triunfo que persigue el grupo político presidencial.

Del “no sospeché” de Adán Augusto, a luchar por el poder