Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

El Día Internacional contra la Desaparición Forzada se conmemora cada 30 de agosto, conforme a la resolución A/RES/65/209 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta fecha tiene como propósito recordar a las víctimas de desapariciones forzadas y generar conciencia sobre esta grave violación a los derechos humanos.

La desaparición forzada es una forma de violencia que afecta no solo a la persona desaparecida, sino también a sus familias y comunidades. La fecha fue establecida en 2010, con el fin de hacer visible esta problemática que se registra en diversas partes del mundo.

Este día es una oportunidad para honrar la memoria de las víctimas, acompañar a sus familiares brindándoles apoyo y solidaridad; reconocer la problemática y exigir justicia y verdad. Este marco es propicio también para la promoción de acciones que impulsen la investigación efectiva de los casos, así como la emisión y aplicación de políticas públicas dirigidas a prevenir futuras desapariciones. Es necesario que todos los sectores de la sociedad trabajen de manera coordinada para que esta violación a los derechos humanos no se repita.

En México, la desaparición forzada es un problema grave que exige una respuesta integral por parte de las autoridades en los tres niveles de gobierno. El Estado mexicano ha asumido compromisos internacionales y nacionales para atender este problema, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. Sin embargo, la implementación de estas medidas y la búsqueda de soluciones efectivas siguen siendo desafíos importantes.
En Jalisco, las desapariciones forzadas han estado vinculadas a diversos contextos, incluyendo la lucha contra el crimen organizado, conflictos internos y violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte de instituciones.

La impunidad que prevalece en estos casos fomenta un ambiente de miedo y desconfianza, lo que dificulta la recuperación de la memoria y la justicia para las víctimas y sus familiares. La falta de acciones y políticas públicas efectivas para la búsqueda, investigación y sanción de los responsables ha impedido mitigar esta situación y las vulneraciones que enfrentan las víctimas y sus familias.

Desde esta defensoría de derechos humanos se han identificado desafíos y pendientes en la atención y combate de la desaparición forzada, entre ellos:

• Implementación efectiva de las medidas para prevenir y atender la desaparición forzada . Las autoridades enfrentan obstáculos, como la escasa coordinación interinstitucional, la impunidad y la falta de recursos.
  • Búsquedas efectivas e inmediatas . Estas acciones continúan siendo un desafío ante el creciente número de casos y la necesidad de fortalecer las capacidades de búsqueda e investigación, por lo que es necesario fortalecer las instituciones encargadas de hacerlo y de los servicios forenses y de identificación humana.
  • Atención a las víctimas . Es fundamental garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño para las víctimas de desaparición forzada y sus familias. Es crucial asegurar la participación activa de las víctimas en los procesos.
  • Prevención . La Comisión de este delito implica múltiples violaciones a los derechos humanos, por lo que resulta necesario desarrollar e implementar una estrategia nacional de prevención de las desapariciones con un enfoque en la seguridad ciudadana y la protección de la dignidad humana.

Las violaciones a derechos humanos en este contexto no solo implican la desaparición en sí, sino también la negación del acceso a la justicia, la falta de información sobre el paradero de las víctimas, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y la revictimización de las familias que buscan esclarecer los hechos. La persistencia de estas prácticas configura un patrón de violencia institucional y social que vulnera los principios básicos de dignidad y justicia.

La desaparición forzada es un problema complejo que requiere una respuesta integral por parte de todas las autoridades e instituciones del Estado mexicano encargadas de la seguridad y la protección a los derechos humanos. Si bien se han asumido compromisos y se han implementado medidas, es necesario fortalecer la coordinación interinstitucional y la atención a las víctimas para lograr avances significativos en la prevención y erradicación de este delito.

Por ello, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco trabaja de manera permanente en la protección de los derechos fundamentales de las personas, y en especial, de las víctimas de desaparición forzada y sus familiares.