El huachicol fiscal y el silencio cómplice de López Obrador

El reciente destape del llamado huachicol fiscal y la detención de funcionarios ligados a la Marina, debería cimbrar las instituciones y provocar un verdadero debate nacional sobre la corrupción enquistada en el aparato del Estado. No estamos hablando de una red menor, sino de un sistema de complicidades que permitió durante años el desvío millonario de recursos públicos y la operación de esquemas fraudulentos en el comercio de combustibles.

Lo más grave es que este problema no surgió de la nada ni mucho menos en los últimos meses. El huachicol fiscal, como hoy se documenta, se gestó y operó de manera abierta durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y hay que decirlo con toda claridad: el entonces presidente de México tenía conocimiento de lo que ocurría. Él mismo, en innumerables conferencias matutinas, presumía que nada se movía en el país sin que él lo supiera. Entonces, ¿cómo es posible que semejante red criminal haya operado bajo sus narices sin que se enterara?

La respuesta es incómoda: o estaba enterado y lo toleró, o de plano mintió cada vez que aseguraba tener el pulso absoluto de la vida nacional. Cualquiera de los dos escenarios es igual de grave, porque ambos exhiben la incapacidad y la falta de voluntad política para atacar la corrupción desde las entrañas del poder.

Hoy se revela que altos mandos de la Marina están involucrados. No cualquier institución: la Marina fue presentada por López Obrador como una de las más confiables, a la que se le entregaron tareas clave en seguridad, aduanas y hasta en la construcción de megaproyectos. La gran pregunta es: ¿Qué tan profundamente llega la red de complicidades y hasta qué nivel de mando estaba informado el presidente?
En Acción Nacional hemos señalado, una y otra vez, que la corrupción en este sexenio se maquilló con discursos y que la llamada “lucha contra el huachicol” fue más propaganda que resultados. Se militarizaron las aduanas y se creó un discurso de combate frontal al robo de combustibles, pero la realidad es que florecieron nuevas modalidades de saqueo, ahora bajo la protección de funcionarios de primer nivel.

El huachicol fiscal no es un error administrativo ni una “manzana podrida”, es la confirmación de que el sistema de vigilancia del Estado fue utilizado para el beneficio de unos cuantos. Y lo peor: el propio López Obrador, con su estilo centralizador y controlador, no puede excusarse en el argumento de que no sabía. Si en verdad no lo sabía, entonces se trató de un presidente incapaz de gobernar; y si lo sabía y lo permitió, se trató de un presidente cómplice.

La ciudadanía merece respuestas, no evasivas. El país no puede seguir atrapado entre redes de impunidad donde los de arriba siempre salen librados. Las detenciones actuales son apenas la punta del iceberg; lo importante es llegar al fondo, esclarecer hasta qué nivel hubo tolerancia desde la presidencia y garantizar que quienes participaron en este saqueo enfrenten la justicia.
En una democracia, señalar culpables no es suficiente; se trata de llevarlos a la cárcel. Por eso, es fundamental preguntarse qué tanto sabía el expresidente y qué tan involucrado estaba, como para que requiera que el actual gobierno lo tenga que proteger.