Vicente Viveros

El pasado domingo 12 de octubre se celebró el centenario de la refundación de la Universidad de Guadalajara por iniciativa del entonces gobernador del Estado, José Guadalupe Zuno y siendo su primer rector Enrique Díaz de León, en tiempos que eran convulsos para nuestra nación. Recién terminada la Revolución Mexicana y con una inestabilidad política aún imperante en la nueva etapa institucional de México, se abrió paso la que hoy es la Universidad pública de mayor trascendencia en el ámbito subnacional y que sin duda, es modelo a seguir en la educación media superior y superior no solo en nuestro país.
Grandes mujeres y hombres dieron origen a esta etapa de nuestra Alma Mater y es insuficiente este espacio para nombrarlas a todas ellas. Por ello, me quiero enfocar en mencionar que las universidades en general son y deben seguir siendo espacios en donde la libertad sea la principal premisa; la diversidad de opiniones, la generación de conocimiento científico, el análisis de las problemáticas sociales y la generación de propuestas para su atención y solución, son la esencia de la Universidad.
Por ello, no es sorpresa que nuestra casa de estudios tenga recurrentemente en el tiempo, expresiones que cuestionen no solo al poder institucional externo, sino a la propia organización interna. Mal haría la Universidad si no forma a estudiantes con pensamiento crítico que cuestionan la realidad de la sociedad, incluida nuestra inmensa y rica comunidad de más de trescientas mil personas y que ejerce el segundo presupuesto más alto en Jalisco.
Es inevitable que parte de sus estudiantes cuestionen legítimamente la forma en que funcionamos, sin ser omiso en mencionar que en esta diversidad siempre habrá intereses externos que busquen aprovechar la circunstancias para desestabilizar. Sin embargo, no tengo duda de que la fortaleza de la comunidad universitaria, de sus autoridades, de sus profesoras y profesores y de sus trabajadores, tendrán las capacidades para atender el reto y escuchando a la diversidad, atendiendo aquello que es posible atender y cerrando filas frente a los intereses ajenos, dará como resultado un avance significativo en la calidad de la educación y en la atención de las diversas problemáticas que permanentemente se presentan en la dinámica universitaria.
La Universidad en este siglo de vida, siempre ha sido más grande que sus problemas y en esta ocasión no será la excepción. Hay ruta, hay en la rectora liderazgo, y certero estoy que de la actual circunstancia saldrá una universidad con mayor fortaleza cumpliendo la máxima de pensar y trabajar.

La Universidad de Guadalajara

Muchos son los factores que deben incidir en la prevención, inhibición y sanción de actos de corrupción y/o faltas administrativas en la administración pública en México, para ello el Congreso de la Unión aprobó desde hace 10 años la legislación que da vida al Sistema Nacional Anticorrupción en donde confluyen diversas dependencias dedicadas a la atención de este flagelo, encabezados (sin dientes) por la representación ciudadana que se da a través de los Comités de Participación Ciudadana (social en el caso de Jalisco) en lo nacional y en cada Entidad federativa.
Desde la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la mayoría parlamentaria, se cierne la amenaza de una reforma a dicha ley para dar una nueva visión en el combate a la corrupción y que tiene por elemento fundamental la centralización del esquema y la desaparición o debilitamiento del elemento ciudadano.
En otro momento se puede discernir sobre la pertinencia o no de dicha propuesta, pero hay un componente que vale la pena resaltar en cualquiera de los casos y que es fundamental para que tengamos una lucha más eficiente en prevenir actos de corrupción, y es el papel que juegan las llamadas contralorías u órganos internos de control que deben existir en todos los entes públicos de nuestro país.
El control interno es el primero de los eslabones para prevenir la corrupción, por ello resalto la importancia de que quienes encabezan estas instancias sean personas con capacidades técnicas y profesionales destacadas. Su función es primordial no solo para inhibir actos de corrupción, también son garantes de la integridad en el servicio público para evitar o sancionar actos como el acoso laboral y/o sexual en un ente público o velar por el correcto desempeño de las y los servidores públicos, solo por mencionar algunos, y recae en este segmento de profesionales de la administración pública.
Hoy traigo a cuento este tema por la alta trascendencia que a veces tienen sus acciones, más allá de las cotidianas o de bajo perfil (que son de alta importancia, aunque a veces no se noten o tengan repercusión mediática) y me refiero al tema del ex secretario de Salud del Estado de Jalisco, Antonio Cruces, ya condenado por desvío de recursos y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, al que hoy adicionalmente se relaciona con una serie de empresas, siendo accionista de una de ellas, que forman parte de un complejo esquema de corrupción en diversas entidades federativas, empresa de nombre representativo “Operadora Dedos Sucios”, señalada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por ilícitos ligados a un grupo del crimen organizado.
Todo este entramado tiene inicio con las denuncias presentadas por la Contraloría del Estado de Jalisco hace algunos años, y el seguimiento puntual de diversos entes públicos que ha permitido se desdoble hasta el día de hoy con nuevos elementos que nos hacen ver que este entramado es mucho más grande de lo que originalmente había en el horizonte, por ello y teniendo este botón de muestra, es que vale la pena incrementar la inversión pública en los Órganos Internos de Control para tener una mejor administración gubernamental.

Los órganos internos de control

Sin duda, el crecimiento desmedido de nuestra metrópoli tiene diversos puntos en los que la movilidad es un viacrucis diario. Las horas que las y los tapatíos pasamos en el vehículo particular o en el transporte público se acumulan y en términos reales, nos quitan vida al sumarlas cada año, y darnos cuenta de los días que pasamos en nuestro hogar ambulante.
Pero dentro de estos nudos, el de la Avenida López Mateos no tiene comparación. La expansión inmobiliaria al Sur de la ciudad en las últimas dos décadas ha hecho que el corredor Tlajomulco, Zapopan, Guadalajara sea insufrible tanto para quienes viven en la zona, como para quienes prestan servicios. Tener que prevenirse con dos horas en promedio para llegar al lugar de trabajo o escuela, y un tiempo similar para regresar, merma la calidad de vida de todos los niveles socioeconómicos, no importa si tienes cuatro vehículos en el hogar o si se utiliza en transporte público. El crecimiento inmobiliario sin los mínimos controles afecta a toda el Área Metropolitana de Guadalajara.
Este asunto, evidentemente, es de corresponsabilidad, primero de las autoridades que por tantos años fueron permisivas en la expansión de la vorágine inmobiliaria y en segundo, de quienes adquirieron fincas a lo largo de dicho corredor, unos por necesidad al buscar vivienda asequible para la clase trabajadora y otros por darse el gusto de vivir frente al bosque. Por cierto, varias de esas personas son férreos “defensores” del Bosque de La Primavera y cuando adquirieron sus residencias o flamantes departamentos, presumían o presumen sus vistas al bosque sin reconocer que su vivienda se fincó en donde antes había un bosque, siendo ellas mismas parte del problema por gusto, a diferencia de quienes adquirieron viviendas en el Sur por necesidad.
Así llegamos al 2025, con una situación inaguantable: reclamos a los gobiernos municipal y estatal, quejas cotidianas y una acumulación de vehículos que crece día con día y que ha llevado a una infinidad de propuestas para aliviar la situación, desde segundos pisos, hasta una infraestructura subterránea que reta a la imaginación.
No habrá resultados mágicos. Existirán paliativos con la renovación de Camino Real a Colima y la indispensable, además de urgente, reconstrucción de Adolf Horn, pero la física es básica: a estas vialidades no les nacen metros cuadrados de anchura y lo que sube en el caso de los segundos pisos, tiene que bajar en algún punto, y la CDMX es el ejemplo vivo de ello. 
Menos vehículos, un mejor servicio de transporte público, ciclovías y disminuir o terminar con la proliferación de vivienda en ese corredor al que todavía le quedan muchas hectáreas que acechan los predadores inmobiliarios, son acciones que no solucionarán un problema irresoluble, en el que poco se puede hacer. La realidad alcanzó al Sur de Guadalajara.

López Mateos

Después de la segunda guerra mundial y del nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas y de la Declaración universal de los Derechos Humanos muchos pensamos que con el pasar de los años, de la consolidación de las democracias liberales en buena parte del mundo y de una expansión en los derechos fundamentales en diversas latitudes del planeta vendrían acompañadas de mejores tiempos para la humanidad.
Sin ser ingenuo, la guerra fría, el enfrentamiento religioso entre musulmanes radicales las diversas expresiones cristianas parecían ser nubarrones, que la prudencia iría desvaneciendo, sin embargo el extremismo siempre estuvo presente y la imposibilidad de buena parte de estas democracias de centro izquierda y derecha para resolver los problemas de acceso a la salud, la alimentación, a la seguridad de buena parte de sus habitantes, aunado a la era de la posverdad empujada por el avance de las plataformas de redes sociales y de la inteligencia artificial mal utilizada, se convirtieron en el caldo de cultivo para hacer emerger con fuerza expresiones populistas en diversos puntos del planeta.
Así llegamos a estos días en donde la tibieza de estas democracias sucumben no solo a los populismos retóricos que ganan elecciones, sino que observamos como dejan que sucedan invasiones que se pensaban en el olvido como la rusa a Ucrania o exterminios genocidas como el de Israel al pueblo palestino y el nivel de respuesta es la indiferencia o la tibieza. Este tipo de situaciones hacen que esta era de la humanidad fracase y hace que nos acerquemos a un escenario impredecible en lo nacional (en diversos países) y en el escenario internacional, hoy las armas nucleares o las armas cibernéticas acompañan a los métodos más rústicos para acabar con el “enemigo” y asesinar por hambre a un pueblo entero a la vista de todos y nadie parece capaz de detener semejante atrocidad.
Eso sin ser omiso en las veces que esta élite de la humanidad dejo pasar situaciones similares en África o en oriente medio en esquemas similares con un menor impacto mediático, pero que son altamente rentables en la explotación de recursos naturales o en la producción y venta de armas y de otras industrias que florecen con las guerras y la muerte de los semejantes. Espero pecar de exagerado, pero tengo la idea que pagaremos un costo muy alto por estas decisiones y el planeta que le dejaremos a la generación siguiente y las subsecuentes será catastrófico.

El fracaso de la humanidad

Ayer 1 de septiembre se dieron dos hechos públicos de relevancia. El primero tuvo que ver con el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y que comentaremos la semana entrante, ya que haya la posibilidad de analizar con un mayor detalle los datos presentados; el segundo tiene que ver con la entrada en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con su nueva integración.
Uno de estos cambios tiene que ver con la disminución de 11 a 9 en su número de integrantes; la reforma al Poder Judicial lleva al tribunal constitucional a una nueva época, con una alta expectativa sobre sus capacidades profesionales y la independencia que pueda tener frente a sus pares: el Legislativo y particularmente frente a la Ejecutiva federal.
Son deseos, supongo de la mayoría de todas y todos los mexicanos, que la impartición de justicia en México mejore en eficiencia y criterios progresistas en la aplicación de la norma. Sin embargo, insisto, esto es más un deseo que una posible realidad. Al momento, la alta posibilidad de que esto no ocurra es lo más probable. No se puede ser omiso en el sentido de que las ministras y ministros cuentan con la legalidad del voto popular, a pesar de que solo uno de cada 10 votantes posibles acudió a las urnas a votar, sin embargo es una Corte sin legitimidad de origen, primero por el motivo anteriormente mencionado y segundo por el fantasma de los acordeones, de las millones de combinaciones posibles con las y los candidatos que se encontraban en la boleta electoral, se dio la que imperaba en los acordeones repartidos a lo largo y ancho del territorio nacional, es decir algo así como tener los dígitos ganadores del próximo sorteo de la Lotería Nacional.
Están en duda con justa razón, las capacidades académicas y profesionales de varios de sus integrantes, así como su cercana relación con las mayorías legislativas y con la presidencia de la República. El momento llegó y la vara es elevada, es tiempo de demostrar las capacidades. 
Soy de la firme idea que el error de llevar a elecciones a las personas integrantes del Poder Judicial federal y los locales, nos costará mucho en el desarrollo institucional del país. Es el poder público más importante en la República, quien representa el equilibrio a los posibles excesos de sus pares y de la impartición de justicia. Los impartidores de justicia tienen que ser capaces, no populares.

El nuevo Poder Judicial

El derecho al acceso a la información no solo tiene fundamento en las diferentes normas establecidas en una democracia vigente. En el caso mexicano hemos pasado de la opacidad casi absoluta en prácticamente todo el siglo XX a una norma que fue letra muerta con pocas excepciones, de 1977, año en que se incluyó el derecho de acceso a la información en la Constitución, al año 2000, cuando acompañada de la pluralidad en la representación política, se logró que este derecho tuviera un robusto andamiaje jurídico-administrativo a través de organismos constitucionales autónomos en lo nacional y en cada Entidad federativa, teniendo un auge garantista que se ve empañado por la última reforma constitucional que eliminó a estos organismos, y dando al poder central la potestad de garantizar este derecho, cuestión que aún se encuentra en transición en estos momentos. 
Esperemos que en Jalisco, nuestro nuevo entramado mantenga al menos los estándares del aún vigente. 
En esta tesitura, el derecho a saber tiene que ir más allá de lo que dicta la literalidad. Debe de ser proactivo. Tenemos un problema serio de comunicación pertinente en el espacio de lo público; buena parte de las instancias gubernamentales municipales, estatales y federales en México, tienen como política no comunicar con claridad algunos temas que les causan incomodidad y siempre esperan que la algidez mediática pase a los pocos días y quede en el pronto olvido. Esto abre un frente con la comunidad de personas reporteras y comentaristas, porque hay un acceso parcial a la información que se da a conocer por investigaciones de presuntas faltas o por respuestas parciales en los temas que causan escozor y acaban convirtiéndose en asuntos que crecen en la opinión pública, ya que dejan una parte a la mera interpretación por la falta de información proactiva. 
El problema no son los medios (aunque Sabina Berman diga que sí). La inmediatez de las redes sociales y la atomización de los medios hacen necesario, indispensable, que los gobiernos sean más agiles en la forma que comunican; siempre es didáctico explicar cuáles son los pasos en un procedimiento de investigación por alguna falta y que se encuentra en revisión por un ente gubernamental, o cómo se da el proceso de la toma de decisión de alguna acción de gobierno, con lo que estoy certero, disminuirían buena parte de las críticas, disminuye la brecha informativa y fortalece el derecho a saber de las y los ciudadanos, pero además abona a una gobernanza efectiva que tanto nos hace falta en estos tiempos de polarización.

El derecho a saber

Después de la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) que entre otras cosas, hacía la medición de la pobreza en el país y tras pasar esta atribución al INEGI, en días pasados se dio a conocer la primera métrica en este nuevo esquema con una alentadora noticia que afirma el hecho de que en el periodo de 2018 al 2014, 13.4 millones de habitantes en México salieron de la pobreza, en un hecho considerado como histórico por parte de los integrantes del gobierno federal y los partidos de la alianza gobernante.
Habrá que poner atención en los siguientes meses para poder procesar los datos de manera pertinente y hacer las comparaciones debidas entre el instrumento aplicado en el pasado por CONEVAL y el recién aplicado por el INEGI, para saber si estamos comparando manzanas con manzanas y peras con peras, o si el nuevo instrumento metodológico tiene sesgos que hacen tener estos resultados. 
Pero dando por buenos los datos del INEGI, sin duda es una buena noticia, teniendo como elementos fundamentales el sustancial incremento al salario mínimo en los últimos años y el impacto de los programas sociales, en donde también vale la pena detenernos un poco en dos temas fundamentales.
El primero tiene que ver con el aumento de personas que carecen de un servicio de salud público total o parcial, que en porcentaje se duplicó al pasar del 16.2 al 34.2 de las personas que habitamos el territorio nacional, y el segundo que va con relación al primero, que tiene que ver con el gasto en programas sociales, que definitivamente afecta el resto de los rubros de bienestar social, es decir en términos coloquiales. La cobija no ajusta para cubrir el cuerpo entero: disminuye la pobreza por un mayor acceso a dinero en efectivo, pero disminuye la cobertura de servicios básicos, siendo el más sensible el de la salud, la carencia de medicamentos y de servicios de salud en el sector público, por diversas causas, siendo la principal la falta de recursos económicos para atender la demanda.
Sigue siendo necesaria una reforma fiscal que aumente la base tributaria; es indispensable que el nuevo Poder Judicial gane confianza en la impartición de justicia y dé certeza a la inversión privada y se disminuya el alto porcentaje de informalidad que hay en la economía mexicana, de lo contrario, los recursos públicos que son finitos no bastarán y el momento de quiebre entre ingresos y egresos no es tan lejano. Ojalá nuestra clase política lo entienda con la suficiente anticipación.

Disminución de la pobreza y salud

El momento llegó. La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó el mensaje de manera clara. El país necesita una reforma electoral que cueste menos dinero y sea de mayor eficiencia, para ello, nombro una Comisión encabezada por el añejo político de izquierda y hasta hace unos días, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, acompañado por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital; Ernestina Godoy, consejera Jurídica del Ejecutivo; Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores de la Presidencia y Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno.
Es decir, un grupo compacto cercano a la presidenta y al partido gobernante. Además, Pablo Gómez en entrevista para el diario El País, dejó en claro que harán valer la nueva mayoría y que si bien se escucharán todas las voces, incluida la oposición, la decisión final sobre la nueva estructura electoral y de representación popular la tendrán la presidenta y la mayoría en el Congreso con la visión que éstos tienen.
Polémicos temas en los que se consultará a través de encuestas al “pueblo”, para que sea su voz la que mande ésta, sin duda, histórica reforma que pretende entre otras cosas, disminuir o modificar la representación proporcional en el Congreso de la Unión y las legislaturas locales. Extinguir a los organismos públicos locales electorales y los tribunales locales electorales para centralizar los procesos de elecciones en el INE y su estructura nacional, así como en el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, con el argumento de ahorrar los recursos económicos del pueblo mexicano.
El tema es de igual o mayor calado que el de la reforma al Poder Judicial. Hablamos de cambiar las reglas de la transición democrática en México, que permitió la llegada de partidos políticos diferentes al PRI en al menos los últimos 25 años, que por supuesto siempre es perfectible pero que al menos en el primer vistazo a los puntos de la reforma, parece más un esfuerzo por centralizar las elecciones que continuar con un esquema federalista, pretende ahorrar recursos concentrando poderes y cooptando a las instituciones electorales y su tribunal, restringiendo espacios a la oposición política haciendo más compleja la llegada a los congresos y cabildos a las segundas o terceras fuerzas electorales. Parece pues, un intento de consolidar a la actual mayoría con un traje a la medida.
Para que todo esto suceda, Morena debe convencer a sus socios del Partido Verde y del Partido del Trabajo para lograr los votos necesarios y hacer caminar la mencionada reforma; veremos qué sucede, pero desde lo local habrá que dar la batalla con argumentos y dejando constancia al levantar la voz con todo lo que pueda atentar contra la pluralidad democrática que tanto tiempo y sangre costó a México, incluida la persecución de algunos de los que hoy dirigirán la propuesta de reforma y que parecen ávidos de regresar a esos tiempos ahora como persecutores. 
Esperemos pertinencia en momentos aciagos.

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¿Aceptará Sheinbaum regresar el Fonden?

En el sexenio anterior, bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, se eliminó el programa del Seguro Popular, que fue una política pública que cubría a todos los habitantes del país que no contaban con un esquema de salud y sin duda fue exitoso, por supuesto con áreas de oportunidad, pero que cumplía con su objetivo. Así, pasamos al esquema de que dio vida al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) con la intención de mejorar la prestación de este imprescindible servicio que es obligación del Estado mexicano, arguyendo que en el pasado este esquema solo sirvió para enriquecer a la elite que lucraba con el monopolio de medicamentos y era un nido de corrupción, mismo que terminaría por decreto.
Sin embargo, el experimento no terminó con la corrupción, desprotegió a millones de personas y agravó la crisis de abastecimiento de medicamentos a lo largo y ancho del territorio nacional. El fracaso del INSABI costó al erario público, algo así como doscientos veinte mil millones de pesos por año durante los cinco años de vida que tuvo, pero el costo monetario parece ser el menor, frente a la pérdida de vidas humanas, de la baja en la cobertura y de una política pública que nos retrasó al menos una década. Solo por poner un botón de muestra está el caso de la cobertura en vacunación infantil que tiene hoy al sistema de salud nacional en jaque por el resurgimiento del sarampión, lo que nos lleva a mediados del siglo pasado, o la falta de medicamentos oncológicos particularmente para la niñez, que reclaman todos los días los desesperados padres y madres de familia y que explica con detalle Alejandro Barbosa, dirigente de Nariz Roja.
Menudo entuerto le heredó AMLO a la presidenta Claudia Sheinbaum, que hace malabares para no cargar contra su antecesor y tratar de paliar la escasez de cobertura y de medicamentos. Sin embargo, el panorama es sombrío y no se necesita ser economista para imaginar que el gasto público no ajusta para todo. El gasto en programas sociales, irremediablemente, “se come” la mayor parte del presupuesto social y acaba mermando el gasto en salud o educación, y las perspectivas económicas mundial y nacional no parecen ser las más favorables.
Sin duda existe un monopolio mundial en el tema de los fármacos. Sin duda es un sector proclive a actos de corrupción, aprovechando la necesidad de las personas dolientes, pero también no hay duda de que las estrategias de la 4T no han sido las adecuadas para atender el problema. El mayor éxito del actual régimen es haber hecho a la industria de las farmacias particulares el sector que más atiende a la población mexicana ante la limitante de acceder con eficiencia al sector de salud público.

Los medicamentos