Mi pecho no es bodega

LA RELACIÓN VERO–PLANTER 
Ayer en el Salón del Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara se develó la inscripción en letras doradas de la fecha 12 de octubre 1925. Aparece junto a otras fechas importantes de la ciudad, como el 14 de febrero de 1542, año de la fundación de Guadalajara. La nueva fecha incluida corresponde a la refundación de la Universidad de Guadalajara y en el acto conmemorativo estuvieron presentes la alcaldesa Vero Delgadillo y la rectora general de la UdeG, Karla Planter Pérez, además del gobernador Pablo Lemus. Detrás de acto solemne hay algo más que el reconocimiento a la máxima institución educativa de Jalisco, y esto es la relación cercana y permanente que han mantenido la rectora y la presidenta municipal. Desde que Karla Planter rindió protesta como la primera rectora en la historia de la UdeG, una de sus principales aliadas públicas ha sido la presidenta municipal tapatía, que además la ha respaldado en momentos importantes… aunque es egresada del ITESO.
LE RESPONDE A MIGUEL DE LA ROSA 
Al iniciar la semana y en el marco de la discusión de la reforma al Poder Judicial, el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso estatal, Miguel de la Rosa, declaró públicamente que los diputados de la fracción del Partido Verde hicieron coalición con Morena sólo para el proceso electoral, pero literalmente, desde que se instaló la Legislatura su alianza ha sido con Movimiento Ciudadano. De inmediato la diputada Yussara Canales le respondió a distancia y rechazó tajantemente esa afirmación y con pruebas, demostró que en la mayor parte de las votaciones ha acompañado las posturas de Morena, y puso como ejemplo sus votos contra el incremento en la tarifa del SIAPA; la iniciativa presentada por el mismo De la Rosa para que se acelere la entrega de placas a los automovilistas que han pagado el 3&#215;1; y la entrega del reconocimiento público al Mérito Ambiental, entre otros. Que no se pierda la memoria, dice la diputada, quien actualmente apoya a los vallartenses afectados por las inundaciones del pasado fin de semana.
LAS CARRETERAS, OTRA VEZ 
En más de diputados, desde el Congreso del Estado se puso de nuevo el dedo en la llaga con el tema de las carreteras. En su última visita al Estado, el 5 de octubre pasado, la presidenta del país Claudia Sheinbaum Pardo confirmó “porque me lo han pedido mucho”, que había dado instrucciones para intervenir carreteras federales en Jalisco y hasta precisó que las obras empezarían en la Carretera 80 que lleva a Autlán de Navarro, por ser una de las que presenta más daños. Ayer, la diputada estatal de Movimiento Ciudadano, Verónica Jiménez, presentó un exhorto dirigido a la presidencia de la república para que se inicien ya las obras carreteras, en la misma 80 y en la carretera federal que lleva de Zapotlanejo a Tepatitlán, Lagos de Moreno y hasta Encarnación de Díaz, por ser una vía comercial y turística. La diputada reforzó su exhortó con la presencia de los alcaldes de Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, Ojuelos y Jalostotitlán. ¡Urge!

Jonás

Ante la gravedad de las inundaciones, las voces de oposición hacen oír una petición: que regrese el Fondo de Desastres Naturales, conocido como Fonden. ¿Aceptará la presidenta no el retorno de este fideicomiso, sino al menos atender la propuesta? Lamentablemente, al abordar el tema sentenció ayer mismo que “quien defiende el Fonden, defiende la corrupción”. Es una percepción injusta, por decir lo menos.
Dados los antecedentes de Claudia Sheinbaum Pardo, se entiende su postura. El solo gesto que admitiera la posibilidad de considerar la reincorporación del Fonden, significaría una ruptura con su jefe político, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso entre muchos de sus cercanos este distanciamiento es deseado, pero la presidenta no se lo permite; como dijera el clásico, no toca a López Obrador ni con el pétalo de una duda.
Sabiendo que mientras la presidenta Sheinbaum se obliga a sí misma a mantener la veneración a Andrés Manuel López Obrador y no externa ni siquiera una duda sobre las decisiones que él tomó mientras fue presidente (aunque hay pruebas de que cometió errores garrafales), se puede revisar si el Fondo de Desastres Naturales fue de verdad, un agujero de burocracia y corrupción. 
En pocos renglones: se creó en el año 1996 bajo la figura legal de un fideicomiso público federal. El uso específico de estos recursos era muy claro: en casos de desastre natural, se utilizaban para auxiliar a la población afectada y reconstruir la infraestructura dañada.
Se le dotaba de recursos económicos cada año, como parte del paquete presupuestal del gobierno federal. Al iniciar el siglo, en 2001, se le asignaban 500 millones de dólares por año y después de varios presupuestos con reducción, el Fonden recibió desde 2011, 833 millones de dólares en cada presupuesto anual. El fideicomiso llegó a acumular hasta 130 mil millones de pesos. 
Naturalmente, había reglas de operación y de todo el país se recibían solicitudes cuando ocurrían tormentas, terremotos, inundaciones, incendios.
En el año 2021, siendo presidente Andrés Manuel López Obrador y con el aval de la mayoría de Morena y aliados en la Cámara de Diputados, se aprobó su extinción junto con otros 109 fideicomisos. El ex presidente alegó que el Fonden se usaba como “caja chica” y además, declaró que eran tiempos de austeridad. 
Naturalmente, los desastres no se han detenido.
Pero ahora, destinar recursos económicos a cualquier eventualidad depende de la presidencia, que gira instrucciones a la Secretaría de Hacienda y lo justifica con los reportes de Protección Civil. 
El argumento es que esto es más ágil. Pero también le otorga el control al presidente (o a la presidenta). 
Si hubo malos manejos, como lo argumentó el ex presidente López Obrador, nunca se sancionó a nadie. 
Otra vez, una herencia del primer piso, al segundo piso de la transformación. 
Pero la presidenta no aceptará el cambio, aunque parezca razonable.

¿Aceptará Sheinbaum regresar el Fonden?

Gloria Ramos

Jalisco tuvo un 2025 lleno de grandes logros. Hoy es campeón de la Paralimpiada Nacional y con récord de medallas de oro, los atletas demostraron porqué son los amos y señores de la justa juvenil, un evento que jamás han perdido desde su creación. 
Jalisco levantó el título número 20 de manera consecutiva con una cifra histórica de oros, al cerrar con 283 metales áureos.
De esta manera, superaron su marca de 232 medallas de oro, incluso en la disciplina de para triatlón, en la que se consiguieron 10 oros, es decir cuatro más que las seis que se habían ganado en la competencia del año 2023.
Este resultado refleja el gran trabajo que se ha realizado por años, el compromiso y la responsabilidad que ha demostrado cada uno de los que conforman la delegación jalisciense.
En para atletismo se ganaron 97 oros, superando su marca; en para powerlifting 27 superando las 18 del 2023; en para natación se consiguieron 133, dejando atrás las 127 ganadas en el año 2022. En para tenis de mesa, Jalisco logró el título por primera vez en la historia de la justa juvenil con siete oros cosechados.
Los números hablan por sí solos. Las cifras son claras y el campeonato es el reflejo de la magnitud que representa este título. 
¡Grítalo Jalisco! ¡Grítalo 20 veces porque en la Paralimpiada ERES EL CAMPEÓN!

Grítalo Jalisco

Claudia Salas

Cada año, el país se inunda. Cada año, las mismas escenas: casas colapsadas, familias rescatadas en lanchas improvisadas, carreteras partidas, escuelas destruidas, niños y niñas cargando lo que queda de sus mochilas, y funcionarios que aparecen tarde, cuando el agua ya lo devoró todo. Y cada año, el discurso oficial vuelve a ser el mismo: “el cambio climático”, “las lluvias atípicas”, “la fuerza de la naturaleza”. 
No. No es solo el calentamiento global el que nos hunde. Es la gélida indiferencia de los gobiernos locales, estatales y federal. Es la falta de previsión, la omisión planificada, el desmantelamiento del Estado que debería protegernos. Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo viven hoy una tragedia que no es nueva, pero sí más grave. Porque no se trata únicamente de la fuerza de las lluvias, sino de la debilidad del Estado mexicano. Se trata de la ausencia de políticas de prevención, de la cancelación del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), y de la irresponsabilidad con que se ha decidido enfrentar la emergencia permanente en que vivimos. Sin FONDEN, el país quedó sin escudo.
Hoy, la burocracia y la improvisación son las únicas herramientas disponibles. El desastre no empieza con el desbordamiento de los ríos, sino con la falta de memoria. Porque los avisos estuvieron ahí: los atlas de riesgo, los reportes de protección civil, los mapas de vulnerabilidad. Y sin embargo, los gobiernos municipales siguieron autorizando fraccionamientos en zonas de riesgo, los estatales desviaron recursos para obras sin mantenimiento y el federal eliminó el único fondo que aseguraba una respuesta inmediata ante la tragedia. No fue la lluvia la que arrasó con todo. Fue la inacción.
Los gobiernos locales alegan que no tienen recursos; el federal responde que hay “atención integral”. Pero mientras se reparten culpas, las familias entierran a sus muertos en el lodo. ¿Dónde están los programas de reubicación? ¿Dónde los refugios temporales adecuados? ¿Dónde los censos de daños confiables, los apoyos directos, las brigadas médicas? No hay. Lo que hay son comunicados, posteos en redes, promesas y fotografías oficiales de funcionarios en botas nuevas.
El colapso que hoy vive México no es meteorológico, es moral. Cancelar el FONDEN fue un error histórico. No se eliminó la corrupción, se eliminó la respuesta. No se erradicaron los privilegios, se condenó a miles de personas a esperar ayuda que nunca llega. México necesita recuperar un instrumento público de emergencia, pero también una visión integral de coordinación metropolitana: infraestructura pluvial, ordenamiento territorial, reforestación, vivienda segura, educación ambiental y responsabilidad política. Nada de eso se logra con discursos, solo con acciones palpables.
Porque detrás de cada tragedia hay nombres y rostros: el campesino que perdió su cosecha, la madre que perdió su casa, la adolescente que ya no volverá a ver a su compañera de clase. No son cifras, son vidas. Y lo más doloroso es que pudieron salvarse si los gobiernos hubieran hecho su trabajo. Si hubieran actuado antes, no después. Si hubieran entendido que la prevención no es un gasto, sino un deber. Cada tormenta nos pone a prueba como nación. Y cada vez, el Estado reprueba. 
La lluvia no distingue fronteras, pero la negligencia sí tiene nombre y apellido. No basta con decretar luto o visitar albergues con cámaras; se necesita reconstruir la confianza en la acción pública, no en el discurso político. 
El agua baja, pero el abandono queda.

México bajo el agua… y bajo la indiferencia

Manuel Baeza

¿Para quién trabajan los gobernantes? Esa es la pregunta que me hago cada vez que ocurre un desastre natural (y uno que otro provocado).
La respuesta más fácil, aunque tal vez no la correcta, es que trabajan en beneficio de los ciudadanos, del pueblo, diría la mayoría. Pero no estoy tan convencido.
Lo que pienso después es lo que me suena más a la realidad: que trabajan por su propio beneficio. Así de simple. 
Basta con ver lo que ocurre cuando hay un desastre de mayor o menor magnitud: la funcionaria o el gobernante en turno dedican su esfuerzo primordial a deslindarse de las responsabilidades. Nunca nada de lo que pasa es culpa suya. Sus asesores le proporcionarán tarjetas y documentos donde siempre el culpable es ese clima tan caprichoso, o la negligencia del opositor, personaje malévolo que suele aprovecharse de las desgracias para sacar raja política.
Una vez hecho ese deslinde, viene la etapa de la promoción. Para ello debe ir a las zonas en desgracia con chaleco color partido, pantalón de mezclilla, botas camperas de revista, y un equipo de personas que fluyen a su alrededor tomándole fotos, videos, e incluso transmitiendo en vivo la preocupación del político para que todos vean que sí trabaja (aunque insisto en que más bien lo hace para sí mismo).
La verdad es que el gobernante (todos, sin importar partido u origen) llegan al cargo pensando en su futuro puesto público. Para ello es que trabajan. Se trata de ganar simpatías y adeptos suficientes que les permitan obtener los votos suficientes tres o seis años más adelante.
Que no haya sorpresa: los políticos solo piensan en ellos. Ni modo. Así son las cosas. Y sí. Habrá quien piense lo contrario. Estoy dispuesto a conceder algunas excepciones. Será cosa de ver cuáles.

¿Para quién trabajan los gobernantes?

Marcela Páramo Ortega

En el marco del Día Mundial de la Bioética les comparto este mensaje.
La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la ONU, nos obliga a modificar la forma de mirar a las personas que viven una condición de discapacidad. Ante todo, debemos reconocerlas como sujetos de derechos, ya que vivir una condición de discapacidad no elimina tus derechos humanos. En la Convención se destaca también la necesidad de promover y proteger los derechos fundamentales de todas las personas con discapacidad.
Hoy consideramos que la discapacidad corresponde a las limitantes biológico-conductuales con las que vive una persona y que debido a las diversas barreras impuestas por la sociedad, le impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condición con las y los demás; esta definición da un vuelco de 360º a la antigua forma como concebíamos la discapacidad. 
Este nuevo paradigma aprobado en 2006 por los países pertenecientes a la ONU, genera un importante compromiso de la sociedad y el gobierno para eliminar las barreras arquitectónicas, de comunicación o de actitud, a fin de permitir la interacción de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, con una perspectiva justa y equitativa para todos, sin importar su condición física o mental. 
Todo esto, entendiendo que la bioética, hoy por hoy debe verse como la oportunidad de generar reflexiones, análisis y análisis de dilemas éticos que coadyuven a la formación de recomendaciones normativas que nos permitan resolver posibles conflictos en nuestra vida cotidiana.
Con esta perspectiva, la bioética puede ser pertinente, incluso hablar de cultura bioética, como pieza clave para garantizar, respetar y preservar los derechos fundamentales de todas las personas, incluyendo por supuesto a las personas con discapacidad. 
La cultura bioética nos permite una mirada hacia la inclusión, la equidad y la igualdad, entretejiendo la discapacidad y la bioética desde el momento de la concepción de un ser humano y en todos los aspectos de su vida.
Por ejemplo, ante el diagnóstico prenatal del nacimiento de un bebé con discapacidad, la bioética nos lleva a la reflexión y planteamiento ético sobre el derecho de los padres a tomar decisiones informadas sobre el futuro de su hijo y sobre el valor intrínseco de la vida de una persona con discapacidad. 
La bioética sostiene el derecho a recibir atención médica de calidad, que todas las personas tienen, independientemente de su condición física o mental.
Sin embargo, en la realidad el acceso a la atención médica y los tratamientos para las personas con discapacidad, enfrenta barreras para acceder a servicios de salud, lo que plantea cuestiones de desigualdad absoluta, mismas que ante una condición económica desfavorable agrega un grado de dificultad.
Otra circunstancia en la que la bioética juega un papel prioritario es en el cuidado de las personas con discapacidad y su cuidador. Otro ejemplo es el caso de personas con discapacidad intelectual severa; puede ser necesario tomar decisiones sobre tratamientos médicos o terapéuticos necesarios y priorizar el bienestar de la persona con discapacidad con acciones que mejoren su calidad de vida. 
Sabiendo que la discapacidad puede ser congénita o adquirida a lo largo de la vida, es a través de la bioética que podemos apoyarnos para garantizar el respeto a sus derechos fundamentales.
La bioética sostiene que todas las personas tienen derecho a vivir una vida plena y significativa, independientemente de su condición física o mental y buscando la autonomía y dignidad de la persona. A través de la bioética abordamos la cuestión de la inclusión social de las personas con discapacidad. Esto implica garantizar que tengan igualdad de oportunidades en la educación, el trabajo y la participación en la vida social.
Otro de los dilemas en donde la bioética favorece, es la creación de entornos inclusivos y accesibles en los que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y contribuir a la comunidad.
Como podemos ver, la bioética está estrechamente relacionada con la discapacidad, planteando desafíos éticos y morales significativos, con una perspectiva inclusiva y respetuosa, que promueve la igualdad de oportunidades y la participación plena de las personas con discapacidad en la sociedad.
La bioética es fundamental en la creación de políticas públicas de atención e inclusión de las personas con discapacidad en distintos ámbitos sociales, cuyo aporte facilitará los consensos, el ejercicio de los derechos y la justicia.
De acuerdo con cifras de Naciones Unidas y asociaciones internacionales, existen entre 500 y 600 millones de personas en el mundo que presentan algún tipo de discapacidad física o mental, un 10% de los habitantes del planeta. Además, se estima que el 25% de la población total se ve afectada por las dificultades existentes para los discapacitados, por tratarse de familiares o responsables legales. Asimismo, Naciones Unidas señala que un 98% de las personas discapacitadas que viven en países en desarrollo no tienen acceso a servicios de rehabilitación, que ningún país cuenta con sistemas de transporte totalmente accesibles, que sólo el 25% de los discapacitados cuenta con algún empleo o ingreso o, dicho de otra forma, que el 75% restante es considerado inactivo. Más aún, el 80% depende de sus familiares o amigos y cerca del 10% vive de la caridad o la limosna.
El valor de la persona humana, la consideración de principios bioéticos como la no maleficencia, beneficencia, justicia y autonomía, permitirán visualizar éstos y otros dilemas éticos que se presentan a diario en la práctica profesional.
La práctica bioética incentiva el diálogo como forma de análisis y dispone de cuatro principios básicos para lograr ese propósito: la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. En este punto, quisiéramos abordar los aspectos más íntimos de la relación entre el profesional de la salud y la persona afectada por una discapacidad que le produce desventajas en la toma racional de decisiones. El discapacitado pasa a constituirse en un ser humano más vulnerable, lo que hace necesario adoptar medidas especiales –desde un punto de vista ético- para proteger sus derechos como persona, ante decisiones que lo afectan en el ámbito de la salud. Específicamente en relación con tres temas de gran contenido ético: el consentimiento informado, aplicado en particular a quienes presentan discapacidades mentales o del sensorio, que les incapacitan parcial o totalmente para decidir por su propio juicio; la toma de decisiones, que podrían ser injustas, respecto del tratamiento de problemas de salud agregados que afecten a personas con discapacidades y el abordaje de la sexualidad de las personas con discapacidad, tema en el que se combinan los dilemas mencionados y los prejuicios sociales colectivos y personales.

“Marcela Páramo Ortega  “

La bioética y la discapacidad

José Francisco Muñoz Valle

El Premio Nobel de Medicina 2025, otorgado a Shimon Sakaguchi, Mary Brunkow y Fred Ramsdell, reconoce el descubrimiento de los mecanismos de tolerancia inmunológica periférica mediados por las células T reguladoras (T reg). Este hallazgo transformó nuestra comprensión del equilibrio inmunológico, al revelar cómo el sistema inmune aprende a contener sus propias respuestas y a mantener la armonía entre defensa y tolerancia. Cuando ese equilibrio se pierde, la respuesta inmunológica puede volverse contra el propio organismo y así nace la autoinmunidad. El lupus, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple o la diabetes tipo 1 son solo algunos ejemplos de este fenómeno en el que la defensa se convierte en agresión. Son padecimientos crónicos, complejos de abordar, dejando una huella profunda en la calidad de vida de las personas y representan un reto para los sistemas de salud.
En México, la investigación en autoinmunidad ha avanzado notablemente gracias al trabajo conjunto de universidades, hospitales y laboratorios clínicos. Sin embargo, persiste un reto fundamental: la fragmentación del conocimiento y la falta de estandarización de las pruebas diagnósticas. En este contexto, en el marco del LV Congreso Mexicano de Patología Clínica en Jalisco, se oficializó la creación de la Red Nacional de Laboratorios en Autoinmunidad (RELAI) que representa un paso histórico. Desde la Red, se promoverá la capacitación continua, el desarrollo de guías clínicas, la implementación de programas de control de calidad y la colaboración internacional. Todo ello con un objetivo común: garantizar diagnósticos confiables y tratamientos más precisos para quienes viven con enfermedades autoinmunes.
Hoy, más que nunca, necesitamos redes que vinculen el impacto de la ciencia con la sociedad. La RELAI es prueba de que, cuando el conocimiento se comparte, la salud avanza, porque frente a un cuerpo que se confunde, la respuesta debe ser una ciencia que se organiza.

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Autoinmunidad: cuando el cuerpo se confunde y la ciencia se une

Anuar García Gutiérrez

En Jalisco, las madres buscadoras enfrentan una doble condena: La del silencio de las autoridades y la del miedo impuesto por el crimen organizado. Día tras día, recorren terrenos baldíos, fosas clandestinas y oficinas de gobierno sin recibir el apoyo ni la protección que por ley deberían tener. A pesar de portar solo palas, fe y fotografías, son vistas como una molestia, una incomodidad para el sistema. 
Una de ellas, integrante de un colectivo de búsqueda, vive desde agosto una serie de amenazas y hostigamientos por buscar a su tío, desaparecido desde enero de 2020. Días antes de ser intimidada, había recorrido nuevamente la zona donde lo vio por última vez.
Después, comenzaron los mensajes por redes sociales, el robo de su cuenta de WhatsApp y la filtración de información personal; en los mensajes, los agresores le advertían que sabían dónde vivía, mencionaban detalles de su vida diaria y aseguraban que el crimen organizado la vigilaba, también difundieron una supuesta fotografía suya señalándola como objetivo; el 19 de agosto su vivienda fue objeto de vandalismo: personas desconocidas dañaron su automóvil y destruyeron objetos personales, ella activó el dispositivo de atención inmediata y acudieron elementos de la policía municipal de Tlaquepaque; sin embargo, los oficiales minimizaron el hecho, afirmando que probablemente no estaba relacionado con su labor de búsqueda, y se negaron a ofrecer resguardo durante la noche. Lo anterior, pese a que la mujer ya contaba con medidas de protección otorgadas por la Fiscalía tras haber denunciado amenazas previas; su caso, como el de muchas otras buscadoras, refleja el abandono institucional que las deja solas frente al riesgo.
En lo que va de 2025, Jalisco ha sido escenario del asesinato de al menos dos madres buscadoras: María del Carmen Morales fue asesinada junto con su hijo mientras realizaba labores cotidianas; ella buscaba a otro de sus hijos desaparecido desde 2024. Cabe señalar que la Fiscalía estatal descartó inicialmente que el crimen tuviera relación con su activismo, pero los colectivos exigieron justicia y cuestionaron la indiferencia institucional.
Días después, fue atacada en su propio hogar Teresa González Murillo, quien también participaba en un colectivo de búsqueda, a la cual intentaron privarla de la libertad y, al no lograrlo, le dispararon; murió días más tarde en el hospital. En su caso, las autoridades atribuyeron los hechos a un posible robo, sin considerar su trabajo como móvil principal, al estilo de siempre, maquillando los delitos para no hacer ver mal al Estado de Jalisco en incidencia delictiva a nivel nacional.
La labor de las madres buscadoras sigue siendo una muestra de perseverancia frente a la omisión institucional. Su trabajo debería estar acompañado por protección, atención psicológica y coordinación efectiva entre autoridades y colectivos. Garantizar su seguridad no es un gesto de empatía, es una obligación del Estado, por lo que mientras eso no ocurra, la búsqueda continuará siendo una tarea ciudadana que revela lo que la justicia aún no ha sabido responder.

Anuar García

El abandono de Jalisco a las madres buscadoras

Staff quiero tv

Infonavit: ¿Cuáles son las casas en remate?

Ley de Amparo: Diputados la aprueban en lo general; estos son los cambios

SAT: ¿Paro de trabajadores afecta tus trámites? Esto sabemos

SAT: Empleados inician paro de labores en todo el país

Día de Muertos 2025: ¿Cómo se hace el altar de muertos?

Durante la madrugada de este lunes, un violento ataque con armas de fuego dejó un saldo de seis personas muertas en la delegación Punta Colonet, perteneciente al municipio de Ensenada, en el estado de Baja California.
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El incidente ocurrió a la altura del ejido Díaz Ordaz, sobre el kilómetro 140 de la carretera transpeninsular, donde fueron localizados dos vehículos con múltiples impactos de bala.
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Uno de los vehículos involucrados era una camioneta Chevrolet Silverado y el otro una Jeep, esta última hallada a un costado de la vialidad, ambos con signos evidentes de haber sido atacados con armas de alto calibre.
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Según los primeros reportes de la Fiscalía General del Estado (FGE), se trató de un enfrentamiento entre células pertenecientes a dos grupos rivales vinculados al crimen organizado que opera en Sinaloa: una facción dirigida por un hijo de Ismael Zambada y otra por los descendientes de Joaquín Guzmán.
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Estos grupos mantienen una disputa por el control del municipio de San Quintín, considerado clave en las rutas de tráfico de drogas hacia el norte del país.
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Dentro de la Jeep viajaba un hombre acompañado por su escolta, mientras que en la pick up se trasladaban al menos cuatro guardaespaldas. Todos los ocupantes fallecieron durante el ataque.
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En uno de los vehículos se encontraron dos cuerpos calcinados, lo que sugiere que una de las unidades fue incendiada tras el tiroteo.
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Las autoridades desplegaron un operativo en la zona, con la participación de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Marina, quienes aseguraron el área para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Baja California: Enfrentamiento entre facciones deja 6 muertos

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