La información fue publicada por la agencia británica Reuters, con base en declaraciones de dos funcionarios mexicanos que solicitaron el anonimato
El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, revocó las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, como parte de su estrategia para intensificar las acciones contra el crimen organizado y sus presuntos vínculos con actores políticos. La información fue publicada por la agencia británica Reuters, con base en declaraciones de dos funcionarios mexicanos que solicitaron el anonimato.
De acuerdo con el reporte, la medida afecta principalmente a integrantes del partido oficialista Morena, aunque también involucra a funcionarios de otras fuerzas políticas. Reuters indicó que no cuenta con la lista completa de nombres, pero uno de los casos confirmados es el de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, y su esposo Carlos Torres, quienes perdieron su visa en mayo pasado.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró durante su conferencia matutina que su gobierno no tiene información oficial sobre los afectados, ya que las autoridades estadounidenses notifican de manera individual las cancelaciones y no comparten esos datos con el gobierno mexicano.
El Departamento de Estado de Estados Unidos explicó que las visas pueden ser revocadas en cualquier momento, incluso a funcionarios extranjeros, por “actividades contrarias al interés nacional”, que pueden incluir corrupción, crimen organizado, espionaje o ayuda a la migración ilegal.
De acuerdo con exembajadores citados por Reuters, la cantidad de cancelaciones actuales no tiene precedentes y refleja el uso diplomático de la política de visados como herramienta de presión hacia México. La medida ha generado inquietud entre políticos y funcionarios, quienes temen ser incluidos en futuras restricciones.
La administración estadounidense no ha detallado los motivos específicos de las revocaciones, lo que ha provocado incertidumbre en la clase política mexicana y especulaciones sobre posibles investigaciones en curso. Mientras tanto, Washington sostiene que esta política forma parte de su ofensiva ampliada contra los cárteles de la droga y sus redes de apoyo político.