Las cifras no coinciden con la realidad
México está que arde y la violencia se ha convertido en parte del día a día, al grado de que ya no sorprende, solo duele. La reciente muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, volvió a desnudar la crisis de seguridad que vive el país y evidenció la falta de estrategia real del Estado frente a la delincuencia organizada. No es solo un hecho aislado, es el reflejo de una nación entera que clama justicia mientras las cifras oficiales insisten en pintar un panorama optimista.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presume avances que no se reflejan en la vida cotidiana. De acuerdo con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad, se reportan treinta y siete mil personas detenidas por delitos de alto impacto. Sin embargo, la ciudadanía vive una realidad completamente distinta.
La pregunta que se repite es simple pero poderosa: ¿Dónde están esas treinta y siete mil personas detenidas? ¿En qué penales se encuentran? ¿Cuántas han sido procesadas o sentenciadas? ¿Y cuántas más fueron liberadas por falta de pruebas o corrupción? Las respuestas no llegan, pero la violencia sí.
De acuerdo con las cifras del SESNSP, México supera los veintinueve mil homicidios dolosos en lo que va del año. Siete estados concentran el cincuenta y uno por ciento de esos crímenes: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán. Pese a ello, la estrategia del gobierno parece centrarse únicamente en Michoacán, como si el resto del país no estuviera sumido en la misma crisis.
La violencia no distingue territorio. En Guerrero siguen apareciendo fosas clandestinas; en Jalisco la extorsión y las desapariciones son parte de la rutina; Zacatecas se desangra entre enfrentamientos de grupos criminales, y en Sonora o Baja California los asesinatos se han normalizado.
Durante los primeros meses de dos mil veinticinco, la tasa de delitos de alto impacto fue de doscientos cuarenta y siete por cada cien mil habitantes a nivel nacional. El Estado de México encabezó la lista con cuatrocientos noventa y cuatro. Las cifras oficiales insisten en una reducción del treinta y siete por ciento en homicidios dolosos, pero la realidad desmiente ese discurso: la violencia no ha disminuido, solo ha cambiado de rostro.
El gobierno federal repite una narrativa de éxito, pero los hechos contradicen cada palabra. Los ciudadanos siguen viviendo con miedo, los alcaldes continúan siendo asesinados y las familias desplazadas crecen cada día.
México no necesita más discursos ni mañaneras, necesita resultados.
Necesita un gobierno que asuma la responsabilidad completa de la seguridad nacional, que proteja a su gente y que hable con la verdad, no con cifras maquilladas para calmar a la opinión pública.
Porque cada vida perdida, cada funcionario silenciado y cada familia rota son una muestra de que las estadísticas no coinciden con la realidad.
Mientras tanto, las reglas no escritas de la justicia en México siguen siendo las mismas: impunidad, dolor y silencio.
