La necesidad urgente de audiencias penales en línea en Jalisco

En Jalisco, la justicia penal avanza con lentitud y dentro de un modelo que ya no responde a la realidad actual. Cada día, víctimas, personas privadas de la libertad, defensores y ministerios públicos acuden a las salas de oralidad con la esperanza de que su proceso avance. Sin embargo, la rutina es casi siempre la misma: Largas esperas, audiencias suspendidas, horarios indefinidos y procedimientos que se posponen una y otra vez por falta de jueces, por la insuficiencia de salas o por una agenda saturada que ya no puede sostenerse. El sistema opera al límite, agotado, y deja atrapadas a miles de personas que dependen de él para obtener justicia.

Mientras esto ocurre, varios estados del país entre ellos Nuevo León, Querétaro, Chihuahua, Coahuila y Baja California, dieron un paso decisivo hacia la modernización adoptando audiencias penales en línea como parte de su práctica cotidiana. El caso de Monterrey es un ejemplo claro: las audiencias virtuales se realizan con normalidad, sin retrasos y sin depender de una sala física. Los operadores no pierden horas en traslados, las agendas avanzan y los procesos fluyen. Es una muestra de que sí es posible impartir justicia con eficiencia cuando existe voluntad institucional.

La diferencia entre este modelo y el de Jalisco es evidente. Aquí, todas las audiencias se realizan únicamente en salas presenciales, lo que significa que su duración es completamente incierta. Una audiencia que debería durar treinta minutos puede extenderse por horas. Otras, simplemente no inician porque el juez continúa resolviendo asuntos previos. Algunas deben suspenderse por la falta de traslado de la persona privada de la libertad, por la ausencia de alguna de las partes o por no haber una sala disponible. Esta falta de certeza produce un efecto dominó: Cuando una audiencia se alarga o se suspende, todas las audiencias posteriores del día quedan canceladas o se pierden sus fechas.

Reprogramar una audiencia tampoco es inmediato. Las agendas saturadas provocan que una audiencia mínima pueda tardar entre uno y tres meses en obtener nueva fecha. Las más complejas pueden retrasarse entre cuatro y seis meses, y existen casos que se reprograman hasta el año siguiente. Las consecuencias afectan a todos: La víctima debe seguir esperando justicia; la persona privada de la libertad continúa sin que su proceso avance; la defensa ve comprometido el derecho a una representación adecuada; el Ministerio Público acumula carpetas que no puede mover y el juzgador carga un rezago que ya excede su capacidad.

A ello se suma la carga operativa de las audiencias presenciales. Cada diligencia implica trasladar a la persona privada de la libertad desde el penal, movilizar al Ministerio Público, a la defensa, a policías de investigación y a personal judicial. Un solo retraso detiene todo el mecanismo. Y cuando la audiencia no se celebra, la operación debe repetirse semanas o meses después, desperdiciando tiempo, recursos humanos y recursos públicos que podrían emplearse de manera más eficiente.

Lo más preocupante es que este estancamiento no tiene origen técnico. El Poder Judicial de Jalisco ha demostrado que puede operar sistemas digitales: en materia civil, familiar y mercantil ya funcionan los juicios en línea, la firma electrónica, las audiencias virtuales y el expediente digital. La tecnología existe, la normativa lo permite y la experiencia en otras áreas lo confirma. Sin embargo, esta modernización nunca llegó a la materia penal, precisamente donde el rezago es más grave y las afectaciones a los derechos de las personas son mayores. Esto ya no es un problema de herramientas, sino una falta de voluntad administrativa, inversión real y decisión institucional.

La justicia penal de Jalisco no puede seguir dependiendo exclusivamente de una sala física. Si el Estado no adopta audiencias penales en línea como lo han hecho otras entidades, el rezago continuará creciendo, afectando directamente el derecho de acceso a la justicia. Cada audiencia perdida, cada fecha diferida y cada traslado innecesario se convierten en un obstáculo más que aleja a las personas del sistema que debería protegerlas.

La ciudadanía no puede esperar más, y la justicia tampoco. El mensaje es claro: Jalisco debe modernizar sus audiencias o seguirá convirtiendo cada mes de espera en una forma silenciosa de injusticia.