En política, los cambios de gabinete rara vez son neutros. No son simples relevos administrativos ni ajustes rutinarios: son mensajes. A veces dirigidos hacia afuera, otras hacia dentro, pero siempre cargados de significado. Por eso, el anuncio —o la anticipación— de al menos cinco cambios en el gabinete del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus merece una lectura más profunda que la simple lista de nombres que eventualmente se dará a conocer.
Toda administración arranca con inercias, herencias y equilibrios forzados. El actual gobierno de Jalisco no ha sido la excepción. Varios de los perfiles que hoy ocupan posiciones clave provienen directamente de la administración anterior encabezada por Enrique Alfaro, con trayectorias, lealtades y estilos más asociados al alfarismo que al propio proyecto político de Pablo Lemus. Durante los primeros meses, esa convivencia pudo explicarse como un ejercicio de transición responsable. Sin embargo, con el paso del tiempo, la pregunta es inevitable: ¿Hasta cuándo se gobierna con gabinete heredado?
Los puntos débiles del actual gobierno han comenzado a dibujarse con claridad. El caso del SIAPA es quizá el más evidente: problemas estructurales no resueltos, decisiones impopulares, comunicación deficiente y una sensación persistente de desgaste institucional. A ello se suma una relación con el Congreso que, si bien no ha derivado en ruptura, tampoco ha logrado consolidar consensos sólidos ni una narrativa de coordinación eficaz. Y, por supuesto, la inseguridad sigue siendo un pendiente que atraviesa al gobierno sin distinción de colores ni discursos. Aquí se concentran, probablemente, algunos de los cambios más relevantes.
Hay además carteras que han pasado prácticamente desapercibidas. Dependencias que no generan conflicto, pero tampoco resultados visibles. Ni de día ni de noche. Secretarías que sobreviven en la inercia administrativa, sin proyecto propio ni impacto público. En política, la irrelevancia también cuenta como fracaso. Identificar esos ajustes corresponderá exclusivamente al pulso y la visión que el gobernador decida imprimir a su administración.
En ese contexto, los cambios anunciados —o por anunciarse— pueden leerse como algo más que una corrección de rumbo. Pueden interpretarse como un intento por consolidar un lemusismo propio, diferenciado, con identidad política y capacidad de mando. Gobernar no es solo administrar, es liderar. Y liderar implica rodearse de personas que compartan visión, estrategia y compromiso con el proyecto en curso, no con el pasado.
No se trata de descalificar trayectorias ni de romper por romper. Pero sí de entender que los gobiernos se evalúan por resultados y que, cuando estos no llegan, los relevos se vuelven inevitables. En ese sentido, los cambios no serían una señal de debilidad, sino de reconocimiento de la realidad.
La pregunta de fondo no es quién se va o quién llega, sino qué mensaje quiere enviar el gobernador. Si los movimientos confirman una reconfiguración del poder interno, entonces estaremos ante el inicio de una nueva etapa: la del gobierno que deja de administrar inercias y comienza, por fin, a gobernar con sello propio. En política, a veces cambiar personas es la única forma de cambiar el rumbo. Y no hacerlo, suele ser la decisión más costosa de todas.