Cuando un gobierno con mayoría legislativa insiste en cambiar las reglas electorales sin presentar una iniciativa clara, sin diagnóstico público y en medio de una crisis nacional multifactorial, la pregunta no es técnica, es política: ¿Qué problema democrático se pretende resolver y a quién beneficia realmente hacerlo ahora? Quienes tenemos décadas en la política sabemos que en México no estamos ante una discusión inocente ni ante un ejercicio netamente democrático. Estamos frente a un intento por reordenar el campo de juego antes de 2027. Sí, paradójicamente en tiempos de Mundial, pero ahora utilizando el discurso de la “justicia electoral” para encubrir una operación de poder.
Nuestro país atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida pública reciente. La violencia se ha normalizado en amplias regiones del país, la economía resiente presiones internas y externas y la confianza ciudadana en las débiles instituciones que quedan sigue erosionándose. En este contexto, meter con calzador una reforma electoral no responde a una urgencia social, sino a una conveniencia política. Las reformas electorales no son neutras: Quien controla el Congreso y marca la agenda sabe exactamente qué teclas está tocando.
Basta escuchar al talón de Aquiles de esta reforma, Pablo Gómez, quien desdeñó las 241 propuestas formuladas por las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral, y apenas hace unos días como titular de la Comisión Presidencial señaló que “Un órgano administrativo como el INE no debería ser autónomo”.
Ante este escenario, y tras vivirlo en primera fila como legisladora federal, hay que cuestionarnos si es momento de discutir una reforma que ni siquiera conocemos y sigue elucubrándose en manos de unos pocos. Mucho menos cuando los temas que verdaderamente angustian a la ciudadanía siguen sin resolverse. Pero más allá del calendario electoral, lo que realmente preocupa es el contenido implícito del debate y, sobre todo, sus silencios. El más grave de ellos es el dinero ilegal. No podemos permitir que el dinero del crimen organizado siga entrando a las campañas. Esa discusión no ha sido tocada por Morena porque no les conviene. Es sabido, y en muchos casos documentado, que en distintas regiones del país la movilización electoral se sostiene mediante prácticas opacas, presiones territoriales y recursos de origen dudoso o, por el otro lado –y no menos grave– de recursos públicos. Si una reforma electoral no empieza por cerrar esa puerta, entonces no busca fortalecer la democracia, sino acomodarla.
Otro eje central es la sobrerrepresentación. Coincido en que se trata de un problema real, pero debe analizarse desde la justicia electoral: Desde la forma en que las y los mexicanos elegimos a nuestros representantes y desde el uso político que hoy se hace de esa mayoría artificial. Los datos están a la vista. Morena y sus aliados obtuvieron alrededor del 54% de los votos y hoy controlan más del 70% de la Cámara de Diputados. Por otro lado, y en un ejemplo cercano, Movimiento Ciudadano obtuvo cerca del 11% de la votación nacional y, sin embargo, está subrrepresentado. Esa distorsión no es un accidente del sistema; es una falla que se ha omitido de la discusión pública.
Pero el problema no es solo matemático. Es profundamente político. Esa sobrerrepresentación se utiliza para acaparar la agenda legislativa, para decidir desde la cúpula qué se discute y qué se congela, qué reformas avanzan y cuáles se dejan en el cajón.
En este contexto, resulta especialmente preocupante el ataque sistemático a las diputaciones plurinominales. Se les ha querido presentar como un exceso, como si fueran una paja legislativa prescindible. Esa narrativa es falsa y peligrosa. Las plurinominales existen para garantizar pluralidad, para abrir el abanico de participación política y para que distintas voces, causas y regiones estén representadas en la Cámara. Debilitar o eliminar las plurinominales en un Congreso ya sobrerrepresentado no corrige una falla del sistema: La profundiza.
Desde Movimiento Ciudadano ya lo hemos dicho: No vamos a aprobar una reforma electoral impuesta desde el poder. La defensa de la democracia nos compete a todas y todos, y la reforma electoral es una responsabilidad del Poder Legislativo, no un instrumento del Ejecutivo. Las reformas político-electorales que mejor han funcionado en México han sido aquellas construidas con consenso amplio, reglas claras y visión de largo plazo, no las diseñadas al calor de una coyuntura electoral.
Hay además una contradicción que no puede ignorarse. Morena es hoy el partido más caro del mundo. En apenas diez años ha recibido más de 30 mil millones de pesos de financiamiento público. Solo en 2024 obtuvo más de 8 mil millones de pesos, alrededor de 14 millones diarios. A pesar de haber prometido devolver recursos cuando se fundó, no regresó ni un solo peso, ni siquiera en momentos críticos como sismos, inundaciones y otros desastres. Tiene más recursos públicos que nadie, necesita menos votos por legislador y, aun así, insiste en cambiar las reglas para beneficiarse todavía más.
La reforma electoral que México necesita no es la que concentra poder ni la que se diseña pensando en 2027. Debe ser una reforma ciudadana, que cierre la puerta al dinero ilegal, que garantice justicia en la representación y que fortalezca la pluralidad política. La democracia no se trata de ganar más espacios, sino de representar mejor.
El modelo de democracia que hoy algunos pretenden rediseñar a conveniencia no nació de la nada ni fue una concesión fortuita del poder. Es el resultado de décadas de lucha cívica, del anhelo de país que tuvieron nuestros abuelos, padres y madres; una generación que vivió en carne propia fraudes, imposiciones y arrebatos de voluntad popular. De esa experiencia dolorosa México aprendió que sin reglas claras, árbitros confiables y contrapesos reales no había futuro posible.
Ese futuro que costó tanto construir es el que hoy se pone en riesgo con ligereza, como si la democracia fuera un trámite y no una conquista colectiva donde participaron, incluso, muchas y muchos de los que hoy la cuestionan poniéndola en una cámara de gas.