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José Francisco Muñoz Valle
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Salud pública y política: visiones contrastantes en un escenario global

21 enero 2026
|
05:00
Actualizada
21:31

En Estados Unidos, la salud vuelve a ocupar el centro del debate político. La reciente presentación del proyecto sanitario de Donald Trump pone sobre la mesa una vieja promesa: reducir el precio de los medicamentos mediante presión directa a las farmacéuticas. El planteamiento, en apariencia contundente, busca utilizar el peso del gobierno federal para negociar precios más bajos, apelando al argumento de que el mercado —dejado a su suerte— ha encarecido de forma injustificada el acceso a tratamientos esenciales.

Sin embargo, detrás de esta narrativa hay una lógica conocida: corregir excesos del mercado sin modificar de fondo el modelo que los produce. El sistema de salud estadounidense sigue siendo, en esencia, fragmentado, altamente privatizado y profundamente desigual. Millones de personas continúan dependiendo de seguros costosos, con coberturas limitadas y con el riesgo permanente de que una enfermedad se traduzca también en una quiebra financiera. Presionar a las farmacéuticas puede aliviar “síntomas del sistema”, pero no cura la “enfermedad estructural”.

El contraste con México es inevitable. En semanas recientes, la Dra. Claudia Sheinbaum ha reiterado que la salud debe entenderse como un derecho y no como un privilegio, subrayando el papel del Estado en la provisión de servicios, medicamentos y atención integral. Más allá de los retos operativos —que son reales y complejos— el discurso marca una diferencia de fondo: aquí, al menos en el plano conceptual, la salud no se negocia solo en términos de rentabilidad.

El sistema de salud mexicano arrastra problemas históricos: desabasto intermitente, saturación de servicios, desigualdades territoriales y una transición institucional todavía inconclusa. Pero también descansa sobre una idea distinta a la estadounidense: la responsabilidad pública de garantizar el acceso. Mientras en Estados Unidos el debate gira en torno a cuánto puede el gobierno presionar a corporaciones privadas, en México la discusión pasa por cómo fortalecer la capacidad del Estado para cumplir su función social.

Ambos modelos enfrentan tensiones similares —costos crecientes, envejecimiento poblacional, innovación tecnológica cara— pero las respuestas revelan visiones opuestas. Allá, el poder político intenta disciplinar al mercado sin desmantelarlo. Aquí, el reto es demostrar que un enfoque de derechos puede traducirse en servicios eficientes, oportunos y de calidad.

Al final, la pregunta va más allá de cuánto cuestan los medicamentos, sino quién decide las reglas del juego. Porque en salud, como en pocas áreas, las decisiones políticas no son abstractas: se reflejan directamente en la vida y la dignidad de las personas.

*Las opiniones y contenidos en este texto son responsabilidad total del autor y no de este medio de comunicación.
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