Algo huele mal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no es solo el perfume caro de sus pasillos. La nueva camarilla de ministros ha comenzado a sentar precedentes que no solo incomodan: alarman. No por sus lujos —que siguen intactos—, no por los altos sueldos, ni por las prestaciones de élite, camionetas blindadas, togas caras o cursos pagados con dinero público. El verdadero problema es otro: las resoluciones que se cocinan en silencio y que, de no exhibirse a tiempo, pueden convertirse en amenazas directas contra millones de mexicanos.
La semana pasada la Corte estuvo a punto de avalar un dictamen que habría significado un retroceso brutal contra los derechos laborales. Solo la presión mediática lo detuvo. El proyecto pretendía modificar, vía interpretación, el Artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, eliminando en los hechos la obligación patronal de entregar el aviso de rescisión al trabajador despedido.
La contradicción de criterios 165/2025 no era un asunto técnico menor. Lo que estaba en juego era el inicio del plazo de dos meses para demandar un despido injustificado. El proyecto del ministro Irving Espinosa abría la puerta a que ese plazo comenzara cuando el patrón decidiera, no cuando el trabajador tuviera conocimiento formal del despido. En términos simples: despedir sin avisar y dejar correr el reloj hasta extinguir el derecho a demandar.
Eso no es justicia constitucional.
El Frente Nacional por las 40 Horas encendió la alerta. Las protestas frente a la Corte obligaron al retiro del proyecto horas antes de su discusión. Un hecho grave: la suspensión no fue producto de un debate jurídico profundo, sino del escándalo público. La propia Corte reconoció, implícitamente, que el proyecto era políticamente insostenible.
El retiro, sin embargo, no resuelve nada. La contradicción sigue viva. El Artículo 47 permanece intacto, sí, pero la intención quedó expuesta. Y ese es el verdadero trascendido: hay ministros dispuestos a reinterpretar la ley laboral contra el trabajador, usando tecnicismos para erosionar derechos conquistados durante décadas.
Después de las protestas, el ministro ponente salió a dialogar con los inconformes y escribió en redes sociales que en la Corte “creen en una justicia cercana”. El problema es que la justicia no se demuestra con tuits, sino con sentencias. Y esta, de haberse aprobado, habría beneficiado exclusivamente a los patrones y precarizado aún más un mercado laboral donde más del 55% de los trabajadores está en la informalidad.
La Corte no puede seguir jugando a legislar desde el estrado ni actuar como una cámara empresarial de última instancia. Si no fuera por la crítica pública, hoy estaríamos hablando de un precedente devastador.
Conviene decirlo claro: ¡Cuidado con la Corte!