Carreteras sin ley: el vacío de seguridad que nadie quiere asumir

Durante años, la Policía Federal, a través de su División de Caminos, mantuvo una lógica de proximidad y control en los tramos carreteros del país. Su función no solo era reactiva, sino esencialmente preventiva: inhibía delitos, auxiliaba a ciudadanos, generaba presencia permanente y construía una percepción de seguridad indispensable para quienes transitaban por México por trabajo, turismo o necesidad. Con su desaparición, esa estructura se diluyó sin que se implementara un modelo operativo equivalente que atendiera la complejidad y extensión del sistema carretero nacional.

La transferencia de estas funciones a la Guardia Nacional, lejos de corregir el problema, evidenció una falla estructural. La nueva institución asumió múltiples tareas de seguridad sin una especialización clara en vigilancia carretera ni una estrategia preventiva sólida. El resultado ha sido un aumento sostenido de delitos que hoy se reflejan en cifras oficiales y en la experiencia cotidiana de ciudadanos y transportistas.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2023 se iniciaron más de 9 mil carpetas de investigación por robo a transporte de carga en carreteras federales y estatales, de las cuales alrededor del 87% se cometieron con violencia. Tan solo en el primer bimestre de 2025 se registraron mil 806 denuncias por este delito, con más del 80% de los casos clasificados como robo violento, concentrándose principalmente en corredores estratégicos del Estado de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco y Veracruz.

Estas cifras, sin embargo, no reflejan la totalidad del problema. El propio sector logístico reconoce que existe una alta cifra negra, ya que muchos delitos no se denuncian por desconfianza en la autoridad, temor a represalias o por la certeza de que la investigación no avanzará. A ello se suma que el robo de camiones con carga no solo implica la pérdida de unidades y mercancía, sino el riesgo real de que los operadores sean privados de la libertad, extorsionados o utilizados como medio de presión criminal.

Lo que se observa en las carreteras del país es una ausencia efectiva de cuidado y vigilancia. Los ciudadanos transitan expuestos, mientras los delincuentes operan con tranquilidad, sabiendo que la probabilidad de ser detenidos es mínima. Esta situación se agrava ante la inexistencia de un sistema integral de monitoreo tipo C5 que cubra de manera eficiente la red carretera nacional. Sin cámaras suficientes, sin inteligencia en tiempo real y sin coordinación interestatal, la reacción de las autoridades suele ser tardía o inexistente.

La realidad es contundente: la vigilancia carretera dejó de ser una prioridad, la prevención fue sustituida por omisiones y la delincuencia encontró en el abandono institucional un terreno fértil para operar. Mientras no se reconozca este vacío y no se reconstruya una estrategia especializada de seguridad en carreteras, la impunidad seguirá transitando libremente por las vías del país, colocando a ciudadanos, transportistas y empresarios en una situación de riesgo permanente que el Estado ha sido incapaz de contener.