¿Quién manda aquí?

El caso del diputado Leonardo Almaguer ha provocado un cortocircuito en el Congreso: mientras los dirigentes estatales del PRI y el PAN, Laura Haro y Juan Pablo Colín, respectivamente, exigen una investigación a fondo tras revelarse su pasado judicial, las coordinadoras parlamentarias de estos mismos partidos, Claudia Murguía y María del Refugio Camarena, han optado por un manto de protección que desafía toda lógica de congruencia partidista.

La crisis estalló con la revelación de que en 2004, el hoy diputado del PT y también coordinador de su bancada, fue ingresado al reclusorio de Puente Grande bajo acusaciones de robo calificado y delincuencia organizada. Aunque el legislador se defiende calificándolo como un “error del pasado” ya purgado, la pregunta no es sólo jurídica, sino profundamente ética. ¿Puede alguien con tales antecedentes legislar para un Estado que clama por seguridad y justicia?

Las dirigencias del PRI y el PAN han sido claras: piden que la Fiscalía Anticorrupción y las autoridades electorales intervengan. Saben que mantener a Almaguer en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) es un lastre reputacional que les costará caro en las urnas. Sin embargo, en el piso del Congreso la realidad es otra. Las coordinadoras parecen priorizar los desplantes al Poder Ejecutivo y la aritmética de los votos, por encima de los principios que sus líderes pregonan desde afuera. Las declaraciones de la diputada Murguía lo dejan muy claro, y en sus palabras se lleva por delante al dirigente estatal de su partido: “Es una estupidez lo que están pidiendo”.

¿Qué fuerza podrá más? Por un lado, está la legitimidad ética que intentan recuperar las dirigencias, conscientes de que la ciudadanía no perdona la opacidad en los antecedentes criminales. Por el otro, el pragmatismo parlamentario de las coordinadoras, que ven en Almaguer una pieza útil para los juegos de poder en que han incurrido en los últimos meses, ignorando que esa pieza está manchada por la sombra de la delincuencia organizada.

Si las coordinadoras persisten en protegerlo, estarán enviando un mensaje peligroso: que en el Congreso local hay quienes se aferran a un pacto no escrito de impunidad entre legisladores, en el que va implícito el temor a futuras revelaciones. La resistencia a que Almaguer pida licencia o comparezca ante el pleno, es la evidencia de una brecha profunda entre lo que los partidos dicen ser y lo que sus legisladores están dispuestos a tolerar.