El pasado mes de enero 2026, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, presentó su informe anual. Si hacemos un análisis desde 2019 a la fecha en su gestión, el presupuesto destinado a la atención de personas con discapacidad ha bajado casi 50%, pasando del 16.3 al 8.5 por ciento.
Además, fueron nulas las acciones que en el ámbito de discapacidad se llevaron a cabo.
Y todo esto, además de ser preocupante, puesto que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la que debiera defender los derechos de las personas de grupos vulnerados, se concibe como una triste noticia.
A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifiesta que tendrá recortes en su presupuesto. En cuanto a la accesibilidad de personas con discapacidad se refiere, estos ajustes ponen en riesgo la defensa de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
Este es un motivo más para que como comunidad de personas con discapacidad y sus familias, levantemos la voz de manera proactiva, sin confrontaciones, pero sí de forma contundente, para que estas restricciones presupuestarias no se activen en decremento de los servicios que requieren las personas con discapacidad.
Recordemos que los derechos no deben perderse por tu condición de vida, y mucho menos, por una situación presupuestaria.
Dejamos que desapareciera el Consejo Nacional de Atención a Personas con Discapacidad (CONADIS); hemos permitido que la Comisión Nacional de Derechos Humanos disminuyera su presupuesto de atención a personas con discapacidad hasta en un casi 50 por ciento.
¿Qué más vamos a permitir?
¿O hasta cuándo vamos a levantar la voz?
Me gustaría leer tus comentarios.