Jonás

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se llevó a su equipo de gobierno a la plaza principal de Tequila, para dialogar con los habitantes comunes del municipio y anunciar una inversión de 500 millones de pesos que se aplicarán en 2026 en diferentes programas. Lo que está haciendo el gobierno estatal es comenzar un proceso de normalización en Tequila después de la crisis provocada por la gestión de Diego Rivera, quien ya tuvo su audiencia inicial y permanecerá en prisión mientras se lleva adelante un juicio en el que se le acusa de extorsión y privación ilegal de la libertad.
Pero más que las acciones de gobierno, porque la tarea también es de “cuesta arriba” para el gobierno municipal, lo que sorprende es lo que dicen los habitantes de Tequila.
A la reunión en la plaza principal asistieron muchas personas que forman parte de la comunidad, que tienen trabajos normales como pequeños comerciantes y que sufrieron verdaderamente, aunque no se atreven a decirlo en público, una arremetida injusta por parte de la administración que encabezó Diego Rivera.
Pero además, cuando la plaza ya estaba vacía de autoridades y representantes gubernamentales, se acercaron para manifestar que desconfían de la presidenta municipal interina, Marisol Rodríguez Rivera, a quien conocen muy poco pero que es identificada como miembro del equipo cercano del ahora alcalde defenestrado y detenido.
En Tequila, en sus calles, es evidente que las personas siguen adelante con sus actividades cotidianas: comercio y turismo, principalmente. Destaca el intenso patrullaje de la Policía del Estado, de la Guardia Nacional. Sólo así se ha conseguido contrarrestar la operación de un enorme equipo de colaboradores que se dedicaron a arrebatarle el dinero a todos los que producían o tenían actividades. 
Pero la desconfianza persiste, y tanto, que hasta la misma presidenta Claudia Sheinbaum anunció en Palacio Nacional que se investigarán los antecedentes de la presidenta municipal elegida el pasado domingo 8 de febrero para sustituir a Diego Rivera.
El gobierno de Pablo Lemus, mientras tanto, se comprometió a mantener permanentemente el apoyo de en seguridad y en programas económicos. Y no será poco tiempo, porque la policía municipal ha sido intervenida y se descubrieron irregularidades que se están subsanando.
Para Jalisco, el reto de normalizar Tequila, como ya se trabaja desde el año pasado en municipios como Teuchitlán y Teocaltiche, es el mensaje de que se pueden recuperar los otros muchos municipios que también padecen el azote de la presencia de la delincuencia organizada, entreverada con los gobiernos municipales. 
Será un trabajo largo.

La normalización de Tequila

El caso de Diego Rivera, ahora expresidente de Tequila y en proceso de juicio por delitos como extorsión, privación de la libertad y los que se acumulen, alcanzó límites inesperados: incluso la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, ha pedido una mayor fiscalización en el uso de recursos económicos en las campañas políticas, pero también a los partidos políticos, al momento de elegir a sus candidatas y candidatos.
Se trata de medidas indispensables, consideró la presidenta, para combatir una realidad que ya no se puede cuestionar: el crimen organizado se infiltró en las campañas electorales, en los partidos políticos y en los gobiernos, en este caso municipales.
El caso de Tequila, uno de los municipios emblemáticos de Jalisco, se convirtió en tema nacional. Se han planteado múltiples análisis y abundan las voces de quienes pretenden probar la presencia de la delincuencia organizada en el entorno de Diego Rivera, incluso antes de que fuera presidente municipal.
Mientras esto ocurre, el gobernador Pablo Lemus anunció que este 10 de febrero acudirá a Tequila junto con su gabinete, para aplicar políticas públicas que apoyen al municipio y a sus habitantes.
¿Pero qué hacemos con la fiscalización solicitada por la presidenta Sheinbaum?
Cuando ella se refiere a “fiscalizar”, hay que interpretar que se trata de medidas severas y sus castigos correspondientes, a los partidos políticos y sus candidatos que utilicen en campaña recursos económicos de origen ilícito o fuera del marco de la ley.
Habría que recordar en este punto, los derroches en la movilización que por todo el país realizaron quienes entonces fueron bautizados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como las “corcholatas”.
Durante décadas, las sanciones aplicadas a partidos políticos y candidaturas que rebasaron los topes de gasto de campaña han sido tardías e ineficaces. Se aplican cuando las elecciones ya terminaron y cuando los sancionados ya son autoridades electas y en funciones.
Además, hay que decirlo con todas sus letras, las dirigencias de los partidos políticos no han aplicado medidas reales para lograr que sus candidatas y candidatos estén probadamente fuera de la esfera de la delincuencia organizada. Y no hay autoridad ni sanción, que los alcance.
Y como prueba de esto, lo que apenas ayer respondió la presidenta de Morena en Jalisco, Erika Pérez García, cuestionada sobre cómo fue electo Diego Rivera como candidato a la presidencia municipal de Tequila: “Yo no era dirigente en ese momento”. No, quien encabezaba al partido era Katia Castillo, hoy diputada federal. Pero no habrá ninguna sanción contra ella.
Hablar sólo de “mayor fiscalización” suena a meros deseos, a un formulismo para el momento crítico.
La realidad que ya se implantó por sí misma y está haciendo más profundas sus raíces es la presencia de la delincuencia organizada y sus recursos económicos, en las campañas políticas, los partidos y la administración pública.

De Tequila, al gobierno de Sheinbaum

La detención de Diego Rivera Navarro, expresidente municipal de Tequila, ha dominado el discurso político y público porque ha desnudado totalmente la presencia del crimen organizado en la vida pública, en el ejercicio de la política y los partidos.
Curiosamente, el mismo día que fue detenido junto con tres de sus colabores más cercanos, la Operación Enjambre dejó más funcionarios detenidos en el Estado de México, pero ninguno de éstos ha trascendido mediáticamente. ¿Por qué? Por el tremendo contenido del caso de Rivera Navarro.
Tremendo, sí, porque con el paso de los días se han revelado más posibles delitos y conductas de abuso por parte del joven Rivera Navarro, incluido el presunto secuestro contra un aspirante a la presidencia municipal, en contubernio con el crimen organizado.
Si se acumulan más denuncias en contra del fallido alcalde de Tequila ya es asunto intrascendente. Lo más grave se sigue expresando en preguntas que no se pueden responder todavía:
&#8211; ¿Cómo es que llegó a la alcaldía de un municipio tan importante como Tequila un personaje que públicamente era cuestionable y se sabía, tenía relaciones cuestionables con grupos delictivos?
&#8211; ¿Cómo es que un partido político como Morena, el partido en la presidencia de la república, dejó pasar a un candidato como este?
&#8211; ¿Por qué ha tenido que pasar más de un año de administración y se acumularon las quejas y denuncias sin que fueran atendidas hasta que, totalmente desbordado, el alcalde enfrentó a una de las empresas tequileras más grandes del país? De hecho, si eso no hubiera ocurrido, ¿la Secretaría de Seguridad Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch, se hubiera ocupado de este alcalde tan denunciado?
&#8211; ¿Cuántos presidentes municipales, directores de policía, tesoreros y responsables de las obras públicas, estarán en condiciones similares o en vía de empeorar y dañar a quienes deberían proteger?
La solución, porque así lo plantea el título de este “Al buen entendedor” es la aplicación de la ley, pero haciéndose eco del clásico, ¿quién le pondrá el cascabel al gato?
Además, la elección de una nueva autoridad en Tequila, ¿garantiza que los abusos de autoridad y la complicidad con la delincuencia, ya hayan finalizado?
Más preguntas, pocas respuestas.

¿Solución después del caso Tequila?

Diego Rivera Navarro estaba en esa ruta. Eran demasiadas las evidencias. Iba a terminar detenido y sólo era cuestión de tiempo. Ayer, su detención en el marco del Operativo Enjambre y el anuncio hecho público por el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, se convirtió en el evento mediático nacional.
Pero ni siquiera esa celebridad negativa fue completa para Rivera Navarro, porque al final de la jornada, tuvo que “competir” con otro hecho vergonzoso: el momento en el que una asistente se postra a limpiarle los zapatos al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Ortiz, antes de que ingresara al evento de conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución, en Querétaro.
Por cierto, lo que debiera merecer más atención general, la conmemoración de la Carta Magna, quedó totalmente eclipsado por la detención del alcalde de Tequila y el episodio del supuesto “ministro indígena” de la Corte.
Pero se impone regresar al tema de Tequila, uno de los municipios que más identifican a México en el mundo. Un pueblo mágico que es también uno de los puntos más importantes en la industria turística de Jalisco.
Acusado de extorsión, denunciado por violencia política de género e incluso por amenazas de muerte, el presidente municipal Diego Rivera enfrenta algo mucho más vergonzoso: ayer, después de conocerse que había sido detenido por autoridades federales y trasladado a la Ciudad de México junto con su comisario y dos colaboradores más, la gente celebró.
Los festejos comenzaron por la tarde y continuaron durante la noche; bailes en las calles y la plaza principal, con música en vivo.
Ese es el mayor castigo para un joven político de Morena que apenas en diciembre había sido defendido por varios personajes de su partido que aseguraban que el alcalde era inocente de los señalamientos que contra él hicieron industriales, comerciantes e incluso trabajadores del Ayuntamiento que presidió.
¿Será sentenciado y condenado por los delitos que se le imputan? Eso no puede saberse ahora. ¿Está realmente relacionado con el crimen organizado, tal como aseguran habitantes de Tequila? Tampoco puede sostenerse sin pruebas esa acusación.
Pero lo que es verdad y urge que los partidos políticos y la ciudadanía se concienticen, es terminar con la superficialización del ejercicio público. Porque Diego Rivera solicitó al gobierno del Estado un adelanto del presupuesto para el 2026 porque al finalizar el año pasado, no tenía recursos para cubrir los pagos de los trabajadores públicos, pero en medio de esa escasez de recursos, rifó un vehículo para promover a Morena e incurrió en lo que parecen delitos electorales.
El daño que le causó a Tequila todavía debe medirse, porque el este presidente municipal –que ya no volverá al cargo– hizo retroceder a una ciudad que no debió tenerlo como alcalde.

El alcalde de Tequila

Ayer se hizo público un oficio, numerado 104/2025, en el que Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud del Estado, se dirige al secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, para que se instruya el uso del cubrebocas en las escuelas de educación básica de la mayoría de los municipios del Área Conurbada de Guadalajara, ante el incremento de contagios de sarampión. Regresan los cubrebocas a las escuelas.
Esta medida preventiva y protectora, nos remite inmediatamente a la pandemia de Covid-19, cuando la actividad escolar –si la había– estaba marcada por el uso del cubrebocas entre alumnos, maestros y personal administrativo y auxiliar de todas las escuelas.
La medida puede tomarse como una señal de alarma, pero no debe interpretarse como acto desesperado o que exprese falta de control en el brote de sarampión.
Hasta ayer, las cifras oficiales indicaron que en Jalisco había mil 776 contagios y dos personas habían fallecido a causa del sarampión. Sin embargo, diferentes autoridades sanitarias (Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, personal de los Hospitales Civiles), han insistido en colaborar en la vacunación intensiva. La expectativa es que en el plazo de un mes, al menos dos millones de jaliscienses hayan quedado vacunados para cerrar así, definitivamente, el paso al sarampión. El Estado habrá quedado inmunizado.
Mientras eso sucede, tiene lógica una medida como la del cubrebocas. 
Para no caer en una percepción de alarma, debe considerarse que el brote de sarampión no es exclusivo de Jalisco; está ocurriendo en varios estados de la república. Y tampoco es México el país donde reapareció el sarampión, sino que se trata de un fenómeno reportado desde el año 2024; de hecho, podría decirse que el brote de sarampión reinició en Estados Unidos y de ahí “bajó” a nuestro país dado el intenso tránsito diario de personas en nuestra frontera.
En todos los niveles de gobierno se hace el esfuerzo para facilitar la vacunación y todas las instancias públicas de salud ofrecen la vacuna de manera gratuita. No hay tiempo qué perder.
Ayer, en este mismo espacio, se hizo referencia a algunas autoridades que, seguramente confundiendo prioridades, le solicitaron a brigadas de vacunación cambiar de ubicación. También se recordó que tal como lo han reportado las autoridades de Salud Jalisco, se han encontrado con un porcentaje importante de personas que rechazan la vacuna por desconfianza o creencias infundadas. 
Por lo pronto, lo más importante es colaborar. Los estudiantes de educación básica en Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco e Ixtlahuacán, deben acudir a la escuela con cubrebocas. No es un asunto de alarma ni de polémica. Es una medida de prevención. No sustituye a la vacuna, pero es muestra de que las secretarías de gobierno están activas en el proceso de eliminación del brote.

El regreso de los cubrebocas a las escuelas

Después de la traumática experiencia que nos dejó la pandemia del Covid-19 entre los años 2020 y 2023, es natural que la sociedad esté mucho más sensible ante los brotes de enfermedades contagiosas. Es lo que acontece actualmente con el brote de sarampión, que ha convertido a Jalisco en la entidad federativa con más contagios registrados en lo que va del año 2026.
Sin embargo, tratándose de un virus antiguo y conocido, la solución está a corta distancia: una vacunación intensa que de acuerdo con la Secretaría de Salud Jalisco, debe alcanzar a dos millones de jaliscienses para cercar así la difusión del virus, altamente contagioso.
Sin embargo, en esta experiencia de reaparición del sarampión (ya era un padecimiento que se consideraba desaparecido), han ocurrido fenómenos que merecen toda la atención de las autoridades para reparar ciertos “vicios sociales” que pudieran costar mucho en casos de otras enfermedades contagiosas y posibles nuevos brotes.
Este 3 de febrero, la responsable del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, Karla Guadalupe López, dio a conocer que en Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, las brigadas de vacunación han sido retiradas por policías municipales que les exigen permisos específicos y les argumentan que obstruyen la vía pública.
Es una reacción increíble (por decir lo menos) de los policías preventivos, cuando justo estos dos municipios figuran entre los que tienen una tasa más alta de contagio en el Área Conurbada de Guadalajara.
Evidencian desconocimiento y prioridades invertidas: la salud de la comunidad es mucho más importante que el tránsito de personas en la vía pública.
Otro fenómeno reportado por las brigadas de la Secretaría de Salud Jalisco que recorren colonias, barrios y casa por casa para ofrecer la vacuna gratuita, es que muchas personas rechazan ser vacunadas por los prejuicios que se han extendido desde hace años en redes sociales y grupos de chat; son los “antivacunas”, que desconocen el riesgo de su práctica, no solo para ellos sino también para el resto de la comunidad.
¿Cómo resolver dilemas como los anteriores? Evidentemente con otras campañas: las de información. Deben ser permanentes y exhaustivas, pues deben combatir la desinformación que se extiende en las redes sociales y que encuentra víctimas entre las personas desinformadas y ávidas de teorías conspirativas.
El brote de sarampión nos ha mostrado que debe reactivarse el trabajo de capacitación e información entre autoridades, para que faciliten y no obstaculicen una labor fundamental para la comunidad: vacunar. Y también la información permanente entre la población.

Sarampión y vacunación

Adán Augusto López dejó, por fin, la coordinación de los senadores de Morena en la Cámara Alta. Al anunciar esta decisión que lo relega de uno de los círculos del poder más altos a nivel nacional, aseguró que se va a trabajar en Morena con miras a la elección de 2027, al mismo tiempo que sigue desempeñando su cargo como miembro del Senado.
Su salida de la coordinación, sin embargo, es un fenómeno que desencadena varias consecuencias: muchos proyectos políticos, como el de su muy cercana Andrea Chávez y muchos otros políticos morenistas, a nivel nacional, cambian de ruta o de plano, desbarrancan.
Hay una consecuencia inmediata que todos pueden leer: que Adán Augusto López salga de la parte más alta de la pirámide del poder, le da oportunidad de mayor empoderamiento al núcleo político que rodea a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Para todos los interesados en el comportamiento político, es claro que el desplazamiento de López Hernández es un triunfo para la presidenta Sheinbaum Pardo, aunque ella afirme públicamente que el senador decidió voluntariamente retirarse de la coordinación.
¿Por qué es tan importante el caso de Adán Augusto?
Primero, por el enorme poder que llegó a acumular. Fue nada menos que secretario de Gobernación en el segundo período de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo llegó a describir públicamente como “mi hermano”. Y no sólo fue titular de Gobernación con evidente influencia en el país, sino que se convirtió también en una de las “corcholatas”, los así bautizados por el mismo López Obrador y por poco, llega a ser presidente de la república. Pero la historia que todos conocemos terminó de otra manera, con la elección de Claudia Sheinbaum.
Y segundo, el lado negativo más conocido de Adán Augusto: con el apoyo de Morena y López Obrador ganó la gubernatura de Tabasco y ahí, llevó a la Secretaría de Seguridad a uno de sus socios y colaboradores de años, Hernán Bermúdez Requena, que desde su posición gubernamental encabezó un cártel del crimen organizado: La Barredora. Aunque diga que nunca se enteró de conductas delictivas, el exgobernador Adán Augusto es responsable por el nombramiento y por las consecuencias delictivas… de las que no ha sido sujeto de investigación siquiera.
Con la salida de Adán Augusto se confirma el empoderamiento presidencial, pero no parece que “el hermano” del expresidente López Obrador vaya a caer en desgracia, sino que sólo baja unos escalones en la pirámide del poder. Durante los próximos cinco años gozará de fuero y será senador; y quién sabe, podrían ocurrir muchas cosas en el contexto de las elecciones 2027 y lo que siga hasta las presidenciales de 2030.

Lo que desencadena Adán Augusto López

Apenas unas horas después de haber tenido una nueva llamada con Donald Trump y asegurar que se avanza en acuerdos comerciales, fronterizos y de combate al narcotráfico, la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, se enfrentó a otro dilema: La amenaza de aplicación de aranceles por la ayuda que se le está prestando a Cuba.
Públicamente, la presidenta anunció que ya buscó un acercamiento con el secretario de Estado de los Estados Unidos, de origen cubano por cierto, Marco Rubio, para delimitar las advertencias o amenazas del presidente Donald Trump.
En su argumentación para los ciudadanos mexicanos, la presidenta del país indica que México siempre ha promovido una política de apoyo en situaciones de desgracia y Cuba está a punto de enfrentar una crisis humanitaria por la crisis económica y energética que atraviesa.
Sin embargo, es conocida la inclinación ideológica de la 4T en favor del gobierno cubano, que con toda precisión puede ser considerado una dictadura y que ha provocado en buena medida, los problemas a los que se enfrentan los habitantes de esta isla.
México, igual que antes lo hizo Venezuela, se había convertido en una fuente de energía, entregando a Cuba millones de barriles de petróleo crudo, que las autoridades cubanas convertían en energía para el uso cotidiano.
Después que el gobierno de Donald Trump tomó abiertamente el petróleo venezolano y le cerró esta fuente energética al gobierno de Miguel Díaz-Canel, México era el último recurso para la nación insular. La presión para cerrar esa fuente de petróleo alcanza ya la posibilidad de que se afecte a la economía nacional y también, la relación bilateral con Estados Unidos, fundamental para nuestro país.
La pregunta es totalmente válida: ¿Hasta dónde debemos ayudar a Cuba? De por sí, ya hay críticas porque unilateralmente y sin consultar a los mexicanos, se han entregado recursos nacionales para ayudar al gobierno cubano; ¿es válido arriesgarnos a sufrir un nuevo menoscabo económico a nivel nacional, a causa de los aranceles, por apoyar a un régimen antidemocrático en una nación vecina?
Apoyar en una crisis humanitaria, siempre será ética y moralmente correcto, pero la pregunta sigue siendo válida: ¿A costa de qué y en beneficio de quiénes?

¿A costa de qué, hay que apoyar a Cuba?

Miguel De La Rosa Figueroa

Operación Enjambre, sin distingo de partidos

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Tequila: la responsabilidad que antecede a la reacción

Las crisis no paran en Palacio Nacional. El coordinador de asesores de la presidenta Sheinbaum, Jesús Ramírez Cuevas, ha sido acusado de contubernio con un líder del huachicol nada menos que por uno de los personajes más cercanos a Andrés Manuel López Obrador cuando fue presidente del país, Julio Scherer Ibarra, quien ocupó en Palacio Nacional el cargo de asesor jurídico que, se sabía, era uno de los hombres de confianza del entonces mandatario.
El golpe es tremendo.
En la 4T desacreditan siempre las críticas y los ataques que provienen de la oposición, ¿pero, qué harán ahora la presidenta Sheinbaum y su coordinador de asesores cuando el señalamiento viene de uno de los personajes que más información manejó durante el gobierno del venerado fundador Andrés Manuel?
De entrada, el mismo Ramírez Cuevas ya salió a responder que todo es falso. Exige pruebas.
Seguramente, como coordinador de asesores y uno de los creadores de la línea discursiva de la presidencia, pondrá en marcha una potente campaña en redes sociales para acabar con la credibilidad que pueda tener Julio Scherer. Se puede dar por descontado que aparecerán historias terribles que inculpen al ex consejero jurídico lopezobradorista.
Pero este nuevo episodio de la lucha en la cúpula morenista del poder no puede distraer de lo evidente.
Las acusaciones contra Jesús Ramírez Cuevas apuntan a su relación con Sergio Carmona, uno de los principales traficantes de combustible robado en el país durante el sexenio obradorista. Misteriosamente asesinado en Nuevo León en 2021, se afirma que Carmona aceptar haber iniciado un proceso de colaboración con la DEA, para dar a conocer sus nexos y relaciones con personajes de la 4T, entre éstos precisamente Ramírez Cuevas.
Lo más irónico de este nuevo escándalo es que ninguna de las informaciones que se ventilan en el libro “Ni venganza, ni perdón” –que seguramente se leerá mucho más que el último volumen de López Obrador– son revelaciones. Todo se conocía, sólo que no había sido afirmado por uno de los integrantes del núcleo del poder de la 4T.
A la presidenta Sheinbaum se le complican excesivamente las cosas.
Mientras siguen revelándose a sus exigencias personajes como Saúl Monreal, Manuel Velasco y los “aliados” del Verde y el Partido del Trabajo; mientras se acumulan los obstáculos a sur proyecto de reforma electoral y está en puerta la revisión del T-MEC, siguen también las luchas intestinas en Morena. 
Apunta a complicarse el segundo año del gobierno federal.

Terremoto con epicentro en Palacio Nacional