Héctor Ruiz López

México cerró 2025 con una constante que se resiste a ceder: alta percepción de inseguridad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, casi dos de cada tres personas consideran inseguro vivir en su ciudad. El dato confirma que la inseguridad se ha normalizado como parte del paisaje cotidiano del país. No se trata de un episodio coyuntural ni de una mala racha: es un fenómeno estructural que atraviesa gobiernos, discursos y estrategias.
Este contexto nacional es indispensable para entender lo que ocurre en lo local. El promedio nacional —63.8% de percepción de inseguridad— funciona como un piso de comparación, no como una excusa (media nacional). Si bien el entorno es adverso, los datos muestran con claridad que no todos los municipios reaccionan igual ni generan las mismas experiencias ciudadanas. La inseguridad se percibe, pero también se administra.
En Jalisco, particularmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, los números obligan a una reflexión incómoda. Municipios como Guadalajara y Tlajomulco no solo se ubican por encima del promedio nacional, sino que se colocan entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad del país de acuerdo al ENSU. Esto significa que el problema no puede atribuirse únicamente al “contexto nacional”. Hay factores locales —decisiones de gobierno, capacidades institucionales, control territorial y gestión urbana— que inciden directamente en cómo la ciudadanía vive y evalúa su entorno.
Otros municipios metropolitanos, como Zapopan o Tonalá, presentan cifras menores al promedio nacional. Sin embargo, la lectura tampoco es plenamente positiva. No hay una mejora sostenida ni un quiebre claro respecto al pasado. Lo que muestran los datos es contención del deterioro, pero no transformación. Algunos optimistas dirían, en un país donde la inseguridad es la norma, no empeorar puede considerarse un logro; sin embargo, mejorar de manera consistente sigue siendo el gran pendiente.
En contraste, Puerto Vallarta presenta niveles de percepción de inseguridad por debajo del promedio nacional. Este municipio demuestra que el contexto no determina por completo el resultado. Incluso bajo las mismas condiciones generales, existen realidades locales distintas que obligan a replantear la idea de que la inseguridad es inevitable.
La ENSU permite una lectura más profunda: la percepción de inseguridad no se construye solo a partir del delito. Se alimenta del estado de las calles, del alumbrado, del transporte, del suministro de agua y de la presencia —o ausencia— de autoridad. Cuando lo básico falla y el espacio público se deteriora, la inseguridad se vuelve una experiencia integral: no es solo miedo al crimen, es desconfianza en el gobierno y sus autoridades.
A poco más de un año del inicio de las nuevas administraciones municipales, los datos sugieren que, en la mayoría de los casos, no se ha logrado modificar de manera significativa la percepción ciudadana. La ciudadanía evalúa rápido, no tanto por resultados estructurales, sino por señales de rumbo, capacidad y control. Allí donde se logra ordenar la ciudad y garantizar servicios, la percepción mejora o se contiene; donde no, el promedio nacional deja de ser un escudo y se convierte en un espejo incómodo.
En materia de seguridad, lo que la gente siente termina siendo tan relevante como lo que las cifras oficiales reportan. Y hoy, ese sentimiento sigue diciendo que algo, en muchos gobiernos locales, no está funcionando como debería.

Héctor ruiz

Trabucos de la inseguridad

La salida de Adán Augusto López de la coordinación de los senadores de Morena nos obliga a reflexionar sobre este movimiento. Que más que un relevo burocrático, es un síntoma político, un indicio de tensión y una clave para comprender la dinámica interna del actual proyecto de poder en México. Aquí dejo algunas de las lecturas posibles sobre su relevo.
La versión oficial de Adán Augusto es que deja el cargo para concentrarse en actividades partidistas, una explicación que resulta insuficiente, pues no alcanza a explicar por sí sola los condicionantes políticos que rodean esta decisión.
Es relevante situar este anuncio en su contexto temporal y político. Veamos, ayer tras haber concluido una reunión en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum y los líderes de Morena en el Congreso —incluido Adán Augusto López—, se anunció su salida como coordinador de la bancada senatorial.
La coincidencia con ese encuentro invita a explorar una lectura más profunda sobre la dinámica interna de poder en Morena. La figura de Adán Augusto ha sido, desde siempre, ambivalente dentro del proyecto político del partido. Hombre ligado a Andrés Manuel López Obrador, su permanencia en la coordinación parlamentaria había sido interpretada como una forma de garantizar la continuidad del estilo de liderazgo del expresidente dentro del Congreso.
Sin embargo, ese posicionamiento también lo volvió vulnerable. En 2025, su gestión al frente de la bancada morenista estuvo marcada por polémicas que trascendieron el ámbito legislativo: la detención de uno de sus excolaboradores en Tabasco, así como cuestionamientos sobre su papel en negociaciones clave dentro del Senado, tensaron su liderazgo y generaron dudas abiertas sobre su capacidad para conducir a la mayor fuerza parlamentaria en un momento de debates delicados como los de la reforma electoral.
Lejos de tratarse de una renuncia estrictamente personal, la salida de Adán Augusto puede entenderse como resultado de un reacomodo estratégico interno en Morena. Es plausible que la coordinación legislativa haya dejado de ser un espacio de plena confianza política para la Presidencia y que, en un intento por reconfigurar el poder interno, se haya optado por dar mayor protagonismo a un operador más alineado con la agenda de Sheinbaum y menos condicionado por lealtades con el expresidente.
Ignacio Mier Velazco no necesariamente es un cuadro del lopezobradorismo duro, ni un alfil personal de AMLO como sí lo fue Adán Augusto. Políticamente, Mier se le ubica en una zona más institucional, pragmática y negociadora, y hoy mucho más cercana a la presidenta Sheinbaum que al círculo histórico del expresidente.
Pero esto no necesariamente implica una ruptura declarada con el lopezobradorismo, sino un desplazamiento táctico en el tablero político del partido: el tránsito de una conducción compartida entre el obradorismo duro y una nueva etapa hacia una lógica más centrada en la estrategia presidencial actual, propia del post-lopezobradorismo.
En términos prácticos, la decisión podría aliviar tensiones legislativas futuras en torno a temas críticos —como la reforma electoral, la integración de órganos jurisdiccionales o los acuerdos presupuestales—, pero también podría inaugurar un nuevo equilibrio de fuerzas dentro del bloque gobernante, con menor influencia de figuras asociadas al expresidente y una mayor consolidación del liderazgo de la presidenta Sheinbaum. Este movimiento abre la puerta a una lectura estratégica sobre cómo se reconfigura el liderazgo dentro del partido gobernante, cómo se negocian las lealtades y qué visión del poder comienza a imponerse en la nueva etapa que encabeza la Presidencia de la República.

Adán Augusto: ave de tempestades…

En días recientes se llevó a cabo en Davos, Suiza, la reunión anual del Foro Económico Mundial, un espacio donde las principales voces de la política, la economía y el pensamiento global se dan cita para interpretar las tendencias que marcarán el rumbo del planeta. Este año, la agenda estuvo marcada por tensiones geopolíticas, debates sobre la cooperación internacional y un cuestionamiento profundo al modelo de relaciones que ha imperado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. 
La participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió en una de las más esperadas en el encuentro. Su discurso causó revuelo al reavivar la controversia sobre Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía del Reino de Dinamarca que, por razones estratégicas, ha sido objeto de propuestas estadounidenses de negociación. Aunque Trump aclaró que no buscaría tomar la isla por la fuerza, su insistencia en que Estados Unidos debe asegurar “la seguridad” de la región encendió las alarmas de aliados europeos (países miembros de la OTAN) y de Canadá.
La respuesta más resonante vino del primer ministro canadiense Mark Carney, quien en Davos advirtió que el orden mundial basado en reglas ya no está regresando y llamó a las potencias medianas —como Canadá— a actuar conjuntamente para proteger sus intereses frente a los impulsos unilaterales de grandes potencias —particularmente Estados Unidos—. Sus palabras fueron aplaudidas por la audiencia global y, en contraste, subrayaron la fractura que hoy enfrenta la cooperación transatlántica.
En medio de este escenario, México optó por una participación discreta. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decidió no asistir en persona al foro y en su lugar envió a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, acompañada de la empresaria Altagracia Gómez, para presentar el modelo mexicano de desarrollo con justicia social y sostenibilidad ambiental.
La ausencia de la mandataria en Davos puede interpretarse desde múltiples ángulos. Por un lado, responde a prioridades internas y a una agenda centrada en asuntos domésticos, algo que cualquier jefe de Estado debe equilibrar. Por otro, envía un mensaje más sutil sobre la posición internacional de México en tiempos de tensión geopolítica: un país que prefiere ser escuchado a través de su representación y sus propuestas, antes que exponerse en un escenario de grandes presiones y confrontaciones.
Queda, sin embargo, la pregunta de fondo: en momentos en que se discuten las reglas que regirán el comercio, la cooperación y la seguridad global, ¿cuál debe ser el papel de México? La participación delegada puede ser adecuada para ciertos temas, pero la ausencia de la máxima representación política limita la visibilidad de nuestra postura en un foro donde se configuran alianzas, se negocian intereses y se anticipan tensiones futuras.
Davos no es un escaparate elitista ni un ritual diplomático sin consecuencias: es un termómetro del orden global y de las prioridades de quienes lo construyen. Y en un mundo donde la competencia entre grandes potencias redefine compromisos, economías y alianzas, México tiene mucho más que ganar si está en la mesa de decisiones, y no solo como un actor secundario en la audiencia.

Foro Económico Mundial: el vacío que dejó México

Tal parece que el Gobierno de Jalisco no calculó el verdadero impacto político y social de dos decisiones tomadas desde Casa Jalisco que, en cuestión de días, han generado una intensa polémica en redes sociales, medios de comunicación, sobremesas familiares y charlas de café. La primera fue el incremento a la tarifa del transporte público, que pasó de $9.50 a $14.00 pesos de un solo golpe, lo que representa un aumento del 47.3%. La segunda, estrechamente vinculada a la primera, fue condicionar los descuentos a la obtención de la llamada Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco”, mediante la cual los estudiantes pagarían $5.00 pesos por viaje y el público en general $11.00 pesos.
Es cierto que la tarifa del transporte público llevaba varios años sin actualizarse y también es cierto que los costos de operación —diésel, refacciones, mantenimiento— se han incrementado. Sin embargo, ello no justifica un aumento de esta magnitud ni bajo esta lógica. De hecho, integrantes del propio Comité Tarifario han reconocido públicamente que el dictamen técnico nunca estableció una tarifa de $14.00 pesos, como finalmente lo autorizó el gobernador mediante acuerdo administrativo. Hubiera sido más razonable aplicar incrementos graduales, y no autorizar de una sola vez una tarifa pensada en clave prospectiva, como si ya estuviéramos en el año 2030.
A ello se suma la polémica Tarjeta Única. Conviene aclararlo: no se trata de una tarjeta bancaria, pero sí implica un costo mensual directo para la ciudadanía de $5.45 pesos por tarjeta activa. Considerando que el contrato firmado con la empresa Broxel prevé la emisión de hasta 5 millones de tarjetas, el costo potencial asciende a aproximadamente 27 millones 250 mil pesos mensuales, con cargo al presupuesto estatal. A esto debe añadirse el subsidio al transporte: cada usuario que pague con la tarjeta recibirá $3.00 pesos por viaje, recursos que serán transferidos a los concesionarios. El propio gobierno ha anunciado una bolsa inicial de al menos mil 200 millones de pesos solo para esta parte del subsidio.
Estas decisiones no solo han provocado un amplio malestar social, sino que también han logrado algo poco común: unir a la oposición política. PRI, Morena, PT y PAN se han pronunciado en contra del incremento, al igual que las fracciones locales de Hagamos y Futuro. Incluso en el Congreso del Estado se vivió un episodio inusual, cuando la bancada de Movimiento Ciudadano abandonó el pleno para evitar debatir el tema, hecho duramente criticado por la oposición.
A ello se suma el impulso a la recolección de firmas para solicitar un referéndum sobre el incremento al transporte público. Más allá de su viabilidad jurídica —pues mientras el gobierno sostiene que es inviable, hay quienes afirman que existen criterios de la Suprema Corte que podrían abrir la puerta a su procedencia—, el dato político es claro: el tema ha escalado. Y la pregunta persiste: si el aumento fue autorizado a finales de diciembre, en un periodo prácticamente vacacional, ¿por qué se aplicará hasta abril de 2026? El debate ya no gira solo en torno a la tarifa, sino a la forma, el fondo y las consecuencias de decisiones que, lejos de apagarse, siguen alimentando el descontento social.

Decisiones que incendian la agenda pública en Jalisco

En política, los cambios de gabinete rara vez son neutros. No son simples relevos administrativos ni ajustes rutinarios: son mensajes. A veces dirigidos hacia afuera, otras hacia dentro, pero siempre cargados de significado. Por eso, el anuncio —o la anticipación— de al menos cinco cambios en el gabinete del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus merece una lectura más profunda que la simple lista de nombres que eventualmente se dará a conocer.
Toda administración arranca con inercias, herencias y equilibrios forzados. El actual gobierno de Jalisco no ha sido la excepción. Varios de los perfiles que hoy ocupan posiciones clave provienen directamente de la administración anterior encabezada por Enrique Alfaro, con trayectorias, lealtades y estilos más asociados al alfarismo que al propio proyecto político de Pablo Lemus. Durante los primeros meses, esa convivencia pudo explicarse como un ejercicio de transición responsable. Sin embargo, con el paso del tiempo, la pregunta es inevitable: ¿Hasta cuándo se gobierna con gabinete heredado?
Los puntos débiles del actual gobierno han comenzado a dibujarse con claridad. El caso del SIAPA es quizá el más evidente: problemas estructurales no resueltos, decisiones impopulares, comunicación deficiente y una sensación persistente de desgaste institucional. A ello se suma una relación con el Congreso que, si bien no ha derivado en ruptura, tampoco ha logrado consolidar consensos sólidos ni una narrativa de coordinación eficaz. Y, por supuesto, la inseguridad sigue siendo un pendiente que atraviesa al gobierno sin distinción de colores ni discursos. Aquí se concentran, probablemente, algunos de los cambios más relevantes.
Hay además carteras que han pasado prácticamente desapercibidas. Dependencias que no generan conflicto, pero tampoco resultados visibles. Ni de día ni de noche. Secretarías que sobreviven en la inercia administrativa, sin proyecto propio ni impacto público. En política, la irrelevancia también cuenta como fracaso. Identificar esos ajustes corresponderá exclusivamente al pulso y la visión que el gobernador decida imprimir a su administración.
En ese contexto, los cambios anunciados —o por anunciarse— pueden leerse como algo más que una corrección de rumbo. Pueden interpretarse como un intento por consolidar un lemusismo propio, diferenciado, con identidad política y capacidad de mando. Gobernar no es solo administrar, es liderar. Y liderar implica rodearse de personas que compartan visión, estrategia y compromiso con el proyecto en curso, no con el pasado.
No se trata de descalificar trayectorias ni de romper por romper. Pero sí de entender que los gobiernos se evalúan por resultados y que, cuando estos no llegan, los relevos se vuelven inevitables. En ese sentido, los cambios no serían una señal de debilidad, sino de reconocimiento de la realidad.
La pregunta de fondo no es quién se va o quién llega, sino qué mensaje quiere enviar el gobernador. Si los movimientos confirman una reconfiguración del poder interno, entonces estaremos ante el inicio de una nueva etapa: la del gobierno que deja de administrar inercias y comienza, por fin, a gobernar con sello propio. En política, a veces cambiar personas es la única forma de cambiar el rumbo. Y no hacerlo, suele ser la decisión más costosa de todas.

Cambios en el gabinete de Pablo Lemus

Comienza un nuevo año y con él, nuevas expectativas, retos y dinámicas en la vida política de Jalisco. Aunque las elecciones intermedias se celebrarán hasta 2027, el calendario político ya empezó a correr. Conviene recordarlo: históricamente, en este tipo de elecciones la participación ciudadana disminuye. Al no estar en juego la Presidencia, el Senado o la gubernatura, acude a votar menos gente. En ese contexto, cada voto cuenta más y cada decisión de gobierno pesa el doble.
Cuando la participación baja, el margen de error se reduce. Las estrategias de comunicación y de política pública deben ser particularmente cuidadosas. No se trata de evitar decisiones difíciles, sino de tomar decisiones correctas, oportunas y socialmente sostenibles; de lo contrario, los costos políticos se acumulan y terminan reflejándose en las urnas.
Un ejemplo reciente es el incremento a la tarifa del transporte público en Jalisco, que en términos reales representa un aumento del 47.3%, al pasar de 9.50 a 14 pesos. El Gobierno del Estado ha anunciado una tarifa preferencial de 11 pesos para quienes tramiten la tarjeta “Única al Estilo Jalisco”, pero más allá del anuncio, el reto operativo y social es enorme.
De acuerdo con el propio Gobierno de Jalisco, se realizan alrededor de 3.1 millones de viajes diarios entre tren ligero, Mi Macro, rutas alimentadoras y camiones. En contraste, la meta oficial es tramitar 1.5 millones de tarjetas, para las cuales se han destinado aproximadamente mil 200 millones de pesos en subsidios.
Las cifras generan dudas razonables. No se trata solo de cuántas tarjetas se emitirán, sino de si es viable hacerlo en tiempo récord, si la cobertura será suficiente y si el beneficio alcanzará a la mayoría de los usuarios cotidianos del transporte público.
Y aquí el análisis vuelve al punto de partida. En un contexto de inseguridad persistente, dificultades económicas, problemas de empleo y servicios públicos bajo presión, decisiones como el aumento al transporte no se evalúan de forma aislada. Se suman, se acumulan y terminan por reflejarse en el ánimo social.
En elecciones intermedias, ese ánimo pesa. Mucho. El descontento no necesita ser mayoritario para ser decisivo; basta con ser intenso en sectores estratégicos del electorado. Por eso, más que anunciar medidas, el reto del gobierno será convencer, operar con eficacia y evitar que los pendientes se conviertan en lastres políticos. En política, como en el transporte público, cuando se pierde el rumbo, el costo lo paga quien va a bordo.
No perdamos de vista este inicio de año. Grupos ciudadanos, estudiantes y partidos de oposición ya han manifestado su rechazo a un incremento tan elevado. Las movilizaciones han comenzado y es previsible que, cuando el aumento se materialice plenamente, existan costos políticos que asumir. Habrá un porcentaje significativo de la población que, por saturación o ineficacia en los procesos de expedición de la tarjeta, no logre obtenerla a tiempo y termine pagando la tarifa más alta. Ese descontento, acumulado desde ahora, difícilmente pasará desapercibido.

Tarifas, descontento y elecciones

Como si se tratara de una broma del Día de los Santos Inocentes, el gobernador de Jalisco anunció el incremento a la tarifa del transporte público. Un incremento del 47.3%, que llevará el pasaje de $9.50 a $14 pesos. Nada menor. Nada simbólico. Un golpe directo al bolsillo de quienes menos tienen, de quienes dependen del transporte público para estudiar, trabajar o simplemente llegar a su destino.
Es cierto: durante años no hubo una actualización a las tarifas del transporte. Ese argumento es real y atendible. Pero una cosa es reconocer una deuda histórica y otra muy distinta es pretender saldarla toda de un solo golpe, con un incremento muy cercano al 50%, completamente fuera de proporción y de lógica social. Distinto habría sido anunciar ajustes graduales, anuales y apegados a la inflación.
El transporte público no es un lujo ni un servicio accesorio; es un derecho y una necesidad para la movilidad y una condición básica para el desarrollo urbano. En grandes ciudades, donde el poder adquisitivo se ha visto mermado por el encarecimiento general de bienes y servicios, elevar de manera tan abrupta el costo del transporte impacta directamente en la calidad de vida de los usuarios.
Paradójicamente, una tarifa tan elevada genera el incentivo contrario al que cualquier política moderna de movilidad debería perseguir: muchas personas podrían concluir que resulta más rentable adquirir una motocicleta o incluso un automóvil usado que pagar diariamente un transporte público cada vez más caro. El resultado es previsible: más vehículos en circulación, mayor congestión, más contaminación y una ciudad todavía más caótica. La movilidad deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio.
Para dimensionar el despropósito, basta una comparación sencilla. En la Ciudad de México, el pasaje cuesta $9.50 pesos, tras el incremento anunciado el pasado 1 de noviembre (antes costaba $7.50). Un sistema que —hay que decirlo con honestidad— cuenta con una red de transporte público ampliamente superior en términos de interconexión, cobertura y opciones.
A ello se suma un elemento particularmente preocupante: el gobernador anunció que quienes cuenten con la tarjeta “Al estilo Jalisco” pagarán 11 pesos, mientras que el resto deberá cubrir los 14 pesos completos. El mensaje implícito es claro: si te afilias, pagas menos; si no lo haces, asumes el castigo. Se introduce así una lógica peligrosa de ciudadanos de primera y de segunda, condicionando el “subsidio” a un servicio público esencial a la adhesión —explícita o implícita— a un programa de gobierno, que promociona la adquisición de una tarjeta o monedero electrónico.
El debate de fondo no es si el transporte público debía o no actualizar su tarifa. La verdadera discusión es cómo, cuánto y para quién. De entrada, es evidente que un ajuste de esta naturaleza no es una decisión sencilla para ningún gobierno. Sin embargo, el porcentaje autorizado abre un legítimo cuestionamiento sobre la proporcionalidad de la medida y sobre si el impacto social fue ponderado con la sensibilidad que un servicio público esencial exige.

Regalo de fin de año: aumento al transporte público

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado recientemente un paso que, por su trascendencia, merece una reflexión seria y crítica. Bajo el argumento de garantizar la “justicia material”, la Corte —la autodenominada Corte “electa por el pueblo”— ha validado la creación de una figura procesal que denomina nulidad de juicio concluido. En los hechos, se trata de una vía extraordinaria para reabrir sentencias firmes, lo que implica una afectación directa al principio de cosa juzgada, uno de los pilares del Estado constitucional de derecho.
Una de las explicaciones públicas de esta figura fue dada por la ministra Lenia Batres, quien sostuvo que la nulidad de juicio concluido permitiría anular sentencias definitivas cuando éstas se hayan obtenido mediante pruebas falsas o actos fraudulentos. Según su argumento, esta acción evitaría que la cosa juzgada se convierta en refugio de decisiones injustas y funcionaría como un mecanismo para combatir la corrupción judicial y el fraude procesal, sobre todo cuando los medios ordinarios de impugnación ya se encuentran agotados.
El razonamiento, en apariencia, resulta atractivo: ¿Quién podría oponerse a que se corrijan sentencias basadas en pruebas falsas? Sin embargo, el problema no está en la intención declarada, sino en las consecuencias institucionales de abrir una puerta tan peligrosa. La cosa juzgada no es un capricho del formalismo jurídico; es la garantía de certeza, estabilidad y seguridad jurídica. Sin ella, ningún proceso termina realmente y ningún derecho queda plenamente protegido.
La propia ministra reconoce —aunque de manera contradictoria— que la cosa juzgada existe para evitar que los litigios se prolonguen indefinidamente y para dotar de definitividad a las decisiones judiciales. El problema es que, con esta nueva figura, la excepción amenaza con convertirse en regla. Bastará alegar, ex post, que una prueba fue falsa o que existió simulación procesal para intentar reabrir cualquier juicio concluido, incluso años después.
Aquí radica el verdadero riesgo: una Corte políticamente alineada o ideológicamente comprometida podría utilizar esta herramienta para revisar, revertir o anular decisiones que no le resulten convenientes, bajo el pretexto de supuestas irregularidades probatorias. El estándar para determinar qué es una “prueba falsa” o un “acto fraudulento” queda peligrosamente abierto, sujeto a la discrecionalidad del órgano que juzga.
En un contexto como el actual, donde la integración de la Suprema Corte ha sido cuestionada —no solo por el mecanismo de elección, sino por el uso generalizado de “acordeones” que condicionaron la voluntad del electorado—, otorgar a ese mismo órgano la facultad de reabrir sentencias firmes es, cuando menos, alarmante. La independencia judicial no solo debe existir al momento de dictar sentencia, sino también al decidir si una sentencia puede o no sobrevivir en el tiempo.
La cosa juzgada es el punto final del conflicto jurídico; es la promesa que hace el Estado a los ciudadanos de que, una vez agotados los recursos, el litigio termina. Debilitarla es debilitar la confianza en el sistema de justicia. Si las sentencias pueden ser reabiertas indefinidamente, el derecho se vuelve provisional, la seguridad jurídica se diluye y la justicia se transforma en un terreno movedizo, sujeto a la correlación de fuerzas del momento.
Combatir la corrupción judicial es indispensable, pero hacerlo a costa de dinamitar los principios estructurales del proceso es un error que puede salir muy caro. El remedio, en este caso, corre el riesgo de ser más peligroso que la enfermedad. Y cuando una Corte empieza a relativizar la cosa juzgada, lo que está en juego no es un juicio en particular, sino la certeza misma del orden constitucional.

Adiós a la cosa juzgada

Isaura Amador

Cumplir con lo esencial

Federico Torres López

Solidaridad exterior y deuda interna: el dilema político de México frente a Cuba

Luis Cisneros Quirarte

El compañero Leo

Jonás

La pendiente reforma electoral

Mario Muñoz de Loza

Mensajes desde Palacio

Aunque las elecciones intermedias se celebrarán hasta junio de 2027, el proceso político ya comenzó. Las reformas, los reacomodos y las declaraciones recientes no son casualidad: son los primeros movimientos en un tablero que empieza a configurarse.
La tan anunciada reforma electoral federal, que en algún momento parecía prioritaria en la agenda legislativa, hoy se ha ido desdibujando entre jaloneos internos dentro de la llamada Cuarta Transformación. Los consensos no han sido sencillos y el impulso político inicial se ha diluido ante la necesidad de mantener equilibrios internos. Eso, en sí mismo, ya es una señal: el bloque gobernante no es monolítico y las decisiones estratégicas pasan por negociaciones cada vez más complejas.
En paralelo, los partidos han comenzado a mover fichas. El caso más ilustrativo se encuentra en San Luis Potosí, donde el Manuel Velasco del Partido Verde destapó a la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, como posible candidata a la gubernatura en 2027. El episodio ha reavivado el debate sobre el nepotismo político, un tema que incluso desde la Presidencia se ha dicho que debería evitarse, pero que en la práctica sigue generando tensiones dentro de la coalición oficialista.
Morena, por su parte, ha comenzado a reorganizar estructuras estatales rumbo a 2027. Más allá de los nombramientos formales, lo que se observa es un desplazamiento paulatino de perfiles asociados al lopezobradorismo hacia cuadros más alineados con la presidenta Claudia Sheinbaum. No se trata de una ruptura abierta, sino de una reconfiguración natural del poder en una nueva etapa del proyecto político.
En lo local, Jalisco no es ajeno a esta dinámica. Las diferencias entre el emecismo y el morenismo se han endurecido. Desde el Congreso local se ha escuchado ya que “la cortesía política se acabó”, frase que sintetiza el nuevo clima legislativo. Esto no es menor: en un contexto donde se requieren mayorías calificadas para aprobar reformas constitucionales —como la reforma judicial o la segunda etapa de los cambios en materia de transparencia—, la tensión política puede convertirse en obstáculo o en moneda de negociación.
La política preelectoral no comienza el día que arranca la campaña; comienza cuando los actores deciden posicionarse, medir fuerzas y marcar distancia. Los reacomodos en el gabinete, las disputas por candidaturas y los discursos más duros no son episodios aislados: son señales de que los juegos rumbo a 2027 ya están en marcha.
La pregunta no es si habrá confrontación. La pregunta es cómo se administrará. Porque cuando la competencia política se adelanta demasiado, la gobernabilidad suele pagar el precio.

Comienza la lucha rumbo al 2027