Jonás

Con maneras suaves, pero firmes, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió finalmente a los retos que le están lanzando “los rebeldes” de su partido y del bloque aliado. Cuestionada sobre el destape que lanzó el senador Manuel Velasco para postular Ruth González a como candidata inevitable a la gubernatura de San Luis Potosí, apuntó que Morena debe considerar si mantiene esa alianza.
Ruth González, esposa del gobernador potosino Ricardo Gallardo, es el proyecto político de su marido pero también del Partido Verde.
Y como ella, muchos otros personajes han advertido que no respetarán la prohibición presidencial para ser candidatos y candidatas a cargos públicos en las elecciones del año 2027.
Junto con Ruth González, también es conocido el caso de Saúl Monreal Ávila, senador morenista y hermano del coordinador de diputados de este partido, Ricardo Monreal. Él ha advertido que si en Morena le impiden ser candidato a gobernador de su natal Zacatecas, sencillamente dejará el partido. Al buscar la gubernatura zacatecana, Saúl pretende suceder en el cargo a su hermano David Monreal; además, en el mismo Estado ya gobernó Ricardo Monreal.
No son estos los únicos casos, aunque sí muy conocidos.
El problema del “nepotismo electoral” en Morena, es tan evidente como lo fue en el pasado con los otros partidos políticos que hoy son oposición. Se trata de un vicio arraigado en el ejercicio de la política mexicana: el poder como patrimonio familiar.
La presidenta Claudia Sheinbaum, que ya había sido derrotada por sus “compañeros” de la 4T al impedirle anular la reelección en 2027, anunció que en Morena no se aceptarán candidaturas para familiares directos de quienes ya ejerzan cualquier cargo público. Pero su determinación es nuevamente retada.
Al sugerir que Morena no haga alianza con el Verde o con el Partido del Trabajo, rompe con su tradicional “cabeza fría”. No manoteó ni alzó la voz, como sí lo hacía en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien seguramente ya ha sido consultado directa o indirectamente por quienes pretenden mantener el poder por la vía familiar.
Sin embargo, la presidenta reaccionó y dejó ver la posibilidad de un escenario de rompimiento. 
En Morena, las voces de quienes ejercen liderazgos reales, están en desacuerdo con desligarse del Verde y el PT, pues la alianza les ha permitido controlar casi todo el poder. Pero quizá el costo se está volviendo muy alto.
La pregunta es pertinente: ¿Podrá Claudia Sheinbaum imponer su voluntad y sus lineamientos electorales?
El escenario luce difícil, sobre todo teniendo en cuante que el mismo López Obrador convirtió a sus hijos en influyentes operadores políticos dentro de Morena y en el gobierno federal. Andrés Manuel López Beltrán, no hay que olvidarlo, es uno de los aspirantes presidenciales para el 2030.

Respuesta presidencial a los rebeldes

Las crisis no paran en Palacio Nacional. El coordinador de asesores de la presidenta Sheinbaum, Jesús Ramírez Cuevas, ha sido acusado de contubernio con un líder del huachicol nada menos que por uno de los personajes más cercanos a Andrés Manuel López Obrador cuando fue presidente del país, Julio Scherer Ibarra, quien ocupó en Palacio Nacional el cargo de asesor jurídico que, se sabía, era uno de los hombres de confianza del entonces mandatario.
El golpe es tremendo.
En la 4T desacreditan siempre las críticas y los ataques que provienen de la oposición, ¿pero, qué harán ahora la presidenta Sheinbaum y su coordinador de asesores cuando el señalamiento viene de uno de los personajes que más información manejó durante el gobierno del venerado fundador Andrés Manuel?
De entrada, el mismo Ramírez Cuevas ya salió a responder que todo es falso. Exige pruebas.
Seguramente, como coordinador de asesores y uno de los creadores de la línea discursiva de la presidencia, pondrá en marcha una potente campaña en redes sociales para acabar con la credibilidad que pueda tener Julio Scherer. Se puede dar por descontado que aparecerán historias terribles que inculpen al ex consejero jurídico lopezobradorista.
Pero este nuevo episodio de la lucha en la cúpula morenista del poder no puede distraer de lo evidente.
Las acusaciones contra Jesús Ramírez Cuevas apuntan a su relación con Sergio Carmona, uno de los principales traficantes de combustible robado en el país durante el sexenio obradorista. Misteriosamente asesinado en Nuevo León en 2021, se afirma que Carmona aceptar haber iniciado un proceso de colaboración con la DEA, para dar a conocer sus nexos y relaciones con personajes de la 4T, entre éstos precisamente Ramírez Cuevas.
Lo más irónico de este nuevo escándalo es que ninguna de las informaciones que se ventilan en el libro “Ni venganza, ni perdón” –que seguramente se leerá mucho más que el último volumen de López Obrador– son revelaciones. Todo se conocía, sólo que no había sido afirmado por uno de los integrantes del núcleo del poder de la 4T.
A la presidenta Sheinbaum se le complican excesivamente las cosas.
Mientras siguen revelándose a sus exigencias personajes como Saúl Monreal, Manuel Velasco y los “aliados” del Verde y el Partido del Trabajo; mientras se acumulan los obstáculos a sur proyecto de reforma electoral y está en puerta la revisión del T-MEC, siguen también las luchas intestinas en Morena. 
Apunta a complicarse el segundo año del gobierno federal.

Terremoto con epicentro en Palacio Nacional

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se llevó a su equipo de gobierno a la plaza principal de Tequila, para dialogar con los habitantes comunes del municipio y anunciar una inversión de 500 millones de pesos que se aplicarán en 2026 en diferentes programas. Lo que está haciendo el gobierno estatal es comenzar un proceso de normalización en Tequila después de la crisis provocada por la gestión de Diego Rivera, quien ya tuvo su audiencia inicial y permanecerá en prisión mientras se lleva adelante un juicio en el que se le acusa de extorsión y privación ilegal de la libertad.
Pero más que las acciones de gobierno, porque la tarea también es de “cuesta arriba” para el gobierno municipal, lo que sorprende es lo que dicen los habitantes de Tequila.
A la reunión en la plaza principal asistieron muchas personas que forman parte de la comunidad, que tienen trabajos normales como pequeños comerciantes y que sufrieron verdaderamente, aunque no se atreven a decirlo en público, una arremetida injusta por parte de la administración que encabezó Diego Rivera.
Pero además, cuando la plaza ya estaba vacía de autoridades y representantes gubernamentales, se acercaron para manifestar que desconfían de la presidenta municipal interina, Marisol Rodríguez Rivera, a quien conocen muy poco pero que es identificada como miembro del equipo cercano del ahora alcalde defenestrado y detenido.
En Tequila, en sus calles, es evidente que las personas siguen adelante con sus actividades cotidianas: comercio y turismo, principalmente. Destaca el intenso patrullaje de la Policía del Estado, de la Guardia Nacional. Sólo así se ha conseguido contrarrestar la operación de un enorme equipo de colaboradores que se dedicaron a arrebatarle el dinero a todos los que producían o tenían actividades. 
Pero la desconfianza persiste, y tanto, que hasta la misma presidenta Claudia Sheinbaum anunció en Palacio Nacional que se investigarán los antecedentes de la presidenta municipal elegida el pasado domingo 8 de febrero para sustituir a Diego Rivera.
El gobierno de Pablo Lemus, mientras tanto, se comprometió a mantener permanentemente el apoyo de en seguridad y en programas económicos. Y no será poco tiempo, porque la policía municipal ha sido intervenida y se descubrieron irregularidades que se están subsanando.
Para Jalisco, el reto de normalizar Tequila, como ya se trabaja desde el año pasado en municipios como Teuchitlán y Teocaltiche, es el mensaje de que se pueden recuperar los otros muchos municipios que también padecen el azote de la presencia de la delincuencia organizada, entreverada con los gobiernos municipales. 
Será un trabajo largo.

La normalización de Tequila

El caso de Diego Rivera, ahora expresidente de Tequila y en proceso de juicio por delitos como extorsión, privación de la libertad y los que se acumulen, alcanzó límites inesperados: incluso la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, ha pedido una mayor fiscalización en el uso de recursos económicos en las campañas políticas, pero también a los partidos políticos, al momento de elegir a sus candidatas y candidatos.
Se trata de medidas indispensables, consideró la presidenta, para combatir una realidad que ya no se puede cuestionar: el crimen organizado se infiltró en las campañas electorales, en los partidos políticos y en los gobiernos, en este caso municipales.
El caso de Tequila, uno de los municipios emblemáticos de Jalisco, se convirtió en tema nacional. Se han planteado múltiples análisis y abundan las voces de quienes pretenden probar la presencia de la delincuencia organizada en el entorno de Diego Rivera, incluso antes de que fuera presidente municipal.
Mientras esto ocurre, el gobernador Pablo Lemus anunció que este 10 de febrero acudirá a Tequila junto con su gabinete, para aplicar políticas públicas que apoyen al municipio y a sus habitantes.
¿Pero qué hacemos con la fiscalización solicitada por la presidenta Sheinbaum?
Cuando ella se refiere a “fiscalizar”, hay que interpretar que se trata de medidas severas y sus castigos correspondientes, a los partidos políticos y sus candidatos que utilicen en campaña recursos económicos de origen ilícito o fuera del marco de la ley.
Habría que recordar en este punto, los derroches en la movilización que por todo el país realizaron quienes entonces fueron bautizados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como las “corcholatas”.
Durante décadas, las sanciones aplicadas a partidos políticos y candidaturas que rebasaron los topes de gasto de campaña han sido tardías e ineficaces. Se aplican cuando las elecciones ya terminaron y cuando los sancionados ya son autoridades electas y en funciones.
Además, hay que decirlo con todas sus letras, las dirigencias de los partidos políticos no han aplicado medidas reales para lograr que sus candidatas y candidatos estén probadamente fuera de la esfera de la delincuencia organizada. Y no hay autoridad ni sanción, que los alcance.
Y como prueba de esto, lo que apenas ayer respondió la presidenta de Morena en Jalisco, Erika Pérez García, cuestionada sobre cómo fue electo Diego Rivera como candidato a la presidencia municipal de Tequila: “Yo no era dirigente en ese momento”. No, quien encabezaba al partido era Katia Castillo, hoy diputada federal. Pero no habrá ninguna sanción contra ella.
Hablar sólo de “mayor fiscalización” suena a meros deseos, a un formulismo para el momento crítico.
La realidad que ya se implantó por sí misma y está haciendo más profundas sus raíces es la presencia de la delincuencia organizada y sus recursos económicos, en las campañas políticas, los partidos y la administración pública.

De Tequila, al gobierno de Sheinbaum

La detención de Diego Rivera Navarro, expresidente municipal de Tequila, ha dominado el discurso político y público porque ha desnudado totalmente la presencia del crimen organizado en la vida pública, en el ejercicio de la política y los partidos.
Curiosamente, el mismo día que fue detenido junto con tres de sus colabores más cercanos, la Operación Enjambre dejó más funcionarios detenidos en el Estado de México, pero ninguno de éstos ha trascendido mediáticamente. ¿Por qué? Por el tremendo contenido del caso de Rivera Navarro.
Tremendo, sí, porque con el paso de los días se han revelado más posibles delitos y conductas de abuso por parte del joven Rivera Navarro, incluido el presunto secuestro contra un aspirante a la presidencia municipal, en contubernio con el crimen organizado.
Si se acumulan más denuncias en contra del fallido alcalde de Tequila ya es asunto intrascendente. Lo más grave se sigue expresando en preguntas que no se pueden responder todavía:
&#8211; ¿Cómo es que llegó a la alcaldía de un municipio tan importante como Tequila un personaje que públicamente era cuestionable y se sabía, tenía relaciones cuestionables con grupos delictivos?
&#8211; ¿Cómo es que un partido político como Morena, el partido en la presidencia de la república, dejó pasar a un candidato como este?
&#8211; ¿Por qué ha tenido que pasar más de un año de administración y se acumularon las quejas y denuncias sin que fueran atendidas hasta que, totalmente desbordado, el alcalde enfrentó a una de las empresas tequileras más grandes del país? De hecho, si eso no hubiera ocurrido, ¿la Secretaría de Seguridad Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch, se hubiera ocupado de este alcalde tan denunciado?
&#8211; ¿Cuántos presidentes municipales, directores de policía, tesoreros y responsables de las obras públicas, estarán en condiciones similares o en vía de empeorar y dañar a quienes deberían proteger?
La solución, porque así lo plantea el título de este “Al buen entendedor” es la aplicación de la ley, pero haciéndose eco del clásico, ¿quién le pondrá el cascabel al gato?
Además, la elección de una nueva autoridad en Tequila, ¿garantiza que los abusos de autoridad y la complicidad con la delincuencia, ya hayan finalizado?
Más preguntas, pocas respuestas.

¿Solución después del caso Tequila?

Diego Rivera Navarro estaba en esa ruta. Eran demasiadas las evidencias. Iba a terminar detenido y sólo era cuestión de tiempo. Ayer, su detención en el marco del Operativo Enjambre y el anuncio hecho público por el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, se convirtió en el evento mediático nacional.
Pero ni siquiera esa celebridad negativa fue completa para Rivera Navarro, porque al final de la jornada, tuvo que “competir” con otro hecho vergonzoso: el momento en el que una asistente se postra a limpiarle los zapatos al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Ortiz, antes de que ingresara al evento de conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución, en Querétaro.
Por cierto, lo que debiera merecer más atención general, la conmemoración de la Carta Magna, quedó totalmente eclipsado por la detención del alcalde de Tequila y el episodio del supuesto “ministro indígena” de la Corte.
Pero se impone regresar al tema de Tequila, uno de los municipios que más identifican a México en el mundo. Un pueblo mágico que es también uno de los puntos más importantes en la industria turística de Jalisco.
Acusado de extorsión, denunciado por violencia política de género e incluso por amenazas de muerte, el presidente municipal Diego Rivera enfrenta algo mucho más vergonzoso: ayer, después de conocerse que había sido detenido por autoridades federales y trasladado a la Ciudad de México junto con su comisario y dos colaboradores más, la gente celebró.
Los festejos comenzaron por la tarde y continuaron durante la noche; bailes en las calles y la plaza principal, con música en vivo.
Ese es el mayor castigo para un joven político de Morena que apenas en diciembre había sido defendido por varios personajes de su partido que aseguraban que el alcalde era inocente de los señalamientos que contra él hicieron industriales, comerciantes e incluso trabajadores del Ayuntamiento que presidió.
¿Será sentenciado y condenado por los delitos que se le imputan? Eso no puede saberse ahora. ¿Está realmente relacionado con el crimen organizado, tal como aseguran habitantes de Tequila? Tampoco puede sostenerse sin pruebas esa acusación.
Pero lo que es verdad y urge que los partidos políticos y la ciudadanía se concienticen, es terminar con la superficialización del ejercicio público. Porque Diego Rivera solicitó al gobierno del Estado un adelanto del presupuesto para el 2026 porque al finalizar el año pasado, no tenía recursos para cubrir los pagos de los trabajadores públicos, pero en medio de esa escasez de recursos, rifó un vehículo para promover a Morena e incurrió en lo que parecen delitos electorales.
El daño que le causó a Tequila todavía debe medirse, porque el este presidente municipal –que ya no volverá al cargo– hizo retroceder a una ciudad que no debió tenerlo como alcalde.

El alcalde de Tequila

Ayer se hizo público un oficio, numerado 104/2025, en el que Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud del Estado, se dirige al secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, para que se instruya el uso del cubrebocas en las escuelas de educación básica de la mayoría de los municipios del Área Conurbada de Guadalajara, ante el incremento de contagios de sarampión. Regresan los cubrebocas a las escuelas.
Esta medida preventiva y protectora, nos remite inmediatamente a la pandemia de Covid-19, cuando la actividad escolar –si la había– estaba marcada por el uso del cubrebocas entre alumnos, maestros y personal administrativo y auxiliar de todas las escuelas.
La medida puede tomarse como una señal de alarma, pero no debe interpretarse como acto desesperado o que exprese falta de control en el brote de sarampión.
Hasta ayer, las cifras oficiales indicaron que en Jalisco había mil 776 contagios y dos personas habían fallecido a causa del sarampión. Sin embargo, diferentes autoridades sanitarias (Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, personal de los Hospitales Civiles), han insistido en colaborar en la vacunación intensiva. La expectativa es que en el plazo de un mes, al menos dos millones de jaliscienses hayan quedado vacunados para cerrar así, definitivamente, el paso al sarampión. El Estado habrá quedado inmunizado.
Mientras eso sucede, tiene lógica una medida como la del cubrebocas. 
Para no caer en una percepción de alarma, debe considerarse que el brote de sarampión no es exclusivo de Jalisco; está ocurriendo en varios estados de la república. Y tampoco es México el país donde reapareció el sarampión, sino que se trata de un fenómeno reportado desde el año 2024; de hecho, podría decirse que el brote de sarampión reinició en Estados Unidos y de ahí “bajó” a nuestro país dado el intenso tránsito diario de personas en nuestra frontera.
En todos los niveles de gobierno se hace el esfuerzo para facilitar la vacunación y todas las instancias públicas de salud ofrecen la vacuna de manera gratuita. No hay tiempo qué perder.
Ayer, en este mismo espacio, se hizo referencia a algunas autoridades que, seguramente confundiendo prioridades, le solicitaron a brigadas de vacunación cambiar de ubicación. También se recordó que tal como lo han reportado las autoridades de Salud Jalisco, se han encontrado con un porcentaje importante de personas que rechazan la vacuna por desconfianza o creencias infundadas. 
Por lo pronto, lo más importante es colaborar. Los estudiantes de educación básica en Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco e Ixtlahuacán, deben acudir a la escuela con cubrebocas. No es un asunto de alarma ni de polémica. Es una medida de prevención. No sustituye a la vacuna, pero es muestra de que las secretarías de gobierno están activas en el proceso de eliminación del brote.

El regreso de los cubrebocas a las escuelas

Después de la traumática experiencia que nos dejó la pandemia del Covid-19 entre los años 2020 y 2023, es natural que la sociedad esté mucho más sensible ante los brotes de enfermedades contagiosas. Es lo que acontece actualmente con el brote de sarampión, que ha convertido a Jalisco en la entidad federativa con más contagios registrados en lo que va del año 2026.
Sin embargo, tratándose de un virus antiguo y conocido, la solución está a corta distancia: una vacunación intensa que de acuerdo con la Secretaría de Salud Jalisco, debe alcanzar a dos millones de jaliscienses para cercar así la difusión del virus, altamente contagioso.
Sin embargo, en esta experiencia de reaparición del sarampión (ya era un padecimiento que se consideraba desaparecido), han ocurrido fenómenos que merecen toda la atención de las autoridades para reparar ciertos “vicios sociales” que pudieran costar mucho en casos de otras enfermedades contagiosas y posibles nuevos brotes.
Este 3 de febrero, la responsable del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, Karla Guadalupe López, dio a conocer que en Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, las brigadas de vacunación han sido retiradas por policías municipales que les exigen permisos específicos y les argumentan que obstruyen la vía pública.
Es una reacción increíble (por decir lo menos) de los policías preventivos, cuando justo estos dos municipios figuran entre los que tienen una tasa más alta de contagio en el Área Conurbada de Guadalajara.
Evidencian desconocimiento y prioridades invertidas: la salud de la comunidad es mucho más importante que el tránsito de personas en la vía pública.
Otro fenómeno reportado por las brigadas de la Secretaría de Salud Jalisco que recorren colonias, barrios y casa por casa para ofrecer la vacuna gratuita, es que muchas personas rechazan ser vacunadas por los prejuicios que se han extendido desde hace años en redes sociales y grupos de chat; son los “antivacunas”, que desconocen el riesgo de su práctica, no solo para ellos sino también para el resto de la comunidad.
¿Cómo resolver dilemas como los anteriores? Evidentemente con otras campañas: las de información. Deben ser permanentes y exhaustivas, pues deben combatir la desinformación que se extiende en las redes sociales y que encuentra víctimas entre las personas desinformadas y ávidas de teorías conspirativas.
El brote de sarampión nos ha mostrado que debe reactivarse el trabajo de capacitación e información entre autoridades, para que faciliten y no obstaculicen una labor fundamental para la comunidad: vacunar. Y también la información permanente entre la población.

Sarampión y vacunación

Isaura Amador

Cumplir con lo esencial

Federico Torres López

Solidaridad exterior y deuda interna: el dilema político de México frente a Cuba

Héctor Ruiz López

Comienza la lucha rumbo al 2027

Luis Cisneros Quirarte

El compañero Leo

Mario Muñoz de Loza

Mensajes desde Palacio

La presidenta Claudia Sheinbaum había asegurado que “a mediados de febrero” se presentaría en la Cámara de Diputados su propuesta de reforma electoral. Los días empiezan a transcurrir más rápido de lo que conviene políticamente, y un documento que contenga el dictamen de la reforma no está presente en la discusión legislativa.
La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, ha aprovecho algunos espacios de difusión en los que participa para criticar que los políticos de oposición descalifican y hacen consideraciones sobre la reforma electoral, “pero no hay dictamen”.
Citamos en este espacio a Alcalde Luján por la enorme influencia que tiene la dirigente nacional del partido en las determinaciones de Morena y sus legisladores, pero también porque con su exigencia de que exista un dictamen, queda todavía más evidencia la fractura interna en el bloque de lo que han gustado en llamar la “cuarta transformación”.
En una ruta tan larga como lo es la política electoral mexicana, no es posible hacer una lectura integral de un período de unos pocos años, pero dado que ellos mismos, los de la “cuarta transformación” han insistido en diferenciar un período temporal en el que ocupan el poder, en contraste con lo que ocurrió antes, hay que revisar sus propuestas, que básicamente son las que dejó sin cumplir el anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador:
• Eliminar los diputados y senadores de representación proporcional. 
• Reducir o eliminar las “prerrogativas” o recurso económico (miles de millones de pesos) que el gobierno federal y los gobiernos estatales entregan a los partidos políticos. 
• Reducir el costo millonario de la organización de elecciones en México.
Estas son las propuestas básicas, populistas, que se hicieron durante el gobierno de López Obrador y que ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum, pretende cumplir… pero no tiene apoyo.
La presidenta ha encontrado una férrea resistencia a estas reformas tanto en Morena, su partido, como en los partidos políticos aliados: Verde y Partido del Trabajo.
No aceptan, por ningún motivo, reducir a los plurinominales, ni tampoco dejar de recibir dinero del gobierno.
Adicionalmente, en la reforma electoral que la presidenta Sheinbaum le encargó a Pablo Gómez, aparecen asuntos “secundarios”, como desaparecer los organismos electorales de los estados, los tribunales electorales de los estados, reducir el presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE) y al mismo tiempo, hacerlo responsable de nuevas tareas de fiscalización y sanción por el uso de recursos económicos de origen público en actividades electorales.
Pero… nunca contaron con la resistencia de sus aliados.
La reforma electoral entra esta semana en ruta de fracaso. Igual que ocurre con la prohibición “ética” al “nepotismo electoral”.
Con la presidenta compiten los Monreal y los Gallardo. Y probablemente no podrá derrotarlos.

La pendiente reforma electoral