¿Candidatos y funcionarios honestos?

Contar con reglas que nos garanticen candidaturas y funcionarios electos que sean honestos, eficaces, probos y que posean otras virtudes, ha sido un anhelo público desde hace años. De hecho, la construcción de la democracia en el país a partir de las reformas de ciudadanización que iniciaron en la década los años 90 del siglo pasado, ya establecían reglas y requisitos para que a la función pública llegaran las personas más capacitadas, pero también las más honorables.

Recientemente, ante la evidencia que antes era un rumor pero hoy está probada, de que la delincuencia organizada participa abiertamente en el financiamiento de candidaturas y en la administración pública, especialmente en los municipios, renace el interés de “limpiar” la vida pública de personas involucradas en o relacionadas con la ilegalidad.

Hay varios casos recientes: el de Diego Rivera Navarro, ahora expresidente municipal de Tequila, detenido en el “Operativo Enjambre” del gobierno federal junto con otros colaboradores cercanos, acusado de delitos como extorsión y privación ilegal de la libertad. Con el paso de los días (fue detenido el 5 de febrero pasado), las denuncias por abuso de autoridad y cobro de “derecho de piso” han aumentado.

Otro caso notorio fue el del diputado estatal y coordinador de la fracción del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, de quien se ventiló que en el año 2004 fue detenido por robo a transporte de carga y se le reclamó públicamente no haberlo informado durante la campaña que lo llevó a ganar un escaño en el Congreso local.

Motivados por ello, diputados de Movimiento Ciudadano (MC) propusieron medidas para ajustar las reglas de elección de candidatas y candidatos; apenas ayer también anunciaron iniciativas similares en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y además, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), presentó una iniciativa para el combate a la corrupción y prevenir que autoridades cometan ilegalidades similares a las que se le atribuyen al exalcalde de Tequila; los respaldaron el Partido Acción Nacional (PAN) y sus diputados estatales.

La cuestión, sin embargo, no es nueva.
Desde hace años y varias elecciones, se establecieron medidas como el mecanismo “tres de tres” para que quienes se presentaran como candidatas y candidatos presentaran públicamente su declaración patrimonial, documentos que demostraran que no tenían conflicto de intereses y además, un examen de control y confianza.

En sucesivas elecciones se han lanzado propuestas para aplicar pruebas toxicológicas y psicológicas.

Se han hecho, en fin, propuestas varias que rebasaron el marco legal, para garantizar socialmente que los aspirantes al voto ciudadano sean honorables, no tengan relaciones inconfesables con la delincuencia y hayan construido su patrimonio sin cometer delitos.

A juzgar por las pruebas, no se ha logrado.

Hay dos filtros que fallaron estrepitosamente: la impunidad electoral y los partidos políticos.

Los partidos deberían tener las herramientas, reglas internas y mecanismos estrictos para no presentar a ninguna persona que no deba ser candidata.

Las numerosas autoridades designadas para investigar el origen y financiamiento de las campañas también han fallado.

Y el desinterés ciudadano contribuye también que elección tras elección, sigan llegando a los cargos personajes de pasado cuestionable y ahora, hasta de abierta conducta delictiva.