Jonás

Ayer pasó como uno de los muchos trámites que a diario tienen lugar en la Cámara de Diputados: Sergio Mayer Bretón solicitó licencia, y se la concedieron, para irse a participar al reality televisivo conocido como “la casa de los famosos”. Está en su derecho, ni duda cabe. ¿Y los derechos de los ciudadanos?
Sergio Mayer es diputado, nuevamente, en la fracción de Morena. Se ha distinguido, como siempre en su trayectoria pública, por su trayectoria en la farándula y el entretenimiento.
Sorprende que como diputado federal, participe en comisiones legislativas como la de Seguridad Ciudadana, Defensa Nacional y Justicia. ¿Será que sus posturas y sus votos hayan influido en la reforma al Poder Judicial que ahora pretenden volver a reformar los mismos diputados de Morena?
Sergio Mayer no es el primer miembro del “mundo del entretenimiento” que llega a una Legislatura. En el pasado han circulado por ahí personajes como las fallecidas Carmen Salinas e Irma “La Tigresa” Serrano, por citar dos conocidos ejemplos.
Y aclarando: no es que un actor de televisión o de cine; un personaje del ámbito artístico o farandulezco, sea peor o mejor que los políticos desconocidos o ex deportistas (¡qué decir de Cuauhtémoc Blanco!), o dirigentes sindicales, o ex gobernadores que están o han estado antes en la Cámara de Diputado o en el Senado.
Son los frutos podridos de la democracia. Porque las reglas permiten que lleguen al cargo por la vía de los votos.
Pero con sinceridad: en un país como el nuestro que se debate en el afán de reformar su democracia; de resolver la inseguridad y la violencia; de reformar su sistema de salud o su sistema educativo, para garantizar mayor igualdad y justicia, ¿es ético que un diputado deje la curul para irse a participar a un reality show televisivo? ¿Ese es el nivel de compromiso y responsabilidad que le permitirá mejorar, no a la sociedad, sino al Poder Legislativo? 
En el terreno estrictamente legal, debería ser mucho más serio y solemne y riguroso, admitir a un ciudadano para que se integre como legislador, y también para que se retire de su función antes de tiempo.
Pero si los diputados y senadores mismos no toman en serio su tarea y su investidura, si las cámaras son, finalmente, un espacio de actuación política, no se le puede reclamar a un integrante de la farándula que salte de un espectáculo a otro según le convenga.

El diputado Mayer a la casa de los famosos

Contar con reglas que nos garanticen candidaturas y funcionarios electos que sean honestos, eficaces, probos y que posean otras virtudes, ha sido un anhelo público desde hace años. De hecho, la construcción de la democracia en el país a partir de las reformas de ciudadanización que iniciaron en la década los años 90 del siglo pasado, ya establecían reglas y requisitos para que a la función pública llegaran las personas más capacitadas, pero también las más honorables.
Recientemente, ante la evidencia que antes era un rumor pero hoy está probada, de que la delincuencia organizada participa abiertamente en el financiamiento de candidaturas y en la administración pública, especialmente en los municipios, renace el interés de “limpiar” la vida pública de personas involucradas en o relacionadas con la ilegalidad.
Hay varios casos recientes: el de Diego Rivera Navarro, ahora expresidente municipal de Tequila, detenido en el “Operativo Enjambre” del gobierno federal junto con otros colaboradores cercanos, acusado de delitos como extorsión y privación ilegal de la libertad. Con el paso de los días (fue detenido el 5 de febrero pasado), las denuncias por abuso de autoridad y cobro de “derecho de piso” han aumentado.
Otro caso notorio fue el del diputado estatal y coordinador de la fracción del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, de quien se ventiló que en el año 2004 fue detenido por robo a transporte de carga y se le reclamó públicamente no haberlo informado durante la campaña que lo llevó a ganar un escaño en el Congreso local.
Motivados por ello, diputados de Movimiento Ciudadano (MC) propusieron medidas para ajustar las reglas de elección de candidatas y candidatos; apenas ayer también anunciaron iniciativas similares en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y además, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), presentó una iniciativa para el combate a la corrupción y prevenir que autoridades cometan ilegalidades similares a las que se le atribuyen al exalcalde de Tequila; los respaldaron el Partido Acción Nacional (PAN) y sus diputados estatales.
La cuestión, sin embargo, no es nueva. 
Desde hace años y varias elecciones, se establecieron medidas como el mecanismo “tres de tres” para que quienes se presentaran como candidatas y candidatos presentaran públicamente su declaración patrimonial, documentos que demostraran que no tenían conflicto de intereses y además, un examen de control y confianza.
En sucesivas elecciones se han lanzado propuestas para aplicar pruebas toxicológicas y psicológicas.
Se han hecho, en fin, propuestas varias que rebasaron el marco legal, para garantizar socialmente que los aspirantes al voto ciudadano sean honorables, no tengan relaciones inconfesables con la delincuencia y hayan construido su patrimonio sin cometer delitos.
A juzgar por las pruebas, no se ha logrado.
Hay dos filtros que fallaron estrepitosamente: la impunidad electoral y los partidos políticos.
Los partidos deberían tener las herramientas, reglas internas y mecanismos estrictos para no presentar a ninguna persona que no deba ser candidata.
Las numerosas autoridades designadas para investigar el origen y financiamiento de las campañas también han fallado.
Y el desinterés ciudadano contribuye también que elección tras elección, sigan llegando a los cargos personajes de pasado cuestionable y ahora, hasta de abierta conducta delictiva.

¿Candidatos y funcionarios honestos?

El ritmo con el que están brotando los conflictos internos en Morena sólo refleja el reacomodo interno que se gesta antes del proceso electoral del año 2027, en el que deben renovarse 17 gubernaturas y la integración de la Cámara de Diputados. Hay una clara lucha en la que está haciendo todo por imponerse el grupo que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, pero hay fuertes resistencias y, además, el escenario está muy mezclado entre actores políticos que tienen varias fidelidades al mismo tiempo.
El caso más reciente y conocido es el escándalo que protagonizó un funcionario menor en la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga, quien se negó a ser removido del cargo por el secretario del ramo, Mario Delgado, y se aferró a su oficina haciendo escándalo mediático y anunciando que de permitirse el cambio a los libros de texto gratuitos –su máxima responsabilidad desde que llegó al cargo de director de Materiales Educativos–, se atenta contra “el legado” de Andrés Manuel López Obrador.
Marx Arriaga ya había ganado fama pública años atrás, al intervenir en los libros de textos y desatar una polémica por los contenidos erróneos en algunos casos, y también por implantar una ideología afín a Morena. Además, se presentaba como uno de los sustentadores de la llamada “Nueva Escuela Mexicana”, que aún no termina de entenderse del todo entre los maestros de educación pública en todo el país.
Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum ha debido explicar en su rueda de prensa cotidiana en Palacio Nacional, que se estima el trabajo de Marx Arriaga, pero nadie puede apropiarse del contenido de los libros de texto.
Además del episodio reciente de este personaje, la semana pasada se detonó otro escándalo al publicarse un libro titulado “Ni venganza ni perdón”, en cuyo contenido el ex consejero jurídico de López Obrador afirma que Jesús Ramírez Cuevas, hoy coordinador de asesores de la presidenta Sheinbaum, introdujo al primer círculo político del ex presidente López Obrador a Sergio Carmona Angulo, conocido como “El rey del huachicol”, personaje que financió varias campañas electorales antes de ser asesinado en 2021 en Nuevo León.
Y en una sucesión acelerada de conflictos, antes de la publicación de este libro que destapó un enfrentamiento severo dentro de Morena, ya se habían confirmado los choques con las cúpulas del Partido Verde y el Partido del Trabajo, que rechazan las propuestas centrales de la reforma electoral que la presidenta había dicho, iba a presentarse en la Cámara de Diputados a mediados de febrero.
En medio de estos conflictos, se insiste en que hay una purga de “morenistas duros” a quienes se está retirando de los círculos de poder más influyentes en Morena y el gobierno federal.
Para la presidencia Sheinbaum y su círculo más cercano, sin embargo, el riesgo de que se registre un quiebre interno definitivo, y también con los partidos políticos que habían sido sus aliados, pone en riesgo el predominio morenista después del proceso electoral 2027.
El drama está en desarrollo.

Los conflictos de Morena

La presidenta Claudia Sheinbaum había asegurado que “a mediados de febrero” se presentaría en la Cámara de Diputados su propuesta de reforma electoral. Los días empiezan a transcurrir más rápido de lo que conviene políticamente, y un documento que contenga el dictamen de la reforma no está presente en la discusión legislativa.
La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, ha aprovecho algunos espacios de difusión en los que participa para criticar que los políticos de oposición descalifican y hacen consideraciones sobre la reforma electoral, “pero no hay dictamen”.
Citamos en este espacio a Alcalde Luján por la enorme influencia que tiene la dirigente nacional del partido en las determinaciones de Morena y sus legisladores, pero también porque con su exigencia de que exista un dictamen, queda todavía más evidencia la fractura interna en el bloque de lo que han gustado en llamar la “cuarta transformación”.
En una ruta tan larga como lo es la política electoral mexicana, no es posible hacer una lectura integral de un período de unos pocos años, pero dado que ellos mismos, los de la “cuarta transformación” han insistido en diferenciar un período temporal en el que ocupan el poder, en contraste con lo que ocurrió antes, hay que revisar sus propuestas, que básicamente son las que dejó sin cumplir el anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador:
• Eliminar los diputados y senadores de representación proporcional. 
• Reducir o eliminar las “prerrogativas” o recurso económico (miles de millones de pesos) que el gobierno federal y los gobiernos estatales entregan a los partidos políticos. 
• Reducir el costo millonario de la organización de elecciones en México.
Estas son las propuestas básicas, populistas, que se hicieron durante el gobierno de López Obrador y que ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum, pretende cumplir… pero no tiene apoyo.
La presidenta ha encontrado una férrea resistencia a estas reformas tanto en Morena, su partido, como en los partidos políticos aliados: Verde y Partido del Trabajo.
No aceptan, por ningún motivo, reducir a los plurinominales, ni tampoco dejar de recibir dinero del gobierno.
Adicionalmente, en la reforma electoral que la presidenta Sheinbaum le encargó a Pablo Gómez, aparecen asuntos “secundarios”, como desaparecer los organismos electorales de los estados, los tribunales electorales de los estados, reducir el presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE) y al mismo tiempo, hacerlo responsable de nuevas tareas de fiscalización y sanción por el uso de recursos económicos de origen público en actividades electorales.
Pero… nunca contaron con la resistencia de sus aliados.
La reforma electoral entra esta semana en ruta de fracaso. Igual que ocurre con la prohibición “ética” al “nepotismo electoral”.
Con la presidenta compiten los Monreal y los Gallardo. Y probablemente no podrá derrotarlos.

La pendiente reforma electoral

Con maneras suaves, pero firmes, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió finalmente a los retos que le están lanzando “los rebeldes” de su partido y del bloque aliado. Cuestionada sobre el destape que lanzó el senador Manuel Velasco para postular Ruth González a como candidata inevitable a la gubernatura de San Luis Potosí, apuntó que Morena debe considerar si mantiene esa alianza.
Ruth González, esposa del gobernador potosino Ricardo Gallardo, es el proyecto político de su marido pero también del Partido Verde.
Y como ella, muchos otros personajes han advertido que no respetarán la prohibición presidencial para ser candidatos y candidatas a cargos públicos en las elecciones del año 2027.
Junto con Ruth González, también es conocido el caso de Saúl Monreal Ávila, senador morenista y hermano del coordinador de diputados de este partido, Ricardo Monreal. Él ha advertido que si en Morena le impiden ser candidato a gobernador de su natal Zacatecas, sencillamente dejará el partido. Al buscar la gubernatura zacatecana, Saúl pretende suceder en el cargo a su hermano David Monreal; además, en el mismo Estado ya gobernó Ricardo Monreal.
No son estos los únicos casos, aunque sí muy conocidos.
El problema del “nepotismo electoral” en Morena, es tan evidente como lo fue en el pasado con los otros partidos políticos que hoy son oposición. Se trata de un vicio arraigado en el ejercicio de la política mexicana: el poder como patrimonio familiar.
La presidenta Claudia Sheinbaum, que ya había sido derrotada por sus “compañeros” de la 4T al impedirle anular la reelección en 2027, anunció que en Morena no se aceptarán candidaturas para familiares directos de quienes ya ejerzan cualquier cargo público. Pero su determinación es nuevamente retada.
Al sugerir que Morena no haga alianza con el Verde o con el Partido del Trabajo, rompe con su tradicional “cabeza fría”. No manoteó ni alzó la voz, como sí lo hacía en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien seguramente ya ha sido consultado directa o indirectamente por quienes pretenden mantener el poder por la vía familiar.
Sin embargo, la presidenta reaccionó y dejó ver la posibilidad de un escenario de rompimiento. 
En Morena, las voces de quienes ejercen liderazgos reales, están en desacuerdo con desligarse del Verde y el PT, pues la alianza les ha permitido controlar casi todo el poder. Pero quizá el costo se está volviendo muy alto.
La pregunta es pertinente: ¿Podrá Claudia Sheinbaum imponer su voluntad y sus lineamientos electorales?
El escenario luce difícil, sobre todo teniendo en cuante que el mismo López Obrador convirtió a sus hijos en influyentes operadores políticos dentro de Morena y en el gobierno federal. Andrés Manuel López Beltrán, no hay que olvidarlo, es uno de los aspirantes presidenciales para el 2030.

Respuesta presidencial a los rebeldes

Las crisis no paran en Palacio Nacional. El coordinador de asesores de la presidenta Sheinbaum, Jesús Ramírez Cuevas, ha sido acusado de contubernio con un líder del huachicol nada menos que por uno de los personajes más cercanos a Andrés Manuel López Obrador cuando fue presidente del país, Julio Scherer Ibarra, quien ocupó en Palacio Nacional el cargo de asesor jurídico que, se sabía, era uno de los hombres de confianza del entonces mandatario.
El golpe es tremendo.
En la 4T desacreditan siempre las críticas y los ataques que provienen de la oposición, ¿pero, qué harán ahora la presidenta Sheinbaum y su coordinador de asesores cuando el señalamiento viene de uno de los personajes que más información manejó durante el gobierno del venerado fundador Andrés Manuel?
De entrada, el mismo Ramírez Cuevas ya salió a responder que todo es falso. Exige pruebas.
Seguramente, como coordinador de asesores y uno de los creadores de la línea discursiva de la presidencia, pondrá en marcha una potente campaña en redes sociales para acabar con la credibilidad que pueda tener Julio Scherer. Se puede dar por descontado que aparecerán historias terribles que inculpen al ex consejero jurídico lopezobradorista.
Pero este nuevo episodio de la lucha en la cúpula morenista del poder no puede distraer de lo evidente.
Las acusaciones contra Jesús Ramírez Cuevas apuntan a su relación con Sergio Carmona, uno de los principales traficantes de combustible robado en el país durante el sexenio obradorista. Misteriosamente asesinado en Nuevo León en 2021, se afirma que Carmona aceptar haber iniciado un proceso de colaboración con la DEA, para dar a conocer sus nexos y relaciones con personajes de la 4T, entre éstos precisamente Ramírez Cuevas.
Lo más irónico de este nuevo escándalo es que ninguna de las informaciones que se ventilan en el libro “Ni venganza, ni perdón” –que seguramente se leerá mucho más que el último volumen de López Obrador– son revelaciones. Todo se conocía, sólo que no había sido afirmado por uno de los integrantes del núcleo del poder de la 4T.
A la presidenta Sheinbaum se le complican excesivamente las cosas.
Mientras siguen revelándose a sus exigencias personajes como Saúl Monreal, Manuel Velasco y los “aliados” del Verde y el Partido del Trabajo; mientras se acumulan los obstáculos a sur proyecto de reforma electoral y está en puerta la revisión del T-MEC, siguen también las luchas intestinas en Morena. 
Apunta a complicarse el segundo año del gobierno federal.

Terremoto con epicentro en Palacio Nacional

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se llevó a su equipo de gobierno a la plaza principal de Tequila, para dialogar con los habitantes comunes del municipio y anunciar una inversión de 500 millones de pesos que se aplicarán en 2026 en diferentes programas. Lo que está haciendo el gobierno estatal es comenzar un proceso de normalización en Tequila después de la crisis provocada por la gestión de Diego Rivera, quien ya tuvo su audiencia inicial y permanecerá en prisión mientras se lleva adelante un juicio en el que se le acusa de extorsión y privación ilegal de la libertad.
Pero más que las acciones de gobierno, porque la tarea también es de “cuesta arriba” para el gobierno municipal, lo que sorprende es lo que dicen los habitantes de Tequila.
A la reunión en la plaza principal asistieron muchas personas que forman parte de la comunidad, que tienen trabajos normales como pequeños comerciantes y que sufrieron verdaderamente, aunque no se atreven a decirlo en público, una arremetida injusta por parte de la administración que encabezó Diego Rivera.
Pero además, cuando la plaza ya estaba vacía de autoridades y representantes gubernamentales, se acercaron para manifestar que desconfían de la presidenta municipal interina, Marisol Rodríguez Rivera, a quien conocen muy poco pero que es identificada como miembro del equipo cercano del ahora alcalde defenestrado y detenido.
En Tequila, en sus calles, es evidente que las personas siguen adelante con sus actividades cotidianas: comercio y turismo, principalmente. Destaca el intenso patrullaje de la Policía del Estado, de la Guardia Nacional. Sólo así se ha conseguido contrarrestar la operación de un enorme equipo de colaboradores que se dedicaron a arrebatarle el dinero a todos los que producían o tenían actividades. 
Pero la desconfianza persiste, y tanto, que hasta la misma presidenta Claudia Sheinbaum anunció en Palacio Nacional que se investigarán los antecedentes de la presidenta municipal elegida el pasado domingo 8 de febrero para sustituir a Diego Rivera.
El gobierno de Pablo Lemus, mientras tanto, se comprometió a mantener permanentemente el apoyo de en seguridad y en programas económicos. Y no será poco tiempo, porque la policía municipal ha sido intervenida y se descubrieron irregularidades que se están subsanando.
Para Jalisco, el reto de normalizar Tequila, como ya se trabaja desde el año pasado en municipios como Teuchitlán y Teocaltiche, es el mensaje de que se pueden recuperar los otros muchos municipios que también padecen el azote de la presencia de la delincuencia organizada, entreverada con los gobiernos municipales. 
Será un trabajo largo.

La normalización de Tequila

El caso de Diego Rivera, ahora expresidente de Tequila y en proceso de juicio por delitos como extorsión, privación de la libertad y los que se acumulen, alcanzó límites inesperados: incluso la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, ha pedido una mayor fiscalización en el uso de recursos económicos en las campañas políticas, pero también a los partidos políticos, al momento de elegir a sus candidatas y candidatos.
Se trata de medidas indispensables, consideró la presidenta, para combatir una realidad que ya no se puede cuestionar: el crimen organizado se infiltró en las campañas electorales, en los partidos políticos y en los gobiernos, en este caso municipales.
El caso de Tequila, uno de los municipios emblemáticos de Jalisco, se convirtió en tema nacional. Se han planteado múltiples análisis y abundan las voces de quienes pretenden probar la presencia de la delincuencia organizada en el entorno de Diego Rivera, incluso antes de que fuera presidente municipal.
Mientras esto ocurre, el gobernador Pablo Lemus anunció que este 10 de febrero acudirá a Tequila junto con su gabinete, para aplicar políticas públicas que apoyen al municipio y a sus habitantes.
¿Pero qué hacemos con la fiscalización solicitada por la presidenta Sheinbaum?
Cuando ella se refiere a “fiscalizar”, hay que interpretar que se trata de medidas severas y sus castigos correspondientes, a los partidos políticos y sus candidatos que utilicen en campaña recursos económicos de origen ilícito o fuera del marco de la ley.
Habría que recordar en este punto, los derroches en la movilización que por todo el país realizaron quienes entonces fueron bautizados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como las “corcholatas”.
Durante décadas, las sanciones aplicadas a partidos políticos y candidaturas que rebasaron los topes de gasto de campaña han sido tardías e ineficaces. Se aplican cuando las elecciones ya terminaron y cuando los sancionados ya son autoridades electas y en funciones.
Además, hay que decirlo con todas sus letras, las dirigencias de los partidos políticos no han aplicado medidas reales para lograr que sus candidatas y candidatos estén probadamente fuera de la esfera de la delincuencia organizada. Y no hay autoridad ni sanción, que los alcance.
Y como prueba de esto, lo que apenas ayer respondió la presidenta de Morena en Jalisco, Erika Pérez García, cuestionada sobre cómo fue electo Diego Rivera como candidato a la presidencia municipal de Tequila: “Yo no era dirigente en ese momento”. No, quien encabezaba al partido era Katia Castillo, hoy diputada federal. Pero no habrá ninguna sanción contra ella.
Hablar sólo de “mayor fiscalización” suena a meros deseos, a un formulismo para el momento crítico.
La realidad que ya se implantó por sí misma y está haciendo más profundas sus raíces es la presencia de la delincuencia organizada y sus recursos económicos, en las campañas políticas, los partidos y la administración pública.

De Tequila, al gobierno de Sheinbaum

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Sin un acuerdo sólido con los aliados políticos del Partido Verde y el Partido del Trabajo, finalmente se consolidó una propuesta de reforma electoral. Lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras en la Cámara de Diputados, el coordinador Ricardo Monreal ordenó votar a favor, dirigiéndose cuando menos a los legisladores federales de Morena.
Sheinbaum Pardo aseguró que no se trata de “presentar por presentar” la propuesta de reforma. Los objetivos de la reforma radican en reducir el costo de las elecciones, el costo de las instituciones electorales y del Poder Legislativo, pues de entrada habría una reducción de miembros en el Senado de la República.
La presentación formal de la iniciativa de reforma se realizará el próximo martes 24 de febrero.
Están dejando todavía un margen de negociación de unos pocos días, quizá para terminar de convencer a quienes, a pesar de ser aliados e incluso integrantes de la fracción de Morena en las dos cámaras, se han revelado en público o en secreto contra los puntos centrales de la reforma.
Está en juego, sin duda, el proyecto de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.
Pero además del proyecto del grupo gobernante, está en juego también el futuro de la democracia mexicana.
El discurso de la reducción de costos tiene un potente atractivo popular.
Entregar recursos públicos a los partidos políticos no es aprobado por la población. Los altos sueldos de funcionarios públicos, de legisladores y de integrantes del Poder Judicial, son granadas que están de inmediato y encienden la molestia ciudadana.
Por eso, cuando la presidenta Sheinbaum y los legisladores de Morena difundan que el objetivo es reducir el costo de las elecciones, obtendrán aprobación inmediata.
El costo de ello, sin embargo, será el debilitamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) y la reducción de las capacidades reales para organizar y garantizar las elecciones, porque también está en pie recortar a las instituciones electorales de los estados.
En esta estrategia doble: imponer recortes en la organización electoral y mantener la alianza con el Verde y el PT a pesar de que estos partidos cargarán con el mayor impacto de los recortes de plurinominales y presupuesto público, puede permitirle a la administración de Claudia Sheinbaum consolidar una mayor acumulación de poder en lo que resta del sexenio.
Pero eso no garantiza que mejore el sistema de partidos, que se fortalezca a las instituciones y se mantenga la pluralidad y la representación de los mexicanos en el sistema de gobierno de la república.
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Ya hay reforma electoral