Después del operativo: el recuento de los daños

Después de lo acontecido ayer en Jalisco, resulta casi imposible hablar de otra cosa. Mientras escribo estas líneas, me acompaña un buen café. Pero no es uno en Nueva York, ni frente a algún “skyline” que permita fingir distancia. Es un café desde mi casa, con la puerta cerrada, el celular en la mano y una preocupación muy real y genuina por lo que ocurre en mi ciudad, en mi Estado y, para ser honestos, en buena parte del país.

Si observamos con detenimiento los hechos, el mensaje es inquietantemente claro: somos más vulnerables de lo que nos gusta admitir. Nuestros cuerpos de seguridad —esos que en el discurso oficial siempre están “más fuertes que nunca”— se vieron notoriamente rebasados por los desmanes registrados en distintos municipios, no solo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, ni la Cybertrck de la Secretaría de Seguridad nos salvó en esta ocasión. Y no me refiero al operativo que ya todos conocen y que seguramente será la nota de ocho columnas del día. Me refiero a lo que vino después, a las repercusiones. Porque, si ponemos atención, no se necesita ser experto en seguridad para anticipar cómo reaccionarían.

Bloqueos simultáneos. Robo de transporte público. Camiones de carga y vehículos particulares incendiados como si se tratara de una escenografía de guerra urbana. Tiendas de conveniencia, bancos y otros negocios vandalizados con una coordinación que no parece improvisada. Todo esto ocurrió con una sincronía que debería preocupar más de lo que algunos están dispuestos a reconocer.

Del operativo en sí mismo se destaca que fue ejecutado por fuerzas federales, el Ejército y, según el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, con colaboración de Estados Unidos. Es decir, una acción de alto nivel. Tan alto que, curiosamente, no pareció requerir la intervención visible de corporaciones estatales o municipales. O al menos, así lo dejó claro el propio gobernador de Jalisco en su comunicado en redes sociales, donde fue enfático al señalar que “fuerzas federales” habían realizado un operativo en Tapalpa.

Sin embargo, donde sí debió notarse con claridad la presencia local era en la reacción inmediata. No somos nuevos en este tipo de episodios. La experiencia ya ha enseñado que después de ciertos operativos vienen represalias. No es ciencia política avanzada; es simple memoria reciente. Intensificar patrullajes preventivos, establecer cinturones de vigilancia, anticipar los llamados “narcobloqueos” y proteger zonas comerciales no habría sido un acto de genialidad estratégica, sino de sentido común.

Pero, hasta el momento y con la información disponible, no se ha reportado una sola detención relevante vinculada a los actos vandálicos ni la frustración documentada de intentos de bloqueo. Con una tranquilidad que raya en la burla, los responsables convirtieron a nuestra ciudad y a buena parte del Estado en un tablero donde movieron piezas a su antojo.

La pregunta incómoda no es si el operativo fue exitoso. La pregunta es si el Estado —en todos sus niveles— tiene la capacidad real de proteger a la población cuando se activan reacciones previsibles. Porque si cada acción estratégica desencadena horas de caos sin contención efectiva, entonces el mensaje que queda flotando no es el de fortaleza institucional, sino el de fragilidad estructural.

Y mientras tanto, nosotros seguimos tomando café en casa, agradeciendo que el incendio no haya sido en nuestra esquina, que el camión quemado no haya sido el que llevaba a nuestros hijos, que el banco vandalizado no haya sido donde guardamos nuestros ahorros.

La normalización del miedo no debería convertirse en política pública.