Claudia Salas

Josefina vive en Tesistán y se levanta a las 5:00 de la mañana. Prepara desayunos, deja uniformes listos, organiza mochilas. Sale corriendo a su trabajo, que está en la zona industrial, donde cumple una jornada de ocho o nueve horas por seis días a la semana. Regresa a casa tarde y empieza su “segunda jornada” en la que cocina la cena, limpia, revisa tareas, atiende pendientes emocionales y domésticos que no han sido resueltos por el whatsapp durante el día. Cuando por fin se sienta, el reloj marca las 11:00 de la noche. Saquemos la cuenta. Josefina trabaja más de 12 horas al día, pero solo le pagan por ocho.
En México, las mujeres dedican en promedio más de 30 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, casi el triple que los hombres. Si además tienen un empleo formal, la carga total puede superar fácilmente las 60 o 70 horas a la semana. Esta es la realidad que muchas veces se invisibiliza cuando se discute la reducción de la jornada laboral a 40 horas. No es solo una reforma laboral: es una medida de justicia social y de género.
Hablar de 40 horas es hablar de tiempo. Y el tiempo es poder. Hoy, millones de mujeres como Josefina, viven atrapadas en dobles y hasta triples jornadas, sin sábados ni domingos; trabajan en el mercado laboral, sostienen sus hogares y asumen casi en exclusiva el cuidado de niñas, niños, personas mayores o enfermas. Lo hacen, además, en condiciones más precarias: menores ingresos, mayor informalidad, brecha salarial persistente y mayor exposición a violaciones de derechos laborales.
Las mujeres ganan menos por el mismo trabajo y tienen trayectorias laborales más interrumpidas por maternidad y cuidados de sus familias u otras, que ni tendrían que corresponder. Muchas deben recorrer trayectos más largos porque buscan empleos que puedan compatibilizar con horarios escolares o redes de apoyo. Otras destinan parte importante de su ingreso a pagar a alguien que cuide a sus hijas e hijos mientras trabajan. La desigualdad no empieza en la oficina; empieza en casa.
Reducir la jornada laboral a 40 horas, quizá no resolverá por sí sola la desigualdad estructural, pero sí envía un mensaje claro: el trabajo no puede seguir organizándose sobre la explotación silenciosa del tiempo de las mujeres. Más tiempo disponible significa más posibilidades de descanso, de autocuidado, de convivencia familiar y de participación comunitaria. Significa también abrir la puerta a una redistribución más justa de las tareas de cuidado entre hombres y mujeres.
Cuando se oponen a la reforma argumentando productividad, olvidan que si hay un grupo productivo en este mundo, es el de las mujeres. No hay economía posible sin el trabajo de cuidados que sostiene la vida.
Ese trabajo que no aparece en las nóminas ni en las estadísticas del PIB, aunque al momento de revisar el impacto, hace que todo funcione en el día a día.
Las 40 horas son una discusión laboral, sí. Por eso tenemos que llevarlo a la discusión feminista, porque detrás de cada hora extra no pagada, detrás de cada jornada interminable, hay una mujer que sostiene el país con su tiempo y su cuerpo.
Es momento de reconocerlo, y de legislar en consecuencia.

40 horas: una deuda histórica con las mujeres

Aterrizas en Guadalajara, caminas hacia la salida con maleta en mano y lo primero que ves es una fila interminable de taxis autorizados. La gente suspira, mira el reloj, calcula el costo. Antes de que llegues al módulo, se acercan varios hombres susurrando:
“¿Uber? ¿Didi? Más barato, sin fila”. Sabes que algo no cuadra. Un conductor de plataforma no puede simplemente estacionarse y esperar pasaje: la propia aplicación lo impide. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es desorden, simulación y un riesgo real para quienes solo quieren llegar seguros a su destino.  Nuestros aeropuertos se han convertido en tierra de nadie entre la rigidez de un modelo agotado y la ausencia de reglas modernas. El monopolio práctico de los taxis federales no ha resuelto la movilidad; la ha encarecido y, en muchos casos, complicado. En horas pico o en temporadas altas, las bases se saturan, las filas se desbordan y la experiencia para las y los viajeros, ya sea turista, persona de negocios o familia, es caótica. Mientras tanto, la alternativa formal que representan las plataformas digitales opera con restricciones, hostigamiento e incluso vandalismo. No es competencia pareja: es un sistema que empuja a la informalidad, la corrupción y la inseguridad tanto de conductores como de pasajeros.
Limitar la movilidad nunca es una política pública responsable. Cuando se cierra la puerta a opciones legales, tecnológicas y trazables, se abre la ventana al transporte “pirata”, sin controles, sin seguros claros y sin mecanismos de verificación. Eso no protege a nadie; al contrario, expone a la ciudadanía a mayores riesgos. Además, mantener tarifas elevadas por falta de competencia castiga directamente el bolsillo de las personas. Hoy, un traslado desde el aeropuerto puede costar el doble o triple que un servicio de plataforma con estándares de seguridad, geolocalización y evaluación constante.
No se trata de quitarle el sustento a nadie. Se trata de ordenar, actualizar y poner al centro a las y los usuarios. Necesitamos un marco legal que permita la convivencia regulada de taxis y plataformas en aeropuertos, con reglas claras, zonas definidas, controles de seguridad y piso parejo. La tecnología no es el enemigo; es una herramienta para dar mejores servicios y mayor transparencia.
Con el Mundial a la vuelta de la esquina, México no puede darse el lujo de aeropuertos donde reina la confusión y el abuso. La primera impresión de un país también se vive en la movilidad. Es momento de legislar con visión de futuro, abrir opciones seguras y dejar atrás un modelo que ya no responde a la realidad. La movilidad moderna no se bloquea: se regula con inteligencia y pensando en la gente.

Movilidad secuestrada: la urgencia de ordenar el transporte en aeropuertos

En México, la desaparición de personas dejó de ser una excepción para convertirse en una posibilidad cotidiana. No ocurre solo en parajes lejanos o en contextos extremos: ocurre en trayectos comunes, en decisiones aparentemente simples, en lugares que forman parte de nuestra rutina. A veces empieza con una cita de ligue, una oferta de trabajo, otras con un viaje. Y casi siempre con una frase que hoy resuena con más fuerza que nunca: “ya voy en camino”.
Las centrales camioneras, esos espacios que durante décadas simbolizaron movilidad, reencuentros y despedidas, hoy están cruzadas por una realidad más oscura. Para miles de jóvenes, hombres y mujeres, son puntos de riesgo. Lugares donde el crimen organizado ha aprendido a operar con sigilo: reclutando, enganchando, trasladando. No es casualidad que colectivos de búsqueda, autoridades locales y familias repitan el mismo patrón que en la mayoría de los casos empiezan ahí, entre una taquilla y un andén.
Por eso es relevante que, al inicio del nuevo periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, se haya puesto sobre la mesa una iniciativa para regular la seguridad en las centrales camioneras al ser infraestructura crítica de seguridad nacional.
Legislar en este contexto no es un trámite: es una forma de asumir que el Estado llegó tarde a un problema que ya es estructural. La propuesta es concreta, y buscamos establecer controles de identidad, trazabilidad de trayectos para saber quién aborda, en dónde y cuál es el destino donde baja del transporte, así como protocolos de protección para prevenir y que la libertad de tránsito no se convierta en vulnerabilidad.
Pero también hay que decírnoslo a los ojos: ninguna ley, por robusta que sea, será suficiente si seguimos actuando como si la desaparición fuera un tema ajeno. Si seguimos normalizando silencios, incomodidades, señales de alerta. La desaparición forzada no empieza cuando alguien deja de contestar el teléfono; empieza mucho antes, cuando nos dan pistas que no detectamos y alguien dice que no se siente seguro, que algo no le cuadra, que hay alguien insistente incomodándole, que va a ver a una persona que no conoce, que nadie le entiende o que el plan cambió de último momento.
Encender las alertas ciudadanas es tan importante como aprobar reformas. Hacer redes, escuchar, preguntar, acompañar. Volver a mirar con atención lo que antes dábamos por sentado. Porque muchas veces la diferencia entre desaparecer o no, está en que alguien más se dio cuenta.
Hace poco se conoció en medios una historia que lo ilustra con crudeza y esperanza al mismo tiempo. Una joven tomó un viaje en una plataforma digital rumbo a una central camionera. En la conversación casual con el conductor, contó que iba a ver a alguien que había conocido por redes sociales, que no lo había visto en persona y que le habían prometido trabajo. El conductor notó nerviosismo, contradicciones, miedo. No era un policía, no era una autoridad, era solo alguien que escuchó.
Detuvo el auto en la gasolinera más cercana y llamó a emergencias. La joven nunca llegó a la central. Las autoridades intervinieron evitando una posible desaparición. Ese acto simple de escuchar, sospechar y actuar salvó una vida. No hubo ley de por medio, hubo conciencia.
Hoy México necesita ambas cosas: legislación que cierre vacíos y ciudadanía que no mire hacia otro lado. Necesita instituciones que prevengan, pero también personas que se involucren. Porque la desaparición no es solo un problema del Estado, sino una tragedia social que se alimenta del silencio, de la indiferencia y de la idea peligrosa de que “a mí no me va a pasar”.
Regular las centrales camioneras es un paso urgente. Pero construir una cultura de alerta, cuidado y corresponsabilidad puede ser lo que realmente marque la diferencia. Que nadie vuelva a desaparecer sin que alguien haya preguntado antes: ¿estás bien?, ¿te sientes seguro?, ¿quieres que te acompañe?
En un país con más de ciento treinta mil personas desaparecidas, quizá la pregunta más política de todas ya no es solo qué vamos a legislar, sino qué estamos dispuestos a ver, escuchar y hacer, antes de que sea demasiado tarde.

Que nadie desaparezca en silencio

Laura lleva siete años buscando a Armando.
Siete años de caminar oficinas, tocar puertas, repetir su historia frente a funcionarios que cambian de escritorio pero no de respuestas. Armando desapareció una mañana cualquiera y desde entonces no hay rastro de su paradero. No hay cuerpo, no hay certeza, no hay cierre. Solo ausencia.
En ese mismo tiempo, Laura también perdió su casa. El crédito hipotecario que ambos pagaban dejó de cubrirse porque el ingreso principal desapareció con Armando. No hubo seguro que se activara, no hubo prórroga, no hubo comprensión institucional. Por más que lo intentó con abogados y el apoyo de organizaciones de apoyo, la vivienda se perdió.
Tampoco ha podido cobrar un seguro de vida ni acceder a los recursos que Armando había generado con 22 años de trabajo. La razón es tan fría como absurda: no hay acta de defunción. La historia de Laura no es excepcional. Es el retrato cotidiano de miles de familias en México que, además de enfrentar el dolor de una desaparición, viven un proceso sistemático de revictimización institucional.
Hoy en nuestro país hay más de 115 mil personas desaparecidas o no localizadas. Cada una de ellas representa una familia que vive en un limbo jurídico y administrativo. La desaparición forzada no solo priva de la libertad a una persona; también suspende derechos, congela vidas y empuja a quienes buscan a una ruta interminable de trámites, negativas y silencios.
Durante años, la discusión pública se ha concentrado en la búsqueda, la seguridad y la justicia penal. Sin embargo, hay una dimensión que sigue siendo invisible: los efectos sociales, económicos y financieros de la desaparición. Ahí es donde el Estado sigue fallando y es momento de hacer algo.
Cuando una persona desaparecida tenía un empleo formal y cotizaba al IMSS o al ISSSTE, su familia solo conserva el acceso a la seguridad social por un periodo limitado. Cinco años después, la protección se extingue. Se pierde la atención médica, se cancelan derechos y las familias quedan completamente desamparadas, justo cuando el desgaste físico, emocional y económico es mayor. Lo mismo ocurre con la vivienda. Los créditos del Infonavit no se suspenden ni se cancelan ante una desaparición. Las deudas continúan, los seguros no se activan y, con el tiempo, el patrimonio se pierde. No porque las familias abandonen sus responsabilidades, sino porque la ley no reconoce la desaparición como una causa que amerite protección efectiva.
Pero quizá uno de los ámbitos más crudos es el del sistema financiero. Bancos y aseguradoras siguen operando bajo una lógica que ignora por completo la realidad de las personas desaparecidas. Sin acta de defunción no hay cobro de seguros, no se liberan cuentas, no se entregan saldos de AFORE ni se reconocen beneficiarios.
De todo lo anterior, el resultado es una forma de discriminación institucional que castiga y revictimiza a las familias por seguir buscando y por negarse a declarar muerta a una persona que aún esperan encontrar.
Esta falta de visibilidad parte de una misma raíz: la incapacidad del sistema para reconocer que la desaparición también genera derechos. Que la ausencia no puede traducirse en exclusión. Que la incertidumbre no puede ser sinónimo de abandono. Por eso es indispensable colocar este tema en la agenda pública. No se trata únicamente de mejorar la logística de las dependencias de seguridad social, sino de impulsar una revisión profunda de nuestro marco legal y financiero. De entender que el problema no es administrativo, sino estructural.
En este periodo de sesiones que comenzará la próxima semana en la Cámara de Diputados, estamos poniendo sobre la mesa una iniciativa que busca atender este vacío. Proponemos reformar la Ley del IMSS, la Ley del ISSSTE y la Ley del Infonavit para garantizar que las familias de personas desaparecidas puedan acceder a pensiones, atención médica vitalicia y protección de su vivienda mediante la Declaración Especial de Ausencia. Es un paso necesario para que los derechos laborales y sociales no desaparezcan junto con las personas.
Pero el reto va más allá. Es indispensable que el sistema financiero, bancos, aseguradoras y entidades de ahorro, asuman que la desaparición forzada es una realidad que también les concierne. Que se construyan mecanismos legales que permitan el acceso a seguros, prestaciones y recursos sin obligar a las familias a renunciar a la búsqueda de sus seres queridos.
La desaparición forzada no puede seguir tratándose como una anomalía marginal. Es una crisis humanitaria que ya se vive a diario y exige respuestas integrales. Esas respuestas deben partir de una premisa básica: las personas tienen derechos, incluso en la ausencia.
Sus familias también.
Laura sigue buscando a Armando. Como ella, miles de mujeres en este país —madres, esposas, parejas— sostienen la búsqueda y la vida al mismo tiempo, lo que hace que el problema también tenga un fuerte sesgo de género. Lo mínimo que podemos hacer desde el Estado es no convertirnos en cómplices del abandono.
Poner este tema en la agenda pública es un acto de justicia, de dignidad y de responsabilidad institucional. Porque la justicia social no puede seguir esperando.

La herida invisible de la desaparición forzada

Cuando un gobierno con mayoría legislativa insiste en cambiar las reglas electorales sin presentar una iniciativa clara, sin diagnóstico público y en medio de una crisis nacional multifactorial, la pregunta no es técnica, es política: ¿Qué problema democrático se pretende resolver y a quién beneficia realmente hacerlo ahora? Quienes tenemos décadas en la política sabemos que en México no estamos ante una discusión inocente ni ante un ejercicio netamente democrático. Estamos frente a un intento por reordenar el campo de juego antes de 2027. Sí, paradójicamente en tiempos de Mundial, pero ahora utilizando el discurso de la “justicia electoral” para encubrir una operación de poder.
Nuestro país atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida pública reciente. La violencia se ha normalizado en amplias regiones del país, la economía resiente presiones internas y externas y la confianza ciudadana en las débiles instituciones que quedan sigue erosionándose. En este contexto, meter con calzador una reforma electoral no responde a una urgencia social, sino a una conveniencia política. Las reformas electorales no son neutras: Quien controla el Congreso y marca la agenda sabe exactamente qué teclas está tocando.
Basta escuchar al talón de Aquiles de esta reforma, Pablo Gómez, quien desdeñó las 241 propuestas formuladas por las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral, y apenas hace unos días como titular de la Comisión Presidencial señaló que “Un órgano administrativo como el INE no debería ser autónomo”.
Ante este escenario, y tras vivirlo en primera fila como legisladora federal, hay que cuestionarnos si es momento de discutir una reforma que ni siquiera conocemos y sigue elucubrándose en manos de unos pocos. Mucho menos cuando los temas que verdaderamente angustian a la ciudadanía siguen sin resolverse. Pero más allá del calendario electoral, lo que realmente preocupa es el contenido implícito del debate y, sobre todo, sus silencios. El más grave de ellos es el dinero ilegal. No podemos permitir que el dinero del crimen organizado siga entrando a las campañas. Esa discusión no ha sido tocada por Morena porque no les conviene. Es sabido, y en muchos casos documentado, que en distintas regiones del país la movilización electoral se sostiene mediante prácticas opacas, presiones territoriales y recursos de origen dudoso o, por el otro lado –y no menos grave– de recursos públicos. Si una reforma electoral no empieza por cerrar esa puerta, entonces no busca fortalecer la democracia, sino acomodarla.
Otro eje central es la sobrerrepresentación. Coincido en que se trata de un problema real, pero debe analizarse desde la justicia electoral: Desde la forma en que las y los mexicanos elegimos a nuestros representantes y desde el uso político que hoy se hace de esa mayoría artificial. Los datos están a la vista. Morena y sus aliados obtuvieron alrededor del 54% de los votos y hoy controlan más del 70% de la Cámara de Diputados. Por otro lado, y en un ejemplo cercano, Movimiento Ciudadano obtuvo cerca del 11% de la votación nacional y, sin embargo, está subrrepresentado. Esa distorsión no es un accidente del sistema; es una falla que se ha omitido de la discusión pública.
Pero el problema no es solo matemático. Es profundamente político. Esa sobrerrepresentación se utiliza para acaparar la agenda legislativa, para decidir desde la cúpula qué se discute y qué se congela, qué reformas avanzan y cuáles se dejan en el cajón.
En este contexto, resulta especialmente preocupante el ataque sistemático a las diputaciones plurinominales. Se les ha querido presentar como un exceso, como si fueran una paja legislativa prescindible. Esa narrativa es falsa y peligrosa. Las plurinominales existen para garantizar pluralidad, para abrir el abanico de participación política y para que distintas voces, causas y regiones estén representadas en la Cámara. Debilitar o eliminar las plurinominales en un Congreso ya sobrerrepresentado no corrige una falla del sistema: La profundiza.
Desde Movimiento Ciudadano ya lo hemos dicho: No vamos a aprobar una reforma electoral impuesta desde el poder. La defensa de la democracia nos compete a todas y todos, y la reforma electoral es una responsabilidad del Poder Legislativo, no un instrumento del Ejecutivo. Las reformas político-electorales que mejor han funcionado en México han sido aquellas construidas con consenso amplio, reglas claras y visión de largo plazo, no las diseñadas al calor de una coyuntura electoral.
Hay además una contradicción que no puede ignorarse. Morena es hoy el partido más caro del mundo. En apenas diez años ha recibido más de 30 mil millones de pesos de financiamiento público. Solo en 2024 obtuvo más de 8 mil millones de pesos, alrededor de 14 millones diarios. A pesar de haber prometido devolver recursos cuando se fundó, no regresó ni un solo peso, ni siquiera en momentos críticos como sismos, inundaciones y otros desastres. Tiene más recursos públicos que nadie, necesita menos votos por legislador y, aun así, insiste en cambiar las reglas para beneficiarse todavía más.
La reforma electoral que México necesita no es la que concentra poder ni la que se diseña pensando en 2027. Debe ser una reforma ciudadana, que cierre la puerta al dinero ilegal, que garantice justicia en la representación y que fortalezca la pluralidad política. La democracia no se trata de ganar más espacios, sino de representar mejor.
El modelo de democracia que hoy algunos pretenden rediseñar a conveniencia no nació de la nada ni fue una concesión fortuita del poder. Es el resultado de décadas de lucha cívica, del anhelo de país que tuvieron nuestros abuelos, padres y madres; una generación que vivió en carne propia fraudes, imposiciones y arrebatos de voluntad popular. De esa experiencia dolorosa México aprendió que sin reglas claras, árbitros confiables y contrapesos reales no había futuro posible.
Ese futuro que costó tanto construir es el que hoy se pone en riesgo con ligereza, como si la democracia fuera un trámite y no una conquista colectiva donde participaron, incluso, muchas y muchos de los que hoy la cuestionan poniéndola en una cámara de gas.

La Reforma electoral y la democracia a modo

Que el Mundial de Futbol 2026 se juegue con selecciones varoniles no significa que sea un evento gobernado por hombres. Al contrario: en México estamos haciendo la diferencia, pues en buena parte del ecosistema que hace posible esta edición, las decisiones clave están siendo tomadas por mujeres, una historia muy distinta a la vivida en 1970 y 1986. Este cambio es uno de los resultados más visibles del empoderamiento que las mujeres hemos conquistado tras una larga disputa histórica por el acceso al poder.
Durante décadas, el futbol fue uno de los territorios más resistentes a la igualdad. No solo por lo que ocurría en la cancha, sino por lo que pasaba fuera de ella: federaciones, comités, presupuestos, patrocinios y narrativa mediática. El futbol concentró el poder económico, simbólico y político en manos masculinas. Por eso, que hoy las mujeres estén decidiendo el Mundial importa, y hay que hacerlo visible, porque rompe uno de los últimos bastiones de exclusión normalizada.
El Mundial no se construye solo con goles ni con la alegría de la gente. Se construye con decisiones y visiones de alto nivel que atraviesan la política pública, la planeación urbana, la seguridad, la logística, el turismo, la mercadotecnia y el relato que el mundo verá de México, así como de las otras sedes en Estados Unidos y Canadá.
Que uno de los países anfitriones esté encabezado por una mujer no es un dato accesorio. Hoy, desde la presidencia de Claudia Sheinbaum, se conduce la relación con organismos internacionales, la coordinación interinstitucional, la seguridad nacional y la imagen del país. El Mundial es también diplomacia y gobernanza global.
En las sedes, el poder del Mundial se expresa con especial fuerza en el turismo y el posicionamiento internacional. Ahí están cuatro mujeres clave: Michelle Fridman en Jalisco, Maricarmen Martínez en Nuevo León, Alejandra Frausto en la Ciudad de México y Josefina Rodríguez en la Secretaría federal. Ellas no solo “promueven destinos”; están decidiendo el relato. Con ellas se define qué México se muestra al mundo, qué industrias se fortalecen, qué beneficios se quedan y para quiénes. Esa mirada no es neutra: es resultado de una agenda que las mujeres han empujado durante años para que los grandes eventos no solo generen derrama económica, sino construyan valor social.
Lo relevante también aquí, es ver cómo grandes líderes como Juan José Frangie, quien coordina el Mundial en Jalisco, está rodeado en su equipo por talentosas e inteligentes mujeres, quienes dan rumbo a lo que será la gran fiesta este año en la tierra del tequila.
La sede inaugural del torneo también está gobernada por una mujer. Clara Brugada ha construido, junto con un equipo mayoritariamente integrado por mujeres en áreas clave como protección civil y cultura; están definiendo la forma en que el Mundial se vivirá en el espacio público: calles, transporte, plazas y convivencia urbana. Ahí se concreta si el evento excluye o integra, si ordena o colapsa, si deja huella o cicatriz.
Pero esta toma de decisiones no se queda en el gobierno. Se extiende al corazón económico del Mundial: las marcas patrocinadoras. Hoy, cada vez más empresas globales que invierten millones en el futbol tienen mujeres en posiciones de alta dirección. Son mujeres quienes definen estrategias de mercadotecnia, segmentación de audiencias, precios, campañas publicitarias y mensajes. Esto significa algo fundamental: el Mundial que veremos, el cómo se nos vende, cómo se nos cuenta y qué valores promueve, que estará mediado, en muchos casos, por decisiones tomadas por mujeres.
La publicidad no es inocente. Decide qué cuerpos aparecen, qué historias se cuentan, qué familias se representan y qué consumo se normaliza. Que haya mujeres decidiendo esas narrativas cambia el tono, amplía las miradas y rompe inercias que durante décadas reprodujeron estereotipos.
Hay algo más que está en juego y que no siempre se ve de inmediato. Cuando las mujeres ocupan los espacios donde se decide un evento global como el Mundial, cambian también las aspiraciones posibles. Para miles de niñas y jóvenes, ver mujeres gobernando ciudades sede, definiendo estrategias de marca, coordinando seguridad o encabezando políticas públicas alrededor del futbol, rompe una idea profundamente arraigada: que el deporte —y el poder que lo rodea— no les pertenece. La representación en la toma de decisiones no solo redistribuye poder hoy; ensancha el horizonte de lo posible para las siguientes generaciones.
Por otra parte, está el Mundial que casi nunca se reconoce: el de la operación cotidiana. La logística, la coordinación de sedes, el voluntariado, la atención a visitantes y la seguridad. Ahí también hay un avance silencioso pero decisivo. Mujeres coordinando flujos, resolviendo crisis, anticipando riesgos. Mujeres en los cuerpos de seguridad de estadios y calles, en protocolos de protección civil y en la gestión de multitudes. No como excepción, sino como parte de estructuras profesionales que hoy reconocen su capacidad y liderazgo.
No se trata de decir que las mujeres “organizan mejor” por naturaleza. Se trata de algo más profundo: cuando las mujeres acceden a la toma de decisiones, amplían los criterios de éxito. Ya no basta con que el evento sea espectacular; tiene que ser funcional, seguro, incluyente y con legado.
Por eso, aunque los partidos los jueguen hombres, los hilos del Mundial en México los están moviendo mujeres. Mujeres que gobiernan, que planean, que negocian, que diseñan estrategias de mercado, que fijan narrativas y que coordinan seguridad y logística. No llegaron ahí por concesión: llegaron por conquista.
Y quizá ese sea uno de los goles más importantes de este Mundial. No el que se grite en el estadio, sino el que se marque en la historia del poder.

El otro Mundial: el que están decidiendo las mujeres

Venezuela volvió al centro de la conversación internacional. Y como suele ocurrir, el reflector no apuntó primero a su gente, sino a la geopolítica con términos como soberanía, derecho internacional, petróleo, intereses económicos, equilibrios regionales. Lo que cuestiono no es hablar de ello; lo que me parece peligroso es hablar solo de eso.
Porque cuando el debate se llena de mapas, invasiones, barbas a remojar, tratados y recursos estratégicos, las personas vuelven a desaparecer del escenario. La captura de quien simboliza más de veinticinco años de poder dictatorial no es un hecho menor. Tiene implicaciones políticas, diplomáticas y jurídicas que el mundo no puede ignorar. Tampoco puede ignorar algo más básico: El derecho de un pueblo devastado a sentir alivio, esperanza y una alegría contenida, después de décadas de despojo, miedo y silencio.
Lo que resulta alarmante es la rapidez con la que esa reacción humana fue cuestionada. De inmediato, se activaron los guardianes del relato: Llamados a la prudencia, advertencias sobre soberanía, sermones sobre el orden internacional. Como si la prioridad fuera controlar la emoción antes que reconocer el daño. Como si el mundo estuviera más preocupado por la estabilidad del tablero que por la dignidad de los millones de personas que han pagado el costo.
Hace años, Pepe Mujica lo dijo con una claridad incómoda: “Venezuela se politizó tanto que la desgracia de su pueblo se volvió invisible”. Hoy esa frase no solo sigue vigente; explica el momento actual. Todo se interpreta desde bandos, ideologías y conveniencias, mientras la crisis humanitaria queda relegada a un segundo plano, como si fuera un daño colateral inevitable.
La tragedia venezolana no empezó afuera. No nació de sanciones ni de disputas recientes entre potencias. Se gestó durante años de decisiones internas que desde el chavismo destruyeron instituciones, cancelaron libertades y usaron la escasez como herramienta de control. El resultado es conocido: Sistemas alimentarios y de salud colapsados, inseguridad, millones de personas desplazadas, familias rotas, generaciones enteras creciendo sin certezas.
No nos creamos el cuento: Hablar ciegamente de geopolítica cuando nos referimos a Venezuela no es un análisis sofisticado; es una forma de evasión a la crisis humanitaria y al desastre que tiene que reconstruirse.
A nadie nos son ajenas las historias de las dictaduras. Las conozco por la vida misma. El abuelo de mi hijo huyó de una de las más largas y feroces de nuestra región: La dictadura de Castro. Como tantos cubanos, tuvo que dejarlo todo atrás y cruzar el Caribe con la incertidumbre como equipaje. Llegó a la Florida sin garantías, pero con una convicción intacta de que la libertad vale cualquier riesgo. Poco después en México logró reconstruir su vida y dirigir la facultad de psicología de la Universidad Iberoamericana. Como millones que entendieron que el exilio no es una elección ideológica, sino una decisión de supervivencia. Por eso sé que detrás de cada cifra hay una historia rota, y que ninguna narrativa política puede justificar el dolor que dejan los regímenes que se sostienen anulando a su gente.
Por eso sostengo más que nunca que tenemos que escuchar a la población venezolana. Su sentir, su hartazgo, su cansancio acumulado, su miedo todavía presente. Esa experiencia concreta es la que debe incorporarse al debate. Salirse de ese margen abruptamente es peligroso, porque significa responder únicamente a estímulos que, aunque se presenten como principios universales, están atravesados por intereses económicos y estratégicos muy concretos que andan solos y francamente están fuera de nuestro alcance. Nuestra posibilidad está más en el lado de la reconstrucción, la empatía y la cercanía con quienes podrán tarde o temprano resignificar sus vidas.
Cuando esa escucha no ocurre, se produce una segunda violencia: La revictimización. Y esta no siempre es explícita. Muchas veces es narrativa. Ocurre cuando se diluye la responsabilidad del régimen, cuando se normaliza el exilio como destino inevitable, cuando se habla de Venezuela sin hablar de los venezolanos. Eso no es neutralidad: Es omisión política.
La narrativa mediática internacional ha jugado un papel clave en esta distorsión. Al convertir a Venezuela en un caso de estudio, en un tablero o en un botín de recursos, la gente queda fuera del encuadre. Se discuten escenarios futuros mientras el presente sigue siendo de precariedad. Se analizan impactos globales mientras el daño cotidiano permanece intacto.
El resultado es perverso: La narrativa termina haciendo lo mismo que el autoritarismo, borrar a las víctimas. No negando su sufrimiento, sino diluyéndolo hasta volverlo irrelevante.
Mientras tanto, en Venezuela la alegría de celebrar duró muy poco pues ya nuevamente está la represión. Paró la catarsis de las plazas llenas. Por eso a quienes desde la libertad hablan de los abusos cometidos de manera atroz a su persona y a su Patria, démosles el oído sincero y seamos empáticos con el dolor que ellas y ellos vivieron.
Ojalá que ante la primera señal de cualquier otra señal de abuso el derecho internacional alcance para prevenir el desastre, porque en esta vez 15 países se abstuvieron cuando pudieron hacer algo. Eso sí estaba a su alcance para marcar un nuevo rumbo.
Hoy, el silencio continúa siendo una estrategia de supervivencia. Aun así, hay quienes desde fuera pretenden regularla, juzgarla o minimizarla. Como si después de décadas de abuso, las víctimas también debieran pedir permiso para sentir, expresarse y soñar una nueva vida.
El desafío de este momento no es elegir bando en el tablero internacional. Es algo más exigente: Sostener una mirada que no sacrifique a la gente en nombre de la geopolítica. Reconocer que sin justicia social, sin libertad y sin dignidad, no hay estabilidad que valga.
Mientras el mundo discute intereses, Venezuela sigue ahí, esperando justicia.

Cuando la narrativa borra a las víctimas: el caso Venezuela

México necesita infraestructura. Necesita trenes, carreteras, puertos y sistemas de transporte que acerquen regiones, reduzcan tiempos y abran oportunidades. Eso no está en discusión. El problema aparece cuando ese impulso por avanzar se hace con prisa, cuando la urgencia política pesa más que el cuidado y cuando la idea de “ya quedó” sustituye a la responsabilidad de hacer bien las cosas.
Este debate no es nuevo. En numerosas ocasiones, desde la Comisión de Zonas Metropolitanas de la Cámara de Diputados —que tengo el honor de presidir— hemos insistido en la importancia de mejorar la conectividad y la movilidad. Hablar de desarrollo también es hablar de trayectos más cortos y asequibles, de ciudades mejor comunicadas y de regiones que dejen de estar aisladas. Pero siempre hemos sido claros en que la seguridad no debe ser un detalle técnico ni un trámite administrativo; es la base de cualquier proyecto. Debe pensarse desde el proyecto ejecutivo, cuidarse durante la ejecución de la obra y atenderse todos los días con mantenimiento y supervisión constante.
El descarrilamiento del Tren Interoceánico el pasado fin de semana nos obliga a regresar a esa conversación. No basta con decir que es una obra estratégica o que traerá beneficios a largo plazo. Lo primero que debe garantizar cualquier infraestructura es que funcione sin poner en riesgo a quienes la usan. Cuando algo falla, las consecuencias no se quedan en un informe: llegan a afectar directo a la vida cotidiana de las personas. Además, no estamos frente a un hecho aislado. En los últimos años hemos visto cómo distintos proyectos y áreas estratégicas acumulan incidentes.
El Tren Maya ha registrado diversos percances desde que comenzó a operar; la Sedena y Marina han enfrentado recientemente accidentes graves en aviones, barcos y helicópteros; ahora se suma el Tren Interoceánico. No son casos idénticos, pero sí revelan una constante que no puede seguir ignorándose.
La narrativa institucional suele refugiarse en que se trata de “accidentes” o “eventos excepcionales”. Sin embargo, cuando los episodios se repiten en distintos frentes —trenes, aeronaves y transporte estratégico— lo fortuito deja de ser argumento y se convierte en alerta. Lo que ahora vemos es un patrón que exige revisión, correcciones y decisiones responsables.
Gobernar también es saber frenar, ajustar el rumbo y reconocer que no todo puede acelerarse sin consecuencias. No se trata de estar en contra de la infraestructura ni de frenar el desarrollo. Se trata de entender que las obras no terminan el día de la inauguración. Requieren presupuesto y claridad para contar con mantenimiento, personal capacitado, protocolos claros y voluntad política para corregir errores cuando algo no está funcionando.
Cuando eso se descuida, los proyectos dejan de ser solución y se convierten en problemas y desgracias que en el peor de los casos enlutan al país. México necesita conectarse, moverse mejor y crecer. Pero ese camino no puede construirse sacrificando lo más básico: la seguridad de las personas. No hay obra emblemática que justifique errores, ni progreso que valga si existen riesgos.
¿Con qué confianza nos apropiaremos de esos proyectos prioritarios? Conectar al país es una tarea urgente, pero hacerlo a cualquier costo no es gobernar, es improvisar. La infraestructura no puede medirse solo por la velocidad con la que se construye ni por la foto del día de la inauguración. Se mide por su capacidad de funcionar bien, de durar y de no poner en riesgo a nadie. Cuando la seguridad se vuelve secundaria, el problema no es un accidente: es un modelo que normaliza el error.
Y ese es un riesgo que México no puede seguir corriendo.

Conectar al país no puede costarnos la seguridad

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El compromiso con la seguridad: Un golpe maestro contra el CJNG

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Afrontar las consecuencias después de “El Mencho”

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Mi pecho no es bodega

La captura de &#8220;El Mencho&#8221; el pasado domingo, no solo sacudió la estructura del crimen organizado en Jalisco; sacudió el tablero emocional de una nación que volvió a contener el aliento ante la incertidumbre.
Sin embargo, la historia nos ha enseñado con dureza que descabezar una organización es un triunfo táctico, pero no una solución sistémica. Mientras el Estado cumple con su labor de aplicar la ley, la sociedad debe enfrentar la estadística que realmente nos debería desvelar: según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y diversos observatorios de seguridad, se estima que entre 30 mil y 35 mil menores de edad y jóvenes son reclutados anualmente por las filas de la delincuencia.
El miedo que se sintió en las calles no se cura solo con operativos, sino con una transición urgente de la reacción policial a raíz del conflicto. Para lograrlo, es imperativo transitar hacia una estrategia de reconstrucción que vaya más allá del despliegue de fuerza.
La experiencia internacional en sociedades que han sobrevivido a violencias crónicas, desde la transformación urbana y social en la médula de Medellín hasta los procesos de paz en Centroamérica, demuestra que el éxito radica en crear proyectos de vida donde hoy sólo hay vacío. No basta con programas asistenciales y becas; se requieren centros de innovación y espacios de identidad comunitaria que ofrezcan a nuestros jóvenes una narrativa distinta a la de la violencia.
La paz comienza cuando este &#8220;sueño mexicano&#8221; deja de ser una ilusión lejana para convertirse en una opción real de empleo, dignidad y pertenencia. Esta reconstrucción exige también que acortemos las distancias que, como sociedad, hemos permitido.
Necesitamos familias que escuchen y escuelas que funcionen como refugios de esperanza.
El pacto por el futuro de México no es un concepto abstracto, es una acción diaria que implica asegurar que cada niño o niña tenga un espacio seguro para jugar, pensar y desarrollar sus talentos. Así como una educación que compita con el atractivo del dinero fácil.
Otros países lo han logrado mediante la unidad y la inversión en su capital humano; nosotros no debemos ser la excepción.
La captura del domingo debe ser el catalizador para dejar de ser espectadores y convertirnos en arquitectos de una convivencia. Es posible reconstruir nuestro tejido social si actuamos juntas y juntos, desde ya, por un México en paz.

Ante la captura, llega la urgencia de paz