Luis Cisneros Quirarte

El escenario no podría ser más complejo: Claudia Sheinbaum gobierna en un juego de equilibrio entre las tensiones externas del hombre más poderoso del planeta y las internas del líder fundador del movimiento que la postuló; una díada de “machos alfa” -Trump y AMLO- a la que habría que sumar al considerado como el delincuente más peligroso del mundo. Este último, a quien no pudieron capturar ni Calderón ni Peña, y al que López Obrador ni siquiera intentó detener, murió durante su captura.
Es esclarecedor comparar este momento con los &#8220;quinazos&#8221; del pasado. Carlos Salinas encarceló a un líder petrolero que había osado apoyar la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas; Peña Nieto hizo lo propio con Elba Esther Gordillo para dejar claro que nadie estaba por encima del Ejecutivo tras la laxitud panista. Pero el &#8220;quinazo&#8221; de Sheinbaum no es contra un dirigente sindical y adversario político.
Esta captura representa el rompimiento simbólico definitivo con el arreglo anterior. Si la política de &#8220;abrazos, no balazos&#8221; fue una estrategia de pacificación fallida o —como ha pretendido documentar Anabel Hernández— una complicidad criminal a cambio de apoyo electoral y financiamiento, hoy ese pacto está muerto. Incluso si esta decisión responde a presiones de Trump, revela un pragmatismo que, para salvaguardar la soberanía frente a la amenaza de una intervención estadounidense en suelo mexicano, no duda en priorizar el interés superior de la Nación por encima de una mal entendida lealtad al pasado. Basta observar lo ocurrido en Venezuela e Irán para apreciarlo.
En este contexto, cabe la posibilidad de que la insistencia de Sheinbaum en la reforma electoral de alguna manera sea un intento suyo de compensar ante el patriarca del movimiento el abandono parcial de su política, aunque en el discurso insista que no hay tal. Ella cumple con enviar la iniciativa al Congreso; que sean los aliados quienes le digan no al Plan C de AMLO.
En lo local, Pablo Lemus hace lo propio en su particular juego de equilibrio. La relación entre Sheinbaum y el gobernador ha pasado del hielo al inicio del mandato de ambos -y el recelo vigente incluso durante la reciente detención del alcalde de Tequila-, a un reconocimiento personal de la presidenta por su forma de enfrentar el momento más difícil que ha vivido Jalisco en los últimos años. Así lo dejan ver las llamadas directas que desde el mismo domingo ha sostenido la presidenta con el mandatario jalisciense.
En contraposición, Lemus enfrenta a un bloque opositor en el Congreso, donde Morena y un sector del PAN han tejido una alianza contra natura sin sustento ideológico con el único propósito de desgastarlo. Ya antes él había trazado su propia línea de discontinuidad con el gobierno estatal anterior en un tema tan sensible como la desaparición forzada; también ha marcado distancia con la política de confrontación que su antecesor sostuvo en sus primeros años con el entonces presidente López Obrador. De hecho, la decisión de Enrique Alfaro de no asumir el costo político de actualizar los costos de operación del transporte público es ahora la principal bandera de la oposición en ese esfuerzo de golpeteo al gobierno de Lemus.
Jalisco, sede del cártel de mayor expansión territorial y próximo anfitrión del Mundial, es el espejo del desafío nacional. Sin obviar el reto a la seguridad, el gobernador deberá liderar la vuelta a la normalidad en un estado que estos días ha sido foco de atención internacional por razones indeseadas, y que espera volver a serlo en unos meses bajo una luz mucho más favorecedora.
En todo caso, después del domingo 22 de febrero a nadie debería quedarle duda: no hay hilos manejados a distancia desde Palenque. El mensaje es nítido: hay Presidenta en Palacio Nacional.

Habemus Presidenta

Al viejo régimen le tomó siete décadas desmoronarse. El PRI necesitó transitar por el autoritarismo de los sesenta, la corrupción y devaluaciones de los ochenta y el trauma de 1994 para que el país certificara su agotamiento. Morena, en cambio, lleva prisa: lo que al tricolor le tomó una vida, al movimiento guinda le está tomando un suspiro.
Hoy, Morena sobrevive en una esquizofrenia de poder. El movimiento oscila entre una presidenta que intenta institucionalizar un liderazgo propio y quienes le regatean el mando con la mirada puesta en un López Obrador que no parece haberse retirado a Palenque, sino haberse quedado en los pasillos de las decisiones clave.
Claudia Sheinbaum ha comenzado a trazar su línea de demarcación. Ejecuta un reposicionamiento que incluye el retiro obligado de cuadros de la &#8220;línea dura&#8221;, notablemente el de Adán Augusto López tras meses de filtraciones sobre supuestos vínculos delictivos y corrupción. Fue en el contexto de ese primer intento de depuración hace meses que el expresidente reapareció en video para presentar su libro “Grandeza”. Más que un adiós fue una advertencia: delineó &#8220;líneas rojas&#8221; para volver a la vida pública, dejando claro que su voz se alzará si la conducción del país se aparta de su vigilancia. Las revelaciones mediáticas sobre el senador cesaron y todo quedó en su renuncia a la coordinación de la bancada morenista en el Senado y en la conservación del fuero.
Esta crisis de autoridad se manifiesta en la rebeldía del Partido Verde y del PT. Es una ironía: los mismos aliados que con AMLO no cambiaban &#8220;ni una coma&#8221; a las leyes, hoy someten la reforma electoral a un regateo público. Para la presidenta, el respaldo tiene un precio que se factura en cada votación; lo que antes era lealtad ciega, hoy es insumisión calculada.
Pero el problema de fondo es una herencia criminal que ha mutado en captura territorial. La detenciones de la Operación Enjambre dan vigencia a la advertencia póstuma de Porfirio Muñoz Ledo al expresidente López Obrador: el &#8220;contubernio&#8221; con la delincuencia no es heredable. El crimen, una vez asentado, deja de necesitar al gobernante saliente para exigir aún más del que viene.
Los recientes operativos han puesto al descubierto que casos como el de Diego Rivera Navarro en Tequila no son anomalías, sino un patrón de gobernanza criminal. Las detenciones de alcaldesas en Amanalco y Acambay, y de mandos policiales en Tejupilco, evidencian que el crimen organizado ya no solo busca protección, sino que administra presupuestos y padrones municipales. En estos ayuntamientos el Estado ha sido sustituido por una oficina de extorsión legalizada.
La rapidez con la que Morena ha pasado de la &#8220;esperanza de México&#8221; a la realidad de alcaldes procesados en el penal del Altiplano debería alarmarnos. Si el PRI fue una &#8220;dictadura perfecta&#8221; que tardó décadas en pudrirse, Morena corre el riesgo de ser una estructura que nació con el germen de la descomposición ya inoculado. La pregunta hoy no es si el nuevo partido de Estado terminará de descomponerse, sino si el Estado mexicano mismo sobrevivirá a la velocidad con la que el régimen actual pierde el control frente a sus propios demonios y sus peligrosos aliados.

Morena: El vértigo de la descomposición

La reciente revelación del expediente penal de Leonardo Almaguer —con sus sombras de robo calificado y delincuencia organizada en 2004— debió haber provocado una sacudida ética. En su lugar, lo que presenciamos fue un despliegue de cinismo legislativo que retrata de cuerpo entero a buena parte de nuestra clase política.
Cuando el coordinador de Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado, solicitó formalmente que Almaguer compareciera ante el pleno para dar explicaciones, la respuesta fue una joya del surrealismo jurídico. Los coordinadores de las diversas bancadas cerraron filas y entregaron un escrito donde argumentan, con una solemnidad casi religiosa, que &#8220;no existe fundamento jurídico&#8221; para citar a comparecer a uno de los suyos.
Resulta fascinante ver a estos coordinadores volverse tan escrupulosos y puristas del Derecho cuando se trata de protegerse entre sí. El documento es un monumento al conflicto de interés: el propio Almaguer lo firma para blindarse a sí mismo, apenas unos días después de haber declarado que &#8220;estaba dispuesto a dar la cara&#8221;. Al final, la cara que dio fue la de saberse intocable.
Al firmar este pacto de silencio, las y los coordinadores —incluidas las del PRI y el PAN que desoyen a sus propias dirigencias— envían un mensaje claro: se sienten por encima del resto de los mortales. En su cosmovisión, ellos son los únicos facultados para exigir cuentas, pero nadie, absolutamente nadie, puede osar pedirles cuentas a ellos. Han convertido la representación popular en una casta privilegiada donde la curul funciona como salvoconducto.
Flaco favor le hacen a la ciudadanía al transformarse en la defensoría de oficio del “compañero Leo&#8221;. Mientras ellos se pierden en tecnicismos para evitar una comparecencia, la realidad afuera de su burbuja es aterradora. La reciente detención del alcalde de Tequila, el morenista Diego Rivera Navarro, por vínculos directos con el crimen organizado, nos recuerda que ya no estamos ante casos aislados de corrupción, sino ante más que evidentes intentos de captura sistemática de las instituciones por la delincuencia.
¿Cómo puede el Congreso exigirle transparencia a un municipio o a un secretario, si sus propios líderes se esconden tras un oficio para proteger a un coordinador con antecedentes de delincuencia organizada? Si el caso de Tequila es la evidencia de un cáncer que amenaza con corroer al país, la defensa de Almaguer en el Congreso es la prueba de que quienes tendrían que buscar una cura, prefieren en cambio proteger al virus. Al cerrar filas por Almaguer, las bancadas no solo protegen a un hombre; están abdicando de cualquier vestigio de autoridad moral.

El compañero Leo

El caso del diputado Leonardo Almaguer ha provocado un cortocircuito en el Congreso: mientras los dirigentes estatales del PRI y el PAN, Laura Haro y Juan Pablo Colín, respectivamente, exigen una investigación a fondo tras revelarse su pasado judicial, las coordinadoras parlamentarias de estos mismos partidos, Claudia Murguía y María del Refugio Camarena, han optado por un manto de protección que desafía toda lógica de congruencia partidista.
La crisis estalló con la revelación de que en 2004, el hoy diputado del PT y también coordinador de su bancada, fue ingresado al reclusorio de Puente Grande bajo acusaciones de robo calificado y delincuencia organizada. Aunque el legislador se defiende calificándolo como un &#8220;error del pasado&#8221; ya purgado, la pregunta no es sólo jurídica, sino profundamente ética. ¿Puede alguien con tales antecedentes legislar para un Estado que clama por seguridad y justicia?
Las dirigencias del PRI y el PAN han sido claras: piden que la Fiscalía Anticorrupción y las autoridades electorales intervengan. Saben que mantener a Almaguer en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) es un lastre reputacional que les costará caro en las urnas. Sin embargo, en el piso del Congreso la realidad es otra. Las coordinadoras parecen priorizar los desplantes al Poder Ejecutivo y la aritmética de los votos, por encima de los principios que sus líderes pregonan desde afuera. Las declaraciones de la diputada Murguía lo dejan muy claro, y en sus palabras se lleva por delante al dirigente estatal de su partido: “Es una estupidez lo que están pidiendo”.
¿Qué fuerza podrá más? Por un lado, está la legitimidad ética que intentan recuperar las dirigencias, conscientes de que la ciudadanía no perdona la opacidad en los antecedentes criminales. Por el otro, el pragmatismo parlamentario de las coordinadoras, que ven en Almaguer una pieza útil para los juegos de poder en que han incurrido en los últimos meses, ignorando que esa pieza está manchada por la sombra de la delincuencia organizada.
Si las coordinadoras persisten en protegerlo, estarán enviando un mensaje peligroso: que en el Congreso local hay quienes se aferran a un pacto no escrito de impunidad entre legisladores, en el que va implícito el temor a futuras revelaciones. La resistencia a que Almaguer pida licencia o comparezca ante el pleno, es la evidencia de una brecha profunda entre lo que los partidos dicen ser y lo que sus legisladores están dispuestos a tolerar.

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Para Pablo Lemus, los últimos siete días han representado, sin duda, su mejor racha en lo que va del año, y probablemente en toda su administración. Lo que comenzó como un escenario de altísima tensión tras la detención de un objetivo prioritario terminó en un despliegue de control de daños y consolidación institucional que pocos habrían vaticinado.
El panorama era sombrío. Jalisco se asomaba al caos: bloqueos, incertidumbre ciudadana y una afectación económica innegable. A esto se sumaban rumores sobre la cancelación de Guadalajara como sede del Mundial y el riesgo reputacional para el turismo en Tapalpa y Puerto Vallarta. La gobernabilidad y la imagen del Estado pendían de un hilo, y Lemus enfrentaba el momento de mayor presión de su gestión.
El primer movimiento para desactivar la crisis se centró en la presencia territorial. Las giras a Puerto Vallarta y Tapalpa buscaron proyectar normalidad. En Vallarta, se enfocaron en la reactivación turística; en Tapalpa, la visita brindó respaldo institucional. Se presentaron proyectos de apoyo a afectados y patrullaje estratégico, desvirtuando la idea de un Estado rebasado por la inseguridad.
Por otro lado, el malestar social por el incremento de la tarifa del transporte y la obligatoriedad de una tarjeta bancaria especial para el subsidio amenazaba con desbordarse a partir de su aplicación el primero de abril. Lemus desactivó este foco de conflicto al anunciar que el subsidio sería universal, no condicionado al plástico.
La decisión cayó como un balde de agua fría sobre los partidos de oposición, especialmente Morena, quienes ya se frotaban las manos para capitalizar la coyuntura. Estos cuadros, repudiados por colectivos ciudadanos por su oportunismo y cuyas convocatorias a marchas resultaron fallidas, son hoy los más molestos con la decisión del gobernador. El anuncio fue además muy oportuno: si bien la decisión ya estaba tomada semanas atrás y se retrasó por el operativo de captura, se hizo finalmente un día antes de la visita de la presidenta Sheinbaum.
El broche de oro ocurrió precisamente con Claudia Sheinbaum. Si el sexenio pasado las &#8220;mañaneras&#8221; en Jalisco estuvieron marcadas por una tregua fría o reclamos presupuestales, la primera mañanera de la presidenta bajo la administración de Lemus ofreció un rostro distinto. El intercambio de reconocimientos mutuos en la XV Zona Militar selló una alianza estratégica que otorga al gobernador una legitimidad que trasciende las fronteras de su propio partido.
Lemus entiende que depende de su capacidad de ser útil tanto a la Federación como a los jaliscienses. Si al inicio de la semana el Estado parecía rozar el caos, el cierre muestra a un gobernador que supo solventar la crisis y consolidarse como interlocutor indispensable. Ha sido, por mucho, su mejor racha reciente; una donde la política de resultados le ganó la partida a la retórica del conflicto.
Nada mal para alguien de quien algunos han dicho que no sabe —y que dice no le gusta— hacer política.

La mejor semana de Pablo Lemus