La estrategia de seguridad la dicta Estados Unidos
En la nueva dinámica de seguridad que se vive en México comienza a evidenciarse una realidad incómoda: quien realmente está marcando el rumbo en la lucha contra el crimen organizado no es únicamente el gobierno mexicano. Cada vez es más visible que Estados Unidos está influyendo de manera determinante en las decisiones estratégicas que impactan el futuro del Estado mexicano.
La política de seguridad impulsada desde Washington ha dejado claro que el crimen organizado en América Latina ya no se considera un problema interno de cada país, sino una amenaza regional que puede afectar directamente la estabilidad económica y política de Estados Unidos. Bajo esa lógica, las acciones contra las grandes organizaciones criminales han comenzado a formar parte de una estrategia geopolítica más amplia.
Uno de los personajes que ha tenido mayor presencia en esta política es Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, quien ha encabezado distintos posicionamientos e intervenciones diplomáticas en la región. Su discurso ha sido consistente: cuando los gobiernos no logran contener estructuras criminales que operan a nivel internacional, la presión política y las acciones estratégicas externas comienzan a intensificarse.
El mensaje se volvió aún más evidente con la operación que terminó con la muerte del líder del cártel identificado con el Estado de Jalisco. Para Estados Unidos, las organizaciones criminales que operan con capacidad financiera, armamentista y territorial similar a la de un actor político, se convierten en objetivos prioritarios. La rapidez y contundencia de estas operaciones envía una señal clara sobre cómo entiende Washington la lucha contra el crimen organizado.
Al mismo tiempo, recientemente se llevó a cabo una reunión de coordinación entre diversos países latinoamericanos para discutir estrategias de seguridad regional. Llama la atención que México, Colombia y Brasil no hayan sido incluidos en ese encuentro. Esta exclusión refleja la falta de confianza del gobierno de Donald Trump en la capacidad de estos gobiernos para enfrentar con firmeza a las organizaciones criminales que operan dentro de sus territorios.
Este escenario deja ver una realidad que pocas veces se dice abiertamente: cuando un Estado pierde capacidad real para controlar estructuras criminales que afectan intereses globales, otros actores comienzan a intervenir directa o indirectamente en la definición del orden.
El problema de fondo no es únicamente la influencia externa, sino lo que esta influencia revela. Cuando las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia no logran contener a organizaciones que operan como verdaderas estructuras de poder, el vacío de control termina siendo ocupado por presiones internacionales, acuerdos estratégicos y decisiones que ya no se toman únicamente dentro del país.
La verdadera pregunta no es si Estados Unidos está influyendo en la estrategia de seguridad de México. La pregunta de fondo es por qué esa influencia se vuelve posible.
Y la respuesta es simple: porque mientras el crimen organizado siga teniendo más control territorial, capacidad financiera y estructura operativa que muchas instituciones del Estado, la soberanía en materia de seguridad seguirá siendo cada vez más frágil.
