¿Guerras para “salvar a las mujeres”?
Hay un argumento que reaparece cada vez que Occidente necesita una justificación aparentemente moral para intervenir en otro país: salvar a las mujeres. La fórmula es conocida. Un gobierno es presentado como particularmente misógino; la supuesta liberación de las mujeres se convierte en parte del lenguaje político de la intervención.
Ocurrió en Afganistán en 2001. Ocurrió en Irak en 2003. Y ha aparecido con frecuencia en la retórica respecto a Irán desde aquel 1979. La promesa aparenta ser emancipadora. El resultado histórico, deja mucho qué desear.
Cuando Estados Unidos invadió Afganistán tras los atentados del 11-S, la liberación de las mujeres afganas fue parte central del discurso político de Washington. Durante años, la guerra fue presentada como una misión civilizatoria contra la brutalidad machista del régimen talibán. Veinte años después, las mujeres afganas no solo no fueron liberadas, sino que estuvieron entre las principales víctimas de aquella intervención. Quedaron atrapadas entre la guerra y el colapso de un proyecto político endeble construido bajo ocupación extranjera, cuyo desenlace fue el regreso de los talibanes al poder en 2021 y que en los últimos casi 5 años han endurecido aún más sus políticas contra mujeres y niñas.
Irak ofrece un patrón similar. El gobierno de Saddam Hussein era brutalmente autoritario y a pesar de ello el Estado iraquí previo a la invasión estadunidense, tenía niveles relativamente altos de alfabetización femenina y participación profesional en comparación con el caos posterior. Tras la invasión de 2003, el colapso del Estado, el sectarismo y la violencia de milicias transformaron radicalmente la vida pública, con consecuencias especialmente graves para las mujeres.
El caso de Irán revela una paradoja aún más profunda. Gran parte del discurso contemporáneo sobre los derechos de las mujeres iraníes omite un episodio clave de la historia del país: el golpe de Estado de 1953 contra el primer ministro democráticamente electo Mohammad Mossadegh, organizado por la CIA y el MI6 británico. La operación reinstaló al Sha Mohammad Reza Pahlavi, aliado de Occidente durante la Guerra Fría, cuyo régimen cultivaba una imagen de modernización, incluidas reformas legales para las mujeres, mientras la policía secreta SAVAK perseguía y encarcelaba a estudiantes, intelectuales, organizaciones de izquierda y activistas feministas que reclamaban reformas democráticas.
Entre las voces feministas que posteriormente reflexionarían sobre ese periodo, está Mehrangiz Kar, jurista y activista que ha señalado que el Irán previo a 1979, también estuvo marcado por censura, represión política y prácticas que contravenían los derechos humanos. Periodistas, activistas y opositores eran silenciados o encarcelados; la persecución contra movimientos seculares y contra sectores religiosos estaba a la orden del día. Al aplastar durante décadas a la oposición, incluidos movimientos progresistas, nacionalistas y feministas, el régimen del Sha debilitó precisamente a los actores que podrían haber articulado una alternativa democrática para Irán.
Cuando la revolución estalló en 1979, el espacio político para los movimientos seculares ya había sido erosionado y había sido ocupado por grupos ultrarreligiosos. La historia es incómoda porque nos muestra que Occidente debilitó precisamente a los actores que podrían haber articulado una alternativa política distinta.
Esta paradoja ayuda a entender por qué diversas analistas miran con escepticismo la utilización de la causa de las mujeres para justificar intervenciones extranjeras. La teórica poscolonial Gayatri Spivak describe esa narrativa colonial con una frase: “white men saving brown women from brown men” (hombres blancos salvando a mujeres morenas de hombres morenos). Una aparente justificación noble que abre la vía a la intervención militar cuyos fines son en realidad otros.
No es casualidad que cuando se habla de la opresión de las mujeres en países como Irán o Afganistán, el tema ocupa el centro del discurso y portadas internacionales. Sin embargo, esa indignación desaparece con notable rapidez cuando se trata de aliados políticos. Es precisamente esa incongruencia la que la ministra catarí Lolwah bint Rashid Al-Khater cuestionó recientemente al denunciar la instrumentalización de los derechos de las mujeres como argumento moral en la política exterior belicista de EE.UU. Es ahí donde el lenguaje de la emancipación femenina (sobre todo musulmana) aparece con frecuencia para justificar sanciones o intervenciones, mientras desigualdades profundas persisten y a menudo se ignoran en otros contextos.
La incongruencia es tal que el propio Estados Unidos, que se presenta como defensor global de los derechos de las mujeres, ni siquiera ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el tratado internacional más importante en materia de igualdad de género adoptado por la ONU en 1979. Hoy 189 países del mundo forman parte de la convención. Estados Unidos, sin embargo, permanece como uno de los pocos países del mundo, junto a un puñado de microestados, que nunca la ha ratificado. Tampoco ha adoptado el Protocolo Facultativo de la CEDAW, que permite a mujeres presentar denuncias internacionales cuando sus derechos son vulnerados.
Por su parte, Israel ratificó la convención en 1991, pero introdujo reservas significativas a los artículos 7(b) sobre nombramiento de juezas religiosas y el Artículo 16, que establece la igualdad entre hombres y mujeres en el matrimonio y la vida familiar. Estas reservas reflejan tensiones internas entre derecho civil y derecho religioso, y adquieren otra dimensión cuando se considera el contexto de ocupación israelí en territorios palestinos. Mientras Israel se presenta como una democracia avanzada en materia de derechos de sus ciudadanas, organizaciones internacionales han señalado reiteradamente las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres palestinas bajo el régimen de ocupación y apartheid. Diversos informes también han documentado el impacto desproporcionado que la violencia y las operaciones militares israelíes han tenido sobre las mujeres palestinas en el contexto del actual genocidio y devastación de Gaza.
Nada de esto significa que la opresión de las mujeres en otros países no sea real. Lo es, y debe ser denunciada. Pero cuando los derechos de las mujeres aparecen repentinamente en el lenguaje de políticos machistas con ansias bélicas, conviene recordar que las guerras no liberan a las mujeres. Y si el objetivo fuera realmente nuestra autonomía, muchos estados tendrían que empezar por saldar sus deudas de derechos en casa, antes de invocarlas como argumento para la guerra.
