Jonás

El director del SIAPA, Antonio Juárez Trueba, comparecerá otra vez ante los diputados del Congreso estatal. El pasado jueves 12 de marzo estuvo ante los diputados de la Comisión legislativa de Hacienda, y mañana jueves 19, justo una semana después, deberá estar ante el pleno del Congreso. Para el evento, se aprobó la realización de la sesión extraordinaria número 71 de la actual Legislatura.
No hay mucho qué descubrir en la nueva comparecencia del titular del SIAPA: nuevamente será el objeto de los reclamos y señalamientos de los diputados, principalmente de la oposición.
El listado de los temas pendientes, fruto de la crisis múltiple en el organismo, pasan por la necesidad de una cantidad multimillonaria de recursos para construir infraestructura, emprender obras que llevan décadas de retraso y una profunda reorganización, muy urgente, dentro del SIAPA.
Los diputados se lo harán saber al titular del organismo. Literalmente, lo acribillarán con cuestionamientos y evidenciarán sus fallas y faltantes. ¿Qué podrá hacer al respecto Antonio Juárez Trueba? Literalmente nada. Ya hubo un adelanto de su postura: reconocer y pedir ayuda. Y eso, evidentemente no es ninguna solución.
Lo que estamos atestiguando es cómo se ahonda una revancha política que no ofrece soluciones a la crisis del agua.
En el Congreso estatal, los diputados tienen plenas facultades para llamar a cuestionamiento a los funcionarios públicos. Exigirles respuestas e incluso aplicar sanciones. Pero este caso es especial.
De la comparecencia en el pleno del Congreso no van a surgir las respuestas a la urgencia de un mayor abasto de agua potable; no se entregarán calendarios para la esperada reestructuración interna ni se marcarán fechas tajantes para construir un ducto de Chapala a la ciudad, o una ampliación de la Planta Potabilizadora número 1, ubicada en Miravalle, tal como lo han establecido el titular del SIAPA y el secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín.
A los habitantes de la ciudad les quedan claras sus necesidades: abasto de agua, que no sea turbia y no huela mal. Que sea potable. Así de simple.
Además de esto, debe refundarse el SIAPA en tanto organismo operador, deben reponerse las reglas de operación, de administración, de cobranza.
Antonio Juárez Trueba se ha comprometido a entregar un diagnóstico y responder por los problemas internos y sobre todo, establecer una ruta de solución. Y no lo ha hecho. 
Sucede que no cuenta ni con los recursos, ni con el apoyo de las autoridades ejecutivas, ni con el presupuesto suficiente.
En días de Cuaresma, la “crucifixión” del director del SIAPA no conducirá a ninguna solución, pero en su persona se completará un episodio más del choque político que ha cruzado transversalmente la vida pública del Estado.

El SIAPA, otra vez ante diputados

Es un tema que se ha alargado innecesariamente y se ha convertido en un tormento político, en especial para el grupo político que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Pero este martes 17 de marzo, vuelve a ser asunto central en el discurso presidencial: es la reforma electoral. La mandataria mexicana presentará su Plan B con el aparente respaldo incondicional de los legisladores de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo.
Pero su ambiciosa reforma electoral ha quedado reducida sustancialmente; después de las múltiples críticas y señalamientos de especialistas y desconfiados opositores al régimen de la 4T, la presidenta se encontró con el obstáculo de sus propios aliados, que rechazaron el recorte económico a los partidos políticos, se negaron a que les fueran arrebatadas las diputaciones plurinominales, y en un giro extraño, el Partido del Trabajo decidió proteger al Instituto Nacional Electoral (INE) de recortes económicos, proyectados desde Palacio Nacional.
Las cifras revelan el tamaño del tropiezo: Claudia Sheinbaum pretendía un ahorro de 12 mil millones de pesos con sus recortes; ahora estima este ahorro en cuatro mil millones solamente, pero insististe en que ese dinero deberá destinarse a municipios, principalmente para atender su calendario de obras más urgente. ¿Con qué mecanismo lo garantizarán? Es un dato desconocido.
Lo que la presidenta no pudo doblegar es el pragmatismo de sus aliados políticos que están en la 4T, precisamente porque les da recursos económicos, públicos y espacios de poder en las cámaras y en los estados.
En este momento hay dos temas centrales en juego:
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<li> ¿Mejorará la democracia mexicana con esta reforma?</li>
<li> ¿Qué tan debilitada quedará la presidenta Claudia Sheinbaum después de las elecciones del 2027 y aún antes, en la determinación de candidaturas?  </li>
</ol>
Al retomar en su rueda de prensa, otra vez el tema de la reforma electoral, la presidenta lucía cansada o al menos eso parecía.
Ha sido un tema que le ha costado mucho políticamente y que no garantiza dividendos a su favor, sino por el contrario, quizás nuevas diferencias debajo de la mesa con su aliados en Morena en el Verde y en el PT.
Disminuir el número de diputados en los congresos de los estados o restarle recursos a los poderes legislativos de estados soberanos como los que integran la República Mexicana, puede abrir otra controversia, a pesar de que la mayoría de los gobiernos estatales sean del partido Morena.
La presidenta sabe que el tema, a pesar de la anunciada votación favorable, no será un paseo dominical y que el tema de la reforma electoral puede ser el contraste con otros aspectos de su gobierno, en los que los números son positivos para su gestión.
Habrá que revisar el contenido final de su propuesta.
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Lo que quedó de la reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se esforzó en sonreír y restarle importancia. “No fue un fracaso”, repitió en su rueda de prensa mañanera en Palacio Nacional, este 12 de marzo, cuestionada sobre el rechazo a su propuesta de reforma electoral. Insistió en que “el pueblo” la apoya y que la gente sabe que ella no negocia todo, y menos en esta materia. Y presentó inmediatamente el Plan B, que insistirá básicamente en lo mismo: reducir costos de las elecciones, recortar recursos al INE y a los partidos políticos.
Y aunque lo nieguen, sí hubo una sacudida real en Morena, en el Partido Verde y en el Partido del Trabajo.
La presidenta exhibió a los legisladores que votaron en contra de su propuesta de reforma electoral. Que quede constancia quiénes son. Y para los morenistas que votaron en contra tuvo una sentencia breve y contundente: “No tienen convicción”.
Quizá por ingenuidad o sólo por continuar con el juego, el coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, se quejó de la celeridad con la que se presentó el Plan B y dijo que apenas están revisándolo y Morena pretende presentarlo el próximo lunes. Comunicó también su sorpresa porque en la nueva discusión de este proyecto enviado por la presidenta Sheinbaum, se consideran consultas electorales que en el PT son interpretadas como si ellos “fueran extraños”.
La verdad les resulta amarga: en Palacio Nacional el PT y el Verde ya no serán tratados como aliados, al menos en lo que toca a esta reforma.
Y mientras la maquinaria de revancha y castigo avanza, la presidenta reiteró en una síntesis de fácil entendimiento en su mañanera, que el objetivo es hacer recortes. Subrayó que habrá reducción de sueldos para consejeros del INE, diputados estatales y regidores en todo el país. 
Son las mismas propuestas que se aplauden fácilmente porque todo lo que implique quitarle dinero a los privilegiados, será aprobado por los seguidores de la 4T.
Sin embargo, también para continuar con el juego de la reforma, habrá que esperar que lo sustantivo se retome: si el Plan B pretende aprobarse a como dé lugar, habrá que observar si se atienden otras propuestas, como establecer más mecanismos de vigilancia y sanción a partidos políticos y candidaturas que tengan financiamiento de origen dudoso o de plano ilegal; castigar y prevenir la presencia de la delincuencia organizada en campañas.
En síntesis, aprobar reglas que mejoren la democracia, que garanticen la conformación de mejores aparatos de gobierno, y no solamente la consolidación del discurso que en la realidad ha quedado desmentido, que todo debe decidirse en votaciones populares porque “es lo mejor”.

Y ahora, el Plan B

Cumplieron con las formas y con la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados: al someter a votación el paquete de iniciativas de reforma a la Constitución Mexicana, no alcanzaron los votos para aprobar la denominada “reforma electoral” presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
No pequemos de ingenuos. Aunque la presidenta diga que no fue un fracaso porque ella “ya cumplió” con lo que el pueblo le había pedido, lo fue.
Políticamente, el costo no lo pagan los partidos políticos “aliados” de Morena, el Verde y el Partido del Trabajo. El costo político lo paga ella.
Ya preparan el llamado “Plan B”, que consistirá en reformas a leyes secundarias para lograr los objetivos centrales de su propuesta: reducir los costos de la organización de elecciones, recortándole presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE) aunque eso implique reducir la confiabilidad de las elecciones. ¿Insistirá la presidenta en eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)? ¿En eso sí la apoyarán diputados y senadores del Verde y del PT, satisfechos con que no se reduzca el recurso económico a partidos políticos y no les quiten el control en la elección de legisladores plurinominales?
En coincidencia con lo que han señalado los partidos políticos de oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano) lo que de verdad urge es habilitar reglas para evitar que candidatas y candidatos relacionados con la delincuencia organizada y con élites políticas en estados y regiones, mantengan el control de candidaturas.
Por la derrota de la presidenta Sheinbaum en esta reforma le da fuerza a personajes como Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí que impulsa a su esposa Ruth González, para que se candidata a sucederlo; a Saúl Monreal, senador que quiere ser el tercero de los hermanos que gobierne Zacatecas; a Samuel García, que impulsa a su esposa Mariana Rodríguez para que sea candidata a gobernadora de Nuevo León. Y un largo etcétera.
El fracaso de la reforma electoral de la presidenta, aunque en las encuestas fuera apoyada por la población, le pone límites al poder presidencial y la pone contra la pared. A partir de este momento, aunque en el Cámara de Diputados griten: ¡Viva México! ¡Viva la presidenta Sheinbaum!, lo que en realidad ocurre es que se debilita su grupo político y se empoderan quienes la han retado desde hace meses.
La abundante verborrea legislativa que defiende la democracia y el derecho a votar, se sintetiza en el poder de los votos en la Cámara de Diputados y en el Senado. 
A partir de ahora, muy pronto en un sexenio que vive su segundo año, la presidenta Sheinbaum inicia un camino en declive. La lucha interna por las candidaturas en Morena, verá cómo otros liderazgos le discuten a la presidenta las decisiones. Y muy probablemente, las diferencias con el PT y el Verde se hagan más profundas e irreversibles.
No sólo se debilita Claudia Sheinbaum. Con ella pierde fuerza su núcleo y empieza a desmoronarse eso que bautizaron como “el segundo piso” de la 4T.

La reforma que nadie quiere

La distribución de agua por parte del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) sufre una nueva crisis: la del agua pestilente que han reportado desde tres semanas atrás en numerosas colonias de Guadalajara, aunque también lo han declarado vecinos de Tlaquepaque y Zapopan. El gobernador Pablo Lemus reveló el 9 de marzo que el origen del problema se ubica en “varios municipios” donde se han arrojado aguas residuales a ductos del SIAPA.
En un comunicado emitido el mismo, día, la Dirección del SIAPA señaló directamente a Tlajomulco de Zúñiga y apuntó varias poblaciones. A las pocas horas, el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez negó que Tlajomulco sea la fuente de la contaminación en el SIAPA e indicó que en acuerdo con la Secretaría General de Gobierno, se han realizado recorridos para determinar de dónde surgen las aguas residuales que están llegando a miles de domicilios en Guadalajara y otros municipios. No es Tlajomulco.
El panorama se complica. ¿Quiénes arrojan agua a los ductos del SIAPA? Se trata no de una falta administrativa, sino incluso de un delito.
En los últimos años, el SIAPA no ha podido resolver el agua turbia que con diferentes grados de suciedad, aparece en diferentes puntos de la ciudad. Ahora, se suma la pestilencia del agua que sale por la llave.
¿A qué distancia nos encontramos de que esto provoque un problema de salud pública? 
El mismo 9 de marzo, el gobernador Lemus Navarro informó que es urgente el financiamiento para dos proyectos hidráulicos:
1. La ampliación de la Planta Potabilizadora 1, de Miravalle (la misma a donde supuestamente está llegando el agua contaminada y que huele “a podrida”), que requiere 2 mil millones de pesos para ser ampliada.
2. La construcción de un segundo ducto de agua de Chapala a Guadalajara para sustituir al ducto actual, y para el que se necesitan al menos 11 mil 500 millones de pesos.
El mandatario solicita que el gobierno federal participe con al menos una tercera parte del total de los recursos, es decir un mínimo de 4 mil 500 millones de pesos.
Con esta infraestructura sería posible corregir los problemas de turbiedad del agua y mejorar el servicio.
¿Y los problemas de olores fétidos?
El SIAPA tiene varios problemas más, pendientes de resolver, como el cambio de la obsoleta red de tuberías de distribución del agua; la cartera vencida del SIAPA que asciende a casi 18 mil millones de pesos y que crece año con año; la reingeniería administrativa y operativa; la construcción del drenaje profundo que mitigaría los problemas cíclicos de inundaciones en la metrópoli durante el temporal de lluvias.
Adicionalmente, la infraestructura pendiente para traer agua de El Zapotillo; las plantas de tratamiento de aguas residuales y las nuevas reglas de operación para establecer tarifas, y un largo etcétera.
El paquete de pendientes es colosal y trasciende el sexenio, pero debe iniciarse ya, con las obras más urgentes, para evitar que la nueva crisis alcance, se insiste, la categoría de problemas de salud por la mala calidad del agua que se distribuye.

La crisis del agua pestilente

La tarifa del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara sigue siendo fuente de discusiones –la mayoría inútiles–, a pesar de que los múltiples problemas que se anticipaban a partir del 1 de abril quedaron conjurados con la confirmación de que no entrará en vigor el costo de 14 pesos, que se había anunciado en diciembre del año pasado.
El gobernador Pablo Lemus anunció desde el pasado 5 de marzo que la tarifa no será de 14, sino de 11 pesos, sin que sea obligatorio el uso de la Tarjeta Única, hecho que también había provocado numerosas críticas y descalificación de las fuerzas políticas de oposición. Además, confirmó que la tarifa para todos los estudiantes será de 5 pesos. Adicionalmente, personas de la tercera edad y quienes vivan con alguna discapacidad e incluso, estén registrados en programas especiales, pagarán sólo la mitad de la tarifa.
Adicionalmente, ayer se confirmó que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del Estado desechó las solicitudes de plebiscito y referéndum que se habían presentado los días 23 y 26 de enero pasados, para someter a consulta la determinación de la nueva tarifa de transporte. La razón es simple: al eliminarse el acuerdo para el aumento a 14 pesos, se eliminó la materia que era causa de las solicitudes, mismas que ya se habían turnado al Instituto Nacional Electoral (INE), donde se valoraban las firmas de los solicitantes.
A pesar del nuevo contexto, el Comité Estatal del Partido Morena anunció que mantendrán su exigencia de investigar el proceso que determinó la tarifa y adicionalmente, mantienen la solicitud a la Contraloría del Estado para que investigue la asignación a la empresa “Broxel”, que suministrará la Tarjeta Única.
La discusión, entonces, sigue otros derroteros: el político y el jurídico. El Partido Morena está en su papel como actor de oposición, pero para la población abierta, la que efectúa más de tres millones diarios de viajes en el transporte público, ya no es práctico mantener la discusión en la tarifa. Hay que girar ahora al análisis y revisión de la calidad del transporte.
En el Congreso del Estado se estableció una comisión especial que durante los próximos meses y con la participación de todas fuerzas partidistas representadas por los diputados, revisará los problemas señalados por los usuarios del transporte: calidad del servicio, comportamiento de los conductores, estado de las unidades, frecuencia de paso y otros factores.
Dicho de otro modo: para la sociedad ya es una pérdida de tiempo la discusión sobre la tarifa y los argumentos presentados desde el interés político y partidista. Lo que urge ahora es recuperar la calidad en el servicio, aumentar la cantidad de conductores y de unidades en circulación, además de revisar si el trazado de rutas es el adecuado. En estos y otros aspectos sí vale la pena mantener la vigilancia y la participación ciudadana, porque sin el transporte público, la ciudad se paraliza.

La discusión por la tarifa del transporte público

El hecho es contundente: el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, consiguió la alianza de varios presidentes latinoamericanos para establecer el “Escudo de las Américas”, una hechura en principio diplomática, que pone a las órdenes de la lucha contra el narcotráfico los esfuerzos de gobiernos como los de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y El Salvador, entre otros.
Como fenómeno de alianzas internacionales, tiene una particularidad establecida por el propio Trump: el objeto de combate es México. Nuestra nación ha sido señalada por el presidente norteamericano como “el epicentro de la violencia” provocada por los cárteles.
Apenas el viernes 06 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum había anunciado en la rueda de prensa mañanera, cuestionada sobre el anuncio de acciones unilaterales en cualquier lugar de América Latina, que el gobierno mexicano tiene un “acuerdo de entendimiento” con el gobierno estadounidense desde hace varios meses. Y que con base en ese acuerdo se trabaja conjuntamente en el combate a la delincuencia.
El episodio de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, apenas el 22 de febrero, pareciera una “garantía” de protección.
Pero al menos en el discurso, la postura de Donald Trump indica otra cosa: insistió ante los jefes de Estado latinoamericanos que la presidenta Sheinbaum Pardo se niega a recibir el apoyo de su gobierno para enfrentar a los cárteles.
Hay algunas consideraciones para tener presentes sobre este tema, porque la presidenta Sheinbaum, cuestionada nuevamente este fin de semana, recurrió a su ya trillada estrategia de mantener “la cabeza fría”. En otras palabras, de su parte no habrá respuestas a las frases y provocaciones –porque eso son– del presidente estadounidense. En primera instancia, es lo más conveniente, aunque no es una solución de fondo.
Por otra parte, gobiernos tan importantes como los de Chile, Ecuador, Bolivia y Argentina, no pueden describirse sólo como víctimas inocentes de la acción de los cárteles mexicanos. La penetración de la delincuencia organizada es resultado de la debilidad de las instituciones y la corrupción de funcionarios civiles y de seguridad. El modelo se repite en todas partes.
Sin embargo, la presión diplomática aumentará para nuestro país, si al discurso punzante de Trump se unen los de Milei, Noboa o Bukele.
Un coro de acusadores no modifica la realidad, pero sí legitima las acciones del gobierno estadounidense, que con eso reduce la eficacia de las innegables acciones de colaboración del gobierno mexicano.
El Escudo de las Américas es un reto adicional para el gobierno mexicano, obligado ahora a mantener y fortalecer la lucha contra el crimen organizado, y al mismo tiempo, aumentar la colaboración e intercambio de inteligencia con naciones latinoamericanas. Es una carga extra con repercusiones económicas, políticas y sociales.

El Escudo de las Américas

La mañana de este 05 de marzo, el gobernador Pablo Lemus le dio un giro inesperado a la discusión que desde diciembre, se mantuvo abierta por el incremento a la tarifa del transporte público, que pasó de 9.50 a 14 pesos, y que podía aplicar un descuento de tres pesos siempre y cuando se obtuviera la Tarjeta Única implementada por el gobierno estatal.
Hubo muchos episodios de confrontación política y manifestaciones públicas… hasta que ayer el mandatario sorprendió: la tarifa que se aplicará desde el 1 de abril será de 11 pesos, no 14. No es obligatoria la Tarjeta Única y todos los estudiantes pagarán sólo cinco pesos, igual que habrá descuento del 50% para adultos mayores, personas con discapacidad y cuidadores, además de los beneficiarios relacionados con personas desaparecidas.
Pablo Lemus impactó en la opinión.
El anuncio cierra de golpe el episodio de la discusión pública por el transporte y el aumento en la tarifa y deja abierta la vía para una tarea que él mismo explicó: seguirá el trabajo para mejorar la calidad y el desempeño del transporte público. 
De hecho, en las numerosas mesas de trabajo y foros de análisis, se insistió en que no sólo debe hacerse énfasis en la tarifa, sino también en la calidad del servicio del transporte público.
Mientras tanto, ayer mismo también, en el Congreso del Estado se desarrolló una sesión del pleno en la que se aprobó la instalación de una Comisión Especial para Vigilar y Mejorar el Servicio de Transporte Público en Jalisco, en la que participarán todos los diputados coordinadores. Adicionalmente, aprobaron citar a comparecer a los secretarios de Transporte, Diego Monraz y de Hacienda, Luis García, para que expliquen el mecanismo de funcionamiento del transporte después de los cambios anunciados.
La medida adoptada por el gobernador Pablo Lemus puede interpretarse como una corrección a tiempo. Políticamente ya le había representado un gran desgaste a su administración y las críticas sociales aumentaban.
En una ciudad como el Área Conurbada de Guadalajara, donde la movilidad es prioritaria y la mayoría de la población se traslada en transporte público, el aumento en la tarifa a 14 pesos y la obligación de utilizar una tarjeta bancarizada, se había convertido en una “bomba de tiempo”. 
Todavía, efectivamente, quedan pendientes todas las medidas para mejorar el funcionamiento del transporte público. Quizá la primera y más urgente solución que se requiere es la contratación de más choferes y el aumento en la frecuencia de paso de las unidades.
Esa tarea debe ser atendida por el secretario de Transporte, Diego Monraz, y toda la estructura de transporte, incluyendo a los transportistas, que a partir de ayer podrían generar resistencia a la instrucción del gobernador.
El tema sigue en el primer orden del interés público.

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Este 17 de marzo una explosión en la Refinería Olmeca, la de Dos Bocas, Tabasco, le costó la vida a cinco personas que infortunadamente para ellas, ni siquiera eran trabajadores regulares de Petróleos Mexicanos (Pemex), sino que habían sido contratados para otras tareas. Este evento muestra una vez que el legado del sexenio de Andrés Manuel López Obrador está marcado por la inoperancia y la improvisación.
La refinería de Dos Bocas, hay que recordar, fue una de las magnas obras y decisión unipersonal del expresidente. Para edificarla se estimó un costo de 8 mil millones de dólares, costo que cuando menos se duplicó a 16 mil millones de dólares según estimaciones extraoficiales, pues la información básica fue reservada para evitar que se conozcan detalles. 
El expresidente la inauguró en el año 2022, pero empezó a trabajar formalmente hasta 2024. Fue presentada por López Obrador como la gran solución a la necesidad de importar entre 60 y 70% del combustible refinado que se requiere en México. Dos Bocas, evidentemente, está lejos de ser el centro de producción de combustibles para el país.
Pero el accidente pudo haberse evitado. Desde que la obra estaba en proceso de edificación, las inundaciones por las intensas lluvias en Tabasco eran comunes. En numerosas ocasiones se cuestionó incluso la ubicación de la nueva instalación en una zona con uno de los mayores índices de precipitación pluvial en el país.
Sabiendo entonces que hay inundaciones regularmente, quizá pudo haberse evitado que el agua se mezclara con los aceites derivados del petróleo que se procesa en la refinería. Pero probablemente haya negligencia en el manejo y las medidas de seguridad, pues la mezcla de los materiales ocasionó finalmente la explosión. Determinar responsabilidades es parte de la tarea que ya está en manos de la Fiscalía General de la República y posteriormente, los juzgados correspondientes.
A estos problemas recurrentes de la Refinería Olmeca, habría que añadir el descarrilamiento del Tren Interoceánico a finales del año pasado, otra evidencia de improvisación, compras irregulares y utilización de materiales de menor calidad, que ha debido enfrentar la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y también hay que añadir, ya que se mencionan las obras más grandes y costosas del voluntarismo del expresidente López Obrador, la lenta operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el fracaso que ha sido hasta ahora el Tren Maya, más conocido por la confrontación con los ambientalistas y las denuncias del daño al medio ambiente y la fauna en la Península de Yucatán.
Es el saldo del sexenio obradorista.

Investigación judicial en la refinería de Dos Bocas