Juan Pablo Colín

La reciente decisión del Gobierno de Jalisco sobre la tarifa del transporte público deja más preguntas que respuestas, y sobre todo deja claro algo preocupante: se está optando por la salida fácil, cargarles el costo a los ciudadanos, sin garantizar una verdadera mejora en el servicio.
Hoy se nos dice que la tarifa será de 11 pesos para los usuarios. Sin embargo, la realidad es distinta: el costo real del pasaje será de 14 pesos. La diferencia, 3 pesos por viaje, será cubierta con un subsidio pagado con el dinero de todas y todos los jaliscienses. Es decir, no se evita el aumento, simplemente se disfraza.
Desde el PAN en Jalisco fuimos claros desde el principio. Nunca nos negamos a discutir el tema de la tarifa, pero propusimos algo elemental: que cualquier ajuste estuviera condicionado a resultados. Nuestra propuesta era sencilla: establecer un plazo de seis meses para evaluar mejoras reales en el transporte público. Si el servicio no mejoraba, entonces la tarifa no debía incrementarse.
Era una lógica simple: primero mejorar, después cobrar más, pero esa condición hoy desaparece. Con el subsidio anunciado por el gobierno estatal, los transportistas tendrán garantizados los 14 pesos por pasaje desde el primer día, independientemente de si el servicio mejora o no. En otras palabras, se les asegura el ingreso sin exigir resultados claros para los usuarios.
Más preocupante aún es que se echa para atrás una de las condiciones que se habían planteado: el uso de la llamada tarjeta naranja para acceder al subsidio. Ahora el esquema es directo. El usuario paga 11 pesos y el gobierno pone los otros 3. Así, sin filtros y sin mecanismos claros de evaluación.
La pregunta es inevitable: ¿Dónde queda la exigencia de mejorar el servicio? Porque las y los usuarios del transporte público en Jalisco conocen bien la realidad. Unidades en mal estado, rutas insuficientes, tiempos de espera excesivos y un sistema que todavía tiene enormes áreas de oportunidad. La discusión no puede centrarse únicamente en la tarifa; debe centrarse en la calidad del servicio.
Pero hay un elemento aún más injusto en esta decisión: en Jalisco existen municipios y comunidades donde simplemente no hay transporte público. Miles de jaliscienses que no cuentan con una sola ruta de camión, que tienen que resolver su movilidad como pueden y aun así, también ellos pagarán con sus impuestos este subsidio, es decir, personas que nunca se subirán a una unidad del transporte público estarán financiando el aumento disfrazado de tarifa.
Eso no es justicia social, ni es una política pública bien diseñada, si el gobierno decidió avanzar con este subsidio, entonces tiene la obligación de establecer metas claras, plazos concretos y mecanismos de evaluación transparentes. Los 3 pesos que pagarán todos los jaliscienses no pueden ser un cheque en blanco para los transportistas, ese dinero público debe traducirse en unidades nuevas, mejor frecuencia, rutas más eficientes y un servicio digno para los usuarios.
Porque lo que no puede seguir pasando en Jalisco es que cada discusión sobre el transporte termine igual: los ciudadanos pagando más y el servicio quedándose igual.
El transporte público debe mejorar, no solo costar más y si el dinero de todos está sobre la mesa, entonces también debe estar la exigencia de resultados, esa es la responsabilidad del gobierno, y esa es la exigencia que seguiremos haciendo desde Acción Nacional.

Juan Pablo Colín – Contrapeso

El tarifazo sigue, no la Tarjeta Naranja

Morena no quiere una reforma electoral que fortalezca la democracia; lo que busca es una reforma que le otorgue más control político, que reduzca la vigilancia institucional y que debilite los contrapesos que hoy limitan el poder del gobierno, y cuando un partido que gobierna pretende cambiar las reglas del juego electoral desde el poder mismo, lo primero que corresponde a cualquier ciudadano responsable es desconfiar, porque la experiencia histórica nos demuestra que las democracias no se erosionan de golpe, sino mediante ajustes aparentemente técnicos que, en el fondo, concentran decisiones y reducen equilibrios.
La democracia no se cuida sola ni se mantiene por inercia; la democracia se defiende todos los días, especialmente cuando el partido gobernante intenta colocarse en la posición de juez y parte, moldeando el sistema electoral a su conveniencia y debilitando a las instituciones que deberían actuar con autonomía, pues México no necesita una reforma diseñada para acomodar el sistema al poder en turno, sino un marco electoral que garantice piso parejo, autoridades fuertes, reglas claras y absoluta independencia frente a cualquier presión política.
Lo más preocupante es que esta iniciativa evita deliberadamente atender el problema más peligroso que hoy enfrentan nuestras elecciones: la infiltración del dinero del narcotráfico, la presión del crimen organizado sobre candidaturas y la posibilidad real de que intereses criminales condicionen resultados, porque ese es el verdadero riesgo estructural para la democracia mexicana, y sin embargo, en lugar de proponer mecanismos más severos de fiscalización, mayores capacidades de investigación o blindajes efectivos contra la intervención del crimen organizado, el proyecto guarda silencio sobre lo esencial y se concentra en modificar estructuras que hoy brindan certeza.
En cambio, sí plantea la desaparición del PREP y el debilitamiento de herramientas que han dado estabilidad y transparencia durante décadas, mecanismos que permiten a la ciudadanía conocer resultados preliminares desde la misma noche de la elección y que reducen incertidumbre, tensiones y especulaciones, porque cuando se elimina información oportuna y verificable, no se fortalece la confianza, se abre la puerta a la sospecha, y cuando se debilita al árbitro electoral y se concentran decisiones en menos manos, el que pierde no es un partido político en particular, sino el ciudadano que deposita su voto con la esperanza de que será contado con claridad y respetado sin manipulación.
Las reglas electorales no pueden modificarse desde el poder para beneficiar a quien gobierna, porque eso rompe el equilibrio mínimo que toda república requiere para funcionar con legitimidad, y aunque Morena prometió ser diferente y respetar la voluntad popular, cada vez que un contrapeso institucional le resulta incómodo intenta reducirlo o desaparecerlo, lo que confirma una tendencia preocupante hacia la concentración de poder y la erosión gradual de los equilibrios democráticos que tanto trabajo costó construir.
Si realmente existiera voluntad de mejorar el sistema electoral, la prioridad sería blindarlo contra el dinero ilícito, fortalecer la fiscalización, proteger a candidatos y ciudadanos frente a la violencia y asegurar que ningún grupo criminal pueda influir en la decisión popular, porque esa sí sería una reforma de fondo y no un ajuste estratégico para controlar el proceso, y por eso desde Jalisco lo decimos con claridad: no vamos a permitir que una reforma electoral se convierta en un instrumento para perpetuarse en el poder, vamos a defender el voto libre, la transparencia institucional y el derecho de cada ciudadano a decidir sin presiones, porque la democracia no se negocia ni se acomoda al gobierno en turno, la democracia se defiende con firmeza.

Reforma electoral: control y algo más

Los hechos ocurridos en nuestro Estado en las últimas horas nos obligan a actuar con responsabilidad y altura institucional. Jalisco ha vivido momentos de tensión y preocupación social derivados de operativos federales y de las reacciones violentas de grupos delictivos, ante ello, lo primero es reconocer con claridad la labor de las Fuerzas Armadas y de las instituciones de seguridad que arriesgan su vida para defender el Estado de Derecho.
Desde Acción Nacional expresamos nuestra solidaridad con las familias de los elementos del Ejército y de las fuerzas federales que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Su sacrificio no puede ser indiferente para la autoridad, ni para la sociedad a la que sirvieron con honor. Asimismo, lamentamos profundamente la pérdida de la vida de una mujer en el marco de estos hechos. Cada vida cuenta, cada víctima nos recuerda la urgencia de recuperar la paz y de no normalizar la violencia como si fuera parte inevitable de nuestra realidad.
Este no es momento de división ni de especulación política, es momento de serenidad, de responsabilidad y de unidad. Las y los jaliscienses necesitan instituciones firmes, mensajes claros y acompañamiento solidario. Necesitan saber que el Estado está presente no solo en los operativos, sino también en la reconstrucción de la tranquilidad cotidiana.
En Acción Nacional reiteramos que México y Jalisco no pueden acostumbrarse a vivir bajo amenaza criminal; no podemos permitir que los bloqueos paralicen ciudades, que el miedo encierre a las familias en sus hogares o que la incertidumbre golpee a los comercios y a quienes dependen del trabajo diario para salir adelante. Reconocemos el valor de quienes defienden a nuestro país y hacemos un llamado a que prevalezca la coordinación efectiva entre los distintos órdenes de gobierno para garantizar la tranquilidad de nuestras comunidades.
La coordinación no es un discurso, es una obligación, es intercambio de información, es estrategia conjunta, es reacción oportuna y es presencia permanente en las calles. Pero también es prevención, inteligencia y fortalecimiento de las policías locales. No se trata solo de contener una crisis, sino de evitar que vuelva a repetirse.
Ahora trabajemos para restablecer la vida de los jaliscienses. Después de momentos de tensión e incertidumbre, nuestra prioridad debe ser que las familias recuperen su tranquilidad; que las calles vuelvan a ser espacios seguros; que el transporte funcione con normalidad; que las niñas y los niños regresen a clases sin temor; que la actividad económica retome su ritmo y que los pequeños negocios afectados por los bloqueos reciban acompañamiento institucional. Por ello, desde Acción Nacional estaremos proponiendo en el Congreso del Estado que exista una reparación del daño o indemnización para personas que se vean afectadas en hechos violentos como narcobloqueos.
Restablecer la vida significa garantizar orden, certidumbre y respaldo a quienes resultaron afectados. Significa que el Estado asuma su papel no solo como autoridad que persigue el delito, sino como garante de derechos y de estabilidad social, significa dar la cara, informar con transparencia y sostener la presencia hasta que la normalidad esté plenamente recuperada.
Hoy debemos estar a la altura de lo que la ciudadanía espera de nosotros: responsabilidad, respeto y un compromiso firme con la paz de Jalisco. No con discursos estridentes, sino con resultados medibles; no con protagonismos, sino con coordinación; no con indiferencia, sino con cercanía a las víctimas y a quienes vivieron horas de angustia.
Jalisco es más fuerte que la violencia, pero esa fortaleza se construye con instituciones sólidas, con liderazgo claro y con una convicción inquebrantable. La tranquilidad de las familias no es negociable, recuperarla y preservarla es, y debe ser, la prioridad absoluta del Estado.

“La paz de Jalisco no es negociable”

En el marco del 484 aniversario de Guadalajara, lo que debería ser motivo de orgullo y celebración terminó exhibiendo, una vez más, el talante autoritario de quienes hoy gobiernan el municipio. Mientras el discurso oficial se llena de luces, templetes y sesiones solemnes, en los hechos se intenta apagar cualquier voz crítica que incomode al poder.
Desde el Partido Acción Nacional en Jalisco diseñamos una campaña clara y legítima, una serie de espectaculares para felicitar a Guadalajara en su aniversario y, al mismo tiempo, expresar la inconformidad ciudadana ante la evidente falta de resultados de la actual administración. El mensaje era sencillo, directo y profundamente respetuoso: “Feliz cumple Guadalajara, ojalá el gobierno también te cumpliera”, eso fue suficiente para desatar la censura.
Empresarios del sector publicitario nos hicieron saber que recibieron presiones y actos de amedrentamiento por parte del Gobierno Municipal para impedir la contratación y exhibición de los espacios. No se trató de un problema técnico ni comercial, fue una decisión política: silenciar a la oposición. Cuando el poder utiliza su posición para intimidar a particulares y frenar la libre expresión, deja de ser autoridad democrática y se convierte en aparato de control.
Nuestra estrategia era clara, visibilizar en espectaculares la inconformidad ciudadana por la falta de resultados, pero el Ayuntamiento optó por la vía más fácil y más grave, presionar para que el mensaje no se publicara. Lo decimos fuerte y claro, por más que el Gobierno quiera callar al PAN, no nos van a parar.
Ante el intento de silencio, trasladamos el reclamo directamente a las calles, por ello, el pasado 14 de febrero a las 11:30 horas iniciamos en Plaza Universidad y continuamos en los cruces de Alcalde con Juárez y 16 de Septiembre, en el corazón de la ciudad. Militantes y dirigentes portaron playeras con la frase que el gobierno intentó borrar de las avenidas. Si no nos dejaron estar en espectaculares, estuvimos con la gente.
Ahí distribuimos volantes con datos que el gobierno municipal prefiere esconder detrás de los festejos:
• Crisis de inseguridad: 79% de percepción de inseguridad; 8 de cada 10 mujeres temen salir a la calle.
• Abandono urbano: 84.5% de los ciudadanos identifica los baches como el principal problema; reportes de hasta 25 baches nuevos por día.
• Desabasto de agua: más de 140 colonias afectadas en 2025 por graves fallas en el suministro.
¿De qué sirve la celebración oficial si la realidad cotidiana de las y los tapatíos está marcada por el miedo, el deterioro y la falta de servicios básicos?
El contingente se trasladó a las afueras de la Presidencia Municipal, coincidiendo con la sesión solemne del Ayuntamiento, mientras al interior se pronunciaban discursos y se intercambiaban elogios, al exterior se denunciaba la censura y la falta de resultados.
No estamos frente a un simple diferendo político, estamos frente a un intento de inhibir la libertad de expresión y de utilizar el aparato municipal para intimidar y eso no lo vamos a normalizar.
Guadalajara cumple 484 años. Es una ciudad con historia, carácter y ciudadanos valientes. No merece gobiernos que le teman a una lona, a una frase o a una crítica. Porque celebrar a Guadalajara implica honrarla con buen gobierno. Y eso, hoy por hoy, es precisamente lo que está faltando.

Cumpleaños y censura en Guadalajara

Morena llegó al poder prometiendo ser distinto. Juraron que serían la regeneración moral del país y se llenaron la boca hablando de honestidad, de austeridad republicana, de acabar con los privilegios y con la corrupción que decían, representaban “los de antes”. Hoy, con los hechos en la mano, queda claro que no solo no fueron diferentes, resultaron peores.
La falsedad se convirtió en su doctrina, Morena no es el movimiento moral que vendieron; es una maquinaria de poder que se alimenta del discurso mientras actúa exactamente como aquello que juraron combatir, incluso con más cinismo.
Ahí está el lamentable espectáculo protagonizado por el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, un episodio indignante donde su equipo fue captado limpiándole los zapatos antes del inicio del evento por el Aniversario de la Constitución Mexicana y la explicación fue todavía más ofensiva para la inteligencia de los mexicanos: “no se dio cuenta”. ¿De verdad? ¿No se dio cuenta de que una colaboradora estaba hincada limpiándole sus zapatos?, ese momento retrata lo que Morena significa hoy, una élite desconectada, cómoda y servida, mientras predica igualdad y sencillez.
Prometieron austeridad y practican privilegio, prometieron humildad y ejercen soberbia. Las camionetas blindadas son otro ejemplo claro. Cuando llegaron al poder, hicieron espectáculo regresando vehículos oficiales para construir la narrativa de que eran distintos y hoy sabemos que muchas de esas unidades no regresaron, que los esquemas de protección siguen intactos y que la supuesta austeridad es más un slogan que una realidad. La austeridad en Morena es selectiva, se exige a los ciudadanos, pero no se practica en el círculo del poder.
El problema no es solo la incongruencia, es mucho más grave, tenemos casos de funcionarios y figuras cercanas a Morena con vínculos cuestionables, investigaciones abiertas o antecedentes penales. El caso de Diego “N”, procesado por delitos graves, es un golpe directo a esa narrativa de pureza moral. Las acusaciones que han rodeado a Adán Augusto López Hernández, o los antecedentes judiciales y señalamientos en contra de Carlos Lomelí Bolaños, no son asuntos menores, son señales de alarma, son pruebas de que el discurso anticorrupción se aplica según conveniencia política.
Morena construyó su identidad acusando a todos los demás. Se asumieron como los únicos moralmente superiores, pero la superioridad moral no se proclama, se demuestra y hoy lo que demuestran es exactamente lo contrario.
El problema no es que sean humanos y se equivoquen; el problema es que mintieron cuando prometieron que serían diferentes, mintieron cuando aseguraron que no habría privilegios y mintieron cuando dijeron que el poder no los iba a transformar.
El poder no los transformó, los exhibió, porque cuando alguien llega prometiendo acabar con los excesos y termina rodeado de lujos, camionetas blindadas y escándalos de corrupción, no estamos frente a una decepción menor, estamos frente a una traición política.
Morena no es la regeneración nacional, es la confirmación de que el discurso sin congruencia se convierte en demagogia y México ya no necesita más discursos, necesita verdad, coherencia y responsabilidad.
Prometieron ser distintos, resultaron iguales y en muchos casos, peores. La verdadera transformación pendiente no es la del país, es la de la honestidad en el ejercicio del poder.
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La austeridad que se niega a vivir Morena

En Acción Nacional lo decimos con claridad y sin rodeos: la niñez no se usa, no se negocia y no se convierte en bandera electoral. En Jalisco y en México, hay causas que están por encima de modas ideológicas, de cálculos políticos y de agendas impuestas desde el poder y una de ellas es la defensa de nuestras niñas y nuestros niños.
El PAN defendió a la niñez y lo hizo dando la cara, ya que en Jalisco, Morena y sus aliados impulsaron la iniciativa para permitir que niñas y niños pudieran cambiar su género en el acta de nacimiento. No fue un error ni una confusión legislativa, fue una decisión política cargada de ideología, que pretendía avanzar sin escuchar a las familias ni considerar las consecuencias de fondo y frente a eso, en el Congreso de Jalisco hubo una postura clara, no pasar.
Esa iniciativa se rechazó porque el PAN defendió a la niñez, porque para nosotros la niñez y las familias no son mercancía electoral ni moneda de cambio, porque creemos que los menores deben ser protegidos, no utilizados como laboratorio social ni como instrumento de propaganda política.
Hoy quiero reconocer a las y los panistas de Jalisco, a quienes sostuvieron esta defensa con firmeza, sin titubeos, sin esconderse y dando la cara ante las y los jaliscienses. Defender a la niñez no es una bandera de campaña, es una convicción profunda, es un compromiso ético y social que no depende del aplauso fácil ni de la presión mediática.
Mientras tanto, vemos con preocupación la incongruencia de otros actores políticos; Movimiento Ciudadano en Jalisco pretende presentarse como defensor de las niñas y los niños, pero desde sus dirigencias nacionales y estatales promueven exactamente la misma agenda que aquí dicen cuestionar, eso no es congruencia, es oportunismo.
Las niñas y los niños no pueden ser un tema electoral, no se trata de ganar likes en redes sociales ni de sumar votos en una coyuntura política, se trata de proteger a quienes no pueden defenderse solos, de actuar con responsabilidad social y de entender que las decisiones que se toman hoy tienen efectos permanentes en la vida de las personas y en el tejido social.
En Jalisco y en México hay una línea que no se cruza y esa línea es la niñez, por eso, desde Acción Nacional exigimos claridad. A la dirigencia de Movimiento Ciudadano le pedimos que sea honesta con su postura, con las y los jaliscienses y con todos los mexicanos, que no jueguen a dos bandas, que no digan una cosa en el ámbito local y otra en el nacional, que asuman el costo político de sus decisiones y de sus alianzas ideológicas.
La defensa de nuestras familias es algo que en Acción Nacional vamos a hacer siempre, no hoy, no solo cuando conviene, no únicamente cuando hay reflectores. La defensa debe ser siempre, porque creemos en la familia como núcleo de la sociedad, porque entendemos la responsabilidad que implica legislar para las futuras generaciones y porque no estamos dispuestos a cruzar límites que ponen en riesgo a quienes merecen mayor protección.
En Acción Nacional estamos del lado de las familias y sin titubeos, del lado de la niñez.

La niñez no se toca

La austeridad en este país se ha convertido en un discurso cómodo, no en una convicción. Se invoca en conferencias, se repite en discursos y se presume como bandera moral, pero cuando llega el momento de aplicarla en serio, curiosamente, siempre hay excepciones y hoy una de esas excepciones tiene nombre y apellido, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Qué rápido se les olvidó a los ministros su discurso de la “austeridad republicana”, esa misma Corte que la 4T vendió como símbolo de una nueva era, sin privilegios, sin excesos, cercana al pueblo, acaba de quedar exhibida por algo muy sencillo: camionetas blindadas… y de lujo.
De acuerdo con reportes de prensa, la Suprema Corte confirmó la compra de nueve camionetas blindadas para sus ministros y aquí viene lo verdaderamente ofensivo, el costo se ha manejado entre 1.5 y 3 millones de pesos por unidad, dependiendo el nivel de blindaje. El propio presidente de la Corte, Hugo Aguilar, habló públicamente de alrededor de 2.4 millones de pesos por camioneta ya blindada, si hacemos la cuenta: más de 20 millones de pesos en puro “transporte austero”.
Eso sí, guardaron silencio, no informaron, no transparentaron, no explicaron y como suele pasar, no dijeron nada, hasta que se armó el escándalo. Entonces, de pronto, apareció la versión corregida y que siempre no las querían, que las van a devolver, que se van a reasignar, en otras palabras, sí a la austeridad, pero solo cuando los cachan.
Todavía nos quieren vender la frase mágica, “seguridad no implica lujo”, perfecto, nadie discute que los ministros tengan derecho a seguridad, lo que se cuestiona es la hipocresía. Porque una cosa es proteger la integridad y otra muy distinta es moverse en camionetas millonarias mientras se presume cercanía con el pueblo y se condenan los “privilegios del pasado”.
Si de verdad creen que seguridad no es lujo, empiecen por demostrarlo con hechos, no con camionetas de alta gama ni con excusas de último minuto. La congruencia no se declara, se ejerce y mientras tanto, millones de mexicanas y mexicanos se suben todos los días a un transporte público deficiente, inseguro, saturado, donde el miedo es parte del trayecto y ahora resulta que los “ministros del pueblo” no son tan del pueblo y viajan blindados, cómodos y en vehículos que la mayoría de los mexicanos jamás podrá pagar.
Desde el PAN Jalisco lo decimos con claridad: la austeridad selectiva no es austeridad, es simulación y la simulación también erosiona la confianza en las instituciones. Una Corte que predica una cosa y hace otra pierde autoridad moral, aunque conserve atribuciones legales.
La justicia no se fortalece con lujos ni con discursos vacíos, se fortalece con congruencia, transparencia y respeto al dinero de la gente, porque ese dinero no es del gobierno, ni de los ministros, ni de ningún proyecto político, es de las y los mexicanos, pero no se preocupen, cuando se les olvida, el PAN tiene que recordárselos.

Seguridad, pero con lujo

La discusión sobre la Reforma Electoral no es un debate técnico ni un ajuste administrativo, es una discusión de fondo sobre el tipo de país que queremos ser y desde el PAN Jalisco lo decimos con toda claridad: No estamos en contra de cambiar las reglas para mejorar la democracia, estamos en contra de que el poder use la ley para quedarse con el poder.
Lo que hoy propone Morena no es una Reforma Electoral, es una trampa legal para controlar elecciones, árbitros y resultados y un intento burdo por escribir las reglas del juego desde el gobierno, controlar al árbitro y luego salir a competir con ventaja. Eso no es democracia, eso es abuso de poder.
Esto ya lo vimos antes, pasó en Venezuela y no empezó con tanques ni con dictaduras abiertas, empezó con reformas “legales” que vaciaron la democracia desde adentro. Reformas que parecían técnicas, pero que en realidad estaban diseñadas para someter a las instituciones y perpetuar al poder en el gobierno.
Y hay algo todavía más grave: Cuando quitas controles, el dinero ilegal entra a la política. Huachicol, crimen organizado, financiamiento en lo oscurito, eso es lo que quieren normalizar. No es una reforma técnica, es una reforma de control y estamos en contra de que el gobierno se haga trampa solo. Morena quiere escribir las reglas, controlar al árbitro y competir al mismo tiempo y cuando el árbitro obedece al gobierno, el resultado ya está decidido.
El ataque al INE es el corazón de esta reforma. Debilitar al árbitro no ahorra dinero y cuesta libertad, ya que un árbitro sometido deja de ser árbitro y sin árbitro independiente no hay elecciones limpias, lo que significa regresar a los tiempos en que el gobierno organizaba elecciones y también las ganaba.
Hay que sumar el cuento de los plurinominales: No quieren menos pluris, quieren menos voces, ya que eliminar plurinominales no mejora la democracia, la empobrece. El problema no es la pluralidad, es la sobrerrepresentación fraudulenta, porque quieren congresos a modo, no representativos.
El doble discurso de Morena es evidente: Cuando eran oposición defendían el financiamiento público y hoy lo quieren desaparecer, no porque sea malo, sino porque ya tienen otras fuentes, menos control, más corrupción.
Las elecciones hoy están bajo amenaza. Recordemos que el crimen organizado ya intervino en procesos electorales, está documentado; el PAN ha llevado pruebas a instancias internacionales.
Tampoco nos oponemos a la revocación de mandato, nos oponemos a usarla como propaganda disfrazada, es decir, sin reglas claras, se convierte en un aplausómetro desde el poder y eso rompe el piso parejo y debilita la democracia.
La posición del PAN es clara: Sí a la democracia, no al autoritarismo; sí a árbitros fuertes, sí a elecciones limpias, no a mayorías falsas, no al dinero del narco. La democracia no se negocia, las elecciones se ganan con votos, no con miedo, no con dinero ilegal y no con árbitros sometidos.
México merece una democracia real, no una democracia secuestrada desde el poder.

Sí a la democracia, no al autoritarismo

Miguel De La Rosa Figueroa

Plan B, lo posible

Jonás

Investigación judicial en la refinería de Dos Bocas

Staff quiero tv

Mi pecho no es bodega

Arturo Garibay

“Proyecto Fin del Mundo”: Entretenimiento apocalíptico

Hiram Espinoza de los Monteros

El ciudadano que corrige al gobierno

En México, la realidad se impone todos los días con crudeza. Mientras millones de familias viven con miedo, mientras la inseguridad se vuelve parte de la rutina y la incertidumbre económica aprieta cada vez más el bolsillo, la presidenta Claudia Sheinbaum parece estar enfocada en otra prioridad: su proyecto político.
No es menor lo que está ocurriendo. Estamos frente a uno de los peores momentos en materia de seguridad, con regiones enteras bajo el acecho del crimen; en salud, con un sistema que no logra garantizar atención digna; y en economía, con señales claras de incertidumbre que afectan la inversión y el empleo, pero para Morena, lo urgente no es resolver estos problemas, sino poner a prueba a sus propios aliados con una reforma que tiene un claro sello unipartidista.
Lo más preocupante es el precedente, es la primera vez que el gobierno en turno pretende definir las reglas del juego a su conveniencia. Ya no se trata de competir, se trata de acomodar el tablero y por si fuera poco, el discurso oficial insiste en que, si algo falla, siempre habrá un “Plan B”. Eso no es más que una confesión anticipada de que no están dispuestos a respetar los contrapesos ni la voluntad democrática.
Pero aquí va la pregunta que millones de mexicanos se hacen: ¿Por qué no hay un Plan B para lo verdaderamente importante? ¿Qué tal un Plan B para combatir la corrupción que sigue lastimando al país? ¿Un Plan B para pacificar a México, para devolverle la tranquilidad a las familias? ¿Un Plan B para dejar de tirar el dinero de los mexicanos en proyectos que no han dado resultados como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o el Tren Maya? La respuesta es clara, no lo hay. Porque la prioridad no es la gente, es el poder.
Lo grave de fondo es que Morena, una vez más, demuestra que México le importa menos que su permanencia política. Han construido una estructura que opera como partido desde el gobierno, con prácticamente poder absoluto. Un árbitro electoral debilitado, como el Instituto Nacional Electoral, sometido a presiones; instituciones erosionadas; y una visión de la democracia que parece reducirse a una tómbola donde ellos siempre quieren tener los boletos ganadores.
Y entonces, hay que decirlo con toda claridad: esta reforma no mejora tu vida. ¿Tu familia va a vivir mejor con esto? No. ¿Vas a estar más seguro? No. ¿La economía del país va a fortalecerse? No.
La prioridad no debe ser el poder, sino las personas. Hay que defender a la familia, a la patria y a las libertades que tanto trabajo ha costado construir.
Porque México no necesita ocurrencias ni simulaciones, México necesita rumbo, necesita soluciones reales y sí, necesita un Plan A, un Plan B y hasta un Plan Z, pero no para ganar elecciones, sino para garantizar tu seguridad, proteger tus libertades y cuidar tu patrimonio.
Esa es la diferencia y también, el reto que tenemos por delante.

Plan B y las prioridades