El efecto dominó de la omisión
Se dice frecuentemente en los pasillos de la política que “amor que no se refleja en el presupuesto, no es amor”. Sin embargo, tras años de observar la administración pública, me permito corregir la plana: el presupuesto no es destino si no existe una vigilancia aguda que garantice que cada peso asignado se traduzca en una brecha de desigualdad cerrada. No basta con que el Anexo Transversal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres crezca en el papel; el verdadero reto es que ese dinero “trabaje” con precisión quirúrgica donde la realidad más duele.
Pensemos en la trayectoria de una joven que logra entrar a la universidad. El éxito de la política pública no termina el día que recibe su carta de aceptación. La verdadera fiscalización del gasto debería preguntarnos: ¿cuántas de ellas logran titularse y encontrar trabajo? El presupuesto debe trabajar para que el factor económico o la carga de cuidados no la obliguen a desertar a mitad de la carrera. Necesitamos recursos que no solo abran aulas, sino que financien sistemas de permanencia, y que ese impulso no se detenga en la licenciatura. La igualdad sustantiva significa que esa misma mujer tenga acceso real a maestrías y doctorados, rompiendo el techo de cristal académico que históricamente ha reservado los altos grados de especialización para quienes no tienen que elegir entre aprender o el desarrollo de su familia.
Este nudo de desigualdad se aprieta especialmente en el diseño y operación de las estancias infantiles. De nada sirve un espacio de cuidado que cierra a las cuatro de la tarde cuando la jornada laboral de una mujer, sumada a los extenuantes tiempos de traslado en una metrópoli compleja, termina a las siete u ocho de la noche. Cuando el Estado diseña horarios desconectados de la realidad, ignora deliberadamente el costo social que esto genera: si una mujer no puede ir por sus hijas o hijos a las cuatro de la tarde, se activa un efecto dominó donde la abuela, la tía o la vecina deben acudir a cubrir ese hueco. Así, la carencia de un servicio público eficiente no impacta solo en una vida, sino que secuestra el tiempo y las posibilidades de desarrollo de una red entera de mujeres que terminan subsidiando, con su propio cansancio, las omisiones del gobierno.
La realidad es contundente: en México, las mujeres destinan en promedio 2.5 veces más tiempo que los hombres a las tareas de cuidado no remunerado. Esta “pobreza de tiempo” es la barrera de entrada más alta al mercado laboral y académico. Por ello, la renovada dirección de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se presenta hoy como una pieza crucial y decidida. Es momento de que la fiscalización trascienda la simple revisión de facturas para entrar al análisis del impacto social.
La ASF debe ser el órgano que vigile que la transversalidad no sea un adorno retórico en los informes, sino una metodología que asegure que el dinero público mueva la aguja de la autonomía económica y educativa.
Vigilar el presupuesto con lupa violeta es un acto de justicia técnica. Necesitamos que el órgano fiscalizador señale con la misma firmeza un desvío de fondos que un programa que, aun gastando cada centavo, no garantiza que una niña hoy pueda ser la científica o la alta directiva del mañana. El dinero está ahí, aunque nos digan que “no hay”; ahora toca vigilar no solo la asignación justa para las mujeres, sino que, por fin, trabaje para que el éxito de todas ellas sea una garantía, no una eterna carrera de obstáculos.
