Jonás

El Congreso del Estado de Jalisco está siempre en el ojo del huracán. Para bien y para mal, aunque la mayor parte de las veces sea objeto del reclamo y el escrutinio, con resultados que no favorecen a sus integrantes, los 38 diputados. Por eso, justo cuando la Legislatura toma otro período vacacional, parece muy lógico hacer una nueva evaluación de su desempeño.
Lo primero que viene a consideración es que justo cuando los diputados se van de vacaciones por Semana Santa y Pascua, se enfrentan dos sucesos fundamentales para la sociedad metropolitana y de todo el Estado:
1. La crisis del SIAPA y el abasto de agua potable en el Área Conurbada de Guadalajara. Justo en este período vacacional, el organismo que ahora tiene como director a Ismael Jáuregui, emprende una campaña de limpieza en sus instalaciones, lo que anticipa cortes de agua que se sucederán durante los próximos cinco meses. Además, está pendiente el proyecto integral para el rescate o la definición final del SIAPA. Justo cuando el gobernador del Estado, Pablo Lemus, anuncia que se requieren 15 mil millones de pesos sólo para resolver la limpieza del agua, los diputados no están para intervenir en el ámbito de sus facultades e intereses.
2. El 1 de abril entra en función la aplicación de la nueva tarifa del transporte público. Todos los usuarios de transporte masivo (amplia mayoría) pagarán 11 pesos, la nueva tarifa que estableció el gobernador Pablo Lemus, quien en diciembre había determinado que serían 14 pesos, pero que echó para atrás ante la inconformidad social. El tema tiene una enorme cantidad de aristas y de inconformidades sociales en potencia.
De entrada, están los usuarios: no hay certeza sobre cómo se aplicarán los descuentos a estudiantes (¿en período vacacional?) que sólo pagarán 5 pesos; y también están los beneficiarios del 50% de descuento sobre la tarifa, en teoría 5.50 pesos, para adultos mayores y personas con discapacidad, entre otras.
Y después están los transportistas. Se declaran ignorantes y desatendidos sobre si recibirán el pago vía subsidio, para cobrar 14 pesos por viaje, es decir tres pesos por cada viaje.  Se están gestando protestas.
Y ante estos dos temas, los diputados del Congreso estatal estarán ausentes. De vacaciones.
Además, habría que considerar que cuando menos, en la discusión pública, la última propuesta de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum, tuvo entre otros propósitos, la de reducir el presupuesto de los congresos estatales.
En Jalisco, el Congreso cuesta mil 100 millones de pesos este año. Cada uno de los 38 diputados y diputadas, le cuestan a los jaliscienses casi 27 millones de pesos por año. ¿A cambio de qué?
Los actuales legisladores llevan 17 meses en el cargo.
Durante todo este tiempo, no han alcanzado acuerdos para resolver sobre reformas importantes, como es el caso de la reforma al Poder Judicial o la reforma en materia de transparencia.
Su actuación ha contribuido muy poco para resolver problemas fundamentales como transporte y agua potable.
Siempre está la posibilidad de alegar facultades y áreas de competencia. Pero si no pueden contribuir en lo más urgente para el grueso de los ciudadanos que en teoría ellos representan, ¿entonces para qué son útiles?
Quedamos pendientes de su respuesta.

Diagnóstico tentativo del Congreso estatal

Aunque proclaman unidad, lo cierto es que la presidenta Claudia Sheinbaum perdió la batalla política: le rechazaron primero la reforma electoral y después el Plan B. Ella misma, en su conferencia matutina, se quejó porque los suyos no aprobaron su proyecto que tenía como eje central la reforma a la revocación de mandato.
En este espacio propongo analizar estrictamente el impacto político y de manejo de poder por lo sucedido en el Senado de la república y que con toda seguridad, se repetirá en la Cámara de Diputados, pero hasta después del período vacacional, porque el asunto ya ni siquiera entraña interés para el coordinador morenista Ricardo Monreal.
Es decir, que no se haya modificado la figura de la revocación para convertirla, en la práctica, en un plebiscito que le hubiera permitido a la presidenta Sheinbaum Pardo estar presente en la elección de 2027, es un beneficio para el muy golpeado sistema democrático mexicana, pero la reforma limitada echa a andar una serie de mecanismos de revanchas y alianzas que marcará todo el juego del poder para el proceso electoral del año entrante.
Vale subrayarlo: definitivamente, la presidenta perdió la batalla. Los que se dicen aliados incondicionales, ya no lo son. 
Por más discursos lisonjeros en las tribulas legislativas, lo que ocurrió fue que la bancada triple de Morena, el Verde y el Partido del Trabajo, no votaron a favor de lo que propuso la presidenta mejor evaluada en América Latina, la misma presidenta que tiene un porcentaje de aprobación nacional que ronda el 70%, la “primera presidenta de la historia de México”.
Y esto tiene su lógica.
De aquí se desprende una pregunta interesante: Si el poder instalado en Palacio Nacional no cuenta con el respaldo total de sus fuerzas políticas en el Poder Legislativo, ¿dónde está esta expresión de poder?
Sí, en Palenque, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Si la presidenta Sheinbaum contara en este momento con una reforma electoral tal como ella la propuso desde el principio, el eje del poder político estaría en su oficina y bajo su mando; sería ella el centro y origen de las decisiones políticas y determinación de las candidaturas para 2027 y obvio, para la sucesión presidencial de 2030.
Pero no es así.
Naturalmente, es la presidenta. En su persona residen el poder presupuestal, político y militar del sistema presidencial mexicano. Pero el poder de facto está compartido con el liderazgo de López Obrador, porque como se dice, “el poder se ejerce y la autoridad se otorga”.
Lo que ocurrió con la fallida reforma electoral y después con el limitado “triunfo” del Plan B, marca nuevas reglas, alianzas y venganzas, que deberán jugar los legisladores, los gobernadores y alcaldes.
Y eso impactará en la vida de los mexicanos.

El Plan B y la derrota política

La restauración y entrega del Parque Revolución después de 11 meses de trabajos es un logro para los tapatíos.
En una ciudad como Guadalajara, con sus 484 años cumplidos y los retos que se acumulan por diferentes fenómenos, debiera ser obligatorio y permanente mantener en las mejores condiciones nuestros espacios públicos, que siempre serán escasos, porque su existencia se combina con el crecimiento poblacional de la ciudad y la creciente demanda de servicios.
Es importante considerar que el Parque Revolución, o Parque Rojo, como le dicen muchas personas, es un patrimonio de todos. Puede parecer obviedad, pero cuando damos las cosas por hecho, perdemos de vista su valor intrínseco. 
En la renovación del parque, primero, se hizo el esfuerzo por recuperar con la mayor fidelidad el proyecto original de Luis Barragán, quien junto con su hermano lo diseñó hasta su apertura en 1935. Esto es fundamental, porque lo que se ha admirado siempre en otras ciudades con identidad propia, es la conservación de sus edificios, sus plazas y sus espacios emblemáticos.
Por eso es importante destacar en el Parque Revolución que, además de su utilidad cotidiana y su condición como punto neurálgico en el cruce de dos ejes viales (las avenidas Federalismo y Vallarta) y su efervescencia humana como punto de llegada y salida de transporte masivo, es también un monumento arquitectónico y un sitio de identidad.
En menos de una década, ese parque será centenario. Habrá cumplido un siglo y se unirá a los tesoros de una Guadalajara que pronto, también, celebrará sus primeros 500 años de existencia. Ese solo hecho ya implica responsabilidades especiales para quienes son autoridades y para quienes, por su conocimiento y conciencia, contribuyen a mantener la esencia de la ciudad.
Todo lo anterior es importante al retomar una de las discusiones que marcaron los trabajos de renovación del parque: las protestas de los comerciantes ambulantes. 
La administración de la presidenta municipal Verónica Delgadillo, igual que les ha pasado a todos los alcaldes en el pasado, enfrenta una constante batalla política e ideológica. Y parte de esto es la argumentación que se ha presentado en algunos sectores sociales sobre el desplazamiento de quienes utilizaron el parque como un espacio de vendimia y fuente de sustento.
En los domicilios particulares de los tapatíos, se distingue perfectamente la sala del sanitario, o el comedor del dormitorio. En las ciudades pasa algo similar. Las plazas, los parques, los edificios religiosos o civiles, deben conservar ese carácter a pesar de que haya necesidades específicas o coyunturales.
La administración actual requiere el apoyo y respaldo ciudadano para que el Parque Revolución se mantenga como espacio común y público, sin actividades de vendimia, y aún más, debe garantizarse y presupuestarse que éste y todos los espacios similares, cuenten con presupuesto y proyectos de mantenimiento constante.
Bienvenido el rescate del Parque Revolución.

El Parque Revolución

Ya no hacen falta más diagnósticos. Lo más urgente para el Sistema de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y su nuevo director, Ismael Jáuregui Castañeda, es mejorar la calidad del agua.
En la madeja de problemas que deben corregirse en el organismo distribuidor del agua potable y operador del drenaje y las aguas residuales, lo primero que demandan los usuarios es que al abrir el grifo salga agua. Agua limpia. Ya ni siquiera se pide potable. Sólo limpia, sin turbiedades y sin mal olor.
Ayer mismo, en una carrera contrarreloj que inauguró el gobernador Pablo Lemus el lunes 23 de marzo al anunciar la llegada de Ismael Jáuregui, sesionó la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua y con votación unánime, se aprobó un cambio en el presupuesto de inversión pública para destinar una bolsa de más de mil millones de pesos sobre los que decidirá el nuevo director del SIAPA; es su garantía de llegada al cargo para tener margen de maniobra.
Mil millones de pesos es una cantidad respetable. La mayoría de los municipios en el Estado de Jalisco no cuentan con ese presupuesto en todo un año. 
Pero ante de las urgencias del SIAPA, es una cantidad menor.
Sin embargo, los mil millones de pesos se utilizarán, según lo decida Jáuregui Castañeda, para acciones concretas que permitan mejorar la calidad del agua. La propia Comisión Estatal del Agua (CEA) detalló en su información que se destinarán a “trabajos emergentes para mejorar el sistema de distribución de agua de la ciudad”.
Los habitantes de la ciudad exigen el fin de una crisis que comenzó hace años y se amplió desde que inició 2026. Pero no hay que hacerse ilusiones. Aunque el nuevo director del SIAPA tuviera todos los recursos económicos disponibles, eliminar el agua turbia y garantizar el abasto permanente sin más cortes inexplicables, tomará meses, años tal vez, volver a una situación regular.
Desde ayer, Ismael Jáuregui inició una tarea que va encaminada a mejorar la percepción: está visitando colonias, reuniéndose con personas en sus barrios, para escuchar quejas, necesidades y demandas.
Será hasta el 1 de abril cuando asumirá el cargo. Mientras tanto se está preparando la entrega-recepción del organismo, con la mayor cantidad posible de información técnica, económica y administrativa. 
Seguramente habrá responsabilidades por las que deberá responder el director saliente, Antonio Juárez Trueba, y el equipo que lo acompañó.
Entre las muchas opiniones técnicas, algunas se refieren a la necesidad de una “refundación” del SIAPA.
Mientras lo definen, lo que urge y queda claro, es que haya agua, y que esté limpia (aunque no sea potable).

La calidad del agua

El gobernador Pablo Lemus tomó decisiones radicales y comenzó por elegir a un nuevo director del SIAPA. Será Ismael Jáuregui, con dos prioridades: atender la escasez y la calidad del agua. No son las únicas, pero sí son las más urgentes, porque desde hace varias semanas las molestias ciudadanas y políticas crecieron enormemente contar el Sistema Intermunicipal de los Servicios del Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
Pero ante la magnitud del problema, la pregunta inmediata es: ¿Qué tanto podrá hacer Ismael Jáuregui?
Hasta ayer, se había desempeñado como director de Obras Públicas en el Ayuntamiento de Zapopan y con resultados positivos. Pero lo que está ocurriendo en el SIAPA rebasa por mucho los retos que había enfrentado, porque además las tareas no son sólo técnicas, sino también administrativas, económicas y operativas.
El gobernador Lemus Navarro estableció nítidamente qué es lo que debe resolver de inmediato el nuevo titular del SIAPA: la escasez y la calidad del agua que se está distribuyendo en el Área Conurbada de Guadalajara.
Además del nombramiento, ayer mismo se hizo llegar al Congreso del Estado un documento de alrededor de 350 páginas: es el proyecto de reestructuración del SIAPA que se había trabajado durante meses. De hecho, ya en octubre del año 2025 se insistía periódicamente al mandatario de Jalisco cómo iban los trabajos de preparación.
Y el avance fue lento, tanto que pasó casi medio año y un puñado de crisis adicionales –cómo olvidar las inundaciones, las fallas en el drenaje y recientemente, las aguas negras entrando a las instalaciones del SIAPA– en las que todos los reclamos cayeron encima de Antonio Járez Trueba, sin que hiciera nada sustancial.
Y para rematar, este año comenzó un nuevo fenómeno: el agua pestilente que salía por las tuberías y que presuntamente debía ser potable. El problema empezó en algunas colonias de Guadalajara y se extendió en casi la mitad del municipio de Guadalajara, y se fueron añadiendo colonias en Zapopan y Tlaquepaque.
Pero la pestilencia fue un asunto añadido, porque desde hace años se arrastra el problema del agua turbia que sigue apareciendo en prácticamente toda la ciudad, y el gobernador Pablo Lemus añadió el tema de la escasez de agua, de manera que con los datos que le han acercado y que seguramente están consignados en el proyecto de reingeniería que deberá ejecutar el nuevo director, ya se tiene conocimiento de que habrá escasez en lo que resta del año.
De por sí, ya es regular en varios puntos de la ciudad que el agua se corte sin ningún aviso durante varios días de la semana.
Para enfrentar el problema, el gobernador ha establecido una nueva cantidad de recursos económicos en el plan entregado a los diputados en el Congreso local: poco más de 6 mil 500 millones de pesos.
¿Cuáles son los primeros pasos, las primeras y urgentes medidas que debe implementar Ismael Jáuregui? Es algo que conoceros en los próximos días, porque su ingreso oficial a las oficinas de que están a unos metros del Parque Aguazul, será el 1 de abril, justo la misma fecha en que aplica la nueva tarifa del transporte público.
Dirían los abuelos: “Dios los hace y solos se juntan”.
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Las prioridades en el SIAPA

Parece algo tan técnico y a la vez lejano: en la reforma electoral conocida como el Plan B, se plantea la realización de la revocación de mandato, empatada con la jornada electoral del domingo 6 de junio de 2027, o bien, puede efectuarse un año después, en 2028. En la práctica, definir o no la fecha para este ejercicio de revocación, se está convirtiendo en el eje de la discusión de la reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Senadores la semana pasada, después del rechazo a su propuesta inicial de reforma.
La pretensión inicial de la presidenta era muy diferente: arrebatarle a los partidos políticos (a todos) el control de las diputaciones y senadurías plurinominales; reducir el presupuesto público a los partidos políticos y “abaratar” las elecciones, con recortes al Instituto Nacional Electoral (INE). En los meses previos se había mencionado como una serie posibilidad la desaparición de los tribunales electorales de los estados y de los institutos electorales en todas las entidades federativas.
Todo eso desapareció cuando diputados de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo votaron en contra de la propuesta.
Retomar las razones que se esgrimieron en su momento ya resulta redundante ahora, porque no es asunto en discusión. Los pros y contras de esa propuesta de reforma y de los cambios que pudieran aplicarse al sistema electoral y al sistema de partidos en México, regresa a las aulas donde se estudia la Ciencia Política, y a las oficinas de las elites partidistas, en las que se negocia el acceso al poder y al presupuesto.
Lo crucial en este momento es que el Plan B de la reforma, que prometieron apoyar unánimemente, está otra vez en entredicho. Tanto que la presidenta Sheinbaum utilizó el púlpito de su mañanera para exigirle al Partido del Trabajo que se defina: apoyará o no, la reforma propuesta.
La revocación de mandato, esa figura de democracia directa, manejada ahora por la presidencia de la república y sujeta a la discusión legislativa, deja en la práctica de pertenecerle a los ciudadanos y se convierte en una herramienta electoral que favorece de manera natural al partido en el gobierno: Morena.
Si la presidenta Sheinbaum está en la boleta para una revocación, al mismo tiempo que se convoca a los mexicanos a elegir 17 gobernadores y renovar la Cámara de Diputados y centenares de municipios, le estará dando ventaja a las candidatas y candidatos de Morena y los aliados.
Eso significaría, vistas las cosas desde la superficie, un apoyo para todos los que están en el equipo del “segundo piso de la transformación”. ¿Entonces por qué lo cuestionan senadores del Partido del Trabajo y con ellos, aunque no públicamente, los del Verde y algunos de Morena? Porque antes de eso, está en marcha un plan interno para que sea la oficina de la presidencia la que controle la determinación de candidaturas para las elecciones.
En ese punto es donde está el mayor obstáculo. Como lo fue antes la primera propuesta de reforma electoral, ahora el Plan B, aunque muy disminuido, es una lucha esencial: ¿El poder estará en la presidencia o en los grupos de poder de Morena y sus aliados? La respuesta está en construcción.

El tema es la revocación de mandato

La determinación del Tribunal Electoral de Jalisco, para establecer la obligatoriedad de mujeres en la candidatura a la alcaldía de Zapopan, pero que además formen parte de grupos vulnerables, ha originado una suerte de levantamiento argumentativo de la sociedad local.
El tema, revisado con un mínimo de sentido común, implica que se respete la reforma legal que garantiza la paridad en candidaturas, para que las mujeres puedan acceder al ejercicio de gobierno. Pero lo que ocurrió en la determinación del tribunal para la norma que se aplicaría en Zapopan, justo después de la impugnación del Partido Morena, rebasó los límites que la mayoría considera aceptables.
Por eso no sorprende que organizaciones de mujeres empresarias y de defensoras de los derechos de las mujeres, estén acudiendo al mismo tribunal y a otras instancias, para reclamar lo que determinó la autoridad electoral de Jalisco, al limitar el acceso a la candidatura en el municipio de Zapopan, a mujeres que forman parte de grupos como población indígena, personas con discapacidad o grupos LGTB y más.
Lo que pasó en Zapopan es un ejemplo de cómo se van delineando las políticas electorales para definir esta garantía de paridad de género; sencillamente, no es posible que se limite el derecho de todas las mujeres, que siendo habitantes de Zapopan, podrían aspirar, legítimamente, a ser candidatas, a menos que pertenezcan a uno de los grupos considerados vulnerables.
Para quienes se desgarran las vestiduras, señalando que se trata de abusos del nuevo marco legal que garantiza la paridad, habría que recordarles que en la historia de la construcción de la democracia, los procesos deben corregirse en el camino y las decisiones que son equivocadas, se modifican.
Sin embargo, también es cierto que muchas veces se presenta manipulación política, y aunque en este caso los integrantes del Partido Morena alegan que el tribunal electoral procede tratando de beneficiar a Movimiento Ciudadano, las pruebas en ese sentido no les dan la razón.
Zapopan es uno de los municipios que por población, extensión territorial, manejo presupuestal e importancia alcanzada por la actividad de sus habitantes, figura entre los más importantes del país.
Indudablemente, será un avance en la democracia mexicana que se garantice el acceso a la presidencia municipal a una mujer, pero restringir este derecho sólo a minorías, se ha convertido en un exceso que incluso las propias mujeres combaten.

Zapopan: justicia en las candidaturas

Este 17 de marzo una explosión en la Refinería Olmeca, la de Dos Bocas, Tabasco, le costó la vida a cinco personas que infortunadamente para ellas, ni siquiera eran trabajadores regulares de Petróleos Mexicanos (Pemex), sino que habían sido contratados para otras tareas. Este evento muestra una vez que el legado del sexenio de Andrés Manuel López Obrador está marcado por la inoperancia y la improvisación.
La refinería de Dos Bocas, hay que recordar, fue una de las magnas obras y decisión unipersonal del expresidente. Para edificarla se estimó un costo de 8 mil millones de dólares, costo que cuando menos se duplicó a 16 mil millones de dólares según estimaciones extraoficiales, pues la información básica fue reservada para evitar que se conozcan detalles. 
El expresidente la inauguró en el año 2022, pero empezó a trabajar formalmente hasta 2024. Fue presentada por López Obrador como la gran solución a la necesidad de importar entre 60 y 70% del combustible refinado que se requiere en México. Dos Bocas, evidentemente, está lejos de ser el centro de producción de combustibles para el país.
Pero el accidente pudo haberse evitado. Desde que la obra estaba en proceso de edificación, las inundaciones por las intensas lluvias en Tabasco eran comunes. En numerosas ocasiones se cuestionó incluso la ubicación de la nueva instalación en una zona con uno de los mayores índices de precipitación pluvial en el país.
Sabiendo entonces que hay inundaciones regularmente, quizá pudo haberse evitado que el agua se mezclara con los aceites derivados del petróleo que se procesa en la refinería. Pero probablemente haya negligencia en el manejo y las medidas de seguridad, pues la mezcla de los materiales ocasionó finalmente la explosión. Determinar responsabilidades es parte de la tarea que ya está en manos de la Fiscalía General de la República y posteriormente, los juzgados correspondientes.
A estos problemas recurrentes de la Refinería Olmeca, habría que añadir el descarrilamiento del Tren Interoceánico a finales del año pasado, otra evidencia de improvisación, compras irregulares y utilización de materiales de menor calidad, que ha debido enfrentar la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y también hay que añadir, ya que se mencionan las obras más grandes y costosas del voluntarismo del expresidente López Obrador, la lenta operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el fracaso que ha sido hasta ahora el Tren Maya, más conocido por la confrontación con los ambientalistas y las denuncias del daño al medio ambiente y la fauna en la Península de Yucatán.
Es el saldo del sexenio obradorista.

Investigación judicial en la refinería de Dos Bocas

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Tasa a la baja, riesgo de inflación al alza: el dilema del Banco de México

Luz del Carmen Godínez

Prevenir para proteger: el desafío de evitar la desaparición de personas

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Aldo Arturo González

Un Tri naturalizado

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer el día de ayer, en su cotidiana rueda de prensa en Palacio Nacional, que de su bolsa donó 20 mil pesos para la causa humanitaria de Cuba. El gesto, que seguramente pensó sería aplaudido, ha recibido también numerosas críticas; a muchos les parece bastante poco.
Pero en lo que sí ha sido muy clara la presidenta del país, es que se trata de un tema estrictamente personal y diferente de la campaña del gobierno federal para apoyar humanitariamente al pueblo cubano.
La presidenta Sheinbaum ha hecho de una causa que podría ser menor en su política exterior, un tema mayúsculo en términos mediáticos. De hecho, apoyar a los cubanos en desgracia –pues padecen cortes eléctricos, carencias de alimentación y opresión de sus autoridades, además de las arbitrariedades del gobierno estadounidense de Donald Trum–, se ha convertido en otro de los motivos de polarización entre los mexicanos.
Desde el sexenio anterior, cuando era presidente Andrés Manuel López Obrador, nos hemos enterado de cómo el gobierno federal, sin consulta a la ciudadanía, determinó contratar médicos cubanos y venderle petróleo a la isla en condiciones muy favorables para el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Eso, evidentemente, género desacuerdo entre amplios sectores de la población.
Ya en otros espacios se ha hecho hincapié en que apoyar a los cubanos en situación vulnerable no es ningún acto reprobable, sino todo lo contrario; pero también se ha insistido en que el interés particular del grupo en el gobierno y las simpatías abiertamente manifestadas del anterior presidente López Obrador, y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum, contrastan con las confrontaciones, que por motivos ideológicos, se han abierto con otras naciones, como por ejemplo Argentina, Ecuador o Perú. Esto, contradice abiertamente la supuesta política de no intervención y respeto a la autodeterminación de las naciones. 
Que la presidenta de la república tenga a bien destinar mucho o poco de sus recursos a los cubanos en desgracia es una decisión eminentemente personal y no sujeta a ningún juicio público en su papel de autoridad. Pero que lo difunda en su rueda de prensa la expone a los puntos de vista que no necesariamente tienen que estar en acuerdo con los suyos.
La presidenta, vistas así las cosas, no puede darse el lujo de la ingenuidad política… y sí, 20 mil pesos son muy pocos para la primera presidenta de México.

Los 20 mil pesos donados a Cuba