El derecho a ser: la deuda que tenemos pendiente con las neurodivergencias
Imaginemos a una madre que, tras meses de incertidumbre, recibe finalmente el diagnóstico de su hija o hijo: Trastorno del Espectro Autista (TEA). En ese instante, el alivio de ponerle nombre a la diferencia se transforma en una carrera de obstáculos. Se enfrentará a escuelas que cierran la puerta argumentando que “no están preparadas para atenderle”, a espacios que juzgan las crisis sensoriales de las infancias y a un entorno que no comprende sus propios tiempos. Esta no es una historia aislada; es el día a día de miles de familias en México que han aprendido a vivir en la resistencia contra un sistema que les pide encajar o desaparecer.
Nuestro país se encuentra hoy en la antesala de una decisión que podría transformar la realidad de más de 1.5 millones de personas que viven con TEA, y de millones más que navegan el mundo con TDAH, dislexia, dispraxia o altas capacidades. En las próximas semanas, la Cámara de Diputados tendrá en sus manos la votación de una reforma histórica a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. El objetivo es tan simple como potente: incluir las neurodivergencias como una categoría protegida por la ley.
Durante décadas, México ha operado bajo un vacío normativo que ha invisibilizado a quienes procesan el mundo de manera distinta. Los datos son contundentes: se estima que 1 de cada 115 niñas y niños en nuestro país está dentro del espectro autista, y sin embargo, el subdiagnóstico, especialmente en mujeres y niñas, sigue siendo una barrera sistémica. Al integrar la neurodivergencia en el Artículo 1 de la Ley, pasaríamos de la “buena voluntad” a la exigibilidad de derechos. Significará que una institución educativa ya no podrá negar el acceso a una o un estudiante bajo el pretexto de la falta de capacitación, y que una empresa no podrá descartar el talento de las y los profesionales neurodivergentes basándose en prejuicios sobre sus habilidades sociales.
Pero hay un sector que espera esta votación con especial urgencia: las mujeres. En México, la mayoría de los casos de neurodivergencia se viven desde una madre, de la abuela y de hermana. La estadística es cruda, pues en el 80% de los casos, son ellas quienes asumen la carga total de los cuidados ante la ausencia de un sistema robusto de apoyo institucional.
Cada vez que el Estado falla en garantizar un aula inclusiva o un servicio de salud adecuado, es una mujer la que debe renunciar a su empleo, a su salud y a sus proyectos personales para llenar ese vacío. Esta reforma es, en esencia, un acto de justicia para las cuidadoras que han sostenido el bienestar de sus familias a pulso y en soledad.
Con este gran paso de voluntad política se armonizarían nuestras leyes con los estándares internacionales de la OMS y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El diagnóstico dejaría de ser un destino de marginación para convertirse en un punto de partida hacia una inclusión activa y digna.
Se trata de reconocer y celebrar la diversidad de mentes como una riqueza colectiva. La aprobación de esta reforma, estoy segura, enviará un mensaje claro: en México, ninguna mente debe ser excluida.
