Bloqueos: ¿por qué dialogar hasta el final?
Los bloqueos carreteros de productores agrícolas y transportistas obligaron a las autoridades a establecer mesas de diálogo. De hecho, al cerrar el día la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que “casi todas las demandas” habían sido atendidas. La cuestión se plantea por sí sola: ¿Por qué esperar siempre al final?
Los productores agrícolas y los transportistas han manifestado su inconformidad desde el año pasado. Estrictamente, sus demandas se pueden rastrear en el sexenio anterior, el que encabezó Andrés Manuel López Obrador, y las soluciones definitivas no han llegado.
Como se ha planteado desde ayer en este espacio, la protesta y los bloqueos se han establecido como un lenguaje no institucional, pero sí fáctico, entre autoridades y sociedad. Los conflictos sociales, cualquiera que sea el motivo, sólo se atienden cuando hay capacidad de protestar públicamente y bloquear vialidades, es decir, cuando tienen fuerza suficiente para afectar derechos de terceros.
Los gobiernos de la denominada “cuarta transformación” tienen un sólido antecedente que les permite validar este comportamiento: el bloqueo de Avenida Reforma después de las elecciones del año 2006, cuando guiados por López Obrador, miles de inconformes bloquearon durante meses el paso en esa importante vialidad de la Ciudad de México, cerrando no sólo el paso de peatones y vehículos, sino también afectando el comercio tradicional en la zona.
Después de ese episodio, hay permiso para todo.
A partir de 2018, con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se impuso una nueva costumbre en el comportamiento público: se eliminaron casi totalmente las restricciones a las manifestaciones públicas y la imitación se convirtió en regla.
El punto, en el caso específico de los transportistas y productores agrícolas, no es que decidan manifestarse para hacerse escuchar por el gobierno federal y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo más criticable es que con las permanentes protestas de estos dos sectores sociales, la autoridad permita que el descontento se incremente al grado de llegar a los bloqueos carreteros.
La pérdida no es sólo del tiempo de quienes no pueden circular, sino que también se afecta el comercio y la distribución de todo tipo de mercancía, además de numerosas actividades que resultan bloqueadas.
Al final, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y con ella, sus colaboradores, resuelven con una “mesa de diálogo” en la que se establecen compromisos que resuelven de forma pasajera las exigencias de los quejosos, hasta que la presión llegue nuevamente a niveles insoportables que motiven nuevas manifestaciones públicas.
El círculo vicioso se mantiene indefinidamente y quienes pierden son los ciudadanos.
