Las últimas semanas no han sido las mejores en la gestión de la presidenta Claudia Sheimbaum y esa, con matices, no es una buena noticia para el país.
En menos de un mes tuvo una doble derrota en el Congreso de la Unión con sus dos iniciativas de reforma electoral que acabaron siendo una reforma administrativa que sin duda, vulnera el espíritu federalista que dio origen a nuestra nación. Más allá de no coincidir con temas como que se defina el número de regidores de un Ayuntamiento o qué porcentaje del presupuesto estatal pueden costar las legislaturas locales, la presidenta fue rehén de sus socios, en primera instancia del Partido Verde y del Partido del Trabajo (PT) y en el Plan B, únicamente por el PT, que le impidió estar presente en la boleta electoral el año entrante con la figura de la revocación de mandato. Indudablemente, era un tema prioritario para ella y su equipo.
Más allá de que discutamos las razones del Verde y el PT, sin duda le quitaron a la presidenta una herramienta importante para tomar el control de la elección intermedia en general, pero particularmente dentro de su movimiento. La gobernabilidad interna de la 4T se ve en riesgo cuando la titular del Poder Ejecutivo no logra sacudirse la sombra de su antecesor y las tribus internas priorizan sus intereses sin importar el desgaste al que someten a su jefa política; recordemos que la definición de candidaturas para la elección del año 2027 en Morena y aliados, está a la vuelta de la esquina y enfrenta ese reto no en las mejores condiciones.
En este tenor, es de llamar la atención el poco cuidado del entorno cercano a la presidenta Sheinbaum. Primero, un asunto menor, aunque simbólico; creció de manera importante en redes el tema del “asoleadero” en Palacio Nacional, caso en el que a una servidora pública le pareció buena idea dotarse de vitamina D en una de las ventanas del histórico edificio, pero al equipo de comunicación de la presidencia le pareció aún mejor idea negar el hecho a pesar de las diversas fotografías que se hicieron virales en pocas horas, y el asunto se adueñó del debate público por al menos una semana. Tuvo como colofón el reconocimiento de la propia presidenta sobre el gazapo y la posterior renuncia de la funcionaria pública. En resumen, cargó con el costo político de manera gratuita ante un hecho innegable y anecdótico.
Cerramos estas líneas con la casi furibunda reacción de la titular de Bucareli para desdeñar la solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para llevar a su pleno la aplicación del Artículo 34, donde se dará a conocer la gravedad de la situación que vive desde hace al menos 20 años nuestra nación, considerando que la desaparición de personas es un problema generalizado, sistemático y de larga data, que va en aumento.
Dicho mecanismo no condena al gobierno mexicano, coadyuva para tener asesoría técnica y financiera para conocer, prevenir y mejorar las condiciones de atención del que es tal vez el flagelo más oprobioso para 130 mil familias directamente, y para millones a lo largo y ancho de México.
En lugar de aprovechar la situación reconociendo el problema, orientar el debate para que se afinen, refuercen o reorienten las políticas públicas en municipios, estados y en el gobierno federal (sin duda esta problemática es de todos los niveles y órdenes de gobierno) con el acompañamiento internacional, la respuesta fue: no los necesitamos y hacemos lo suficiente. Grave error de origen que ya tuvo que matizar la propia presidenta el día de ayer en la conferencia mañanera.
De la veracidad de las fotografías del AIFA a reventar, publicadas en su cuenta de X, mejor no hablamos…
Independientemente de estar de acuerdo o no con la presidenta en los temas comentados en estas líneas, no han sido los mejores días en el año y medio de su gobierno, y la pregunta inevitable es: ¿Quién cuida a la presidenta?