Carlos Palacios

La Zona Metropolitana de Guadalajara vive una de las peores crisis hídricas de los últimos años. Miles de hogares reciben agua turbia, oscura, con olor a drenaje y sedimentos visibles. No es un “incidente” ni una falla temporal: es un problema estructural que lleva años y que el gobierno estatal se empeña en minimizar. Como legislador federal y jalisciense, no puedo quedarme callado.
Los ciudadanos tienen derecho a saber la verdad, de ahí que con toda seriedad y apelando al principio de transparencia y al derecho de acceso a la información pública, formulo varias preguntas directas a las autoridades de Jalisco: al gobernador Pablo Lemus Navarro, al nuevo director del Sistema Intermunicipal de los Servicios del Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
• ¿Cuántas colonias de la ZMG están realmente afectadas hoy por agua insalubre?
• ¿Son 170, 176 o más de 200? ¿Cuántas familias y personas se ven impactadas de manera directa?
• ¿Cuáles son los resultados completos y actualizados de las pruebas microbiológicas, bacteriológicas y fisicoquímicas realizadas en las redes de distribución?
• ¿Por qué no se han publicado de forma abierta y desglosada colonia por colonia?
• ¿Cuál es el diagnóstico oficial y técnico sobre la causa raíz de la contaminación?
• ¿Se trata solo de un problema de cloración, de tuberías viejas, de descargas ilegales o de una combinación de factores?
• ¿Por qué, a pesar de los reportes ciudadanos sobre afectaciones a la salud, el gobierno estatal se niega a declarar una emergencia sanitaria que permita recursos extraordinarios y atención médica inmediata?
• ¿Cuánto presupuesto específico se ha destinado en 2025 y 2026 para reparar la red, limpiar tanques y garantizar agua potable en las zonas afectadas?
• ¿De dónde salen esos recursos y cómo se están ejerciendo?
• ¿Existe un plan de acción detallado con fechas concretas para restablecer el servicio de agua potable de calidad en todas las colonias afectadas? ¿O solo se están aplicando medidas paliativas como pipas y garrafones?

¿De qué tamaño es la crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara? (I)

Como legislador federal por Morena en la LXVI Legislatura federal, este 19 de marzo de 2026 presenté un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución ante el Pleno de la Cámara de Diputados.
En el documento, exhorto al gobernador Pablo Lemus y al Congreso del Estado de Jalisco a que cumplan de inmediato con lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les obliga: armonizar de manera literal y estricta la Constitución local y las leyes secundarias con la histórica reforma al Poder Judicial federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024 y que fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y mi partido, Morena.
El plazo para que los estados armonicen sus leyes, establecido en los artículos transitorios octavo y undécimo del decreto federal, venció el domingo 15 de marzo del 2025.
Jalisco está en un desacato flagrante a la Constitución, al bloque de constitucionalidad y a la regularidad jurídica que todos juramos defender al asumir un cargo de gobierno o legislativo.
El artículo 116 obliga a garantizar la independencia de magistradas, magistrados, juezas y jueces mediante su elección por voto directo y secreto de la ciudadanía; el 120 manda a los titulares del Poder Ejecutivo estatal a publicar y hacer cumplir las leyes federales; y el propio artículo 118 de nuestra Constitución estatal lo dice sin rodeos: las reformas federales que nos afecten deben adoptarse inmediatamente por el Congreso y promulgarse sin más trámite.
¿Y qué hemos visto en Jalisco? Nada. Ni una sola reforma aprobada, ni avances serios en comisiones, ni dictamen en el pleno. El domingo pasado se cumplió un año de este incumplimiento evidente, y el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo siguen sin legislar ni mover una coma en las iniciativas pendientes.
No es casualidad. Esto responde a una clara obstaculización por parte de los partidos de oposición —Movimiento Ciudadano como fuerza dominante, PAN, PRI— y de los poderes fácticos que durante décadas han tenido secuestrado al Poder Judicial jalisciense en un reparto de cuotas evidente.
Prefieren mantener un sistema opaco, clientelar y controlado por elites políticas y económicas, antes que permitir que el pueblo elija directamente a quienes impartirán justicia en nuestro Estado.
Temen la democratización real del Poder Judicial porque eso rompería sus redes de impunidad, influencias y privilegios.
Yo, como jalisciense, no puedo guardar silencio ante esta afrenta a la soberanía popular. La reforma federal no fue un capricho: es un mandato transformador para acabar con el nepotismo, la corrupción y la captura del Poder Judicial. Jalisco, con su historia de lucha por la justicia social, no puede ser la excepción que frene esta transformación.
No se trata de caprichos partidistas; se trata de cumplir la ley suprema de la nación y de devolverle al pueblo el control sobre quienes deciden su destino en los tribunales.
Exhorto, una vez más, al gobernador Lemus y a los diputados locales: actúen ya. Cumplan con su juramento constitucional. No dejen que Jalisco siga en rebeldía contra la Carta Magna. La ciudadanía nos observa y nos demandará cuentas. El tiempo de las excusas y las dilaciones ya se agotó.

Obstrucción de la transformación judicial en Jalisco

Hubo un tiempo en que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) era motivo de orgullo para Jalisco. Durante años fue considerado un referente internacional de gestión pública: un organismo innovador, eficiente y sostenible que garantizaba agua limpia y accesible para millones de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Aquel modelo creado por el Ingeniero Matute Remus se distinguía por algo que hoy parece olvidado: planeación, inversión en infraestructura y una visión de servicio público que colocaba al ciudadano en el centro. El SIAPA era ejemplo de cómo un organismo público podía funcionar con eficiencia y responsabilidad.
Hoy, lamentablemente, ese ejemplo se ha transformado en todo lo contrario.
El SIAPA carga ahora con una larga lista de señalamientos: malos manejos administrativos, ineficiencia operativa, socavones recurrentes que dañan la ciudad, servicios mal atendidos, agua sucia que llega a los hogares y una atención al ciudadano que en muchos casos raya en el desdén.
La pregunta es inevitable: ¿Cómo llegamos a este punto?
La respuesta está en años de malas decisiones y administraciones fallidas. Primero, durante los gobiernos del PRI que dejaron rezagos estructurales, y más recientemente bajo los gobiernos de Movimiento Ciudadano, que han sido incapaces de corregir el rumbo y, por el contrario, han profundizado el deterioro del organismo.
Los datos lo confirman.
El Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), al analizar la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023 del INEGI, revela un deterioro alarmante en la calidad y percepción del servicio de agua en el Estado.
En Jalisco, la satisfacción con el servicio de agua potable cayó del 67.9% en 2019 al 48.3% en 2023. La percepción sobre la pureza y claridad del agua —un indicador fundamental de calidad— se desplomó del 62.6% al 40.7%, una caída cercana al 35 por ciento.
Incluso, el suministro constante del servicio ha empeorado: pasó del 67.6% en 2021 al 63.9% en 2023.
Lo más preocupante es que el deterioro en Jalisco es más pronunciado que el promedio nacional, colocándonos entre las entidades con mayor retroceso en la calidad del servicio.
Estos números no son simples estadísticas. Representan la vida cotidiana de miles de familias que enfrentan cortes inesperados, agua turbia que pone en riesgo su salud y socavones que paralizan calles enteras.
El propio IIEG señala que, aunque el 92.8% de la población urbana depende de la red pública, la insatisfacción crece por fugas no atendidas, desperdicio de agua y una evidente falta de mantenimiento en la infraestructura.
Es el resultado de administraciones que han privilegiado intereses políticos, cuotas partidistas y opacidad sobre la responsabilidad de garantizar un servicio esencial.
Mientras el gobierno federal impulsa reformas para fortalecer el derecho humano al agua y protegerla como un bien público, en Jalisco persiste la falta de transparencia en la gestión del SIAPA. La ciudadanía ni siquiera tiene acceso claro a los resultados de auditorías y revisiones sobre el manejo del organismo.
La crisis del agua en Jalisco no es producto del destino ni de la casualidad. Es consecuencia directa de malas administraciones, primero del PRI que dejó rezagos históricos, y ahora de Movimiento Ciudadano, que ha demostrado una preocupante incapacidad para rescatar el sistema.
Por ello es urgente un cambio de rumbo.
Se requieren auditorías independientes, transparencia real en la gestión del SIAPA, inversión estratégica en infraestructura hidráulica y una reestructuración profunda del organismo que ponga al ciudadano por encima de los intereses políticos.
Como diputado federal, hago un llamado al gobierno estatal a dejar de lado la confrontación política y trabajar con la Federación para rescatar al SIAPA.
El agua no puede ser botín político ni negocio administrativo.
El agua es un derecho humano.
Y en Guadalajara y su área metropolitana, merecemos recuperar el sistema de agua digno y eficiente que alguna vez tuvimos.
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Del orgullo al abandono: el desastre del agua en Jalisco

Como diputado federal de Morena por Jalisco, no puedo sino reconocer con orgullo la decisión de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum para detener luego de una exhaustiva labor de inteligencia e investigación, a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias &#8220;El Mencho&#8221;, líder del cártel delictivo más grande del país y uno de los más peligrosos del mundo.
Esta eficaz operación del Ejército Mexicano no solo representa un golpe certero a la delincuencia organizada, sino que confirma la plena gobernabilidad en México bajo el liderazgo decisivo de nuestra presidenta.
Ella, con visión y firmeza, trabaja incansablemente para restaurar la paz y la tranquilidad que merecen todas las mexicanas y mexicanos.
La estrategia de seguridad pública nacional impulsada por nuestra mandataria, a la cual le hemos dado instrumentos de investigación y seguimiento aprobados en la Cámara de Diputados, ha demostrado su eficacia una vez más.
No es casualidad que hayamos logrado la detención de alrededor de 40 mil delincuentes generadores de violencia, junto con la confiscación de 23 mil armas, el 80% provenientes de Estados Unidos. En Jalisco, mi entidad natal, se ha fortalecido la presencia del Gabinete de Seguridad federal, lo que por fin permitirá pacificar una región acosada por años por grupos criminales. En las operaciones, también se capturó y abatió a Hugo &#8220;H&#8221;, alias &#8220;El Tuli&#8221;, uno de los principales operadores de este cártel. Al menos 30 criminales fueron abatidos en Jalisco y otros cuatro en Michoacán. Lamento profundamente el fallecimiento de 25 elementos de la Guardia Nacional y uno de la Fiscalía General del Estado. A sus familias, les expreso mis más sinceras condolencias y solidaridad: estos valientes son verdaderos héroes nacionales que dieron su vida por México con un compromiso inquebrantable.Contra los escépticos y la comentocracia que pretenden regatear esta hazaña, reitero que la estrategia de la presidenta Sheinbaum calla bocas. Incluso en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, se reconoce el enorme esfuerzo de México contra el narcotráfico. Es importante recalcar que todas las operaciones para la detención de “El Mencho&#8221; fueron realizadas por nuestras Fuerzas Armadas mexicanas, con un amplio intercambio de información con Estados Unidos. Esta cooperación bilateral ha sido clave para capturar al capo más buscado del mundo, por quien se ofrecían 15 millones de dólares.
Además de la captura de &#8220;El Mencho&#8221;, en las últimas horas se han registrado otras tres detenciones clave: José Israel &#8220;N&#8221;, alias &#8220;El Salsas&#8221;, operador financiero en Colima; Antonio Guadalupe &#8220;N&#8221;, alias &#8220;El Lexus&#8221;, identificado como jefe de la &#8220;Operativa Ranger&#8221; de la facción &#8220;Ciclones&#8221; del Cártel del Golfo e Isaac Moreno &#8220;N&#8221;, alias &#8220;El Hacha&#8221;, líder de célula en Tlaxcala. La buena actuación del gobierno federal y de la presidenta, contrasta con la inacción que se observa en algunos municipios de Jalisco como Zapopan, donde se suspendieron eventos importantes como la firma de autógrafos de Xavi Hernández y la Copa del Mundo de Clavados. Llamo a la población a mantener la calma y no caer en falsas noticias que circulan en redes sociales.
México goza de plena gobernabilidad: las carreteras están libres y esperamos que aeropuertos y operaciones cotidianas se normalicen pronto. Con la presidenta Sheinbaum al frente, estamos construyendo un México más seguro y justo. ¡Sigamos adelante!

El compromiso con la seguridad: Un golpe maestro contra el CJNG

México está viviendo un momento histórico. La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales no es solamente una reforma técnica al artículo 123 de nuestra Constitución; es un acto de justicia social, una decisión de Estado y una señal clara de que el bienestar de las y los trabajadores está en el centro del proyecto de nación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante más de cien años, nuestro país mantuvo jornadas laborales de 48 horas semanales, mientras muchas economías del mundo avanzaban hacia esquemas más humanos y productivos. Hoy damos un paso firme hacia la modernización laboral con una reforma responsable, equilibrada y profundamente social.
¿Qué cambia con la reforma?
La modificación a las fracciones IV y XI del apartado A del artículo 123 constitucional establece que la jornada laboral será de 40 horas semanales. Pero no se trata solo de reducir horas; se trata de garantizar derechos.
La reforma asegura:
• Un día de descanso cuando menos con goce de salario íntegro.
• Que la reducción de la jornada no implique disminución de salarios ni prestaciones.
• Límites claros a las horas extraordinarias: hasta 12 horas semanales pagadas al doble y, en caso de exceder ese límite, al triple.
• Un máximo de 4 horas extras por día, en hasta 4 días por semana.
• La prohibición absoluta de que menores de edad realicen horas extraordinarias.
Además, establece una implementación gradual: de 48 horas en 2026 se reducirá a 46 en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y finalmente 40 horas en 2030. Esta transición ordenada permite certeza para trabajadores y empleadores, garantizando estabilidad económica y protección del empleo.
Una reforma con diálogo y responsabilidad
Algunos sectores han planteado que la medida debió aplicarse de forma inmediata o que podría afectar la competitividad. Desde Morena sostenemos que esta reforma es producto del diálogo entre trabajadores, empresarios y gobierno. No es una decisión unilateral; es una construcción colectiva que cuida las fuentes de empleo y fortalece el mercado interno.
La gradualidad no es debilidad; es responsabilidad. Reducir dos horas por año a partir de 2027 permite a las empresas reorganizar procesos, innovar y adaptarse, mientras el Estado acompaña la transición.
Otros han señalado que las horas extra podrían convertirse en “una trampa”. La realidad es exactamente la contraria: hoy no existe un límite claro en el total de horas extraordinarias que pueden trabajarse. Con esta reforma se establecen topes definidos y pagos obligatorios, brindando mayor protección al trabajador y mayor certeza jurídica para el empleador.
Más descanso, más productividad, mejor país
El derecho al descanso no es un lujo; es una condición indispensable para una vida digna. Trabajadores con más tiempo para su familia, su salud y su desarrollo personal son también trabajadores más productivos, más motivados y más comprometidos.
La reducción de la jornada laboral es coherente con el aumento histórico al salario mínimo, la eliminación del outsourcing abusivo y el fortalecimiento de la democracia sindical. Forma parte de una visión integral de justicia laboral que ha caracterizado a la Cuarta Transformación y que ahora, con la presidenta Claudia Sheinbaum, entra en una nueva etapa.
No se trata de trabajar menos; se trata de vivir mejor.
Un compromiso con la Constitución y con el pueblo
Desde las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social hemos coincidido en respaldar el sentido positivo de esta iniciativa, en los mismos términos aprobados por el Senado. Reformar la Constitución para reducir la jornada laboral es elevar el bienestar a rango constitucional.
La historia nos juzgará por las decisiones que tomemos hoy. Optar por las 40 horas es optar por la dignidad, por el equilibrio entre vida y trabajo y por un México más justo.
Porque cuando se gobierna poniendo primero al pueblo, las reformas no son privilegios: son derechos.
Y el derecho al descanso digno, hoy, está más cerca de convertirse en realidad.

40 horas: dignidad laboral y justicia social para el México del segundo piso de la Transformación

Durante años, hablar de reformas electorales fue hablar de acuerdos entre partidos, de negociaciones en lo oscurito y de beneficios para las élites. Rara vez se pensaba en el ciudadano. Rara vez se preguntaban qué necesitaba la gente que paga impuestos, la que hace fila en el hospital, la que exige seguridad y oportunidades.
Hoy eso está cambiando.
La propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum parte de una premisa distinta y profundamente democrática: poner al ciudadano en el centro, no a los partidos ni a los políticos.
Aunque el proyecto aún se encuentra en integración por la comisión que encabeza Pablo Gómez, las señales son claras. Se busca reducir el dinero público que reciben los partidos y transformar el mecanismo mediante el cual llegan al Congreso los legisladores plurinominales.
Y hay que decirlo sin rodeos: la gente está cansada de mantener estructuras que no le responden. La propia Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 lo confirma; los partidos y el Poder Legislativo están entre las instituciones que menos confianza generan. ¿Cómo no iba a ser así si durante décadas vieron pasar miles de millones de pesos mientras las colonias seguían sin agua y las clínicas sin medicinas?
Ese modelo se agotó.
La presidenta ha sido muy clara: si existen legisladores de representación proporcional, deben elegirse de una forma distinta, no a través de listas diseñadas por las dirigencias. Quien aspire a representar, tendrá que ir al territorio, mirar a la gente a los ojos, ganarse el respaldo popular.
Eso significa algo fundamental: más cercanía y más responsabilidad. Menos cuotas. Menos amigos del poder brincando directo a una curul.
Al mismo tiempo, se plantea recortar de manera importante el gasto del aparato electoral. México no puede seguir teniendo uno de los sistemas más caros del mundo, que solo en el año 2025 se gastó más de 65 mil millones de pesos entre partidos federales y locales, además del INE, en un año donde no hubo elecciones federales, mientras persisten carencias básicas. Cada peso que se ahorre en burocracia dorada puede convertirse en una beca, en una pensión, en atención médica, en infraestructura que sirva a todos y todas las familias.
De eso se trata la transformación.
No es una reforma con dedicatoria; es una reforma contra el privilegio. Es cerrar la puerta al viejo régimen PRIANISTA, que convirtió la política en un “club de Tobi” exclusivo, y abrirla para que mande el pueblo.
Lo que comenzó el presidente López Obrador hoy tiene continuidad: limpiar la vida pública, terminar con los abusos y devolverle a la ciudadanía el poder de decidir.
La democracia no puede seguir siendo un negocio. Tiene que ser un derecho pleno para los mexicanos.
Y hacia allá vamos.

La democracia debe servir al pueblo, no a las cúpulas

El 2026 se elegirá como un año bisagra, donde las reformas estructurales, la coyuntura internacional y los engranajes preelectorales rumbo a las elecciones intermedias de 2027, marcarán el futuro de nuestra democracia. 
La reforma electoral será uno de los temas dominantes en el escenario político nacional, al perfilarse un cambio profundo en las reglas del juego democrático.
Otro frente será la renegociación del T-MEC, que se convertirá en un eje central de negociaciones comerciales con Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, la cual se ha caracterizado por endurecer su política migratoria y arancelaria, así como las reglas del nearshoring.
México deberá negociar con astucia para no ceder soberanía, pero tampoco aislarse en un mundo interconectado. En un contexto donde el nearshoring representa una oportunidad dorada, cualquier tropiezo podría costarnos caro, exacerbando desigualdades regionales y poniendo a prueba la resiliencia de nuestra economía.
La seguridad y la lucha contra la corrupción no cederán terreno en esta ecuación, con la persistencia de la violencia impulsada por grupos delincuenciales.
Temas como la extorsión y la infiltración en municipios sin duda influirán en la agenda legislativa y moldeando la percepción pública del gobierno federal.
Es imperativo mantener el ritmo de la estrategia de seguridad que ha emprendido el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, como condición para afianzar la legitimidad del proyecto transformador.
En el ámbito social, las reformas laboral y educativa irrumpirán con fuerza, abriendo debates sobre cambios que tocarán a la vida cotidiana de millones de mexicanos.
La discusión de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y la implementación de un nuevo modelo educativo marcarán la agenda social. Estas iniciativas podrían generar debates sobre su viabilidad económica y en términos de equidad.
Aunque las elecciones intermedias lleguen hasta 2027, 2026 será indiscutiblemente preelectoral, con disputas internas por candidaturas en gubernaturas y municipios que agitarán la vida interna de los partidos políticos.
La posible creación de nuevos partidos y reacomodos políticos pondrán a prueba a coaliciones que, hasta ahora, parecen inquebrantables.
Este caldo de cultivo preelectoral podría derivar en una polarización anticipada, donde la lealtad partidista se podría anteponer al bien común, lo que representará un desafío para los líderes políticos y los partidos.
Por último, el Mundial de Futbol 2026, en el que nuestro país será coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, emergerá como una oportunidad y un desafío simultáneo. 
Este evento impulsará sectores como la infraestructura y el turismo, inyectando vitalidad económica, pero también podría exponer vulnerabilidades en seguridad y logística que impactarán directamente en la agenda política.
De manejarse el evento de forma correcta, podría ser un escaparate de orgullo nacional; de lo contrario, será un amplificador de críticas internas y externas.
En suma, 2026 no será un año de transiciones tersas, sino de pruebas que definirán si México consolida la Cuarta Transformación.
Como sociedad, nos toca exigir diálogo y consensos para que estos desafíos se conviertan en catalizadores de un futuro más justo.

Desafíos políticos para el 2026: Temas clave que marcarán a México

Jalisco se ha convertido, lamentablemente, en un símbolo nacional de lo que ocurre cuando un gobierno prefiere administrar la narrativa antes que enfrentar la realidad. Bajo la administración de Pablo Lemus, el discurso oficial insiste en que el Estado avanza, que hay control, que se trabaja por la seguridad. Sin embargo, los hechos —crudos, dolorosos e irrefutables— cuentan otra historia.
El hallazgo del llamado Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, en marzo de 2025, debería haber cimbrado a cualquier gobierno responsable. Colectivos de búsqueda encontraron restos humanos, ropa y objetos personales en lo que todo apunta fue un centro de adiestramiento de un cártel. No se trató de un hecho aislado, sino de una evidencia más del reclutamiento forzado y de la crisis de desapariciones que vive el Estado. ¿Cómo es posible que un campo de esta naturaleza operara sin que las autoridades estatales se dieran cuenta?
A esto se suman las fosas clandestinas localizadas cerca del Estadio Akron, en Zapopan, justo cuando Jalisco presume estar listo para recibir al mundo en el Mundial de Fútbol 2026. Mientras se invierten millones en imagen urbana, en propaganda y en espectáculos, la realidad es que el crimen organizado ha penetrado zonas emblemáticas, a plena vista de todos.
Los narcobloqueos en La Barca, la quema de vehículos y los enfrentamientos armados en los límites con Michoacán y Guanajuato confirman que el territorio jalisciense sigue siendo disputado por grupos criminales con absoluta impunidad. Y cuando la violencia se traslada a las zonas residenciales, el mensaje es todavía más grave: nadie está a salvo.
El asesinato de un empresario y su hija en Guadalajara, a finales de 2025, con un comando de más de 30 sicarios actuando como si se tratara de una película, marcó un punto de quiebre. Lo mismo ocurrió recientemente con la balacera en Jardines del Tepeyac, en Zapopan, a plena luz del día, en una de las zonas más transitadas de la ciudad. Dos muertos, varios heridos, pánico colectivo y, como siempre, explicaciones tardías.
Pero quizá lo más indignante es la normalización de la trata de personas y de la delincuencia forzada. Centros de llamadas operados por un grupo delincuencial, jóvenes reclutados con engaños, torturados, obligados a estafar o a delinquir. La Nueva Central Camionera convertida en punto de captación criminal. Esto no es una falla menor: es el reflejo de un Estado que perdió el control de su propio territorio.
El gobierno estatal no puede seguir culpando a la federación, al pasado o al contexto nacional. La seguridad es una responsabilidad directa del gobierno estatal y municipal, y los resultados están a la vista: más fosas, más balaceras, más desaparecidos y más miedo.
Jalisco no necesita discursos triunfalistas ni campañas de relaciones públicas. Necesita un cambio profundo de estrategia, coordinación real con la federación y, sobre todo, voluntad política para enfrentar al crimen sin simulaciones, más seguridad, menos frivolidad y Tik Tok. 
Porque mientras se presumen estadísticas maquilladas, el gobernador viaja y se dedica a bailar ante las cámaras, y la ciudadanía vive entre el terror, la impunidad y el abandono. Y eso, en cualquier democracia, es el verdadero fracaso.

De Izaguirre a las balaceras en Zapopan

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Plan B, sinónimo de austeridad republicana

La semana pasada, en este mismo espacio, me referí a la crisis hídrica que se vive en el Área Conurbada de Guadalajara.
Desde el 3 de abril a la fecha, en QuieroTV ya ha estado presente el nuevo director del SIAPA, Ismael Jáuregui, quien hizo públicamente una serie de compromisos para atender el problema del abasto de agua potable a los habitantes de la ciudad y también, para el destino final del agua residual.
Sin embargo, como legislador federal mantengo mi facultad de observación y señalamientos y en esta segunda entrega de la columna de opinión que cada semana me permiten publicar en este espacio, agrego mis dudas sobre la crisis del agua:
·                   ¿Cómo se está coordinando el gobierno de Jalisco con la Conagua, Cofepris y Profeco para resolver de fondo el problema, tal como lo exige el Plan Hídrico Nacional?
·                    ¿Se han levantado actas de posibles delitos ambientales o sanitarios y, de ser así, quiénes son los responsables identificados hasta ahora?
·                    ¿Por qué la información sobre calidad del agua y avances de obras sigue siendo opaca y fragmentada?
·                    ¿No debería el SIAPA publicar diariamente un tablero público de monitoreo en tiempo real?
·                    Las soluciones implementadas, ¿son realmente adecuadas y suficientes, o solo buscan ganar tiempo hasta que pase el escándalo mediático?
Habitantes de la ZMG exigen respuestas claras y soluciones reales. La transparencia no es un acto de buena voluntad; es una obligación constitucional. El derecho a saber no termina donde comienza la incomodidad del gobierno.
Por cierto, no podemos cerrar este espacio de opinión sin cuestionar al nuevo titular del Órgano Interno de Control del SIAPA: ¿qué avances concretos hay en las pesquisas del caso “Eli” Castro? ¿Se ha avanzado en la investigación de la contratación irregular de Elizabeth Margarita Castro Cárdenas como “asesora técnica” con un sueldo de más de 73 mil pesos mensuales sin perfil ni labores reales?
¿Se han determinado responsabilidades administrativas y penales del exdirector Antonio Juárez Trueba y de otros funcionarios involucrados?
¿Bajo qué criterios la autoridad estatal tomó la decisión de redireccionar mil 100 millones de pesos de la Comisión Estatal del Agua, que, a decir de su director, Mario López, serían utilizados para realizar obras hídricas en 80 municipios del interior de Jalisco?
No es un tema menor ni pasado. La misma opacidad y falta de rendición de cuentas que permitió ese escándalo de corrupción es la que hoy impide a los jaliscienses saber de qué tamaño es realmente la crisis del agua.
El recién ratificado titular de la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) y la Contraloría del Estado, tienen la oportunidad de exigirle al SIAPA que responda a estos y otros cuestionamientos que se hacen los ciudadanos.

¿De qué tamaño es la crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara? (II)