Bajo el discurso de la criminalización, persecución, detención y deportación de las personas migrantes “sin papeles” en Estados Unidos, el gobierno federal y la iniciativa privada, en evidente maridaje, han diseñado y puesto en marcha un esquema de negocios bastante jugoso que tiene como cimiento y justificación la política antimigrante de Donald Trump. Como suele suceder, los “indocumentados” significan carretadas de recursos para quienes los criminalizan, pero se aprovechan de ellos para engordar sus carteras.
Investigaciones realizadas por “Project Salt” y “More Perfect Union” han demostrado el pingüe negocio de los centros privados de detención de migrantes en la Unión Americana, diseñado e impulsado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La danza de los millones muestra los sobreprecios millonarios y beneficios directos a favor de instituciones financieras y dueños de inmuebles, a partir de las compras realizadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de diferentes propiedades que eventualmente se puedan convertir en centros de detención para migrantes y ser administrados de manera privada con cargo al erario.
Solo mencionaré algunos de los muchos ejemplos que documentaron en la investigación: en Social Circle, Georgia, el DHS pagó casi 129 millones de dólares por una propiedad valuada en 29 millones de dólares; en Surprise, Arizona, otra propiedad cuyo valor era de 12 millones de dólares en 2023, se compró por 70 millones de billetes verdes; en Socorro, Texas, otra construcción valorada en 11 millones de dólares se vendió por 123 millones. En el caso de Goldman Sachs, la corporación financiera era la propietaria mayoritaria de una construcción industrial vacía en Roxbury, Nueva Jersey, que fue comprada por el ICE en 129 millones de dólares, cantidad que representó un sobreprecio de 137 por ciento. El caso de Goldman Sachs es significativo porque ha mantenido estrechos vínculos con Trump desde su primer mandato, incluso exempleados del grupo financiero han formado parte del actual gabinete presidencial.
Otra compra realizada fue la de una bodega con capacidad para 10 mil personas en Salt Lake City, Utah, cuyo valor era de 70 millones de dólares y se adquirió por 145 millones de dólares, la propiedad era de Deutsche Bank institución que ha mantenido una extensa relación comercial con la familia Trump otorgándole préstamos por un total estimado de 2 mil 500 millones de dólares (More Perfect Project, 7 de abril de 2026).
Aunque el asunto ha escalado en el ámbito político del Congreso federal donde 54 legisladores demócratas han comenzado una investigación para determinar con claridad las irregularidades en las compras mencionadas, nada garantiza que la investigación llegue a buen puerto y se finquen responsabilidades a quienes llevaron a cabo el negocio privado al amparo del gobierno.
Estos arreglos entre particulares y autoridades son una cara más de los negocios privados realizados al amparo del poder público que terminan por beneficiarse directa o indirectamente de las personas migrantes “sin papeles” en Estados Unidos.