Claudia Salas

Imaginemos a una madre que, tras meses de incertidumbre, recibe finalmente el diagnóstico de su hija o hijo: Trastorno del Espectro Autista (TEA). En ese instante, el alivio de ponerle nombre a la diferencia se transforma en una carrera de obstáculos. Se enfrentará a escuelas que cierran la puerta argumentando que &#8220;no están preparadas para atenderle&#8221;, a espacios que juzgan las crisis sensoriales de las infancias y a un entorno que no comprende sus propios tiempos. Esta no es una historia aislada; es el día a día de miles de familias en México que han aprendido a vivir en la resistencia contra un sistema que les pide encajar o desaparecer.
Nuestro país se encuentra hoy en la antesala de una decisión que podría transformar la realidad de más de 1.5 millones de personas que viven con TEA, y de millones más que navegan el mundo con TDAH, dislexia, dispraxia o altas capacidades. En las próximas semanas, la Cámara de Diputados tendrá en sus manos la votación de una reforma histórica a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. El objetivo es tan simple como potente: incluir las neurodivergencias como una categoría protegida por la ley.
Durante décadas, México ha operado bajo un vacío normativo que ha invisibilizado a quienes procesan el mundo de manera distinta. Los datos son contundentes: se estima que 1 de cada 115 niñas y niños en nuestro país está dentro del espectro autista, y sin embargo, el subdiagnóstico, especialmente en mujeres y niñas, sigue siendo una barrera sistémica. Al integrar la neurodivergencia en el Artículo 1 de la Ley, pasaríamos de la &#8220;buena voluntad&#8221; a la exigibilidad de derechos. Significará que una institución educativa ya no podrá negar el acceso a una o un estudiante bajo el pretexto de la falta de capacitación, y que una empresa no podrá descartar el talento de las y los profesionales neurodivergentes basándose en prejuicios sobre sus habilidades sociales.
Pero hay un sector que espera esta votación con especial urgencia: las mujeres. En México, la mayoría de los casos de neurodivergencia se viven desde una madre, de la abuela y de hermana. La estadística es cruda, pues en el 80% de los casos, son ellas quienes asumen la carga total de los cuidados ante la ausencia de un sistema robusto de apoyo institucional.
Cada vez que el Estado falla en garantizar un aula inclusiva o un servicio de salud adecuado, es una mujer la que debe renunciar a su empleo, a su salud y a sus proyectos personales para llenar ese vacío. Esta reforma es, en esencia, un acto de justicia para las cuidadoras que han sostenido el bienestar de sus familias a pulso y en soledad.
Con este gran paso de voluntad política se armonizarían nuestras leyes con los estándares internacionales de la OMS y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El diagnóstico dejaría de ser un destino de marginación para convertirse en un punto de partida hacia una inclusión activa y digna.
Se trata de reconocer y celebrar la diversidad de mentes como una riqueza colectiva. La aprobación de esta reforma, estoy segura, enviará un mensaje claro: en México, ninguna mente debe ser excluida.

El derecho a ser: la deuda que tenemos pendiente con las neurodivergencias

Se dice frecuentemente en los pasillos de la política que &#8220;amor que no se refleja en el presupuesto, no es amor&#8221;. Sin embargo, tras años de observar la administración pública, me permito corregir la plana: el presupuesto no es destino si no existe una vigilancia aguda que garantice que cada peso asignado se traduzca en una brecha de desigualdad cerrada. No basta con que el Anexo Transversal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres crezca en el papel; el verdadero reto es que ese dinero &#8220;trabaje&#8221; con precisión quirúrgica donde la realidad más duele.
Pensemos en la trayectoria de una joven que logra entrar a la universidad. El éxito de la política pública no termina el día que recibe su carta de aceptación. La verdadera fiscalización del gasto debería preguntarnos: ¿cuántas de ellas logran titularse y encontrar trabajo? El presupuesto debe trabajar para que el factor económico o la carga de cuidados no la obliguen a desertar a mitad de la carrera. Necesitamos recursos que no solo abran aulas, sino que financien sistemas de permanencia, y que ese impulso no se detenga en la licenciatura. La igualdad sustantiva significa que esa misma mujer tenga acceso real a maestrías y doctorados, rompiendo el techo de cristal académico que históricamente ha reservado los altos grados de especialización para quienes no tienen que elegir entre aprender o el desarrollo de su familia.
Este nudo de desigualdad se aprieta especialmente en el diseño y operación de las estancias infantiles. De nada sirve un espacio de cuidado que cierra a las cuatro de la tarde cuando la jornada laboral de una mujer, sumada a los extenuantes tiempos de traslado en una metrópoli compleja, termina a las siete u ocho de la noche. Cuando el Estado diseña horarios desconectados de la realidad, ignora deliberadamente el costo social que esto genera: si una mujer no puede ir por sus hijas o hijos a las cuatro de la tarde, se activa un efecto dominó donde la abuela, la tía o la vecina deben acudir a cubrir ese hueco. Así, la carencia de un servicio público eficiente no impacta solo en una vida, sino que secuestra el tiempo y las posibilidades de desarrollo de una red entera de mujeres que terminan subsidiando, con su propio cansancio, las omisiones del gobierno.
La realidad es contundente: en México, las mujeres destinan en promedio 2.5 veces más tiempo que los hombres a las tareas de cuidado no remunerado. Esta &#8220;pobreza de tiempo&#8221; es la barrera de entrada más alta al mercado laboral y académico. Por ello, la renovada dirección de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se presenta hoy como una pieza crucial y decidida. Es momento de que la fiscalización trascienda la simple revisión de facturas para entrar al análisis del impacto social.
La ASF debe ser el órgano que vigile que la transversalidad no sea un adorno retórico en los informes, sino una metodología que asegure que el dinero público mueva la aguja de la autonomía económica y educativa.
Vigilar el presupuesto con lupa violeta es un acto de justicia técnica. Necesitamos que el órgano fiscalizador señale con la misma firmeza un desvío de fondos que un programa que, aun gastando cada centavo, no garantiza que una niña hoy pueda ser la científica o la alta directiva del mañana. El dinero está ahí, aunque nos digan que “no hay”; ahora toca vigilar no solo la asignación justa para las mujeres, sino que, por fin, trabaje para que el éxito de todas ellas sea una garantía, no una eterna carrera de obstáculos.
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El efecto dominó de la omisión

Hay reformas que nacen de la convicción. Y hay otras que nacen del miedo. El llamado “Plan B” de la reforma electoral pertenece, claramente a la segunda categoría.
Porque más allá del discurso oficial de la austeridad, eficiencia, modernización, lo que se asoma con nitidez es otra cosa: la inquietud de un poder que empieza a sentir que el terreno ya no es tan firme como antes. No están reformando porque el sistema electoral haya fallado; están reformando porque el escenario político está cambiando.
Y cuando el poder siente que puede perder, lo primero que intenta ajustar son las reglas del juego.
La próxima semana, el Senado no discutirá únicamente una reforma electoral. Discutirá, en el fondo, una reacción. La primera iniciativa ya dio la señal: no hubo consenso, se ignoraron propuestas, no hubo solidez técnica y, sobre todo, no hubo legitimidad política suficiente. Fue un termómetro mal leído. En lugar de corregir el diagnóstico, se optó por insistir con una versión más digerible, aunque no necesariamente mejor.
El problema es que, en esa insistencia, se vuelve a cometer el mismo error de origen, al querer legislar un país que no se conoce.
Porque este “Plan B” no solo toca al INE; también mete mano en lo local. Y lo hace desde una lógica profundamente centralista, como si México fuera homogéneo, como si las condiciones fueran equivalentes en cada Estado, como si los congresos locales y los institutos electorales estatales operaran bajo las mismas capacidades. No es así.
Hay entidades donde las autoridades electorales funcionan con presupuestos limitados, con estructuras reducidas, con desafíos logísticos reales. Hay territorios donde organizar una elección implica mucho más que instalar casillas: implica sortear carencias, distancias, contextos complejos, como el de la violencia que nos aqueja. Pero desde el centro, eso parece irrelevante. Se legisla en abstracto, como si la realidad pudiera ajustarse al papel.
Ahí es donde el miedo se vuelve peligroso. Porque no solo se busca ajustar reglas, sino concentrar decisiones. Bajo el argumento de hacer más eficiente el sistema, se reducen márgenes de operación, se acotan capacidades y se presiona a estructuras que ya operan al límite. No es una mejora técnica; es una apuesta política. Una que parte de la desconfianza: si el escenario cambia, mejor controlar el terreno.
La democracia no funciona así. Las reglas electorales no pueden diseñarse en función de quién gobierna hoy, sino de garantizar condiciones equitativas para todos mañana. Y eso implica algo que esta reforma no tiene: consenso, conocimiento del territorio y visión de Estado.
Lo que veremos en el Senado será, en buena medida, un cierre de filas que no lograron en San Lázaro, y lo digo porque lo vi. Una mayoría intentando sacar adelante una reforma que no termina de sostenerse en sus propios argumentos, y una oposición señalando los riesgos de debilitar un sistema que, con todos sus defectos, ha logrado algo fundamental: generar confianza en los resultados.
Porque ese es el punto que se evita: México no tiene una crisis de elecciones. Tiene una clase política que empieza a enfrentar límites. Y frente a esos límites, hay dos caminos: competir mejor o cambiar las reglas.
El “Plan B” parece apostar por lo segundo, aunque el problema es que cuando el miedo a perder guía las decisiones, lo que se pone en juego ya no es una elección… es la calidad de la democracia misma.
Esa, a diferencia de una contienda electoral, sí es una pérdida que cuesta mucho recuperar.

claudia salas

El miedo a perder

Durante semanas se intentó instalar la idea de que México atraviesa una crisis electoral. Que el sistema cuesta demasiado, que el árbitro está rebasado y que las reglas necesitan una sacudida profunda. Bajo ese argumento se presentó la reforma que finalmente se cayó en el Congreso.
El problema es que la crisis que vive la democracia mexicana no está necesariamente donde algunos quieren encontrarla.
Cuestionémonos seriamente: ¿México tiene una crisis de elecciones, o tiene una crisis de partidos? Las elecciones se realizan, los votos se cuentan y los resultados se conocen con rapidez. En la última jornada federal participaron más de 60 millones de personas y se instalaron más de 170 mil casillas en todo el país. Sí, debemos crecer esa participación significativamente, y el engranaje institucional perfeccionarse.
Lo que no funciona es otra cosa: la confianza en quienes compiten dentro de ese sistema.
Los partidos políticos aparecen de manera constante entre las instituciones peor evaluadas por la ciudadanía. El desgaste ha sido tan profundo que incluso estructuras que durante décadas parecían políticamente indestructibles, como el PRI, terminaron atrapadas en el mismo pantano de desconfianza que ayudaron a construir.
Pero el problema no se limita a los partidos del pasado. En los últimos años también hemos visto cómo el partido gobernante —Morena— empieza a mostrar una tentación conocida en la historia política: cuando el tablero deja de ser completamente favorable, la reacción no siempre es mejorar el juego, sino ajustar los lentes y mover las reglas.
Ahí es donde la discusión sobre la reforma electoral empezó a revelar su verdadero trasfondo.
Porque la iniciativa no logró demostrar que buscara resolver los problemas más urgentes de la democracia mexicana: cómo recuperar la confianza ciudadana, cómo mejorar la representación política o cómo cerrar el paso al dinero ilegal que intenta infiltrarse en las campañas.
En cambio, el debate se desplazó hacia el cuestionamiento del árbitro electoral y hacia la posibilidad de debilitar instituciones clave del sistema. Ahora, el llamado Plan B, me asusta más, pues apunta en la misma dirección: recortar capacidades al árbitro y sembrar dudas sobre herramientas como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que durante años ha permitido dar certeza a los resultados la misma noche de la elección.
En medio de ese ruido quedaron invisibilizadas propuestas sensatas de otras fuerzas políticas como Movimiento Ciudadano, que por ejemplo, ha planteado reducir responsablemente el financiamiento público de los partidos, equilibrar la distribución de recursos, regular el uso de inteligencia artificial en propaganda electoral y abrir el debate sobre el voto joven.
Porque el sistema electoral sí necesita reformas. Pero no para inclinar el tablero.
Necesita cerrar las grietas por donde se cuela el dinero ilegal, corregir los incentivos que han encarecido la política y reparar vicios acumulados durante años.
Una reforma electoral útil debería responder a una exigencia simple: estar a la altura de la democracia que la ciudadanía reclama.
Porque las reglas electorales no se cambian para facilitar el poder.
Se cambian para que el poder tenga límites.
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La crisis no es electoral

El nombre de Blanca Estela Álvarez Chávez debería recordarnos que detrás de cada estadística hay una historia de violencia que el país no supo proteger. Blanca no era una cifra ni un expediente. Era una mujer de convicciones, una servidora pública comprometida como regidora en La Manzanilla de la Paz; una madre orgullosa de su hijo recién graduado.
Hoy escribo de ella porque fue asesinada. No hubo accidente ni confusión. A Blanca le arrebataron la vida por asfixia, de la forma más cruel. Su asesinato vuelve a abrir la herida profunda de un país que sigue fallando en proteger a sus mujeres. La tragedia de Blanca no es un hecho aislado. Es el reflejo de una realidad que se repite con una frecuencia que ya retumba en los oídos. En México asesinan a más de diez mujeres cada día. No se trata de una percepción ni de una exageración: es una emergencia nacional que atraviesa todos los ámbitos de nuestra vida pública.
Las cifras revelan también una verdad todavía más dolorosa: la impunidad. Más del 90 por ciento de los feminicidios en México no se resuelven. Apenas una mínima parte llega a una sanción. Cuando la justicia no llega, la violencia encuentra el camino libre para repetirse.
La violencia, además, ha alcanzado a las niñas, quienes deberían estar más protegidas.
Tan solo el año pasado se registraron casi 60 feminicidios contra ellas y miles permanecen desaparecidas en nuestro país. Son datos que estremecen porque muestran que la violencia contra las mujeres comienza cada vez a edades más tempranas, casi al nacer.
Por eso, cuando nuevamente se acerca el Día Internacional de la Mujer, la pregunta vuelve con fuerza: ¿qué estamos haciendo realmente para cambiar esta historia? Conmemorar no basta. Los discursos y los minutos de silencio resultan insuficientes si no van acompañados de acciones reales que garanticen seguridad, justicia y dignidad para las mujeres.
México no necesita más gestos simbólicos mientras las cifras siguen creciendo. No queremos más cruces rosas ni más zapatos vacíos llenando las plazas. Queremos derechos, queremos justicia y queremos que el Estado deje de ser un espectador frente a la violencia que se vive todos los días.
Porque cuando una mujer es asesinada no solo falla la ley. Falla el pacto social que debería proteger la vida. Falla el sistema de justicia que no llega a tiempo. Y falla también la normalización que permite que estas historias se diluyan en la rutina informativa.
Este 8 de marzo no debería ser solo una fecha para recordar a quienes ya no están.
Debería ser una fecha para que el Estado presente soluciones, exaltar la justicia y acabar con el patriarcado que sigue suelto con licencia para matar.
Que el nombre de todas las mujeres y niñas que ya no están sea el recordatorio de que la omisión de justicia es una forma de violencia que crece cada vez más.

La impunidad desata más violencia

La captura de &#8220;El Mencho&#8221; el pasado domingo, no solo sacudió la estructura del crimen organizado en Jalisco; sacudió el tablero emocional de una nación que volvió a contener el aliento ante la incertidumbre.
Sin embargo, la historia nos ha enseñado con dureza que descabezar una organización es un triunfo táctico, pero no una solución sistémica. Mientras el Estado cumple con su labor de aplicar la ley, la sociedad debe enfrentar la estadística que realmente nos debería desvelar: según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y diversos observatorios de seguridad, se estima que entre 30 mil y 35 mil menores de edad y jóvenes son reclutados anualmente por las filas de la delincuencia.
El miedo que se sintió en las calles no se cura solo con operativos, sino con una transición urgente de la reacción policial a raíz del conflicto. Para lograrlo, es imperativo transitar hacia una estrategia de reconstrucción que vaya más allá del despliegue de fuerza.
La experiencia internacional en sociedades que han sobrevivido a violencias crónicas, desde la transformación urbana y social en la médula de Medellín hasta los procesos de paz en Centroamérica, demuestra que el éxito radica en crear proyectos de vida donde hoy sólo hay vacío. No basta con programas asistenciales y becas; se requieren centros de innovación y espacios de identidad comunitaria que ofrezcan a nuestros jóvenes una narrativa distinta a la de la violencia.
La paz comienza cuando este &#8220;sueño mexicano&#8221; deja de ser una ilusión lejana para convertirse en una opción real de empleo, dignidad y pertenencia. Esta reconstrucción exige también que acortemos las distancias que, como sociedad, hemos permitido.
Necesitamos familias que escuchen y escuelas que funcionen como refugios de esperanza.
El pacto por el futuro de México no es un concepto abstracto, es una acción diaria que implica asegurar que cada niño o niña tenga un espacio seguro para jugar, pensar y desarrollar sus talentos. Así como una educación que compita con el atractivo del dinero fácil.
Otros países lo han logrado mediante la unidad y la inversión en su capital humano; nosotros no debemos ser la excepción.
La captura del domingo debe ser el catalizador para dejar de ser espectadores y convertirnos en arquitectos de una convivencia. Es posible reconstruir nuestro tejido social si actuamos juntas y juntos, desde ya, por un México en paz.

Ante la captura, llega la urgencia de paz

Josefina vive en Tesistán y se levanta a las 5:00 de la mañana. Prepara desayunos, deja uniformes listos, organiza mochilas. Sale corriendo a su trabajo, que está en la zona industrial, donde cumple una jornada de ocho o nueve horas por seis días a la semana. Regresa a casa tarde y empieza su “segunda jornada” en la que cocina la cena, limpia, revisa tareas, atiende pendientes emocionales y domésticos que no han sido resueltos por el whatsapp durante el día. Cuando por fin se sienta, el reloj marca las 11:00 de la noche. Saquemos la cuenta. Josefina trabaja más de 12 horas al día, pero solo le pagan por ocho.
En México, las mujeres dedican en promedio más de 30 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, casi el triple que los hombres. Si además tienen un empleo formal, la carga total puede superar fácilmente las 60 o 70 horas a la semana. Esta es la realidad que muchas veces se invisibiliza cuando se discute la reducción de la jornada laboral a 40 horas. No es solo una reforma laboral: es una medida de justicia social y de género.
Hablar de 40 horas es hablar de tiempo. Y el tiempo es poder. Hoy, millones de mujeres como Josefina, viven atrapadas en dobles y hasta triples jornadas, sin sábados ni domingos; trabajan en el mercado laboral, sostienen sus hogares y asumen casi en exclusiva el cuidado de niñas, niños, personas mayores o enfermas. Lo hacen, además, en condiciones más precarias: menores ingresos, mayor informalidad, brecha salarial persistente y mayor exposición a violaciones de derechos laborales.
Las mujeres ganan menos por el mismo trabajo y tienen trayectorias laborales más interrumpidas por maternidad y cuidados de sus familias u otras, que ni tendrían que corresponder. Muchas deben recorrer trayectos más largos porque buscan empleos que puedan compatibilizar con horarios escolares o redes de apoyo. Otras destinan parte importante de su ingreso a pagar a alguien que cuide a sus hijas e hijos mientras trabajan. La desigualdad no empieza en la oficina; empieza en casa.
Reducir la jornada laboral a 40 horas, quizá no resolverá por sí sola la desigualdad estructural, pero sí envía un mensaje claro: el trabajo no puede seguir organizándose sobre la explotación silenciosa del tiempo de las mujeres. Más tiempo disponible significa más posibilidades de descanso, de autocuidado, de convivencia familiar y de participación comunitaria. Significa también abrir la puerta a una redistribución más justa de las tareas de cuidado entre hombres y mujeres.
Cuando se oponen a la reforma argumentando productividad, olvidan que si hay un grupo productivo en este mundo, es el de las mujeres. No hay economía posible sin el trabajo de cuidados que sostiene la vida.
Ese trabajo que no aparece en las nóminas ni en las estadísticas del PIB, aunque al momento de revisar el impacto, hace que todo funcione en el día a día.
Las 40 horas son una discusión laboral, sí. Por eso tenemos que llevarlo a la discusión feminista, porque detrás de cada hora extra no pagada, detrás de cada jornada interminable, hay una mujer que sostiene el país con su tiempo y su cuerpo.
Es momento de reconocerlo, y de legislar en consecuencia.

40 horas: una deuda histórica con las mujeres

Aterrizas en Guadalajara, caminas hacia la salida con maleta en mano y lo primero que ves es una fila interminable de taxis autorizados. La gente suspira, mira el reloj, calcula el costo. Antes de que llegues al módulo, se acercan varios hombres susurrando:
“¿Uber? ¿Didi? Más barato, sin fila”. Sabes que algo no cuadra. Un conductor de plataforma no puede simplemente estacionarse y esperar pasaje: la propia aplicación lo impide. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es desorden, simulación y un riesgo real para quienes solo quieren llegar seguros a su destino.  Nuestros aeropuertos se han convertido en tierra de nadie entre la rigidez de un modelo agotado y la ausencia de reglas modernas. El monopolio práctico de los taxis federales no ha resuelto la movilidad; la ha encarecido y, en muchos casos, complicado. En horas pico o en temporadas altas, las bases se saturan, las filas se desbordan y la experiencia para las y los viajeros, ya sea turista, persona de negocios o familia, es caótica. Mientras tanto, la alternativa formal que representan las plataformas digitales opera con restricciones, hostigamiento e incluso vandalismo. No es competencia pareja: es un sistema que empuja a la informalidad, la corrupción y la inseguridad tanto de conductores como de pasajeros.
Limitar la movilidad nunca es una política pública responsable. Cuando se cierra la puerta a opciones legales, tecnológicas y trazables, se abre la ventana al transporte “pirata”, sin controles, sin seguros claros y sin mecanismos de verificación. Eso no protege a nadie; al contrario, expone a la ciudadanía a mayores riesgos. Además, mantener tarifas elevadas por falta de competencia castiga directamente el bolsillo de las personas. Hoy, un traslado desde el aeropuerto puede costar el doble o triple que un servicio de plataforma con estándares de seguridad, geolocalización y evaluación constante.
No se trata de quitarle el sustento a nadie. Se trata de ordenar, actualizar y poner al centro a las y los usuarios. Necesitamos un marco legal que permita la convivencia regulada de taxis y plataformas en aeropuertos, con reglas claras, zonas definidas, controles de seguridad y piso parejo. La tecnología no es el enemigo; es una herramienta para dar mejores servicios y mayor transparencia.
Con el Mundial a la vuelta de la esquina, México no puede darse el lujo de aeropuertos donde reina la confusión y el abuso. La primera impresión de un país también se vive en la movilidad. Es momento de legislar con visión de futuro, abrir opciones seguras y dejar atrás un modelo que ya no responde a la realidad. La movilidad moderna no se bloquea: se regula con inteligencia y pensando en la gente.

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La contingencia ambiental que hoy asfixia al Golfo de México no puede reducirse a un accidente menor. Es, en realidad, la crónica de una advertencia ignorada mientras ya era mediática; una falla estructural tolerada y una parálisis institucional que deja a Veracruz, Tamaulipas y Tabasco, con una herida cuya limpieza tomará años.
Este ecocidio no es un evento aislado, sino que se suma a una lista de deudas ambientales que crecen sin freno. Se añade a la devastación de la selva y la contaminación de acuíferos provocada por el Tren Maya, al impacto irreversible en los ecosistemas marinos por las obras de la refinería de Dos Bocas y a la omisión sistemática ante la contaminación industrial de ríos. Estamos ante un patrón de desarrollo que sacrifica el patrimonio natural en nombre de una narrativa de progreso que no llega a quienes más lo necesitan.
El daño en el Golfo es expansivo. Abastece aproximadamente el 60% de la producción pesquera nacional, lo que significa que el desastre no se detiene en la orilla: se infiltra en la columna vertebral de la economía. Hoy, esa cadena de valor está rota. Entre la falta de claridad sobre la inocuidad de los productos y la incertidumbre de los comercializadores, el mar ha dejado de ser una garantía para convertirse en un riesgo.
En territorio, el golpe ha sido devastador y directo. Cooperativas enteras están paralizadas y embarcaciones encalladas. Miles de hombres y mujeres que dependen de la pesca se enfrentan a un dilema cruel: quedarse en tierra o salir para retornar a puerto con redes contaminadas, motores averiados y productos invendibles. No estamos ante una &#8220;pausa operativa&#8221; como pretenden hacernos creer; estamos ante una pérdida masiva de empleos y la evaporación del ingreso diario para miles de familias.
La sombra de una veda prolongada de hasta dos años se proyecta ya como una realidad inevitable. El impacto ya se siente en las mesas del resto del país: la escasez de producto eleva los precios y castiga el bolsillo del consumidor final.
Lo más grave es la previsibilidad del desastre. Se optó por la inacción y la minimización hasta que la mancha negra alcanzó la arena. Hoy, el discurso oficial insiste en que las playas son utilizables y que la situación está bajo control. Pero el mar no se limpia con retórica, ni la economía se sostiene con boletines de prensa.
La ausencia de responsables visibles y la nula rendición de cuentas son el sello de esta tragedia. Esa opacidad es lo que alimenta la indignación social. Porque no es solo el petróleo degradando el ecosistema. Es el abandono sistemático de la costa, es la desatención al desempleo y es la fragilidad de una seguridad alimentaria que ya acusa el impacto.
Hace apenas unos días, el desastre entró físicamente a la Cámara de Diputados donde llevaron una cubeta con el chapopote que está asfixiando las costas de Veracruz. Quienes estuvimos ahí lo tocamos, y seguimos sin podernos quitar de los dedos la viscosidad de la tragedia; una mancha que no solo ensucia las manos, sino la conciencia de quienes deciden ignorarla.
Somos, una vez más, un país pagando las facturas de un gobierno que decidió, simplemente, no llegar a tiempo.

El Golfo viscoso