Democracia y resistencias

Desde la ciudadanización del Instituto Federal Electoral (IFE) he vivido todas y cubierto una buena parte de las reformas electorales, consumadas o no, en nuestro país. Recuerdo esa frase, más o menos reciente, de “el INE no se toca”, INE de hecho, ya no IFE, resultado de una de tantas reformas.

El historial de cambios a la legislación que rige los comicios en México es largo y abultado. Venimos de tiempos en los que el gobierno federal era juez y parte con aquella Comisión Federal Electoral que presidía nada más y nada menos que el secretario de Gobernación. Fue como se pudo consumar el fraude de 1988 con Manuel Bartlett al frente de esa cartera y la famosa y estrepitosa caída del sistema.

Los débiles partidos políticos de oposición antes de ese año habían logrado algunas cosas, la presión social tampoco era tanta y, por ejemplo, a los diputados de partido les siguió la representación proporcional, una fórmula que ha servido para que la clase política opositora acceda, en el terreno de lo ideal, a posiciones que le permitan impulsar su propia agenda legislativa inspirada (cada vez menos) en sus ideologías.

La idea original se pervirtió muy pronto y los legisladores plurinominales en el Senado y en la Cámara de Diputados en realidad, lograban mantener con vida a sus partidos políticos convertidos en negocios familiares para seguir viviendo del presupuesto y es que, una vez que probaron las mieles de los privilegios se resisten, no digamos a renunciar, a reducirlos.

Salarios y pensiones ofensivas, prestaciones, bonos, compensaciones, aguinaldos triples o cuádruples, seguros de gastos médicos mayores, viáticos y otros “apoyos” empezaron a aumentar y a aumentar y a aumentar en beneficio de los legisladores federales y locales, pero también de titulares de poderes ejecutivos en el gobierno federal, en los gobiernos de los estados y en los municipales.

Esta escalada, durante los 12 años terribles del periodo 2000-2012, alcanzó a los organismos autónomos como el IFE (todavía) y el Instituto de Transparencia, por mencionar dos ejemplos, cuyos consejeros también eran beneficiarios de tan pingües ingresos.

Quizá esto no hubiera despertado la indignación de la ciudadanía con cero privilegios y bajísimos salarios, si esa clase política dorada hubiese, por lo menos, hecho su trabajo. Si no hubiera participado en el fraude electoral de 2006 o en la manipulación mediática de 2012; o si –desde cuándo– se hubiera promovido la mejora sustancial de las condiciones laborales de los mexicanos; o si, aparte de los privilegios, hubieran renunciado y combatido el tráfico de influencias y otras formas de corrupción vinculadas con el poder económico y el crimen organizado.

Desde la administración pasada con Andrés Manuel López Obrador se intentó sin éxito un cambio profundo en la legislación electoral para romper y deshacer marcos legales pensados para beneficiar a los partidos políticos y no a los electores. Es un clamor ciudadano añejo que no se gaste tanto, elección tras elección y, sobre todo, que los partidos políticos no dispongan de tantos recursos.

También es una demanda de décadas que no haya tantos legisladores si de todas maneras las decisiones se toman en juntas de coordinación política; y otra, muy sentida, que los electores pudieran intervenir incluso en la selección de candidatos cada tres años impuestos por los partidos políticos. Fue cuando mucha gente salió a las calles a pedir que el INE no se tocara. Bueno, dicho sea de paso, el INE, que se llama así desde la reforma de 2014, sí se debe tocar, debe ajustarse a los cambios sociales y políticos del país. Siempre surgen pendientes, omisiones, errores, una vez que las reformas se someten a prueba. Es un marco legal que debe estar siempre bajo la lupa y en constante revisión. Claro que en una de esas sí aprovecharon para aprobar la reelección.

En esta administración, estos cambios que no prosperaron, más otros, también fueron impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y, en un primer intento, sin éxito. ¿Por qué? Porque se trata de que los partidos no ganen tanto, no gasten tanto y que la ciudadanía participe más en los procesos electorales más allá del día de las elecciones; se trataba de corregir y mejorar, pero los partidos no quisieron, siempre los partidos.

No es la primera vez que sucede. Algo se intentó a principios de este siglo pero como los partidos políticos salían afectados, tampoco prosperó. Si, es un dineral al que no van a renunciar así como así. Para la mayoría es casi el propósito, seguir viviendo del erario sin entregar nada a cambio a los que dicen representar.

Todo esto viene a cuento de la reforma constitucional en materia electoral que fue aprobada ya por 20 congresos estatales y que una vez recibida y revisada en el Senado se publicará en el Diario Oficial de la Federación los próximos días. Es el Plan B lo que se aprobó y que, para muchos, es una reforma descafeinada. No coincido.

Después de tanto y tantas resistencias, fue un avance importante que implica ahorros para el erario que se entregarán a estados y municipios para obras y programas sociales: cinco mil millones de pesos. Se tiene que notar.

En pocas palabras, ¿qué se logró con el Plan B de esta reforma? Dar marcha atrás a la reelección, prohibir el nepotismo, reducir significativamente los recursos para los congresos de los estados y para el Senado de la República; menos regidores en los cabildos, cero pensiones doradas; y reducción de salarios, cero bonos y adiós a los seguros de gastos médicos mayores para los consejeros y magistrados electorales.

No es menor y, ante el rechazo de la primera iniciativa que promovía la elección también de los plurinominales por ejemplo, los partidos políticos que aprobaron y los que no, están en la mira, todos. Habrá que insistir hasta vencer las resistencias y volver a la carga, porque el propósito final es rescatar la esencia de la democracia.