Mario Muñoz

La tarde cayó antes de tiempo. No por las nubes, sino por el humo. Cuando comenzaron a circular los primeros reportes de vehículos incendiados y bloqueos carreteros, la noticia se esparció más rápido que el fuego: el operativo federal iba dirigido contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Y la respuesta del crimen organizado no tardó.
En cuestión de minutos, las carreteras y las avenidas que suelen vibrar con el tráfico cotidiano quedaron atrapadas entre tráileres atravesados y automóviles ardiendo. Comerciantes de colonias periféricas bajaron cortinas sin esperar instrucciones oficiales. En grupos de WhatsApp comenzaron a replicarse advertencias: “No salgan”, “Hay bloqueos en la carretera”, “Cierren ya”.
Los primeros incendios afectaron decenas de vehículos y varios establecimientos, según reportes de autoridades. Gasolineras suspendieron servicio. Rutas del transporte público detuvieron operaciones. En supermercados, empleados apresuraban a los últimos clientes a pagar mientras las puertas metálicas descendían con estruendo.
Pero lo más revelador no fue la magnitud de los narcobloqueos, sino la reacción social. Antes de que los comunicados gubernamentales pidieran mantener la calma, la población ya se había atrincherado. Familias se llamaron entre sí para confirmar ubicaciones. Padres acudieron por sus hijos. Negocios optaron por cerrar, incluso en zonas donde aún no había incidentes.
En fraccionamientos y barrios tradicionales, vecinos organizaron cadenas de aviso. Algunos retiraron vehículos de la vía pública; otros bloquearon accesos internos como medida preventiva. La memoria colectiva —marcada por episodios previos de violencia— operó como protocolo no escrito.
Mientras helicópteros sobrevolaban y patrullas federales se desplazaban hacia puntos estratégicos, la ciudad entró en una especie de pausa forzada. Calles desiertas, persianas abajo y un silencio interrumpido sólo por sirenas lejanas.
Autoridades confirmaron más tarde que los bloqueos fueron reacción directa al operativo para capturar o abatir al líder criminal. Aunque no se detallaron de inmediato los resultados de la intervención, sí se reconoció la coordinación entre fuerzas federales y estatales para contener la escalada. Y se reconoció la participación del Gobierno de Estados Unidos.
La jornada dejó pérdidas materiales aún por cuantificar y una sensación de vulnerabilidad que, sin embargo, estuvo acompañada de algo distinto: prevención ciudadana. Sin esperar órdenes, la población aplicó una lógica de autoprotección aprendida a golpes de experiencia.
Una reacción que evidencia miedo, pero también organización espontánea ante un fenómeno que, lamentablemente, ya no resulta desconocido.

La reacción social

La detención de Diego Rivera, alcalde de Tequila, por extorsión y presuntos vínculos con el crimen organizado, no es un accidente ni una excepción. Es el síntoma visible de un sistema electoral perforado, complaciente y, en muchos tramos, deliberadamente ciego. La pregunta ya no es quién está involucrado. La pregunta incómoda —y urgente— es quién no lo está.
México ha normalizado que gobernadores, alcaldes, diputados y operadores políticos aparezcan en expedientes penales como si fueran notas al pie. Ahí están los nombres: gobernadores sentenciados como Javier Duarte; procesados como César Duarte; extraditados como Tomás Yarrington; alcaldes detenidos por extorsión, delincuencia organizada o vínculos con cárteles; legisladores con antecedentes penales que, aun así, pasaron “legalmente” todos los filtros. La ley lo permitió. Los partidos lo avalaron. Las autoridades electorales lo certificaron.
No es una falla técnica. Es una simulación estructural.
El sistema presume legalidad porque cumple requisitos mínimos —edad, residencia, firmas—, pero evita los controles sustantivos. No exige cartas de antecedentes penales. No verifica redes de financiamiento. No audita patrimonios con rigor. No investiga trayectorias. Y cuando alguien cae, se escuda en la presunción de inocencia para justificar la omisión previa. La presunción de inocencia, convertida en coartada para la negligencia.
Mientras tanto, el dinero sucio sí hace su tarea. Financia campañas, paga estructuras, compra lealtades y, después, cobra favores: contratos, permisos, policías dóciles y territorios liberados. La política se vuelve un activo más del mercado criminal. Y el voto, una inversión.
Los partidos políticos, que deberían ser el primer dique, actúan como agencias de colocación electoral. Saben, pero miran a otro lado. Intuyen, pero callan. Negocian candidaturas “competitivas” aunque huelan a pólvora. Luego se dicen sorprendidos. No lo están.
¿Y ahora qué hacer?
¡Dejar de fingir!
México necesita una reforma electoral que incomode al poder: filtros obligatorios de antecedentes penales y patrimoniales, revisión de las redes financieras de campaña, auditorías en tiempo real, pérdida inmediata de candidaturas ante indicios fundados y responsabilidad legal de los partidos por postular perfiles vinculados al crimen. No después del cargo: antes de la boleta.
Hay modelos. Italia, con su legislación antimafia, impide candidaturas y disuelve ayuntamientos infiltrados. Colombia estableció controles estrictos de financiamiento tras el narcoescándalo de los noventa. Chile exige estándares de probidad y sanciona con dureza el financiamiento ilegal. España bloquea listas vinculadas a las organizaciones criminales o terroristas. Ningún sistema es perfecto, pero todos entendieron algo básico: la democracia no se defiende sola.
Aquí seguimos discutiendo si pedir antecedentes “viola derechos”, mientras el crimen gobierna municipios o Estados enteros. No es un dilema jurídico. Es una decisión política.
Porque cuando el Estado no pone filtros, los cárteles sí ponen candidatos.
Y entonces la elección ya está perdida antes de empezar.

Las elecciones y las inversiones del crimen

En 2008 le pregunté al entonces alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz: ¿Qué le pide a la Federación para reducir la violencia en la frontera Norte, donde los cárteles de Sinaloa y Juárez se disputaban cada calle? Me respondió que Juárez sería un “laboratorio del gobierno federal” para combatir al crimen organizado: funcionaba la estrategia de paz o se replicaba en todo el país. Y el resultado fue un laboratorio donde se probó todo menos la paz.
El famoso operativo “Todos Somos Juárez” nació entre discursos esperanzadores, spots oficiales y promesas de reconstrucción social por parte de Felipe Calderón. Se habló de escuelas, parques, prevención y justicia. Durante unas semanas, los delitos bajaron (o quizá sólo las denuncias), pero la realidad pronto regresó con el estruendo de las balas. La guerra entre las facciones de “El Chapo” Guzmán y Vicente Carrillo Fuentes no cesó. El experimento fracasó. Y lo peor: la violencia se exportó. Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán, Guerrero… todos recibieron su dosis de fuego, con el ingrediente “especial” de “Los Zetas”.
Ahora, en pleno 2025, la historia se repite con otro nombre y nuevo envoltorio: el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Claudia Sheinbaum lo presentó con la promesa de que “personalmente dará seguimiento cada 15 días”, como si la supervisión puntual fuera la vacuna contra la impunidad. Se anuncian 57 mil millones de pesos de inversión —37 mil millones solo en programas sociales— y una estrategia que suena más a plan de relaciones públicas que a política de seguridad.
El Plan Michoacán intenta vender la idea de que el dinero y los programas del Bienestar desarman cárteles y curan territorios heridos. Pero Michoacán no sufre de falta de becas: su problema son los grupos armados, el control territorial, las economías ilegales, la complicidad institucional y la captura del Estado local. Desde Felipe Calderón —con su “Operativo Conjunto Michoacán”— hasta Andrés Manuel López Obrador con sus abrazos y no balazos, el libreto es el mismo: mandar soldados, anunciar millones y esperar resultados que nunca llegan. Mientras tanto, los municipios arden, los alcaldes son asesinados y la población sigue atrapada entre el miedo y la indiferencia.
Juárez fue el espejo; Michoacán es el reflejo. El laboratorio de Juárez demostró que no basta con militarizar ni repartir apoyos.
El Plan Michoacán corre el riesgo de repetir el ciclo de promesas sin resultados. Y la advertencia es que en Michoacán pase lo que en Juárez: que mientras se “pacifica” ese Estado, la violencia se desate en Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Guerrero y Colima, entre otras Entidades. ¡Peor que hoy!

Ciudad Juárez… y la violencia que estalló en México

Por más que la retórica oficial se empeñe en disfrazar el desmantelamiento institucional de la “transformación”, lo cierto es que en estos años México ha visto cómo se ejecuta —con precisión quirúrgica y sonrisa populista— una estocada triple, limpia y mortal, a tres pilares que algún día sostuvieron la idea de la vigilancia y la rendición de cuentas.
El sistema anticorrupción, que prometía ser la gran cruzada moral del siglo XXI, terminó convertido en un chiste sin remate. Lo que nació como una herramienta para fiscalizar el poder, hoy funciona como un club de observadores mudos que aplauden desde la tribuna. Nadie investiga, nadie sanciona y, si alguien osa hacerlo, el expediente se archiva con sello presidencial. En México la corrupción no se combate: se administra. 
El Instituto de Transparencia, que alguna vez fue ejemplo regional, ahora parece una ventanilla de amparos para justificar la opacidad. Su independencia es tan real como los otros datos del gobierno: todo depende de lo que “la autoridad competente” decida revelar. El derecho a saber se ha convertido en un favor, y la transparencia, en un espectáculo de humo y espejos.
Y la Auditoría Superior de la Federación, ese organismo que debía poner nerviosos al presidente de la república, a los secretarios, a los gobernadores y a los alcaldes, hoy es un burócrata más del Palacio Nacional y del Congreso. Su autonomía se extinguió entre reuniones, recortes y apretones de mano. El auditor en turno sabe que su supervivencia depende menos de sus informes y más de su obediencia. 
Tres instituciones, tres cadáveres administrativos.
Todo bajo la mirada satisfecha de quien prometió acabar con la corrupción, pero terminó perfeccionando el arte del control. 
El saldo: un país que confunde vigilancia con sumisión, crítica con traición y transparencia con propaganda. Y lo peor: la gente ya ni se sorprende. La pica fue certera, directa a la nuca, y la rendición de cuentas se desplomó sin hacer ruido. 
Quizá dentro de unos años alguien lamente su ausencia. Para entonces, los archivos estarán cerrados, las auditorías silenciadas y la corrupción brindará, impune, por otro sexenio de impunidad ilustrada.

La pica en la nuca

El Partido Acción Nacional (PAN) parece empeñado en repetir su propia historia como una parodia. Cada tanto reaparece el mismo guion: discursos sobre “regresar a las calles”, “reconectar con la gente” y “defender la libertad”. Una letanía vacía que suena más a autoayuda que a programa político.
Lo hicieron en 2012 tras el colapso de Calderón, lo repitieron en 2018 con Anaya… y lo vuelven a recitar ahora, en 2025, como si la simple invocación a la militancia bastara para revivir un partido que perdió la brújula, los cuadros y, sobre todo, el alma.
El acto en el Frontón México —la cuna del panismo histórico— pretendía ser simbólico. Y lo fue, pero no como esperaban. Entre los puestos de maquillaje de la marcha zombie y el olor a garnacha, los panistas intentaron insuflar vida a un cadáver político. 
Jorge Romero, nuevo dirigente, gritó con entusiasmo que “empieza una nueva era del PAN”. ¿En serio? La escena tenía algo de tragicómico: un partido que alguna vez presumió cuadros intelectuales, rigor ético y visión democrática, reducido a un mitin de retórica reciclada y militantes cansados.
La pobreza de liderazgo es brutal. No hay figuras nacionales con peso. Los panistas repiten las mismas consignas que en los años de Fox: “Defender la patria”, “defender la familia” y “defender la libertad”. El problema es que ya nadie cree que el PAN defienda algo distinto a sus propias cuotas de poder. Ni su base militante los escucha con convicción: apenas concluyeron los discursos, muchos se fueron antes de que terminara el acto.
La invitación a que “cualquiera pueda ser diputado o senador” suena más a desesperación que a apertura. No es una convocatoria a la ciudadanía, sino una confesión de vacío. El partido que alguna vez fue símbolo de ética pública, hoy se comporta como una franquicia sin ideario, anclado en la nostalgia del pasado y en la comodidad de la oposición testimonial. 
El PAN se repite como un eco sin convicción. Habla de salir a las calles, pero no tiene rumbo. Pide sumar a la sociedad, pero pocos le creen. Y mientras Morena domina el mapa político, el panismo se limita a marchar —otra vez— bajo el Sol, buscando en los recuerdos de 1939 la chispa que perdió hace demasiado tiempo.

El PAN, entre la nostalgia y la orfandad política

¿En qué momento la Cuarta Transformación cambiará de nombre para deslindarse de las irregularidades o las tonterías que estamos viendo? Será el día en que Claudia Sheinbaum declare abiertamente que su candidato presidencial es Omar García Harfuch. Antes, se harán pedazos en Morena.
No lo pierdan de vista: lo que está ocurriendo con el secretario de Seguridad va más allá de un discurso técnico o de una estrategia institucional. Es, en los hechos, la construcción de una figura política con alcance nacional. ¡Y telenovela incluida!
La semana pasada Harfuch hizo algo inédito. Lanzó una estrategia de comunicación directa con medios locales, ofreciendo entrevistas en línea con periodistas de distintas Entidades. Ningún funcionario federal de su nivel lo había hecho antes. Esa apertura —y disposición a responder preguntas incómodas— no es fortuita: forma parte del reposicionamiento de la imagen de la nueva era del Partido de Morena, pero el de Sheinbaum, que busca proyectar liderazgo, eficacia y cercanía.
Harfuch no necesita recorrer el país con mítines. Le basta con comunicar resultados tangibles y acercarse a los medios. Su tarea es sencilla en apariencia, pero de alto riesgo político: mostrar golpes certeros al crimen organizado, romper inercias y, sobre todo, consolidar una narrativa de seguridad confiable.
Durante su reciente encuentro virtual con medios de Jalisco, el secretario detalló que la reducción de 32% en homicidios entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 se debe a la coordinación con los Estados —otro dato importante: no se pelea con nadie y apoya a los gobiernos estatales, aunque sean de oposición—, el fortalecimiento de la Guardia Nacional y la mejora en inteligencia. Pero su discurso dejó ver el eje central de su gestión: extorsión y desapariciones. “Estamos trabajando en esos temas, principalmente”, subrayó.
A nivel operativo, destacó que la Estrategia Nacional contra la Extorsión duplicó las denuncias al número 089, pasando de 349 a 647 reportes diarios, con 386 detenidos en 19 entidades. Además, informó que en el primer año del gobierno de Sheinbaum se han detenido 34 mil delincuentes, decomisado 17 mil 200 armas y desmantelado más de mil 500 laboratorios.
Cada dato, cada cifra, cada aparición pública de Harfuch parece ensayar un mensaje político más que técnico: la narrativa del relevo, la transición entre el obradorismo fundacional y la versión institucional de Sheinbaum. 
Si algo ha demostrado, es que sabe comunicar poder sin alzar la voz. Incluso, acepta errores o se declara ignorante de los temas, pero ofrece entregar la información.
¿Sobrevivirá a las pugnas internas de Morena? Recuerden que López Obrador lo marginó cuando definió que fuera Clara Brugada la candidata a la Ciudad de México. 
¡Ya veremos!

Operación Harfuch

En un Zócalo lleno hasta las banderas, Claudia Sheinbaum celebró su primer año como presidenta. Cien mil personas, un escenario monumental, un discurso medido y un mensaje que resonó como un eco incómodo en los oídos del ex secretario de gobernación, Adán Augusto López: “Quien traiciona al pueblo, enfrenta a la justicia”.
La frase cayó como bomba entre los pasillos políticos. ¿Casualidad? ¿O mensaje con dedicatoria para los que se creyeron intocables? Porque recientemente, mientras el gobierno presume “la honestidad como regla”, se desmanteló una red de contrabando de combustibles en la mismísima Secretaría de Marina. Y claro, entre los nombres que flotan en los rumores, el de Adán Augusto López Hernández suena más que los mariachis en Garibaldi.
El tabasqueño, ex mano derecha de López Obrador y ahora aspirante frustrado a su sucesión, podría estar a punto de probar el sabor metálico de las rejas si la Fiscalía decide que los indicios de corrupción en Pemex y la Marina suben hasta donde los rumores dicen que suben. Pero tranquilos, que en México la justicia camina más despacio que un camión de redilas subiendo la carretera a Tapalpa.
Mientras tanto, Sheinbaum presume que 13.5 millones de personas salieron de la pobreza y que “la economía está fuerte”. Quizá lo está: las cifras son bonitas, redondas, casi tan redondas como el aplauso de los fieles que, con bandera en mano, gritaron “¡Presidenta, Presidenta!”. Pero el aplauso no borra las dudas. Porque una cosa es reducir la pobreza y otra muy distinta es reducir el cinismo, y en eso todavía nos falta un plan nacional.
Claudia aseguró que “el poder no es para enriquecerse, sino para servir con humildad”. Y uno no puede evitar imaginarse a más de un exfuncionario limpiando discretamente el sudor de la frente. ¿Será que por fin veremos a alguien de alto nivel pagar las consecuencias? ¿O la frase quedará archivada junto a tantos discursos sobre “la nueva moral pública”?
Si algo hay que reconocerle a la presidenta es su habilidad para marcar distancia de los fantasmas del sexenio anterior sin decir sus nombres. Pero la pregunta sigue flotando: 
¿Pisará la cárcel Adán Augusto o será otro capítulo del eterno guion político donde todos son inocentes hasta que se van de gira al extranjero? 
Por ahora, el público aplaude, el Zócalo vibra y la justicia… sigue afinando el paso.

¿Pisará la cárcel Adán Augusto?

El huachicol nunca se combatió con Andrés Manuel López Obrador. Con él inauguró las mañaneras, cerró ductos, desplegó soldados y juró que había acabado con ese cáncer nacional. Hoy, a un año de su salida, el tumor no sólo sobrevivió: hizo metástasis.
No sólo hablamos del huachicol clásico, ese de los piquetes a los ductos y los tambos escondidos en predios bajo construcciones de lámina. La joya de la corona es el huachicol fiscal, tan fino que hasta pasa por la aduana con factura en mano. Combustible disfrazado de aceites y aditivos, que entra como Pedro por su casa y le arrebata al erario la módica suma de 177 mil millones de pesos anuales. Eso sí es austeridad, pero para el fisco.
Pemex, por su parte, reporta un quebranto de 20 mil millones de pesos sólo en 2024 por el robo directo a sus ductos. Súmelo y verá: entre el huachicol tradicional y el fiscal, el país sangra recursos que podrían financiar escuelas, hospitales, medicinas… o al menos un par de trenes sin sobrecosto.
Y como si fuera novela de narcos, resulta que entre los principales implicados están nada menos que sobrinos políticos de Rafael Ojeda, secretario de Marina en tiempos de López Obrador. En la trama aparecen también capitanes, empresarios “patrióticos” y funcionarios aduanales que, en lugar de cuidar las puertas del país, las dejaron abiertas de par en par. 
¿Herencia de AMLO? Sí. El sexenio de la “honestidad valiente” cerró con 54 procesados y apenas nueve sentencias por huachicol. Mientras tanto, el negocio siguió corriendo a chorros. A la delincuencia organizada nunca le fue tan bien: toneladas de hidrocarburo, cuentas congeladas que se “descongelaban” con un guiño, y funcionarios que sabían mirar para otro lado.
La presidenta Claudia Sheinbaum presume decomisos récord: millones de litros asegurados en Tamaulipas, Coahuila y Baja California. Pero los expertos advierten lo obvio: mientras haya complicidad oficial, el huachicol seguirá siendo el negocio más rentable del país. Porque aquí el problema no es la manguera clavada en el ducto, sino la red de poder que protege a quienes la sostienen. 
Así que ahí está la herencia de López Obrador: un huachicol modernizado, institucional y hasta con código fiscal. Un modelo de negocios exitoso y descarado.

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En México hay un delito que opera a plena luz del día, sin necesidad de esconderse, sin persecuciones espectaculares ni discursos encendidos desde el poder: las máquinas tragamonedas ilegales. Están en la esquina, en la tiendita, en locales de los centros históricos y, sobre todo, en colonias periféricas donde el abandono institucional es terreno fértil para cualquier negocio ilícito. Todos saben dónde están. Nadie hace nada.
Desde 2024, apenas dos mil “maquinitas” han sido decomisadas en el país, según la Secretaría de Gobernación. La cifra suena contundente hasta que se entiende la realidad: es apenas una raspadura superficial a un negocio multimillonario que sigue creciendo. Porque por cada máquina retirada, hay varias más conectadas, encendidas y generando entre tres mil y cinco mil pesos mensuales. Dinero constante, en efectivo y sin impuestos. Dinero, también, para los cárteles.
Los mismos grupos criminales que trafican droga y controlan territorios han encontrado en estas máquinas una fuente estable de ingresos. Sin riesgo, sin ruido, sin titulares… salvo cuando conviene simular operativos.
Pero aquí no hay vacío de poder. Hay algo peor: tolerancia y corrupción.
La Secretaría de Gobernación, encargada de regular los juegos y sorteos, parece haber optado por la cómoda omisión. Un marco legal ambiguo, desactualizado y lleno de grietas permite que estas máquinas se disfracen de “juegos de destreza”, mientras operan como lo que son: apuestas ilegales.
Y luego están los ayuntamientos. Cobardes en el mejor de los casos; cómplices en el peor. Sus áreas de Padrón y Licencias, junto con inspectores que patrullan más el escritorio que las calles, han perfeccionado el arte de no ver. Fingen ceguera, mientras las maquinitas se multiplican. Fingen desconocimiento, mientras el dinero circula. Fingen legalidad, mientras el delito se normaliza.
El costo no es abstracto. Lo pagan, sobre todo, los niños.
Porque estas máquinas no están en casinos exclusivos ni en zonas restringidas. Están al alcance de menores de edad que, sin ningún control, comienzan a jugar, a perder, a engancharse. La ludopatía infantil deja de ser una advertencia y se convierte en una realidad silenciosa que crece sin freno. ¿Quién responde por eso?
Nadie.
Ni Gobernación, que regula sin regular. Ni los municipios, que inspeccionan sin inspeccionar. Ni los funcionarios que, entre la negligencia y la corrupción, permiten que el crimen organice su propia red de “entretenimiento”.
El problema no es que no sepan. Es que no quieren saber.
Mientras tanto, las maquinitas siguen ahí: parpadeando, sonando, cobrando. Como un recordatorio constante de que en México hay negocios ilegales que no necesitan esconderse… porque cuentan con el permiso tácito de la autoridad.
Y ese es el verdadero jackpot.

El negocio que todos ven… y nadie toca