Jonás

Aunque las vacaciones de Semana Santa y Pascua concluyeron y la “vida normal” se nota en el tránsito vehicular y en todas las actividades cotidianas, en el Congreso del Estado esta semana transcurrirá todavía “a medio gas”. De hecho, con excepción de algunos pocos temas, el Poder Legislativo estatal terminará de despertar hasta que inicie mayo.
Hay un par de cosas que se concretarán al iniciar el mes entrante:
• Concluye el actual período en el que la Mesa Directiva es encabezada por el diputado Julio Hurtado, quien apenas hace dos semanas fue presentado como nuevo coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), en lugar de la diputada Claudia Murguía.
El PAN encabezará ahora la Junta de Coordinación Política, y será el mismo Julio Hurtado quien la encabece, en calidad de coordinador de los panistas. Es un enroque que le beneficia personalmente, pero que no fue para nada, un accidente.
• El Partido Revolucionario Institucional (PRI) deja la presidencia del  Congreso. Acabará así el período “de brillo” para la diputada Cuquis Camarena, pero en su lugar, la también diputada del PRI, Alondra Fausto de León, asumirá como presidenta de la Mesa Directiva. Al menos, es el acuerdo vigente hasta el momento porque la pregunta inmediata fue: ¿por qué ella y no la coordinadora, Cuquis Camarena?
La respuesta pudieran ofrecerla propios diputados priistas y la dirigente estatal del partido, Laura Haro Ramírez.
El hecho es que Alondra Fausto ya ha acudido a reuniones en privado con el jefe de gabinete del Gobierno estatal, Alberto Esquer Gutiérrez. Tampoco eso ha sido un accidente.
Al margen de que sigue habiendo pendientes de primer nivel que involucran al Congreso estatal y la acción de los diputados, como la vigilancia en el funcionamiento del transporte público y la aplicación de la reingeniería en el SIAPA, además de reformas como la del Poder Judicial o la de transparencia, se da a conocer que el gobierno estatal tiene ya acuerdos políticos firmes tanto con Acción Nacional (PAN) como con el Revolucionario Institucional (PRI), que se prevé garantizarán un bloque mucho mayor y cómodo para aprobar cualquier reforma, en alianza con los diputados de Movimiento Ciudadano.
Se prevé entonces que en los siguientes meses, el bloque de Morena y los aliados (principalmente Hagamos y Futuro), entrarán en una etapa de sombra.
Vienen semanas interesantes.

El nuevo calendario en el Congreso estatal

Durante el actual periodo vacacional, en carreteras cercanas al Área Conurbada de Guadalajara, al menos en dos ocasiones, una en Semana Santa y otra el día de ayer 9 de abril, se presentó el fenómeno de ponchallantas en vialidades carreteras, entre Tala y Ameca. Al margen de los varios vehículos que resultaron afectados, llama la atención la reiteración de este fenómeno de inseguridad.
El propio coordinador estratégico de seguridad en el Gobierno del Estado, Roberto Alarcón, se refirió a este evento y comentó que de acuerdo con las investigaciones que han realizado, puede deberse al acto de delincuentes que pretenden inhibir la llegada de autoridades ante denuncias de robo de combustible en los ductos de Pemex. Es solo una posibilidad.
Durante la Semana Santa, personas no identificadas (porque no hay ningún detenido), arrojaron ponchallantas en carretera a Ameca y afectaron a personas que se dirigían a visitar el Santuario de la Virgen de Talpa. Este 9 de abril los ponchallantas aparecieron en la zona de Tala y perjudicaron a automovilistas particulares y transporte de carga.
No se puede dejar de mencionar el terror que provocaron los actos criminales de quema de vehículos y bloqueos el pasado 22 de febrero, cuando criminales organizados reaccionaron a lo que ocurrió en Tapalpa, donde fue abatido Nemesio Oseguera, “El Mencho”. Ha transcurrido mes y medio desde entonces y todavía queda el temor de transportistas y automovilistas que circulan por carreteras de Jalisco.
Esta misma Semana de Pascua comenzó con bloqueos carreteros por parte de transportistas de carga y representantes del sector agrícola, que reclamaban entre otras cosas, la inseguridad en la red carretera del país.
Del tema de los ponchallantas en una carretera muy cercana al Área Conurbada de Guadalajara, nos hemos enterado en dos ocasiones en este periodo vacacional, pero hay rumores que se comparten en redes sociales, que denuncian actos de inseguridad en carreteras en muchas otras regiones del Estado de Jalisco y de la república mexicana. 
El Gobierno del Estado habilitó una policía carretera, que no tiene facultades de seguridad, y Roberto Alarcón habló de operativos conjuntos con la Guardia Nacional; es importante, indispensable, garantizar la seguridad en las carreteras.
De eso depende el desarrollo económico y la tranquilidad del Estado y de sus municipios.

Inseguridad en las carreteras

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un planteamiento simplemente increíble: se cuestionó si debería destinarse el dinero para viajes especiales, como la misión “Artemis II” que ha llegado a la Luna, o mejor aplicarlo en la atención a las personas en condición de pobreza.
La presidenta Sheinbaum ha caído varias veces en el problema que implica tener todos los días una rueda de prensa como “la mañanera” instaurada por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador. “Quien habla mucho, mucho se equivoca”, recuerda el refrán, y hablar en cadena nacional, expuesta a las preguntas más inesperadas y disparatadas que le puedan plantear, provocan este tipo de episodios.
Los viajes al espacio son una proeza del ser humano. Ya no se trata de llegar a la Luna, sino de instalar una base como punto de partida para aspirar a otro viaje que todavía parece ciencia ficción: viajar al planeta Marte.
Hoy, la humanidad es heredera de sorprendentes avances que antes sólo eran sueños descabellados. Aunque nos hemos acostumbrado, en unas pocas horas se viaja de un continente a otro, en maquinas que vuelan; nos movemos en automóviles que hace unas décadas sólo eran producto de la imaginación.
Tenemos armamento que puede destruir la faz del planeta varias veces y contamos con tecnología médica que nos permite vivir mucho más y mejor que unas pocas generaciones atrás.
Y efectivamente. Con el fulgurante desarrollo del conocimiento y la tecnología, se han incrementado nuestros males y nuestros comportamientos estúpidos y deshumanizantes.
Pero aceptar esos terribles errores no debe hacernos caer en el dilema absurdo de eliminarlo todo y pensar sólo en una de las condiciones de nuestro comportamiento contradictorio: la pobreza.
Si ese fuera el camino, no habría obras de arte, no se hubieran construido edificios o ya en un ejercicio disparatado de imaginación, no se hubieran financiado los barcos que le permitieron a Cristóbal Colón dirigir el viaje que desencadenó la Conquista de la cual no acaban de disculparse la monarquía y el gobierno españoles.
Pero también podría afirmarse que si esa fuera la prioridad, no se habrían despilfarrado miles de millones de dólares en edificar la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, que no refina y que no cumple con los objetivos que animaron el proyecto; ni debió levantarse el Tren Maya, que sólo en 2025 costó 10 millones de pesos diarios al erario, porque no ha conseguido ser autosuficiente.
Sorprende el dilema que plantea la primera mujer presidenta de nuestro país; la científica que goza de una aprobación histórica y que antes de incursionar en la política partidista, pasó años en las aulas y estudió incluso, en instituciones académicas norteamericanas.
Atender la pobreza y a los pobres, es una obligación en todos los órdenes. Viajar al espacio y avanzar en el conocimiento y el desarrollo, es una misión de la humanidad.

Viajar a la Luna o atender la pobrezaB

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó su rechazo al informe sobre desaparecidos que se recomendó, sea turnado a la Asamblea General de la ONU. Se trata de una negativa política a la realidad.
La administración de la presidenta Sheinbaum varios días una controversia con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, debido a que la semana pasada dictaminaron con severidad lo ocurrido en nuestro país, donde se admite que poco más de 132 mil personas están desaparecidas.
Básicamente, el gobierno federal rechaza el informe del comité por cuestiones técnicas y también por acusaciones abiertas: las conclusiones son parciales y tendenciosas. Es una fuerte declaración si surge directamente de la oficina de la Presidencia, porque en palabras llanas, se sostiene que este comité pretende perjudicar al gobierno mexicano con información falsa.
Para los mexicanos esto resulta un tanto lejano.
No sorprende que el gobierno de Claudia Sheinbaum desacredite un informe de uno de los comités de la ONU. De hecho, en la etapa denominada “cuarta transformación” y desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno mexicano se ha distanciado de organismos internacionales como la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros. En ocasiones como la actual, las autoridades mexicanas han criticado abiertamente a los observadores internacionales.
Lo peor que podría suceder, hay que entenderlo, es que de discutirse en el pleno de la Asamblea General de la ONU y si llegara a determinarse por votación mayoritaria que el fenómeno de los desaparecidos en México es, efectivamente, un crimen de lesa humanidad, habría sanciones para nuestro país y se le exigiría una ruta de acción para terminar con la tragedia de los desaparecidos.
Antes de llegar a esa votación, seguramente el gobierno mexicano establecería negociaciones para evitar una votación condenatoria.
Pero más allá del proceso, y aunque se haga hincapié en que debe distinguirse entre desaparición forzada causada por el Estado, a diferencia de las desapariciones provocadas por el crimen organizado, la realidad es que la tragedia de los desaparecidos no es historia; sucede todos los días. Y continuará.
Son responsables los gobiernos anteriores, incluido el “villano mayor” de la 4T, Felipe Calderón. Pero los desaparecidos se incrementaron en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y siguen acumulándose en el actual.
Para los mexicanos que sufren la tragedia de los desaparecidos, con intervención de la ONU o sin ésta, el panorama sigue siendo igualmente dramático: la búsqueda de restos está en manos de organizaciones civiles que hacen el trabajo que no cumplen las autoridades.
Los crímenes no se detienen y en pocos casos se castigan.
Esa es la dura realidad que, hay que reconocerlo, es una tendencia que continuará por mucho tiempo más.

México y la ONU: discusión sobre desaparecidos

Los bloqueos carreteros de productores agrícolas y transportistas obligaron a las autoridades a establecer mesas de diálogo. De hecho, al cerrar el día la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que “casi todas las demandas” habían sido atendidas. La cuestión se plantea por sí sola: ¿Por qué esperar siempre al final?
Los productores agrícolas y los transportistas han manifestado su inconformidad desde el año pasado. Estrictamente, sus demandas se pueden rastrear en el sexenio anterior, el que encabezó Andrés Manuel López Obrador, y las soluciones definitivas no han llegado.
Como se ha planteado desde ayer en este espacio, la protesta y los bloqueos se han establecido como un lenguaje no institucional, pero sí fáctico, entre autoridades y sociedad. Los conflictos sociales, cualquiera que sea el motivo, sólo se atienden cuando hay capacidad de protestar públicamente y bloquear vialidades, es decir, cuando tienen fuerza suficiente para afectar derechos de terceros.
Los gobiernos de la denominada “cuarta transformación” tienen un sólido antecedente que les permite validar este comportamiento: el bloqueo de Avenida Reforma después de las elecciones del año 2006, cuando guiados por López Obrador, miles de inconformes bloquearon durante meses el paso en esa importante vialidad de la Ciudad de México, cerrando no sólo el paso de peatones y vehículos, sino también afectando el comercio tradicional en la zona.
Después de ese episodio, hay permiso para todo.
A partir de 2018, con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se impuso una nueva costumbre en el comportamiento público: se eliminaron casi totalmente las restricciones a las manifestaciones públicas y la imitación se convirtió en regla.
El punto, en el caso específico de los transportistas y productores agrícolas, no es que decidan manifestarse para hacerse escuchar por el gobierno federal y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo más criticable es que con las permanentes protestas de estos dos sectores sociales, la autoridad permita que el descontento se incremente al grado de llegar a los bloqueos carreteros.
La pérdida no es sólo del tiempo de quienes no pueden circular, sino que también se afecta el comercio y la distribución de todo tipo de mercancía, además de numerosas actividades que resultan bloqueadas.
Al final, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y con ella, sus colaboradores, resuelven con una “mesa de diálogo” en la que se establecen compromisos que resuelven de forma pasajera las exigencias de los quejosos, hasta que la presión llegue nuevamente a niveles insoportables que motiven nuevas manifestaciones públicas.
El círculo vicioso se mantiene indefinidamente y quienes pierden son los ciudadanos.

Bloqueos: ¿por qué dialogar hasta el final?

La vida pública en nuestro país se ha convertido en una permanente sucesión de crisis por resolver. En ningún lugar esta escrito que el ejercicio de gobierno debe ser un día de campo, pero en el país del “segundo piso de la cuarta transformación”, se le niegan incluso un par de días de reposo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ahora, en medio de las vacaciones de Semana Santa y Pascua, se presenta una crisis de movilidad con cierres carreteros en 20 estados del país; se trata de una protesta de transportistas de carga pesada y productores agrícolas.
Desde la oficina de la Secretaría de Gobernación que encabeza la señora Rosa Icela Rodríguez, se lanza un mensaje cargado de ingenuidad –por estrategia o por ignorancia, pero ambas razones revelan incapacidad– en el que se afirma que ningún sector social tiene motivos para movilizarse y bloquear carreteras, porque “todos están siendo atendidos”.
Es un asunto casi de carcajada. La política de atención del gobierno federal a las inconformidades sociales se ha convertido desde el sexenio pasado en un trámite obligatorio: si quieres que te atiendan, protesta y cierra vías y espacios públicos. Si no protestas, fórmate y espera a que la burocracia gubernamental te atienda alguna vez… si te atiende.
¿A quién le quiere mentir la secretaria de Gobernación, si ninguna inconformidad social se ha resuelto en años a menos que se trate de protestas públicas? Y naturalmente, quienes protestan deben tener interlocutores válidos en la lógica de la política de Morena. De lo contrario, serán condenados públicamente como agitadores sociales, si no, que le pregunten a quienes han protestado contra el desabasto de medicamentos o contra la violencia a las mujeres, o contra la ineficacia oficial ante el fenómeno de los desaparecidos.
Más allá de cómo se resuelven los conflictos sociales en la 4T, queda claro que las movilizaciones de transportistas y agricultores (principalmente productores de maíz, aunque también están adheridos al movimiento productores de agave y otros grupos) no son inmediatas. Llevan años incubándose y llevan años, también, siendo ignorados.
Para quienes de inmediato acusen politización en la protesta, no será posible acreditar que “la extrema derecha” o “los neoliberales” están detrás de los bloqueos.
Como es entendible, una movilización como la de hoy, que lleva desde diciembre del año pasado manejando la posibilidad de bloquear carreteras en el país, tiene detrás muchos liderazgos políticos y nexos con los partidos, pero con todos, sin excluir a Morena.
Sin embargo, las inconformidades tienen orígenes diversos: el encarecimiento de los combustibles, la inseguridad en las carreteras, la extorsión y los ataques a transportistas; las importaciones sin freno de productos industrializados que compiten deslealmente con los productos nacionales.
Y siempre, inevitablemente, los productores y transportistas mexicanos deben esperar a que “las circunstancias internacionales” mejoren y le faciliten al gobierno federal su papel como mediador.
Hasta el cierre de tiempos para la redacción de este texto, no había certeza del tamaño de las movilizaciones y los cierres carreteros. Se manejaron 20 estados y la certidumbre se mueve según tengan habilidad de negociar autoridades en cada Estado. Lo cierto es que los productores y transportistas tienen razón en sus quejas. 
Y como nos queda claro a todos: si no protestan, no los van a atender.

Y ahora, paro nacional en carreteras

Justo en Semana Santa, se presentan coincidentemente varios eventos que nos obligan a la reflexión y que nos empujan a replantear, ¿qué hacemos, en el espacio particular, para enfrentar los fenómenos de violencia?
Por una parte, desde El Vaticano, el Papa León XIV comenta durante una de las tradicionales ceremonias eucarísticas de estos días, que en diferentes partes del mundo se viven eventos brutales relacionados con la violencia bélica.
Evidentemente, se está refiriendo a la guerra en Medio Oriente, pero la referencia también nos conduce a la tragedia de Palestina y a la guerra en Ucrania, y ¿por qué no decirlo?, a la violencia que generan el crimen organizado y la corrupción en un país como el nuestro, México.
Justo el mismo día, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hace un llamado desde el estrado que ostenta la Organización de las Naciones Unidas y advierte que la guerra en Medio Oriente puede no sólo no terminar pronto, sino extenderse a otras naciones en esta parte del mundo.
Por ello, lanza un llamado al presidente Donald Trump, al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y al gobierno de Irán, para que cesen en las acciones hostiles y en los ataques que ya se han extendido a otras áreas de la región, en una escalada en la que se intercalan los actos de defensa y los intereses por tomar ventaja bélica.
Puede parecer ingenuo tratar de hacer un comparativo desde la escala individual con los grandes conflictos militares en el mundo, pero es una tremenda ironía que justo estos discursos y estas advertencias ocurran durante la Semana Santa.
Si bien estos días son propios de la Iglesia Católica y sus fieles, también es verdad que en el resto del mundo tienen profundo impacto.
La cuestión es obvia: ¿Qué podemos hacer como individuos para atender la escalada de violencia en el mundo? Y la respuesta no esta lejos: atender nuestras propias reglamentaciones y contribuir con relaciones no violentas en los entornos urbanos, porque en las grandes ciudades se generan los ambientes de mayor estrés en la convivencia entre personas, y contribuyen a incrementar los niveles de violencia que son también puntos de inicio para los eventos trágicos que se padecen todos los días.
Una idea clara nos la dan los escandalosos índices de violencia que se padecen en México, incluso más altos que en países donde hay conflictos armados, y qué decir de la terrible cifra de desaparecidos.
En síntesis: sí, sí es posible desde el ámbito particular y desde nuestro propio espacio vital, aunque parezca lejano a los grandes movimientos bélicos, contribuir a un ambiente de paz.

Más cerca de la guerra… en Semana Santa

La agenda de Jalisco sigue una ruta llena de retos: seguridad, transporte público, agua potable, obras y desarrollo.
Aunque estamos en pleno período vacacional de Semana Santa y Pascua y el período de descanso brinda una pausa de pocos días en el frenesí cotidiano, el reloj de la vida pública no se detiene y es evidente que hoy más que nunca se requiere, para los retos antes señalados y los que se sumen, mayor conciencia de comunidad e impulso a las causas comunes.
La administración pública de Pablo Lemus requiere apoyo general para mantener una ruta de desarrollo que beneficie a todos. La razón es simple: ninguna autoridad, a pesar de su legitimidad y facultades, puede alcanzar sin el apoyo de los ciudadanos las metas de desarrollo.
Antes de alcanzar un año y medio en de gobierno, la gestión de Pablo Lemus ha enfrentado problemas de gran magnitud. Sólo por mencionar los más evidentes y conocidos, está el tema de la violencia cometida por grupos del crimen organizado. Apenas el pasado 22 de febrero fue abatido en un operativo federal el líder delincuencial Nemesio Oseguera, “El Mencho”, y las consecuencias aún no se han superado.
Apenas ayer, 1 de abril, entró en vigor la nueva tarifa del transporte público y es apenas una de muchas etapas que deben conducir, en teoría y si hay colaboración de todas las partes, a mejorar el servicio y la movilidad en el Área Conurbada de Guadalajara y en el resto de las ciudades jaliscienses.
También ayer asumió como director del SIAPA el nuevo designado por el gobernador, Ismael Jáuregui. El reto para el funcionario, para el gobierno estatal, los gobiernos municipales metropolitanos y millones de habitantes en la ciudad, es enorme: recuperar la potabilización y la calidad del agua; mejorar el tratamiento de aguas residuales, construir infraestructura y recuperar la administración del SIAPA, que está en una profunda crisis que resulta de décadas de mala administración y decisiones equivocadas.
Y en sentido similar se puede abundar en los retos y problemáticas que se enfrentan en Jalisco, en materia de salud, educación, construcción de infraestructura y acuerdos sociales porque sí, también en materia política, las diferentes fuerzas representadas en los espacios de gobierno y administración, han mantenido las confrontaciones. pero han sido escasas las negociaciones y acuerdos.
Por eso, debe insistirse: el gobernador del Estado necesita el respaldo de los ciudadanos. Eso no implica una “patente de corso” y vía libre para que todo se realice desde su visión particular, pero sí es importante solidarizarse, apoyar, cooperar.
El objetivo es el beneficio general.

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El nuevo director del SIAPA, Ismael Jáuregui, anunció que en tres meses se presentará el plan de reingeniería integral para el organismo operador del agua potable. Es urgente. Se ha esperado mucho y el tiempo que pase sin reorganizar totalmente al organismo causa daños mayores.
Al iniciar la semana, ayer lunes, Jáuregui Castañeda acudió al cambio de directivos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Jalisco. Su presencia en un evento protocolario demuestra que ya ha asumido el que puede considerarse “papel social” del director del SIAPA.
Pero los profundos problemas del organismo que encabeza hace unos pocos días tomarán nueva y más potente relevancia mediática justo después de haber concluido las vacaciones de Semana Santa y Pascua.
La pregunta que atenderá repetitivamente el nuevo director será la que indague por resultados. Él mismo ha puesto un plazo: tres meses para empezar a resolver, y en ese mismo período, presentará la esperada reingeniería del SIAPA.
Además de los proyectos estructurales que se sumaron durante los últimos años y se dejaron “para después”, una de las exigencias sociales que Ismael Jáuregui debe atender es la limpieza y el reordenamiento interno del SIAPA. No será fácil: él aseguró que revisará personalmente “uno por uno”, cada contrato de los empleados del SIAPA que son directivos. No los trabajadores de base, los que integran las cuadrillas y son vistos por la ciudad atendiendo fugas o reparaciones en las redes de tubería y del drenaje.
Revisar a los directivos implicará muchas batallas. ¿Quiénes son recomendados y por quién? ¿Cuáles son sus sueldos? ¿Tienen la calificación técnica para ocupar el cargo? ¿Cuánto le costará al SIAPA darlos de baja, respetando al mismo tiempo los derechos laborales? ¿Cuántas negociaciones políticas deberá hacer el director para concretar la “limpia” del organismo? ¿Tendrá el apoyo del gobernador Pablo Lemus y de los alcaldes metropolitanos? 
Pero este complicado proceso deberá contar también con el respaldo del Congreso estatal si se requieren reformas o modificaciones legales.
Los malos manejos del SIAPA han sido tan prolongados que se requerirá lo que conocemos como un “borrón y cuenta nueva” para que el organismo sea rescatado operativamente y sobre todo, recupere algo que ha perdido frente a la sociedad: la credibilidad.
Después de este proceso, el SIAPA tendrá la legitimidad indispensable para emprender un proceso de revisión de tarifas y abordar cobros que acumularon una cartera vencida de 20 mil millones de pesos que impunemente, dejaron de pagar personas, instituciones y gobiernos.

La necesaria reingeniería del SIAPA