El IPEJAL, historia de saqueo y dispendio que debe parar

El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, IPEJAL, organismo responsable de la prestación de los derechos de seguridad social, de salud y de pensiones a las y los trabajadores del gobierno del Estado de Jalisco y sus municipios, enfrenta en estos últimos años y enfrentará en los próximos venideros, el mayor desafío para el cumplimiento de sus obligaciones sociales con las y los más de 130 mil burócratas activos y jubilados que constituyen su base de derechohabientes.

Este instituto, a lo largo de sus 72 años de existencia, ha ido integrado un fondo económico con aportaciones bipartitas (del Estado en su carácter de patrón y de las y los trabajadores) sumando además ingresos obtenidos de intereses cobrados por los créditos otorgados a sus derechohabientes, así como las rentas ganadas por la administración y el arrendamiento de inmuebles, más las generadas por los intereses resultantes del portafolio de inversiones de su capital.

Sin embargo, el fondo que debería garantizar la tranquilidad prestacional de las y los afiliados al instituto, desde su origen ha sido víctima de multiplicidad de actos de corrupción, saqueo y dispendio, afectando con ello la sustentabilidad de la cobertura de las actuales y futuras obligaciones de pensiones y prestaciones.

Ejemplo de lo anterior, en la última administración del PAN en Jalisco, correspondiente al gobierno de Emilio González Márquez, se dispuso de trescientos cuarenta millones de pesos para la construcción de las Villas Panamericanas, mismas que hasta el momento no le han retribuido al fondo un peso del capital invertido y menos, de interés alguno. También durante el gobierno de Emilio González se realizó otra inversión que sería equivalente en la actualidad a 1,552 millones de pesos para la compra de reservas territoriales de la zona de playa de Chalacatepec, en la costa de Jalisco, cuyas tierras se mantienen en disputa legal en virtud de que la mayoría de las y los integrantes del ejido José María Morelos, titular de éstas, reclaman no haber sido tomados en cuenta por la supuesta asamblea que resolvió su venta.

Además, durante los gobiernos de Acción Nacional, los directivos del IPEJAL contrataron hospitales privados para cubrir la prestación de los servicios médicos de las y los trabajadores que laboran para el instituto, lo que representa hasta el día de hoy una gran presión financiera.

En el gobierno de Aristóteles Sandoval, con el regreso del PRI, el instituto sufrió enormes pérdidas a causa de evidentes actos de corrupción. Entre ellos destaca el caso de la inversión de 603 millones de pesos en bonos de deuda de Abengoa, los cuales no valen ni el papel en que están impresos. Se agregó además en aquel sexenio, el caso de la “inversión” de 1,626 millones de pesos en la empresa TMM, de la que hasta el momento tampoco ha recuperado el fondo lo más mínimo.

Durante el primer gobierno de MC, de Enrique Alfaro, el instituto aportó recursos por 295 millones para la construcción de Ciudad Laboral. Las y los trabajadores del instituto cuestionaron dicha inversión, alegando la falta de claridad en torno de los planes de retorno de capital e intereses.

En el actual sexenio estatal de MC, el director del IPEJAL quizo estrenarse en el cargo con aumentos excesivos de sueldo para los funcionarios de alto nivel. Además, recientemente sumó a la lista de bienes improductivos adquiridos, el edificio de El Informador, pagando 165 millones por su adquisición sin tener hasta el momento un plan de destino y de retorno económico para el instituto.

Sumemos a todas estas afectaciones las diversas pensiones otorgadas a ex funcionarios que han sido cuestionadas por la dudosa forma en que acreditaron sus derechos para obtenerlas.

Contrastando con el saqueo y el dispendio de los recursos del IPEJAL, particularmente las y los trabajadores jubilados derechohabientes del instituto, han sufrido la carencia de medicamentos y la falta de servicios médicos, además de la miserable actualización del monto de sus pensiones. Mientras que las y los afiliados en activo que se jubilarán en los próximos años, según algunos informes actuariales, a partir del 2027 correrán el riesgo de que el instituto no tenga liquidez para cubrir sus pensiones y prestaciones.

El dinero del fondo de pensiones pertenece a las y los trabajadores activos y jubilados, ellas y ellos han visto con bastante enojo cómo los gobiernos del PAN, del PRI y de MC han metido la mano y tomado del mismo para enriquecerse a través de la corrupción, o para derrocharlo en compras de ocurrencia. Probablemente en un futuro próximo MC quiera cargarle el costo del saqueo y la mala administración a las y los afiliados para que recuperen con más años de cotización, con más edad para jubilarse, con más porcentaje de aportación, los daños ocasionados al fondo por la corrupción y el dispendio. Esto no lo debemos permitir. La sustentabilidad del fondo del IPEJAL debe resultar de fincar responsabilidad a quienes le han robado y recuperar lo perdido, sea con bienes de los destinatarios, de sus inversiones, o con los bienes de los directivos que tomaron esas malas y dolosas decisiones. También debe eliminarse la intromisión de los gobiernos en turno en la toma de decisiones para la administración de los recursos del IPEJAL; han sido una verdadera tragedia para el fondo. Hay que darle sustentabilidad al fondo sumando a las y los trabajadores que deberían de estar incorporados al IPEJAL pero que se omite su inscripción para desviar el monto de sus prestaciones a esquemas de corrupción.

El IPEJAL debe volver a ser patrimonio de las y los trabajadores. Paremos la corrupción y el dispendio que han puesto en riesgo su sustentabilidad.