Reforma para proteger del abuso de cobros

En México, millones de personas acceden al crédito todos los días para mejorar su calidad de vida: adquirir un electrodoméstico, pagar estudios o enfrentar una emergencia. El crédito, bien utilizado, es una herramienta de movilidad social. Sin embargo, también puede convertirse en una fuente de injusticias cuando no existen reglas claras ni autoridades con facultades suficientes para proteger a las y los consumidores.

Hoy enfrentamos una realidad: mientras el sistema financiero está sólidamente regulado, el crédito otorgado por empresas comerciales —tiendas, proveedores de servicios o administradoras de cartera— opera en una zona gris. Este tipo de financiamiento, que incluso tiene mayor penetración que el bancario, no cuenta con mecanismos de supervisión efectivos que garanticen un trato justo para los usuarios.

Las consecuencias son concretas. Personas que ya cumplieron con sus obligaciones ven cómo sus deudas “reviven” artificialmente en los registros; historiales crediticios que deberían limpiarse permanecen manchados; y reclamaciones legítimas son rechazadas con documentos sin sustento. Esto no solo es injusto, es profundamente regresivo: castiga a quienes sí cumplen y limita su acceso a mejores oportunidades.

Por ello, como diputado de Morena propongo una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. El objetivo es claro: cerrar vacíos legales y poner en el centro a las personas.

Primero, proponemos dotar a la PROFECO de facultades reales de supervisión sobre las empresas comerciales que otorgan crédito. No se trata de crear más burocracia, sino de darle dientes a la autoridad para vigilar, detectar irregularidades y sancionar abusos.

Segundo, establecemos reglas más estrictas y justas en el manejo de la información crediticia. Reducimos los plazos para que los pagos se reflejen oportunamente, ampliamos el acceso gratuito al reporte de crédito y agilizamos los procesos de reclamación. En la era digital, donde los créditos se otorgan en minutos, no es aceptable que la actualización de la información tarde semanas.

Tercero, fortalecemos el derecho de las personas a defenderse. Se obliga a las entidades a presentar evidencia real y verificable cuando rechacen una reclamación, evitando que documentos unilaterales sigan afectando a los consumidores.

Esta reforma también reconoce, en los hechos, el derecho al “olvido financiero”: si una deuda ya cumplió con los plazos legales para eliminarse, no puede reaparecer indefinidamente. La certeza jurídica no debe ser privilegio de unos cuantos, sino garantía para todas y todos.

El 97% de las personas cumplen con sus obligaciones crediticias. Es momento de que la ley esté a la altura de esa responsabilidad ciudadana.

Porque un sistema financiero justo no solo protege a los mercados: protege, ante todo, a las personas. Y en la Cuarta Transformación, ese es el principio que guía nuestro trabajo.