69 días después de iniciado el derrame en el Golfo de México, que ya se extiende por más de 900 kilómetros de litoral, Pemex admitió el pasado jueves que la causa de este desastre medioambiental fue una fuga del oleoducto Old AK C, de 36 pulgadas, en el complejo Abkatún, cercano a la zona de plataformas de Cantarell. Hasta antes de ese día, las versiones oficiales no admitían responsabilidad por parte de la petrolera mexicana.
Organizaciones ambientales, expertos e imágenes satelitales ya sugerían desde principios de marzo que el derrame no fue un accidente de un buque sin identificar en un fondeadero de Coatzacoalcos, ni emanaciones naturales de chapopote, sino que se trataba de una fuga en infraestructura de Pemex. Sin embargo, desde el 8 de febrero la narrativa oficialista osciló entre la negación, la minimización y la fabricación de hipótesis alternativas que hoy resultan insostenibles.
De las recientes declaraciones de Pemex, sorprende la cronología de los hechos: detectan la fuga el 6 de febrero, buzos localizan el origen el 8 de febrero, y no es hasta el 14 de febrero cuando se disponen a cerrar la válvula. Después vinieron las declaraciones del elenco de la 4T: el 12 de marzo Rocío Nahle dijo que fue un buque privado contratado en el sexenio de Peña Nieto; el 19, Sheinbaum dijo tajante que el derrame no fue de Pemex; el 24, Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, dijo que fue una descarga en una zona de fondeo; y el 26 la Marina habló de emanaciones naturales.
El daño se ha extendido por Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, afectando ecosistemas marinos completos, comunidades pesqueras y economías locales. De acuerdo con la organización ambientalista “Greenpeace”, Pemex ha omitido informar sobre el volumen total derramado; el costo total de la atención, limpieza, monitoreo y remediación; el monto que deberán cubrir conforme a su responsabilidad institucional; el plan integral de restauración ambiental, con metas, tiempos, responsables y mecanismos de seguimiento público.
Si bien, las consecuencias deberían estar a la altura del daño, Pemex se ha limitado a destituir a tres mandos medios: Saúl Andrés Orueta Álvarez, subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; David Gustavo González López, coordinador de Control Marino, de Derrames y Residuos, y a José de Jesús Chávez Vázquez, quien se desempeñaba como director de Derrames.
El caso vuelve a evidenciar una práctica sistémica de los gobiernos en los que decide Morena: el ocultamiento de información. El hecho merece una investigación independiente, con participación internacional, sanciones penales y administrativas, un esquema de reparación integral del daño y finalmente, una solución protocolaria para que no se vuelva a repetir un hecho como este.
Tristemente, con la 4T al mando, nada de esto va a pasar.