La ONU en México
Esta semana se encuentra en nuestro país el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en visita oficial en la que tendrá una serie de reuniones con funcionarios públicos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares de personas desaparecidas, entre otros. Esta visita resulta de alta relevancia después de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la misma Organización de las Naciones Unidas propusiera a su secretario general someter al pleno, el reporte sobre la situación de personas desaparecidas en México, tras analizar y llegar a la conclusión de que esta situación se realiza de forma generalizada y sistemática en México desde hace varios años.
Dicha petición causó una virulenta reacción del gobierno mexicano negando la situación, con algunas deficiencias conceptuales desde mi particular punto de vista y que pude escribir en esta columna de la semana pasada. Pero más allá de ello, la visita refrenda el interés de la ONU por abordar el tema con la mayor importancia posible. Sin duda, el comisionado tendrá reuniones complejas, difíciles, tensas. Por un lado, los colectivos de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil le realizarán seguramente un puntual relato de la dramática situación que viven más de cien mil familias que tienen a algún familiar desaparecido, de las condiciones de impunidad en el castigo de tan atroz delito y de las deficiencias del Estado mexicano para enfrentar la situación.
Por el otro, las autoridades federales harán de igual manera un largo relato de todas las acciones que desde el gobierno federal se han emprendido desde el sexenio pasado para disminuir este terrible flagelo. Con ambos acercamientos el alto comisionado deberá realizar un reporte que será público y abonará a su posible tratamiento en la máxima instancia de la ONU.
Insisto con mi argumento de la semana pasada: es una oportunidad para obtener asesoría técnica internacional que dé como resultado una mejora en las políticas públicas nacionales y disminuir el mayor y más sensible problema que vive México desde al menos una década atrás; es una inmejorable ocasión para reconocer la gravedad del problema y establecer rutas que permitan visualizar la luz al final del túnel, independientemente de partidos o de vergonzosas expresiones políticas que sólo buscan posicionar en pro o en contra del actual régimen. En este sentido, el alto comisionado debe de tener respuestas claras al menos a tres preguntas:
- ¿Existe soberanía plena en la totalidad del territorio nacional?
- ¿Hay plenitud de funciones gubernamentales en los 2 mil 478 municipios de México?
- ¿La población circula libremente por las carreteras del país?
Las respuestas son evidentes. El asunto a dilucidar es si el Estado mexicano es cómplice, omiso, incapaz o la combinación de las mismas. No tengo duda de que ningún gobierno federal o estatal vive cómodo con semejante problema. Entonces, aprovechemos la coyuntura para buscar mejoras en la resolución de este grave problema.
