La ONU observa nuestros desaparecidos

El Alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, está en México. Su tarea implica un gran dilema: llevar o no el tema de los desaparecidos a la Asamblea General y presentar el caso como un posible crimen de lesa humanidad.

Al final, su tarea se convertirá en un expediente plagado de tecnicismos legales y el gran cuestionamiento es si después de años de vivir una tragedia permanente en México, este funcionario de la ONU se atreverá a retar los esfuerzos del gobierno mexicano que cuestiona el informe inicial que originó esta presencia.

Uno de los dramas más angustiantes que se padecen en México desde hace años, es la impunidad. Y ésta, evidentemente, se combina con la corrupción que se presenta en el ámbito público y en el privado. A lo largo de años y revisando informes de organismos no gubernamentales, organizaciones civiles o estudios académicos, con el cruce de cifras que básicamente comparan denuncias presentadas con sentencias judiciales, se sostiene que la impunidad en nuestro país es superior a 90 por ciento.

En otras palabras, nueve de cada 10 delitos cometidos no se persiguen, no se castigan. No hay justicia.

Y sin justicia, quienes cometen delitos pierden el temor. Mantienen sus prácticas ilegales.

Se cometen desde las faltas administrativas más intrascendentes hasta los delitos más atroces y criminales.
Y en ese origen es que se puede explicar que Volker Türk haya venido a México a investigar; a entrevistarse con las víctimas de 110 mil (cifra conservadora) desaparecidos en el país, en cualquier Estado. Y se entrevistó también con autoridades, para empezar la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Su tarea no es sencilla, porque como representante de la ONU debe escuchar y atender con detalle los argumentos oficiales. Y no es ningún secreto qué argumento tiene más peso en la elaboración de su determinación final: el de la secretaria de Gobernación o el de los familiares que elaboran hipótesis y denuncian negligencia y falta de atención sobre denuncias de familiares desaparecidos.

Al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum parece importarle un argumento principal: que se considere que esta administración sí ha trabajado para disminuir el número de desaparecidos y para atender las denuncias. El resto de la realidad deja de ser prioridad.

Pero la verdad es que no entraña importancia superior averiguar si hubo más desaparecidos en el sexenio de Felipe Calderón, en el de Enrique Peña Nieto o en el de Andrés Manuel López Obrador. No. Lo verdaderamente importante es terminar con la pesadilla.

¿Qué podría suceder si el tema llega a la Asamblea General de la ONU y se vota por mayoría que sí se ha cometido un crimen de lesa humanidad?

Entre las muchas consecuencias legales, el gobierno mexicano tendría que someterse a la investigación externa; debería mostrar cómo se aplica la justica en el país; hacer pública la impunidad y la corrupción; abrirse a la crítica, a la intervención. Comprometerse, con mecanismos definidos, a aplicar una solución.

Sería doloroso; sería una desacreditación. Implicaría una imagen internacional manchada.

Sin embargo, sería quizá el proceso que le ponga fin a la tragedia de los desaparecidos.