Gustavo Parra Noriega

Imagina que cada error de tu juventud, cada nota descontextualizada o cada dato obsoleto, quedara tatuado permanentemente en tu frente. En el mundo analógico, el tiempo difumina las manchas del pasado, pero en la era digital, la memoria es la regla y el olvido es la excepción. Esta &#8220;eternidad digital&#8221; no solo afecta nuestra reputación, sino que compromete la esencia misma de nuestra libertad: la capacidad de reinventarnos.
El llamado derecho al olvido surge como una respuesta necesaria frente al poder desmedido de los buscadores y los algoritmos. No se trata de un simple capricho de privacidad, sino de un derecho humano autónomo ligado íntimamente a la dignidad y a la autodeterminación informativa —el poder que cada persona tiene para decidir qué se hace con su información personal—. Como sociedad, debemos entender que nuestra identidad no puede ser reducida a un simple insumo del mercado digital.
Es crucial aclarar una confusión común: ejercer este derecho no implica borrar la fuente original de una noticia o documento (lo cual podría rozar la censura). Su &#8220;efecto útil&#8221; reside en la desindexación. Esto significa que los motores de búsqueda, como Google, dejen de mostrar ciertos resultados cuando alguien busca ese dato personal, ese nombre o nota sobre alguien, ya sea que la información sea obsoleta, carezca de interés público o esté descontextualizada. Es, en términos sencillos, quitar el rastro del mapa sin destruir el camino.
Sin embargo, el olvido tiene límites infranqueables. No puede convertirse en una herramienta de impunidad para ocultar hechos graves cometidos por figuras públicas, o para desdibujar violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. La memoria colectiva es vital para la justicia y la democracia. El reto está en la ponderación: el olvido es para la esfera privada del individuo, mientras que la memoria es el escudo de la sociedad.
Hoy, el desafío escala con la Inteligencia Artificial. Estos sistemas funcionan como una memoria digital inagotable que procesa nuestra identidad en algoritmos perpetuos diseñados para el lucro comercial o la vigilancia. Ante esta realidad, donde nuestra información puede quedar atrapada indefinidamente en el entrenamiento de modelos tecnológicos, es indispensable contar con guías académicas y jurídicas sólidas que establezcan límites claros a esta retención perpetua.
En su obra “Análisis crítico y alcances del llamado ‘derecho al olvido”, Kanahuati Fares (2025) busca trascender el enfoque administrativo y ofrecer un estudio profundo sobre cómo proteger al individuo frente al poder de las empresas tecnológicas. Nos propone una hoja de ruta para entender que el derecho mexicano debe dejar de ser mero espectador, para convertirse en protagonista que garantice nuestra dignidad en la supercarretera de la información, ojalá nuestros legisladores y tribunales así lo entiendan también.
Defender el derecho al olvido es, en última instancia, defender nuestra humanidad frente al &#8220;clic&#8221; del pasado.

El derecho a volver a empezar: Olvidar en la era digital

Caminar por una plaza, entrar a un estadio para ver a tu equipo o simplemente transitar por los pasillos del Metro, hoy no es igual que antes. Esa sensación de ser un rostro más entre la multitud está desapareciendo. Sin darnos cuenta, hemos pasado de ser ciudadanos que habitan la ciudad a ser información, datos que alimentan algoritmos. Bajo la narrativa de una seguridad necesaria, nuestras urbes se están poblando con cámaras con sistemas de reconocimiento facial, registros dictados desde el poder o sensores y sistemas de inteligencia artificial que, de forma silenciosa, reclaman el fin de nuestro derecho a pasar inadvertidos.
Como especialista y autoridad que tutela derechos humanos, mi preocupación no nace de una resistencia a la tecnología, sino de un compromiso con la esencia misma de nuestra democracia. El anonimato en el espacio público no es un escondite para el malhechor, sino una garantía de libertad para la persona común. Es lo que nos permite caminar, observar y existir sin el peso de sentirnos vigilados. Sin embargo, la balanza entre seguridad y libertad parece haberse inclinado peligrosamente hacia un control que no siempre rinde cuentas.
El despliegue masivo de estas herramientas genera un fenómeno invisible pero devastador: el &#8220;efecto inhibidor o escalofriante&#8221; o “chilling effect”. Piénselo por un momento, ¿se expresaría la gente con la misma vehemencia en una manifestación si supiera que un software está vinculando su rostro con su historial clínico o sus antecedentes financieros en ese preciso instante? ¿Se reuniría con la misma tranquilidad un grupo de activistas o grupos de oposición, si su trayectoria por la ciudad fuera mapeada minuto a minuto? Cuando sabemos que somos observados, dejamos de ser auténticos y de ser libres. La vigilancia constante domestica la libertad de expresión, erosiona el derecho de asociación y debilita la organización social.
Las promesas de las &#8220;Smart Cities&#8221; son seductoras: eficiencia, orden y respuesta inmediata, pero si estas ciudades inteligentes no establecen límites claros, corren el riesgo de convertirse en panópticos digitales, donde la autocensura se enseñorea y la privacidad se sacrifica en el altar de una eficiencia malentendida. ¿En qué momento permitimos que la vigilancia se convirtiera en el peaje obligatorio para transitar por nuestra propia ciudad?
La seguridad es un objetivo legítimo, pero no puede ser un cheque en blanco. No podemos aceptar la vigilancia biométrica como un hecho consumado. Exigir garantías no es estar en contra del orden, es estar a favor de un Estado de Derecho. Cualquier implementación de estas tecnologías debe cumplir, como mínimo, con principios irrenunciables: autoridad independiente de control, legalidad estricta, mecanismos de rendición de cuentas, una finalidad y necesidad clara y justificada, así como una proporcionalidad que demuestre que no existe otra medida menos invasiva.
Es necesario que toda infraestructura de vigilancia sea transparente, con auditorías técnicas externas y evaluaciones previas de impacto. Necesitamos controles autónomos, límites temporales para el almacenamiento de datos y vías jurídicas expeditas para que cualquier ciudadano pueda impugnar un uso abusivo. El espacio público pertenece a las personas, no a quienes aspiran a perfilar cada uno de nuestros movimientos, sea con intereses electorales, corporativos o de cualquier otro tipo. Recuperar el derecho al anonimato es, en última instancia, rescatar nuestra independencia, de ser nosotros mismos, en libertad.
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¿La muerte del anonimato en el espacio público?

Un error humano en una oficina administrativa es un contratiempo; un error similar en el sistema de un hospital es una sentencia. Durante años, hemos cometido el error estratégico de tratar la ciberseguridad como un asunto exclusivamente &#8220;técnico&#8221;, relegado a los sótanos de los departamentos de IT. Es hora de despertar: la negligencia digital ya tiene consecuencias cinéticas y potencialmente letales. El riesgo real hoy ya no es perder archivos; es perder vidas.
La profesionalización del crimen organizado ha transformado el panorama de amenazas. Grupos delictivos operan con estructuras corporativas, atacando infraestructuras críticas porque saben que el Estado y las empresas no pueden permitirse el lujo de detenerse. Cuando un “ransomware” bloquea un hospital, no solo se cifran datos; se detienen cirugías, se pierden historiales clínicos vitales para tratamientos oncológicos y se desvían ambulancias. Un retraso de minutos en el acceso a la información de un paciente puede ser la diferencia entre la supervivencia y el deceso.
Lo mismo ocurre con los servicios esenciales. Una intrusión en una planta de tratamiento de agua para alterar los niveles de químicos, o un ataque a la red eléctrica en pleno invierno, no son guiones de ciencia ficción, son ataques a la salud pública y a la estabilidad social. La frontera entre el mundo digital y el mundo físico ha desaparecido; un código malicioso es hoy un arma tan efectiva como un sabotaje industrial.
El problema es de gobernanza. Persiste una cultura de riesgo deficiente, alimentada por presupuestos insuficientes, una deuda tecnológica acumulada y una tercerización sin supervisión. Los tomadores de decisión —CEOS, directores de salud y funcionarios públicos— deben entender que la ciberseguridad es una inversión en continuidad de vida, no un gasto operativo.
Para revertir esta vulnerabilidad, la alta dirección debe adoptar medidas inmediatas:
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<li>Inversión mínima obligatoria en ciberresiliencia, auditada externamente.</li>
<li>Segmentación estricta de redes, para aislar sistemas críticos de la red administrativa.</li>
<li>Planes de respuesta a incidentes que incluyan simulacros de crisis, similares a los de protección civil.</li>
<li>Coordinación público-privada para compartir inteligencia de amenazas en tiempo real.</li>
<li>Cultura de higiene digital profunda, donde cada empleado entienda su rol como guardián de la seguridad nacional.</li>
</ol>
La ciberseguridad no debe medirse por el número de ataques bloqueados, sino por la garantía de que los servicios vitales sigan funcionando bajo fuego. Ignorar esta realidad es una irresponsabilidad institucional que no podemos permitirnos. Proteger nuestros sistemas es, en última instancia, proteger la vida humana.

Ciberseguridad crítica: Cuando un click puede matar

La promesa de la era digital era la democratización de la información; sin embargo, nos ha puesto también ante una de las amenazas más insidiosas para la libertad: el espionaje descontrolado.
Bajo la narrativa del combate al terrorismo y al crimen organizado, herramientas de ciberespionaje de &#8220;grado militar&#8221; —cuyo ejemplo en México ha sido el sistema Pegasus— han mutado en instrumentos de persecución política. El problema no es solo la sofisticación de la tecnología, sino la asimetría de poder y la absoluta falta de rendición de cuentas de quienes la operan.
Este mercado opaco ha normalizado la intrusión total en la intimidad. Cuando un software puede convertir un teléfono en un micrófono abierto las 24 horas, la noción de vida privada desaparece. El impacto es devastador para la democracia: se destruye la confidencialidad de las fuentes periodísticas, se vulnera el secreto profesional de la abogacía y se inhibe la participación ciudadana.
&#8220;La privacidad no es un atributo de la inocencia, sino el cimiento indispensable de la libertad frente al poder&#8221;. Sin ella, el periodismo de investigación muere y el derecho a una defensa justa se vuelve una quimera.
México ha sido un laboratorio para estas tecnologías, y el riesgo se vuelve crítico en contextos locales como el del Estado de México, donde la labor de periodistas, activistas y defensores de víctimas es fundamental para la transparencia y la justicia, el uso de spyware sin controles judiciales estrictos no solo intimida, sino que silencia. Es imperativo proteger a los funcionarios de buena fe y a los litigantes locales de estas herramientas que, en manos equivocadas, se convierten en armas de chantaje y control político.
Por ello, es urgente que la comunidad internacional, los diplomáticos y los organismos de derechos humanos exijan una moratoria global a la venta y transferencia de estas tecnologías. No podemos permitir que el negocio del robo de información siga operando en las sombras. Esta moratoria debe mantenerse hasta que existan controles estrictos de exportación, auditorías independientes y garantías de reparación para las víctimas.
Las empresas tecnológicas deben priorizar la seguridad del usuario por encima de cualquier concesión estatal, y los sistemas judiciales deben evolucionar para que ninguna intervención ocurra fuera de una supervisión efectiva y transparente. Es momento de que los gobiernos demuestren que su prioridad es la seguridad ciudadana y no la vigilancia del disenso. Si no establecemos límites ahora, el vigilante seguirá operando en la impunidad, y la democracia será la principal víctima de su mirada invisible.
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¿Quién vigila al vigilante? El mercado descontrolado del spyware

Imaginemos a un adolescente que, al buscar su nombre en Google antes de su primera entrevista de trabajo, descubre cientos de fotos de sus berrinches a los tres años, detalles de su entrenamiento para dejar el pañal o videos de sus llantos grabados por sus padres para ganar likes. Lo que para una familia es un recuerdo tierno o contenido para su audiencia, para ese joven es una huella digital impuesta que nunca consintió.
El fenómeno del &#8220;sharenting&#8221; —la práctica de documentar la vida de los hijos en redes sociales— ha transformado la infancia en un espectáculo público. Ya no hablamos solo de &#8220;influencers&#8221; que monetizan la privacidad de sus hijos; hablamos de una normalización social en la que el niño deja de ser un sujeto de derechos para convertirse en contenido.
Existe un conflicto jurídico y ético latente bajo cada publicación. Por un lado, los padres apelan a su libertad de expresión y al derecho a gestionar la imagen familiar. Por otro, emerge el interés superior del menor, un principio que obliga a proteger su privacidad y su integridad por encima de cualquier deseo de exposición de los adultos.
La huella que creamos hoy tiene consecuencias reales mañana. Al publicar de forma masiva, exponemos a los menores a riesgos tangibles:
<ul>
<li>Robo de identidad y fraudes: Datos que hoy parecen inofensivos pueden alimentar perfiles falsos en el futuro.</li>
<li>Acoso y grooming: Los depredadores digitales utilizan la información compartida (colegios, parques, rutinas) para acercarse a sus víctimas.</li>
<li>Uso imprevisto de la imagen: Una foto familiar hoy puede terminar, mediante inteligencia artificial, en foros de explotación o contextos humillantes años después.</li>
</ul>
Europa ya está marcando el camino. Francia, por ejemplo, ha legislado para que los padres compartan la autoridad sobre la imagen del menor, permitiendo que incluso la justicia intervenga si la publicación perjudica la dignidad del niño. Es un recordatorio necesario: los hijos no son una extensión de la propiedad privada de sus padres, sino individuos con derecho a decidir sobre su propia identidad.
No se trata de prohibir el uso de la tecnología, sino de ejercer una responsabilidad informada. Antes de publicar, pregúntese:
<ol>
<li>¿Es necesario? Si la respuesta es &#8220;para que lo vean mis amigos&#8221;, use canales privados y cifrados.</li>
<li>La prueba del tiempo: ¿Se sentiría usted cómodo si esa imagen suya estuviera disponible para todo el mundo dentro de quince años?</li>
</ol>
Necesitamos que las familias protejan el &#8220;derecho al olvido&#8221; antes de que la memoria digital sea imborrable. A los legisladores, les pedimos marcos que prioricen la protección de datos infantiles frente a la economía de la atención. Protejamos la intimidad de quienes aún no pueden defenderla; el mayor regalo que podemos dar a nuestros hijos es el control sobre su propia historia.

Sharenting: el niño como contenido y la huella digital impuesta

En la última década, nuestra vida se ha mudado casi por completo al entorno digital. Sin embargo, mientras la tecnología avanzaba a pasos agigantados, nuestro marco legal en materia de protección de datos personales permaneció congelado en 2010, cuando por ejemplo, Facebook todavía no existía.
Recientemente se han iniciado una serie de diálogos para actualizar este marco normativo. La iniciativa liderada por la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, surge de una necesidad crítica en la que podríamos discutir su análisis: por ejemplo, que al actual marco normativo le hace falta un desarrollo de los principios y deberes, que carece de esquemas de prevención y, que su régimen sancionatorio no es lo suficientemente eficaz ni disuasorio, pero en lo que no hay discusión, es que es necesaria su actualización como modelo normativo y que es necesario esté a la altura de los principales estándares internacionales.
Incluso, se podría transitar hacia una sola ley sin distinción de sector público o privado, que retome la vanguardia, brindando certeza jurídica a través de la innovación y la responsabilidad compartida, pero si no hay condiciones, entonces una ley hacia los particulares, que se anticipe a los desafíos modernos. Entre los puntos clave que considero se deberían tomar en cuenta, figuran los siguientes:
<ul>
<li>Es imperativo mejorar la defensa de los derechos digitales y fortalecer la colaboración entre los sectores, para evitar los ciberdelitos como la violencia digital o la suplantación de identidad.</li>
<li>Fortalecer a la autoridad de control, como una autoridad especializada, lo más autónoma posible y con atribuciones robustas de supervisión, promoción y sanción, entre otros aspectos.</li>
<li>Se propone incorporar nuevas figuras y conceptos como la aplicación extraterritorial de la ley, el principio de legitimación, la limitación del tratamiento, el derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, así como la incorporación de las evaluaciones de impacto, como figuras preventivas, para el sector privado.</li>
<li>La regulación debe incluir la incorporación de los neuroderechos de los datos biométricos como sensibles, regular la inteligencia artificial para asegurar la transparencia algorítmica y evitar los sesgos o la discriminación, y en general que las nuevas tecnologías no vulneren los derechos humanos.</li>
<li>En cuanto a las observaciones del Consejo Consultivo del Convenio 108, nos han señalado la necesidad de quitar la excepción de las Sociedades de Información Crediticia en la Ley y derogar lo correspondiente en la ley sectorial.</li>
<li>Con respecto al periodismo, la Ley no hace referencia a ninguna excepción del alcance de la aplicación de los requisitos que restringen la aplicación de ciertas disposiciones para el tratamiento llevado a cabo por la prensa, toda vez que esta situación supondría una limitación al ejercicio de la libertad de expresión.</li>
<li>La necesidad de insertar reglas específicas con relación al tratamiento de datos personales de salud y otros sectores.</li>
<li>Incorporar en la ley de sector privado la obligación a cargo de los responsables, de notificar a la autoridad de control cuando ocurra una vulneración de seguridad, esto con la finalidad de que los titulares estén mejor protegidos, e iniciar las investigaciones correspondientes.</li>
<li>Empoderar al ciudadano mediante el derecho a la portabilidad, permitiendo que cada persona pueda trasladar su información entre plataformas de forma sencilla y sin obstáculos.</li>
<li>La incorporación de principios como la privacidad desde el diseño y por defecto —que obliga a pensar en la protección de datos desde la creación de cualquier producto o servicio— nos permitiría contar con un ecosistema digital seguro, ético y competitivo.</li>
</ul>
Para que México se posicione en la vanguardia, es esencial alinearse con los estándares internacionales más avanzados, como el Convenio 108+ Plus y su correlación con regulaciones de avanzada como la Ley de Inteligencia Artificial europea. 
Estamos ante una oportunidad histórica para dotar a México de una legislación que no solo proteja nuestra información, sino que impulse un crecimiento económico moderno, basado no en sancionar más eficientemente a los particulares, sino en fortalecer una cultura donde los responsables del tratamiento de datos asuman un papel con el rigor que exige la confianza depositada por las personas, y que los titulares ejerzamos a plenitud nuestro derecho y denunciemos los indebidos tratamientos.
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Hacia una Nueva Ley de Privacidad: El Despertar Digital de México

Imagina que despiertas una mañana y descubres que la ayuda social que te respalda en el pago de tu alquiler ha sido cancelada. Al acudir a la ventanilla, la respuesta del funcionario es kafkiana: “El sistema lo decidió”. No sabe decirte por qué. No hay un humano a quien culpar, solo un porcentaje de riesgo calculado por una máquina.
Este escenario no es ciencia ficción; es la realidad creciente de la administración pública moderna. Hoy, gobiernos de todo el mundo están adoptando sistemas de Inteligencia Artificial (IA) bajo la bandera de la “eficiencia” y la austeridad. Se utilizan para asignar subsidios, detectar fraudes fiscales e incluso para realizar perfilamiento policial predictivo. Sin embargo, bajo la seductora narrativa de la “neutralidad tecnológica”, estamos automatizando la injusticia y creando una caja negra administrativa que amenaza nuestros derechos fundamentales.
El problema central no es que el gobierno use tecnología, qué bueno que avance el gobierno digital, sino cómo la usa. Muchos de estos sistemas operan como “cajas negras”: algoritmos opacos cuyos procesos de toma de decisiones son ininteligibles incluso para quienes los programaron.
Cuando una IA decide que una persona es un “falso beneficiario” o un “perfil criminal de riesgo”, no lo hace basándose en la causalidad legal, sino en correlaciones estadísticas. Si el algoritmo fue entrenado con datos históricos sesgados —por ejemplo, si históricamente se ha vigilado más a barrios marginados—, el sistema aprenderá que “vivir en el código postal X” equivale a “ser un riesgo”. Esto es discriminación automatizada. La máquina no es neutral; simplemente blanquea prejuicios humanos bajo una capa de falsa objetividad matemática.
Esta opacidad dinamita el debido proceso. El uso de IA opaca viola directamente el derecho de acceso a la información y a una buena administración, incluso pone en riesgo la privacidad. Un ciudadano no es una fila en una base de datos. Si una decisión pública afecta tu vida, tienes el derecho inalienable a saber por qué (explicabilidad) y a impugnar esa decisión ante una persona (revisión humana).
Nos encontramos en un punto de inflexión. Es imperativo legislar los marcos de transparencia algorítmica. Todo sistema utilizado para asignar recursos o vigilar ciudadanos debe someterse a auditorías independientes y a evaluaciones de impacto en protección de datos antes de encenderse. 
Prohibir el uso de cajas negras en servicios sociales y justicia penal es necesario. La eficiencia no puede estar por encima de los derechos humanos, esto a efecto de exigir, por un lado, el código fuente y los criterios de entrenamiento de los algoritmos y, por otro, una explicación humana. 
La regla de oro debe ser clara: si no es explicable, no es utilizable. Además, la supervisión humana debe ser significativa, no simbólica. El funcionario debe tener la facultad real y el conocimiento técnico para contradecir a la máquina, evitando el sesgo de automatización. La tecnología debe servir para hacer la administración más humana, no para esconder la burocracia detrás de un muro de código impenetrable.
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El algoritmo burócrata: Cuando la IA juega a decidir por la autoridad

La guerra moderna ha dejado de ser un evento exclusivamente cinético, para convertirse en un fenómeno multidimensional donde el primer disparo, a menudo silencioso, se ejecuta en el ciberespacio. La reciente &#8220;Operación Absolute Resolve&#8221; en Venezuela no solo reconfiguró el tablero político regional, sino que evidenció, con crudeza quirúrgica, cómo el dominio del espectro digital es el preludio indispensable para cualquier éxito militar en el terreno. Este caso debe servir como una alerta urgente para el Estado mexicano y su arquitectura de seguridad nacional.
Las naciones más aventajadas tecnológicamente, están utilizando el ciberespacio como campo de batalla, denominándolo la “quinta dimensión” de la guerra. Lo ocurrido en Venezuela ilustra el avance de esta dimensión híbrida. Antes de que los Delta Force tocaran suelo o que los drones aseguraran la superioridad aérea, se libró una batalla invisible sustentada en inteligencia estratégica de alto nivel. La combinación de fuentes humanas, intercepción de señales y monitoreo en tiempo real permitió una coreografía perfecta. Sin embargo, el factor determinante fue la capacidad de paralizar al adversario desde sus entrañas digitales. El uso de malware avanzado, con características similares a Stuxnet, dirigido específicamente a sistemas SCADA, logró comprometer la red eléctrica y provocar apagones estratégicos que cegaron al régimen venezolano en momentos críticos.
Aunado a esto, la neutralización de las defensas aéreas, otrora consideradas impenetrables por sus baterías S-300, no se logró únicamente con misiles, sino mediante una sofisticada campaña de ciberoperaciones y guerra electrónica. El “jamming” (interferencia intencionada de señales) ejecutado por aviones EA-18G Growler, sincronizado con ataques lógicos a los radares, dejó los cielos abiertos para la inserción sigilosa y la posterior extracción del objetivo. La lección es clara: la fuerza cinética —soldados, aviones y municiones— es inoperante si se pierde el control de la infraestructura tecnológica que la sustenta.
Al voltear la mirada hacia México, el contraste entre estas capacidades ofensivas globales y nuestra realidad defensiva genera una preocupación legítima. Si bien la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, junto con la emisión de la Política General de Ciberseguridad para la Administración Pública Federal, el Plan Nacional de Ciberseguridad 2025–2030 y todos ellos debidamente coordinados con el Programa para la Seguridad Nacional 2024 &#8211; 2030, que es el documento rector de la política de seguridad nacional del Estado mexicano, es decir un instrumento que adopta una aproximación multidimensional en la materia, congruente con la visión del Ejecutivo federal, pueden ser pasos en la dirección correcta. El papel no blinda servidores.
La normativa es el cimiento, pero la operatividad es el muro. México enfrenta el riesgo latente de que sus infraestructuras críticas —energía, salud, finanzas y telecomunicaciones— sean vulneradas no solo por cibercriminales, sino por actores estatales que comprenden que desestabilizar la información, almacenaje, comunicación y controles que se efectúan en el ciberespacio, es más efectivo que una invasión fronteriza y, que esto impacta la infraestructura crítica nacional y su afectación se traduce en riesgos y amenazas a la seguridad nacional: finanzas, información y comunicación política y tecnológica, controles automatizados (SCADA) de CFE, PEMEX, tráfico aéreo y marítimo, entre otros.
La fragilidad de los sistemas gubernamentales y la interconexión de las redes nacionales exigen transitar urgentemente del discurso político a la implementación técnica y estratégica. Si no fortalecemos la coordinación interinstitucional, eliminando los silos de información entre las fuerzas armadas y las agencias civiles, quedaremos expuestos ante amenazas que evolucionan más rápido que nuestra burocracia. La protección de datos personales y la integridad de los sistemas de seguridad no son un lujo técnico, son los pilares de la gobernabilidad.
Es imperativo que México asuma la ciberdefensa, es decir un conjunto de acciones, recursos y mecanismos del Estado en materia de seguridad nacional para prevenir, identificar y neutralizar toda ciberarma o ciberataque que afecte la infraestructura crítica nacional, como un asunto de máxima seguridad nacional y soberanía. 
Esto implica una inversión sin precedentes en actualización tecnológica, el fortalecimiento de los cibercomandos de las fuerzas armadas y, sobre todo, en el capital humano capaz de operar en este nuevo teatro de operaciones. Ignorar que la defensa del territorio comienza hoy en los servidores y no en las fronteras físicas, es condenar al Estado a la obsolescencia y a la vulnerabilidad perpetua frente a quienes ya dominan el arte de la guerra digital.
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Soberanía en jaque: la lección invisible de la ciberguerra

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22 de abril: memoria y derechos humanos frente a la verdad, justicia y dignidad para las víctimas

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La tecnología ya no solo rodea nuestras vidas; está por entrar en nuestra esfera más íntima: la mente y el pensamiento. Avances de Neuralink y las interfaces cerebro-computadora prometen maravillas médicas, pero también abren una puerta sin llave a nuestra privacidad mental. El progreso tecnológico actual permite el registro directo y el procesamiento digital de las características del sistema nervioso, superando velozmente los marcos legales vigentes.
Como parte del grupo de trabajo sobre Neuroderechos de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD), he participado en un diálogo enriquecedor sobre la urgencia de establecer un marco normativo que proteja la identidad personal y el libre albedrío. Los neurodatos, definidos como la información sensible obtenida de la actividad cerebral y el sistema nervioso, son tan únicos como una huella dactilar. El riesgo reside en que su uso ha trascendido el ámbito médico para expandirse a sectores como la educación, el empleo y el marketing.
Si no actuamos, nuestros pensamientos y estados emocionales se convertirán en activos monetizables. Ya se vislumbra el uso de neurotecnologías para el neuromarketing agresivo o la vigilancia laboral, midiendo niveles de fatiga o concentración para calificar el desempeño. Esta intrusión crea un vacío de protección alarmante en el ámbito no sanitario, entre otros temas que hoy ni vislumbramos.
Además, enfrentamos el peligro de la neurodiscriminación: el uso de perfiles cerebrales para categorizar o excluir a personas en procesos de contratación o acceso a servicios. Ante esto, el consentimiento tradicional resulta insuficiente; en entornos de desequilibrio de poder, como el laboral o educativo, el interesado puede sentirse presionado a ceder sus datos más íntimos.
En la Red Iberoamericana, esperemos se pueda llegar a consensos técnicos y aprobarse un documento en mayo de este año, para orientar a los legisladores de nuestra región hacia medidas proactivas y también a prohibiciones de algunos neurotratamientos que busquen manipular subliminalmente, o aquella que quiera usar estas neurotecnologías en menores de edad, sin que prueben su seguridad científicamente, además de que se garantice la transparencia algorítmica para los sistemas de IA que procesen neurodatos y que éstos expliquen sus inferencias, similar a lo que ya sucede en Europa.
Legislar sobre neuroderechos hoy no es una opción, es un imperativo ético para evitar un futuro distópico. Debemos garantizar que el desarrollo científico esté siempre al servicio de la persona, colocando la dignidad y la privacidad en el centro de la innovación. La última frontera de la libertad —nuestro pensamiento— no debe ser vulnerada.
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Neuroderechos: La última frontera de la privacidad es tu mente