La policía que cuida loncheras
La reciente tragedia en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, donde una ciudadana canadiense fue asesinada en un acto de violencia impune, no debería sorprendernos tanto como nos duele. Lo que hoy se narra como un hecho aislado en el corazón turístico de México es, en realidad, el desenlace inevitable de una política de seguridad que ha priorizado el control administrativo sobre la inteligencia operativa.
Existe una paradoja absurda, casi surrealista, que cualquier visitante ha experimentado al intentar entrar a un monumento histórico, un concierto o una zona arqueológica en este país: el despliegue de una vigilancia estricta, casi inquisidora, para verificar que no ingreses con un sándwich, una botella de agua o un paraguas, que no toques y no pases de la línea. El personal de seguridad, con una dedicación digna de mejores causas, te detiene, te esculca y te obliga a desechar cualquier objeto que contravenga el reglamento de “conservación”.
¿Pero qué ocurre cuando la amenaza no es un alimento, sino contra una vida humana? La respuesta es el silencio operativo. Mientras el guardia se asegura de que el patrimonio no sufra el “atentado” de una bebida hidratante, no existe un filtro, ni un arco detector, ni una capacitación táctica capaz de identificar a un sujeto que ingresa a la cima de una pirámide portando un arma de fuego.
Hemos construido un sistema de seguridad para los picnics, pero somos un desastre absoluto para la protección de las personas. La seguridad en México se ha reducido a una simulación de orden. Nos obsesiona cuidar las formas, el reglamento, al líder sindical y a la burocracia, mientras que el fondo, la inteligencia preventiva, el monitoreo de perfiles de riesgo y la reacción ante crisis reales es un gran pendiente que nos está costando la vida de ciudadanos, nacionales y extranjeros, y el prestigio de nuestra nación ante el mundo.
No es una cuestión de falta de presupuesto, aunque el recorte del 13% al sector cultural este año sea un golpe directo a la capacidad operativa del INAH. Es una cuestión de prioridades mal entendidas. ¿Cómo podemos pedirle a un turista que confíe en nuestra infraestructura turística si somos incapaces de garantizar que alguien no suba armado a una de las estructuras más vigiladas del país? El mensaje que enviamos al mundo es de una precariedad institucional inconcebible: cuidamos las piedras, el patrimonio y que el permiso esté en orden, pero descuidamos la vida de quienes nos visitan.
La muerte de la turista canadiense y las heridas de otros más, deben ser el punto de quiebre para entender que nuestra seguridad no puede seguir siendo gestionada por inspectores de loncheras. Necesitamos una reingeniería total de los protocolos de acceso en puntos estratégicos. La austeridad mal entendida y el enfoque en nimiedades administrativas no son seguridad; son, en el mejor de los casos, negligencia y, en el peor, una forma de complicidad.
Si el Estado no es capaz de salvaguardar un espacio sagrado como Teotihuacán, con todos los recursos y la visibilidad que posee, ¿qué esperanza le queda a la periferia, donde la violencia ni siquiera llega a los titulares? Estamos ante una crisis de soberanía territorial disfrazada de administración cultural. Es hora de dejar de revisar mochilas en busca de botellas de agua y empezar a buscar, con seriedad y tecnología, las armas que están desangrando nuestra identidad y nuestra paz.
